publikumskonferenz.de, 22 de septiembre de 2026.
Un relevo de guardia entre partidos no es un cambio de sistema / El establishment defiende sus privilegios con uñas y dientes.
Las sonoras bofetadas propinadas por el electorado no surten efecto (por ahora). El canciller Merz, engolado en su propia autoexaltación: «[…] las reformas son el remedio contra el veneno autoritario que, por la fascinación que ejerce lo autoritario, penetra cada vez más hondo en nuestra sociedad. Lo que hay que hacer ahora exige columna vertebral, firmeza […]. Yo la aportaré, como presidente de la CDU y, sobre todo, como canciller federal de nuestro país». Y eso que el hombre no reúne actualmente más que un 15 % de aprobación. El 84 % de la población rechaza su política de reformas. De ahí la pregunta: ¿gobierna Merz todavía democráticamente, o ya de forma autoritaria? Y, en sentido más amplio: ¿es Alemania una democracia, o solo una entidad política que presenta todos los rasgos externos de la democracia sin poseer su núcleo?
Quedó meridianamente claro a quién atacaba Merz con esa «inyección de veneno autoritario», aunque no pronunciara su nombre la noche electoral del domingo: la AfD, en pleno auge en el favor del electorado. Su frase, envidiosa y rencorosa, hacia ese partido probablemente lo dejará indiferente, pero contribuirá notablemente a la continua degradación del nivel del debate político en este país. El debate sobre un proceso de prohibición contra la AfD, cuidadosamente evitado la noche electoral, resurgirá tras una breve pausa y será aún más azuzado. El espíritu fascistoide que se esconde detrás: «Si no quieres ser mi hermano, te rompo la crisma».
En cuanto a los manifestantes llenos de autocomplacencia que hoy claman por doquier la prohibición de un partido porque la AfD sería «comprobadamente de extrema derecha»: ¿son esos lastimosos seguidores, a su vez, «comprobadamente católicos»? Hablando en serio: la fórmula propagandística y sentenciosa «comprobadamente… extremista», emitida por nuestro servicio de inteligencia contaminado por los partidos, es una estupidez. Quien se la trague sin arcadas debería examinar los fundamentos de su propia visión del mundo. Y si alguien considera la frase «Desprecio lo que usted dice, pero daría la vida para que pudiera decirlo» como una perorata pasada de moda, puede considerarse tranquilamente «comprobadamente antidemócrata».
Lo que sí está comprobado es que democristianos, socialdemócratas, verdes y Die Linke están reuniendo actualmente, con gran celo y aplicación, tomas de posición, estudios y dictámenes sobre si la AfD ofrece motivos suficientes para una solicitud de prohibición ante el Tribunal Constitucional Federal. El ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, Wüst, la ha exigido públicamente. ¿Acaso ellos, acaso nosotros, no tenemos preocupaciones mayores que el griterío de algunos energúmenos de la AfD?
La deficiente conciencia histórica de estos activistas presuntamente de izquierda, o presuntamente críticos, resulta desoladora. Las prohibiciones de partidos y la persecución política son reliquias de la época nazi, una lacra que también desfigura a la República Federal.
El mal espíritu lleva mucho tiempo fuera de la botella
Solo once años después de la liberación del nacionalsocialismo, el 17 de agosto de 1956, el KPD (Partido Comunista Alemán) volvió a ser prohibido, esta vez por «demócratas militantes». Ni el tribunal ni la opinión publicada reconocieron a los comunistas el mérito de haber sido la punta de lanza de la resistencia contra la dictadura de Hitler, pagada con un pesado tributo de sangre. 150.000 miembros del KPD habían sido puestos en «custodia protectora» y deportados a campos de concentración; al menos 20.000 fueron asesinados. Su presidente, Ernst Thälmann, fue fusilado en Buchenwald en agosto de 1944, por orden directa de Hitler, tras once años de un atroz aislamiento carcelario.
El «Juramento de Buchenwald» proclamaba: «La aniquilación definitiva del nazismo es nuestra consigna. La construcción de un mundo nuevo de paz y libertad es nuestro ideal». Poco quedó de ello. Ya el primer canciller federal, Konrad Adenauer, se rodeó de nazis de la peor calaña; llegó incluso a nombrar a Hans Globke, coautor de las leyes raciales de Núremberg, jefe de la Cancillería Federal. «Es el ejemplo más emblemático de la continuidad de las élites administrativas entre el Estado nazi y los inicios de la República Federal de Alemania».
Un ejemplo elocuente de la pervivencia de la ideología nazi es la sentencia del Tribunal Constitucional Federal que prohibió el KPD. Se sabe desde hace tiempo cómo se logró: bajo presión política desde la Cancillería, a base de manipulaciones repugnantes y con desprecio de la separación de poderes. «En aquel momento se llegó a un acuerdo táctico y de fondo entre el gobierno federal y el Tribunal Constitucional Federal». Consecuencia: como en tiempos del nazismo, los comunistas fueron perseguidos, despreciados, encarcelados, privados de su existencia profesional. Esta sentencia injusta sigue sin ser anulada hasta hoy.
Terroristas ideológicos
Bajo el viejo nazi y posterior canciller federal Kurt Georg Kiesinger, el terror ideológico anticomunista continuó y obtuvo, con las «leyes de emergencia», un nuevo «fundamento jurídico» antidemocrático. Estas leyes inspiraron también la represión contra el Partido Comunista Alemán (DKP), fundado en 1968. Esta vez ni siquiera se molestaron en abrir un proceso de prohibición en Karlsruhe: nuestro «Estado de derecho» pasó directamente a espiar a 3,5 millones de ciudadanos por su afiliación o cercanía al DKP, imponiéndoles prohibiciones profesionales y privándolos de su sustento.
Para prevenir leyendas reconfortantes: esto sigue sucediendo hoy en día. Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó en 1995 que la práctica de las prohibiciones profesionales violaba el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, esta no se abandonó entonces, ni se decidió una indemnización general para sus víctimas. Al contrario: en varios estados federados se vuelven a decretar con renovado vigor prohibiciones profesionales, por ejemplo en Hamburgo, gobernada por una coalición rojiverde.
A escala de la UE, esta violación del derecho —en forma de «sanciones»— se ejerce no solo contra los disidentes entre los propios ciudadanos de los Estados miembros, sino incluso contra suizos que viven y trabajan dentro de la UE. Entre los medios clásicos de coacción figura el «debanking»: en términos claros, el cierre ruinoso de cuentas bancarias y tarjetas de crédito privadas, ejecutado sin sentencia judicial válida alguna, solo por presión administrativa. Esto vale también para partidos y organizaciones mal vistos, que a veces son incluso hostigados con registros policiales domiciliarios, aunque Karlsruhe haya calificado de inconstitucionales medidas tan desproporcionadas.
Aquí tenemos el modelo del trato violento que la mayoría (supuesta) dispensa a sus críticos más decididos y a los disidentes.
Desde la crisis del Covid, las consecuencias destructivas de este terror de la opinión son visibles y perceptibles para todos. Aunque la libertad de expresión está protegida (de forma condicionada) por la Ley Fundamental, cada vez más conciudadanos tienen la clara sensación de que ya no pueden decir lo que piensan. «Statista» constató: «La mayor amenaza para la libertad de expresión se identifica a menudo como una ‘cultura de la cancelación’ (cancel culture) de izquierda, un fenómeno que el bando contrario gusta de descartar como pura invención, o como un ‘término de combate’ de la derecha».
De tal palo, tal astilla
Que nuestra Oficina de Protección de la Constitución, propensa a los escándalos y que vive de mentiras y engaños, chapotea hasta las rodillas en el pantano neonazi, apenas está presente en la conciencia pública, gracias a nuestros medios de masas dóciles con el gobierno. Algunas palabras clave: destacados funcionarios del NPD eran informantes («hombres de confianza») al servicio de ese «Servicio»; la «Operación Confeti», la destrucción de documentos de investigación en la causa contra el NSU (el grupo terrorista clandestino nacionalsocialista); el atentado de la Breitscheidplatz de Berlín, cuyo esclarecimiento sigue siendo dudoso; la «Operación Rennsteig» en Turingia.
Y sin embargo, el veredicto pregonado a los cuatro vientos por esa Oficina —«comprobadamente extremista de derecha/izquierda»— surte el efecto de una sentencia dictada en Karlsruhe, aunque no procede más que de una administración partidista, sujeta a instrucciones ministeriales. Todo indica que el ministro del Interior Dobrindt (CSU) quiere coronar la faena y dar a su «Oficina de Protección de la Constitución» aún más margen para el atropello, concediéndole por ley, más allá de la mera vigilancia, «facultades operativas» hasta ahora reservadas a la policía. La distinción fundamental entre servicio de inteligencia y policía, expresamente querida por los «padres (y madres) de la Ley Fundamental» por las terribles experiencias vividas con la Gestapo nazi, quedaría así abolida.
La deformación de los verdes y de la izquierda
Con la aparición de los verdes a principios de los años ochenta, la Oficina de Protección de la Constitución se encontró con un campo de acción ampliado: entre los miembros fundadores del nuevo partido figuraban, en efecto, antiguos «comunistas» (sectarios del KBW como el ex «Ministerpräsident» Kretschmann, el ex maoísta Bütikofer, el ex ministro de Medio Ambiente Trittin), antiguos miembros de grupúsculos «K» [comunistas de varias tendencias, NdT], spontis [espontaneístas, NdT] y militantes del movimiento pacifista.
Hasta 1985, año en que los verdes de izquierda, apegados a la democracia de base y a una política de paz, abandonaron el partido mientras los «realos» [“realistas”, NdT] se convertían en autoridades bien pensantes, los verdes habían disfrutado, especialmente en Baviera, Baden-Wurtemberg y Baja Sajonia, de la solícita atención de los sabuesos del Estado. La justificación de la acusación de «hostilidad a la Constitución» ya era entonces risible: una «plataforma encubierta […] para transformadores comunistas del sistema», y un «desprecio […] de la democracia parlamentaria». A los verdes se les reprochaba pretender una «reestructuración de nuestro orden social» y la instauración de una dictadura de consejos.
Gracias a las prebendas que se abren a (casi) todo político profesional, los verdes aprendieron a comer de la mano de quienes gobiernan este país, en lugar de controlarlos, frenar su poder e influencia ilegítima, y desviar hacia fines sociales su desmedido enriquecimiento. La figura señera de los realos, Fischer, es el símbolo de esta repugnante transformación en «oruga verde glotona»: de revolucionario tirapiedras a ministro de Asuntos Exteriores que bombardea bajo pabellón de la OTAN.
En espejo, se observa la evolución del SED/PDS, otrora radical, hacia el PDS y, finalmente, hacia un Linkspartei dócil, bien sujeto a las riendas de la tutela estatal. Una anécdota menor, pero reveladora, ilustra la metamorfosis de Gregor Gysi, expresidente del partido antaño férreamente socialista, en atlantista fervoroso partidario de la OTAN. El entonces embajador de Estados Unidos en Alemania, Philip D. Murphy, informó en noviembre de 2009, en un telegrama confidencial, sobre una conversación con Gysi. Según este, Gysi se jactaba de que la exigencia ilusoria de una «disolución de la OTAN», adoptada por su Linkspartei, había impedido una reivindicación más de fondo y más realista: la «salida de Alemania de la OTAN». Al fin y al cabo, para disolver la OTAN haría falta el consentimiento de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
El método de los «demócratas militantes»
Para un debate social razonable sobre la AfD, convendría aclarar primero de qué se está hablando en realidad: ¿del pensamiento y las motivaciones de sus votantes? ¿De sus afiliados? ¿De sus diputados en los parlamentos? ¿De su programa? ¿De sus cuadros dirigentes? Cada enfoque arrojaría análisis muy distintos. Convendría además examinar si, y en qué medida, la AfD se distingue realmente de otros partidos en estos puntos. Pero actualmente estamos bastante lejos de un debate mínimamente serio.
La búsqueda de pruebas para demostrar la supuesta «inconstitucionalidad» de la AfD sigue siempre el mismo procedimiento: se recopilan declaraciones problemáticas o dudosas de miembros de la AfD, sin darles jamás la menor oportunidad de justificarse o explicarse. Las circunstancias y el contexto también quedan sistemáticamente fuera de consideración. Además, se invoca y se confía en los «hallazgos» de la Oficina de Protección de la Constitución. Luego se organizan algunas manifestaciones, en las que por supuesto nunca falta el garrote del «nazi», se exige y se sella un «frente común» con los demás partidos burgueses, pasando por alto generosamente la viga en el propio ojo y en el ajeno: un desmantelamiento social contrario a la Ley Fundamental (ejemplos: el debate sobre el recorte de las pensiones; la negativa a ajustar los importes de la ayuda social y a garantizar una existencia digna, insensible a la actual explosión de precios y costes). A esto se suman fantasías belicistas, peligrosas para la colectividad y contrarias al mandato de paz inscrito en la Ley Fundamental, igual que en la competencia.
Nadie puede afirmar con certeza si la AfD, en caso de hacerse con el poder, se inclinaría a doblegar nuestra Constitución a su conveniencia. Por ahora solo se le puede atribuir eso por pura especulación. Todavía no ha tenido ninguna ocasión de demostrar su valía a nivel de gobierno. Un lugar en el gran pesebre, colmado de innumerables cargos y cargillos, con acceso a las arcas del Estado y puerta giratoria hacia los puestos cimeros de la economía y los medios, le ha sido hasta ahora negado.
La AfD no ha estado, pues, todavía expuesta al efecto corruptor de todos estos privilegios. Cualquiera puede apostar a que se volvería tan dócil y conforme al sistema como los verdes y Die Linke, si tan solo se lo permitieran.
En la jerga sociológica, la evolución de los verdes y del PDS/Linkspartei se describe así:
En ambos casos, una mezcla de estrategias de exclusión, adaptación e inclusión contribuyó así a acercar tanto a los verdes como —en menor medida— al PDS/Linkspartei al consenso político básico de la República Federal, y a desradicalizarlos, mientras que la perspectiva de un reconocimiento simbólico y de una participación práctica en el poder desempeñó, en ambos casos, una importante función de incentivo.
Ahí lo tienen, como quien dice.
Actos políticamente delictivos en el Parlamento
Resulta ironía amarga que los actuales dueños de los cargos atribuyan a la AfD intenciones inconstitucionales, como si no existiera una profusión de sentencias de Karlsruhe que declaran inconstitucionales leyes votadas por el gobierno y las mayorías parlamentarias. Destaca en particular la peligrosa Ley de Seguridad Aérea de 2006, que quería dar a la Bundeswehr la facultad de derribar, en caso necesario, un avión secuestrado por terroristas, aunque ello supusiera la muerte de pasajeros inocentes. Igualmente notable es la realidad, despreciativa de la dignidad humana, del dispositivo «Hartz IV» (importes básicos demasiado bajos, sanciones contra los solicitantes de ayuda), que Karlsruhe declaró «inconstitucional».
Ay, ustedes, «demócratas militantes», que se preocupan, ante los éxitos de la AfD, por la amenazante pérdida de sus privilegios, y se preguntan cómo eliminar de una vez esta maldita competencia: sin quererlo, están haciendo, parafraseando una expresión cancilleresca de tufo nazi, «el trabajo sucio» para Merz y la riquísima élite que lo sostiene. La acusación de «inconstitucionalidad comprobada», aplicada a las declaraciones de miembros de la AfD, ciertamente no sirve para ello. Se recomienda la lectura del ensayo «¿Qué es la justicia?», de uno de los mayores teóricos constitucionales de lengua alemana: Hans Kelsen (1881-1973). Aunque él mismo fue perseguido por su doctrina liberal-democrática y su origen judío, y obligado a huir de Alemania ante los nazis, ya en 1953 opuso al constructo jurídico de la «democracia militante» lo siguiente: “¿Puede la democracia seguir siendo tolerante cuando debe defenderse contra actividades antidemocráticas? ¡Puede! En la medida en que no reprima las expresiones pacíficas de opiniones antidemocráticas. Precisamente por esa tolerancia se distingue la democracia de la autocracia.”
Kelsen solo trazaba una línea roja ante la violencia física, no ya ante un programa contrario a la Constitución o ante declaraciones de partidos y responsables políticos antidemocráticos: solo los intentos de suprimir la democracia por la fuerza podían ser legítimamente reprimidos e impedidos, incluso por la fuerza, por un gobierno democrático.
La mejor solución: el referéndum
Que a los políticos profesionales les preocupa probablemente menos la democracia y la voluntad popular que la conservación de sus prebendas lo demuestra también su tenaz resistencia, ya de 87 años, a la introducción del referéndum. Argumento defensivo típico: «Los temas federales son a menudo de gran complejidad, requieren negociar compromisos y no pueden reducirse a una simple decisión de sí o no».
¿Hay que ser panadero para saber si un panecillo sabe bien? En el fondo, este rechazo viene a decir que la población es demasiado torpe para hacer lo que hacen sus diputados en el Parlamento (aunque a menudo, es cierto, bajo una «disciplina de grupo» de facto: los diputados se mantienen firmemente en la línea del partido. ¿«Disciplina de grupo»? Vaya, vaya… la Ley Fundamental dispone, sin embargo: «[Los diputados] no están sujetos a mandatos ni instrucciones, y solo obedecen a su conciencia»).
La Ley Fundamental prevé también expresamente el referéndum: «Todo poder del Estado emana del pueblo. Se ejerce mediante elecciones y votaciones…». Elecciones sí tenemos. Pero votaciones a escala federal («referéndum») no. Introducirlo no exigiría ninguna reforma de la Ley Fundamental, sino simplemente una ampliación de la Ley Electoral Federal. (¡Semejante propuesta figura, dicho sea de paso, precisamente en el programa de la AfD!)
El modelo suizo de democracia directa lo demuestra: ese amplio derecho de participación funciona como una válvula social, como un mecanismo regulador. La resolución de los conflictos políticos y sociales no queda en manos exclusivamente de los partidos y las instituciones estatales, sino que puede lograrse mediante iniciativas y referéndums, con el mayor grado posible de aceptación general.
Si tuviéramos el referéndum aquí, nuestros cabecillas parlamentarios bien podrían olvidarse de sus ataques contra el Estado social y de su belicismo contra Rusia. Pero confiar en una renuncia voluntaria al poder por parte de nuestras élites berlinesas sería tan sensato como esperar que un cliente habitual de un burdel contribuya al crecimiento demográfico.
Friedhelm Klinkhammer
Nacido en 1944, jurista de formación. De 1975 a 2008 trabajó en la cadena pública alemana NDR (Norddeutscher Rundfunk), donde presidió el comité de empresa general (Gesamtpersonalrat) y la sección sindical de ver.di, además de ser asesor de una directora de emisora. Junto con Volker Bräutigam, es cofundador y una de las voces principales de la Ständige Publikumskonferenz öffentlich-rechtlicher Medien e.V. («Conferencia Permanente del Público de los Medios de Servicio Público»), asociación de crítica mediática con sede en Leipzig. Ambos son conocidos en toda Alemania por sus numerosas «quejas de programación» (Programmbeschwerden) presentadas contra el informativo ARD-aktuell/Tagesschau, al que acusan de parcialidad, en particular en cuestiones de política exterior, la OTAN y Rusia.
Volker Bräutigam
Nacido en 1941, periodista. De 1975 a 1996 trabajó en la NDR, primero en la redacción del ARD-Tagesschau y, tras 1991, en el departamento de cultura de la cadena. Después ocupó un puesto docente y de investigación en la Universidad Fu Jen de Taipéi (Taiwán). Cofundador, junto con Friedhelm Klinkhammer, de la Ständige Publikumskonferenz öffentlich-rechtlicher Medien e.V., publica regularmente, junto a este, análisis críticos de la información televisiva pública alemana, centrados en particular en la cobertura de los conflictos internacionales (Siria, Ucrania, Oriente Próximo).
