Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
Perú está a la espera de cómo se seguirá hoy la convocatoria de paro nacional indefinido hecha inicialmente por CGTP y apoyada por organizaciones y movimientos sociales, desde el Sur hasta el Norte. De los agentes sociales laborales sólo se ha manifestado en contra la Federación de la Construcción Civil de la Confederación de Trabajadores del Perú (aprista).
Entretanto, el Congreso sigue enredado en la cuestión del adelanto de elecciones, y ocupado en el debate de reformas antes del nuevo proceso electoral. Lo del adelanto electoral, que parecía zanjado el lunes, ha vuelto a plantearse el martes y miércoles desde grupos de izquierda escindidos de Perú Libre: el Bloque Magisteril y Perú Democrático (este último grupo incluye a Betsy Chávez, castillista). Es una petición que invoca que es el Congreso quien, con voto de mayoría simple, puede abrir el debate de una propuesta que haya sido archivada por la Comisión de Constitución, como es el caso. Y es una petición in extremis porque el viernes se cierra el período de sesiones que no se reabrirá hasta finales de mes. El Presidente del Congreso, José Williams, ha pasado la pelota a la Junta de Portavoces para que decidan si se presentan a plenos esas mociones de reconsideración (no son iguales, la del Bloque Magisteril es para elecciones complementarias, para acabar el mandato en el tiempo que pendiente, 2024-2026 y las de Perú Democrático para un nuevo mandato pleno de 2024 a 2028). La sensación es que es una maniobra política de última hora, que va a tener dificultades para prosperar; ni Juntos por Perú ni Perú Libre se han manifestado de manera pública, y tampoco lo ha hecho la derecha. Sea como sea la reunión de la Junta de Portavoces va a coincidir con el inicio de la huelga. Por su parte, la derecha sigue adelante con algunas de sus propuestas de reformas, que afectarían al próximo proceso electoral: una es la de renovar el congreso por mitades (a la americana) lo que mantendría en sus escaños a la mitad de los diputados actuales (la siguiente batalla sería decidir cómo se selecciona esa mitad); la otra es la ampliación del JEN (Jurado Nacional de Elecciones [¡ojo que en comentarios anteriores lo he denominado «junta», lo que no es correcto!]), de 5 a 7, mediante la elección de dos personas por los decanos de las facultades de derecho públicas y privadas, que hayan ejercido la cátedra. Esas reformas las promueve Fuerza Popular y no tienen nada de inocentes.
Las movilizaciones en lo que ha ido de semana se han mantenido en perfil bajo, de mantenimiento, a la espera de que pueda resultar a partir de hoy; aunque, a pesar de que se ha levantado el bloqueo de algunas carreteras, se mantienen una sesentena de ellos en la macrorregión sur. El gobierno de Otárola quiere dar sensación de que está empezando a controlar la situación y una de los bloqueos levantados es el de la carretera que lleva al Valle Sagrado de los Incas, también ayer se reanudó el ferrocarril que asciende al Machu Picchu.
Lo que sí es algo más que sensación es el mantenimiento del giro represivo. Ahora en el ámbito judicial: se ha condenado a 4 años de cárcel -que no cumplirán por reconocimiento de culpa y reducción por ello del cumplimiento, de 27 detenidos en los levantamientos de los bloqueos «por actos vandálicos», es decir por enfrentarse a la policía y poner obstáculos en la carretera y 22 más están en prisión preventiva a la espera de juicio rápido. Se condenó a 8 años a dos personas por apología del terrorismo en redes sociales (defensa de Sendero Luminoso) y la prensa hace saber que cualquier persona puede delatar ante el Ministerio del Interior a cualquier que haga esa apología. Al mismo Antauro Humala la fiscalía le ha abierta «una carpeta» por las declaraciones que hizo sobre Sendero Luminoso, que no eran una apología del grupo sino de hecho un zasca contra la izquierda actual. La fiscalia pide tres años de cárcel a dos dirigentes sociales de Cusco, acusados de «financiar las protestas», sin más pruebas que haber les encontrado algo más de dos mil soles y una lista de nombres. (hasta La República pone en cuestión la acusación). De los siete de Ayacucho pendientes de que se confirme su prisión provisional de 18 meses no se sabe nada; veremos el impacto que tiene en Ayacucho la convocatoria de paro que en su caso la ha hecho precisamente el FREDEPA. La intención intimidatoria por parte del ejecutivo y de los fiscales y jueces que están interviniendo parece bastante clara. En vista de todo eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentará hoy en Lima para supervisar las manifestaciones; la «prensa mermerla» («vendida», de mermelada que en el argot periodístico es sinónimo de coima) lo que ha destacado es que esa comisión ha pedido -también lo ha hecho- protección para la Fiscal Jefe y su familia.
En ese capítulo judicial ayer hubo una noticia importante. La condena a cuatro años de cárcel a Vladimir Cerrón, por un proceso que se abrió a partir de la denuncia de un miembro de Fuerza Popular por haber aprobado -e impulsado- la construcción de un nuevo aeropuerto en Junin, para sustituir al que existe, en Jauja, que es de ámbito regional y nacional con limitaciones operativas; el nuevo aeropuerto formaba parte del proyecto de impulso económico del Departamento. Resumo brevemente: el proyecto fue presentado y aprobado cuando Cerrón era gobernador de Junín y Ollanta Humala Presidente de la República; hubo luego una protesta general en Jauja que hizo que el gobierno de la república lo descartara, pero Cerrón lo mantuvo, ya no como empresa pública, sino como promoción privada. No ha habido ni un céntimo público en él pero, a instancias de la denuncia, la fiscalía lo acusó de obviar que sea como fuere los aeropuertos en Perú solo son de titularidad pública por lo que Cerrón con su decisión habría puesto en riesgo económico al estado a expensas de la indemnización que la empresa privada pudiera exigir por la interrupción de la obra. Es algo complicado y no voy a entrar en el meollo jurídico de la cuestión; tampoco es lo importante. Lo importante es que el tipo de sentencia dada lo invalida según la ley para poder presentarse a las próximas elecciones. La situación no es nueva, un proceso anterior por supuesta mala gestión en obras de saneamiento durante su segundo mandato como gobernador de Junín -fue reelegido en 2019- que culminó en sentencia de 4 años le impidió presentarse a las elecciones de abril 2021; pocos meses después, en junio de 2021, un nuevo juzgado anuló la sentencia de 4 años. Cerrón tiene pendientes otros procesos, el más importante un asunto de emisión irregular de licencias de conducir en Junín por un grupo de empleados públicos, en el que la fiscalía incluyó a Cerrón como conocedor y encubridor del hecho que, supuestamente, habría servido para financiar al partido. El proceso se abrió coincidiendo con la toma de posesión de Castillo y está todavía en trámite. Cerrón argumenta que todos ellos no tienen base real, y que constituyen operaciones judiciales para impedir que llegue a ocupar cargos públicos (ahora el Congreso y, en su opinión, la Presidencia incluso).
