El sistema capitalista internacional tras aplicar en los últimos años políticas de expansión monetaria que han alimentado la burbuja especulativa financiera e incrementado la deuda privada y pública, y con la coartada de combatir una inflación galopante, recurre nuevamente a las políticas de ajuste y austeridad.
La Reserva Federal de EEUU y el Banco Central Europeo aumentan los tipos de interés, provocando el cierre de bancos y empresas con deudas impagables, disparan las hipotecas de las viviendas, y exigen a los gobiernos importantes recortes del gasto social especialmente en las pensiones públicas, avanzar en la privatización de los servicios públicos, especialmente en salud, educación, pensiones, así como devaluar los salarios, etc., para seguir enriqueciendo a los grandes fondos financieros, bancos y grandes multinacionales, a costa de provocar una recesión económica, aumentar el desempleo, empobrecer y precarizar a la clase trabajadora y la mayoría social.
En 2022 los sueldos crecieron un 2,78% de media en el estado español, cerca de seis puntos menos que el 8,4% del IPC acumulado ese año. En definitiva, una importante devaluación salarial, a pesar del impacto positivo del incremento del salario mínimo hasta 1.080 euros/mes. Si bien la inflación descendió al 3,3% en marzo de 2023 (según los datos del INE), la inflación subyacente que afecta a las necesidades básicas de la ciudadanía fue del 7,5%. En estas circunstancias la lucha unitaria para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y prestaciones sociales es un objetivo fundamental.
Las pensiones públicas que han sido revalorizadas con el 8,5% en 2023 gracias a la persistente movilización del movimiento pensionista en todo el estado, son objeto de reformas regresivas para los futuros pensionistas y abren las puertas a nuevos recortes de su poder adquisitivo en los próximos años. La constante presión del BCE y de la Comisión Europea por recortar el gasto en pensiones públicas y avanzar en su privatización, solo podrá impedirse con la lucha del movimiento pensionista y la clase trabajadora. La extraordinaria movilización en Francia en defensa de las pensiones ha de servir de ejemplo.
En Cataluña, la aprobación de los presupuestos antisociales para 2023 recortan el gasto social en los servicios públicos y derechos sociales: salud y atención primaria, educación, vivienda, residencias, atención domiciliaria, y no actualiza plenamente el IRSC con la inflación acumulada durante el periodo que ha estado congelado, etc. El gobierno de la Generalitat sigue privatizando los servicios públicos con el mantra de la colaboración público-privada que transfiere recursos públicos al negocio privado. Reduce la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía al 23,7% de la población con pobreza severa en Cataluña. Acuerdan proyectos que atentan al medio ambiente y el equilibrio ecológico (ampliación aeropuerto, 4º cinturón, Hard Rock).
En España, el Congreso de diputados aprobó unos presupuestos para 2023 con un notable incremento del gasto militar hasta alcanzar 27.617, 45 millones de euros, más del 2% del PIB, obedeciendo las instrucciones de Joe Biden y la OTAN, que además de arrastrarnos a la guerra supone un importante recorte del gasto social. No es casualidad, la insuficiente tasa de cobertura del Ingreso Mínimo Vital con 1.7 millones de beneficiarios cuando la pobreza severa en España afecta en 2023 a 4,8 millones de personas.
El reciente acuerdo alcanzado por el gobierno con ERC y EH BILDU sobre la futura ley para el derecho a la vivienda no recoge la demanda de los movimientos sociales de prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, e ignora las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas; los avances en otros aspectos de la ley no compensan las insuficiencias y carencias, tal como han expresado movimientos sociales como la PAH, Sindicat de llogateres, etc., lo que demuestra las concesiones al lobby inmobiliario.
Más que nunca, hemos de defender unidos/as nuestros derechos sociales, laborales y medioambientales, el pleno empleo con trabajo digno, frente a las amenazas de un capitalismo depredador que nos conduce a la barbarie y atenta a la vida en el planeta:
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Recuperación del poder adquisitivo de los salarios con el IPC real como mínimo. Derogación plena de toda la legislación laboral que ha eliminado derechos laborales, precarizado, recortado las indemnizaciones por despido, especialmente la contrarreforma laboral bajo el gobierno de mariano Rajoy.
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Pleno empleo estable y digno, reducción de la jornada laboral a 30 horas a la semana sin reducción del salario.
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Por unas pensiones públicas dignas. Garantía de revalorización anual de las Pensiones con el IPC Real. Por una pensión mínima de 1080 euros/mes. Derogación de las contrarreformas de las pensiones. Recuperación de la jubilación a los 65 años y avanzar hacia los 60 años.
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Salud pública y universal de calidad. Dotación presupuestaria para la asistencia primaria del 25%. Reversión de las privatizaciones en sanidad. Incremento del personal sanitario con contratos estables y dignos.
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Por una educación pública de calidad con una dotación presupuestaria que recoja el objetivo que marca la LEC del 6% del PIB, y permita avanzar hacia una única red pública y totalmente gratuita, incrementar el personal con contratos estables, y avanzar hacia la plena gratuidad de las universidades públicas
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Por una ley de vivienda digna que recoja la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables sin alternativa habitacional, un parque público de vivienda de alquiler de dimensión suficiente más allá del electoralismo de la SAREB, la regulación justa y efectiva de los precios de alquiler, etc.
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Plena actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) con el IPC de Cataluña durante todo el tiempo que ha estado congelado desde 1 enero 2010 hasta diciembre 2022 (29,1%)
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Dotar de recursos suficientes a la creación de empresas públicas en Cataluña que garanticen el acceso de la ciudadanía a los suministros básicos de energía y agua con precios asequibles, no determinados por la especulación y el abuso, especialmente de la población más vulnerable.
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Residencias públicas de calidad, con una ratio mínima de un gerocultor por cuatro residente en los turnos de mañana y tarde, atención médica a cargo de la sanidad pública. Revertir las privatizaciones en residencias. Ampliar las plantillas con contratos estables y dignos para garantizar una atención de calidad.
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Por unos servicios públicos de atención domiciliaria en Cataluña, con condiciones dignas para trabajadoras/es y usuarios.
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No a la ampliación del aeropuerto, al 4º cinturón y Hard Rock
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Derogación de la Ley Mordaza
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Papeles para todos/as, derogación de la legislación que discrimina a las personas inmigrantes.
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No al aumento del gasto militar. No al comercio de armas y su envío a zonas de conflicto o guerra como Ucrania y Yemen. Por la salida de España de la OTAN, y desde un estatuto de neutralidad favorecer el alto y fuego y las negociaciones en las guerras.
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No a las imposiciones de la Comisión Europea y el BCE para recortar el gasto social, en pensiones y privatizar los servicios públicos. No a sus medidas de ajuste y austeridad.
¡Por un 1º de Mayo que sirva para avanzar en el necesario y urgente cambio social! ¡Preparemos las condiciones para la Huelga General, aprendiendo del ejemplo de la clase trabajadora en Francia!
PARTICIPEMOS EN LA MANIFESTACIÓN DEL 1º DE MAYO A LAS 18 HORAS EN RAMBLA DEL RAVAL, BARCELONA
Coordinadora de Movimientos Sociales y Sindicales de Catalunya
