El ansia recortadora de la derecha
La derecha muestra, desde el inicio de la democracia y frente a la consolidación del sistema público de pensiones, una verdadera obsesión por recortarlas. La mueve, por una parte, el afán por reducir los costes salariales que exige la creciente acumulación de capital, siempre a la búsqueda de rendimientos máximos.
Los salarios se han mantenido congelados en términos reales durante treinta años en España [1] y llevan décadas intentando recortar las pensiones, que también son costes salariales. Pero esto último lo tienen más difícil. Para reducir el gasto en pensiones hay que modificar leyes que protegen a los pensionistas, entes económicos vulnerables, desprovistos de instrumentos de presión económica como la huelga, por ejemplo. Esta necesaria protección, que se concreta con eficacia en la permanencia del sistema público de pensiones, es, naturalmente, del ámbito de la política. Ello explica el interés de todos los “expertos” recortadores por implantar mecanismos automáticos para el cálculo de la pensión inicial (por ejemplo, el famoso y hoy difunto “Factor de Sostenibilidad”) y para su revalorización anual (el también desechado “Índice de Revalorización de las Pensiones” que la limitaba al 0,25%), con el explícito argumento de evitar la intervención de “los políticos”, siempre dispuestos a ignorar lo que estos expertos consideran incuestionable lógica económica, para conseguir votos.
El segundo y poderoso motivo que mueve a los recortadores es el negocio de las pensiones. Si no existe un sistema público de pensiones o si este se limita a garantizar pensiones de supervivencia, se abre una enorme “oportunidad de negocio” para Bancos y Aseguradoras, que ofertan pensiones privadas, aunque una mayoría no pueda permitirse ahorrar y tenga que conformarse con una exigua pensión pública. Además, si el sistema público adopta un modelo de estricta capitalización (como es el caso del sistema de cuentas nocionales) nada impedirá que pueda ser gestionado por entidades privadas. Gestionar millones de pensiones miserables puede ser muy rentable. Este negocio, que se basa en la privatización, incluso parcial, de las pensiones hoy públicas, podría explicar por qué prácticamente todos los estudios que concluyen que nuestro sistema actual no aguanta y hay que recortar las pensiones están financiados por Bancos o Aseguradoras.
Unas estrategias cambiantes
Si el objetivo de recortar no ha cambiado, y se reduce a la insaciable avaricia de los que más tienen, las estrategias para alcanzarlo sí han ido transformándose con el tiempo. A mediados de los noventa, se barajaba seriamente sustituir el sistema público de reparto por otro privado, basado en la capitalización [2]. La razón era entonces la misma que se ha venido utilizando hasta ahora: la quiebra inminente del sistema público de pensiones [3], como consecuencia inevitable del creciente envejecimiento de la población. Sin embargo, pasaban los años, el sistema mantenía su buena salud y las pensiones seguían pagándose sin sobresaltos. Además, a pesar de lo minucioso de algunas fórmulas de transición, pasar de un modelo a otro, suponía un coste inasumible. Se abandonó la solución revolucionaria y los recortadores se lanzaron al reformismo. Se trataba de modificar los parámetros que sirven para el cálculo de la pensión: la edad mínima de jubilación o el número mínimo de años cotizados para recibir una pensión completa, por ejemplo, de manera que el resultado fuera un recorte de la pensión inicial. A esto se le llama reformas paramétricas y son, naturalmente, objeto de pugna política. Se enfrentan los intereses de quienes ganan con los recortes, la Banca, las Aseguradoras, las empresas, con los de los pensionistas del momento y los de los que cotizan para una pensión futura. Con el Pacto de Toledo de 1995, impulsado por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, se intentó encauzar y moderar estas reformas, todas conducentes a disminuir el gasto y a acercar el modelo público al ideal privado de la capitalización [4].
La furia reformadora alcanzó su cénit en 2013, con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso. Se constituyó un Grupo de Expertos, formado mayoritariamente por personas ligadas a los Bancos y las Aseguradoras, habituales autores de propuestas de recorte. Orientada por los trabajos de ese Grupo, la mayoría-rodillo del Partido Popular permitió aprobar reformas nunca vistas, que auguraban a los cotizantes unas pensiones futuras rebajadas en un 40% y a los pensionistas una revalorización que, en la práctica, reducía cada año sus pensiones en términos reales. Todo se fraguó sin pasar por el Pacto de Toledo, despreciando los acuerdos anteriores para consensuar las reformas de las pensiones. Los interesados en socavar el sistema público vieron en la mayoría absoluta del Partido Popular una oportunidad para recortar salvajemente el gasto en pensiones, sin consideración de los acuerdos anteriores, ni del bienestar de los pensionistas, ni de las legítimas expectativas de los cotizantes. El resultado, que probablemente no esperaban, fue que los jubilados salieron a la calle para defender sus pensiones y las futuras de sus hijos. Y todo cambió.
Pocos años después, el Gobierno de coalición progresista, presidido por Pedro Sánchez, hizo aprobar una serie de leyes y de normas que, además de anular lo peor de 2013, introdujeron, por primera vez en democracia, cambios que favorecían a los pensionistas, que mejoraban los ingresos del sistema y que aseguraban la sostenibilidad a largo plazo (como ha reconocido la Comisión Europea) capeando el temido período de la llegada del baby-boom.
Sin argumentos para recortar
En este punto, los recortadores constatan que se han quedado sin argumentos. En primer lugar, la quiebra del sistema público, incansablemente anunciada desde hace más de cuarenta años, no se ha producido y todo indica que no se va a producir, al menos en un horizonte temporal amplio. El argumento más utilizado ahora es que dedicamos a las pensiones (por extensión a los viejos) demasiados recursos, un porcentaje excesivo del PIB. Obviamente, este mensaje no tiene la contundencia del anterior, anunciando la quiebra del sistema. Que se gaste mucho o poco es opinable, y poco convincente, si resulta que España es uno de los países de la Unión Europea que menos PIB dedica a pensiones[5]. Además, la supuesta generosidad de las pensiones se enfrenta a la evidencia de una desigualdad creciente, debido a qué una parte cada vez mayor de los recursos es acaparada por los que más tienen. Aumenta la parte del PIB que va a rendimientos del capital y disminuye la que se dedica a remunerar el trabajo, situando el diagnóstico sobre pensiones en el ámbito de la distribución de la riqueza.
Sobre todo, los recortadores se han quedado sin el argumento demográfico, esgrimido durante décadas casi como única razón para anticipar la ruina del sistema público y justificar los recortes. Desde el inicio de este siglo, el crecimiento de la población de España ha sido notable gracias a la llegada de inmigrantes, que vienen a trabajar. La ratio entre personas en edad activa y mayores de 65, que iba a bajar hasta un pensionista por activo, ahora alcanza 2,5 personas en edad activa por cada persona mayor y sigue aumentando. A la vez, ha aumentado el empleo y hoy, los afiliados a la Seguridad Social superan los 22,5 millones: un récord. Sabemos, además, que las proyecciones demográficas que se presentaban como negativas para el sistema de pensiones se darán la vuelta en torno a finales de la próxima década, cuando vaya tocando a su fin la llegada a la jubilación de los baby-boomers. A partir de 2041, se presentarán generaciones menos numerosas y el efecto demográfico dejará de inquietar, influyendo a la baja en el gasto en pensiones.
Sin embargo, el objetivo de recortar las pensiones permanece vivo, impulsado por las entidades que buscan el negocio y por la clase empresarial, difundido por “expertos” y apoyado políticamente por las dos ramas de la derecha española, que hoy forman una coalición de ultraderecha. Ahora, cuando están convocadas unas elecciones generales que podrían conducir a una mayoría absoluta todavía más radical que la de Rajoy en 2013, debido a la presencia y la influencia de VOX, las derechas persisten en su objetivo de recortar las pensiones porque los motivos reales para hacerlo siguen presentes: reducir los costes laborales y fomentar el negocio de las pensiones.
La nueva estrategia de los recortadores
Aquí aparece el último cambio de estrategia de los recortadores: olvidar las reformas paramétricas y plantear directamente la sustitución del sistema actual por otro. Pero no quieren repetir los errores de los noventa. Exigen un modelo que tenga todas las “virtudes” de un sistema de capitalización, sin los inconvenientes que hacen imposible su implantación directa. Un modelo que contenga ya todas las reformas regresivas que quedarían por hacer para asimilar el sistema público a uno privado. Un modelo basado en reglas automáticas, protegido por tanto de la manipulación de “los políticos”. Un modelo que incluya mecanismos, también automáticos, para rebajar las pensiones en caso de desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema, en particular que permita que cuantos más años se viva más se reduzca la pensión mensual y, en general, que los pensionistas asuman todos los riesgos, como en un sistema privado. Exigen un modelo en el que los jubilados reciban estrictamente lo que han ahorrado, como si trataran con un Banco y, por tanto, un modelo gestionable por un Banco.
Ese modelo ya está inventado, incluso funciona en algunos países.
Se llama Sistema de Cuentas Nocionales y su implantación en España viene siendo promocionada con insistencia por Bancos y Aseguradoras, con la ayuda de los “expertos” habituales que, inasequibles al desaliento, siguen aconsejando recortar las pensiones, reconociendo que el nuevo sistema disminuirá la tasa de reemplazo [6]. El Banco de España lo califica como instrumento para reducir el crecimiento del gasto.
Todo indica que este potente lobby ha conseguido convencer a la coalición de ultraderecha con posibilidades de ganar las próximas elecciones. En su último programa económico publicado, VOX anuncia su intención de “iniciar un proceso de capitalización de un fondo de pensión público con criterios de rentabilidad privada”. Su portavoz económico, José María Figaredo, en unas declaraciones a El Debate, afirmó que el sistema actual de pensiones era un “zombi” y propuso una reforma estructural hacia un sistema mixto de reparto y capitalización, “siguiendo una línea similar a la de Suecia” (donde está implantado el Sistema de Cuentas Nocionales). Por su parte Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del Partido Popular, declaró, después de vaticinar que el sistema público iba “a petar”, que el modelo actual debe cambiarse y que será necesario tomar decisiones “valientes”.
Las derechas ya no piensan en reformas sino en un cambio de modelo. Y podrían aprobar cualquier cambio si la coalición de ultraderecha consigue la mayoría absoluta, como hizo Rajoy en 2013, cuando alumbró la, hasta ahora, reforma más nociva de nuestra historia para los pensionistas. Aquella pudo ser revertida gracias a la movilización de los pensionistas y a la acción del Gobierno progresista de coalición. ¿Quién tendrá que revertir en el futuro la reforma que haría una coalición de ultraderecha con mayoría absoluta? ¿Sería incluso revertible?
Un tema delicado para las derechas
El modelo que nos están preparando se rige por las reglas de los sistemas privados de ahorro. Su lógica es la de la capitalización para los individuos, sin que exista, para los gestores, el problema del paso efectivo de un sistema de reparto a uno de capitalización. Cuando llega la jubilación, el saldo de la cuenta ficticia, poco o mucho, se transforma en una renta vitalicia, función de la esperanza de vida media proyectada. Como se vé, la introducción de la esperanza de vida en el cálculo de la pensión inicial, que la derecha intentó, sin éxito, en 2013 (Reforma Rajoy), aparece en las Cuentas Nocionales con toda naturalidad. En realidad, no es más que otro mecanismo de reducción automática de la pensión inicial. Si sigue disminuyendo la mortalidad, los jóvenes cotizantes tendrán una pensión inferior a la de sus mayores y cuanto más progrese la medicina, menos tendremos para vivir en la vejez. Es un modelo que simplemente culmina las reformas que se han venido realizando desde hace décadas, salvo en estos últimos años de Gobierno progresista, para recortar las pensiones.
Para la coalición de ultraderecha, las pensiones son ahora un tema políticamente muy delicado, en el que conviene no meter la pata en período electoral. Preferirían que, a la hora de votar, los ciudadanos hayan olvidado las declaraciones de algunos de sus líderes de primera fila porque las consideran prematuras, inoportunas en campaña. El presidente del Partido Popular se ha lanzado inmediatamente a asegurar que no van a tocar las pensiones y que las van a revalorizar según el IPC, aunque ya ha dado tiempo a que se manifiesten algunos pensionistas, que confían poco en tanta promesa. Aunque hacen bien en desconfiar, lo cierto es que a un eventual gobierno de ultraderecha le costaría mucho alterar las pensiones existentes, como tampoco creo que se atrevan, al menos durante un tiempo, a reducir su revalorización.
Lo que sí harían, en cuanto pudieran, es poner en marcha el cambio de modelo por el que abogan, como han manifestado algunos de sus líderes. Por su parte, los propagandistas del Sistema de Cuentas Nocionales han acelerado su actividad en los dos últimos años y ofrecen ya fórmulas de transición de un sistema a otro “llave en manos” [7].
Conclusión
Con las elecciones del 29 de noviembre llega, para la coalición de ultraderecha, la oportunidad política de pasar de las reformas a la sustitución de nuestro sistema público por un sistema mixto público-privado o por el Sistema de Cuentas Nocionales, que puede incluir una parte de capitalización pura, como en Suecia, y que deberá ser necesariamente completado con pensiones privadas, para quién pueda permitírselo, debido a la previsible disminución de las nuevas pensiones. El truco de esta operación es que, mientras los candidatos de la coalición de ultraderecha en campaña salen a tranquilizar con vehemencia a los pensionistas, ya muy protegidos, se prepara un cambio de modelo que afecta a los pensionistas futuros, o sea a los cotizantes actuales, singularmente a los más jóvenes. Serán los cotizantes actuales, como futuros pensionistas, las víctimas del negocio de unos pocos. Pero mienten los que pretenden que nuestro sistema va “a petar”, que no es sostenible: lo es mucho más que el de la mayoría de los grandes países de nuestro entorno. El cambio de modelo que ahora se pretende realizar servirá para recortar las expectativas de generaciones menos numerosas, aunque sus pensiones, calculadas como la de sus padres, son las más fáciles de afrontar con nuestro sistema público. El espantapájaros demográfico, que nunca debió asustar a nadie, ya no existe. Sin ni siquiera esta amenaza, que muchos creyeron, queda al descubierto la simple avaricia de los que más tienen. Los pensionistas están hoy más protegidos y dan más miedo, gracias a sus movilizaciones y también a la acción del Gobierno progresista, con su reforma innovadora y su Ley para blindar la revalorización de las pensiones. El cambio de modelo se orienta a despojar a los cotizantes, como futuros pensionistas, procurando no molestar demasiado a los pensionistas actuales. Si usted es cotizante, apresúrese a preguntar a los candidatos con qué modelo le van a calcular la pensión. Podría encontrarse con sorpresas lesivas e irreversibles si gana la coalición de ultraderecha.
Notas:
[1] González González, Antonio (2026) “Causas y lecciones de treinta años de congelación de los salarios reales en España”, in Sistema, nº 276, mayo, Madrid.
[2] El Círculo de Empresarios patrocinó en 1996 una, entonces, famosa propuesta de José Piñera y Alejandro Weinstein para reemplazar progresivamente el sistema de reparto por uno de capitalización individual (.https://www.elcato.org/una-propuesta-de-reforma-del-sistema-de-pensiones-en-espana) En 1997, FEDEA aportó su propuesta de sustitución: Bailén, J. M., y Gil, J. (1996). Transitional Effects of a Pension System Change in Spain. Documento de Trabajo 96-24, FEDEA. (https://diposit.ub.edu/server/api/core/bitstreams/9965af87-4d37-4966-8ebe-e784014b7f9c/content).
[3] En un artículo reproducido en esta misma web, Julen Bollain citaba un titular de ABC: “El futuro de los jubilados está en peligro”, del año 1983… https://economistasfrentealacrisis.com/pensiones-miedo-de-muchos-negocio-de-unos-pocos/
[4] Ver el cuadro-resumen de los cambios aprobados en mi artículo “El blindaje de las pensiones”, https://economistasfrentealacrisis.com/?s=blindaje+pensiones
[5] Según datos de EUROSTAT para 2024, el porcentaje en España (13,2%) es solo muy ligeramente superior a la media de la Unión Europea (12,6%) y es inferior al de Italia (15,9%) o Francia (15,1%), por ejemplo (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00103/default/table?utm_source=chatgpt.com)
[6] Ratio entre la pensión inicial y el último salario.
[7] Devesa, J. E., Doménech, R. y Meneu, R. (2025). Transición hacia un sistema de pensiones de cuentas nocionales en España: fundamentos, diseño e impacto. FEDEA, Estudios sobre la Economía Española, n.º 2025/22. Madrid.
Juan Antonio Fernández Cordón es Doctor en Ciencias Económicas y Experto Demógrafo por la Universidad de París. Ha sido Profesor de las Universidades de Argel y de Montreal e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Miembro de Economistas Frente a la Crisis
