Del compañero y miembro de Espai Marx, Carlos Valmaseda
1. China: Palestina tiene derecho a la lucha armada
2. Panafricanismo y comunismo
3. Energía y socialización.
4. El futuro del Líbano.
5. El ganador de las elecciones en Indonesia.
6. Nuevo artículo de Hedges sobre Assange.
7. Hay muchos “campos” (observación de José Luis Martín Ramos).
8. Aumenta el analfabetismo.
9. Resumen de la guerra en Palestina, 22 de febrero
1. China: Palestina tiene derecho a la lucha armada
No sé si se ha publicado algo de esto en la prensa basura, pero sí lo he visto muy comentado en redes. Lo que dice China es una obviedad, sistemáticamente ignorada en Occidente. https://thecradle.co/articles/
China respalda el derecho de los palestinos a la «lucha armada» contra la ocupación israelí
Más de 50 países participan en las audiencias judiciales celebradas en La Haya para poner fin a la ocupación ilegal israelí de los territorios palestinos.
Noticias 22 DE FEBRERO DE 2024
China expresó su apoyo al derecho de los palestinos a participar en la «lucha armada» contra Israel, subrayando que esto no es «terrorismo», durante el cuarto día de audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un caso contra la ocupación ilegal israelí de territorios palestinos.
El 22 de febrero, Ma Xinmin, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, declaró ante la Corte Internacional de Justicia: «En aras del derecho a la autodeterminación, [el pueblo palestino tiene derecho al] uso de la fuerza para resistir la opresión extranjera y completar el establecimiento del Estado palestino».
https://twitter.com/ (tuit con vídeo de la intervención del funcionario chino -en inglés-)
Citando ejemplos de «diversos pueblos [que] se liberaron del dominio colonial» mediante la resistencia armada, Xinmin argumentó que los actos de resistencia contra la ocupación israelí «no son terrorismo», sino una lucha armada legítima y un «derecho inalienable».
«Numerosas otras resoluciones reconocen la legitimidad de la lucha por todos los medios disponibles, incluida la lucha armada de los pueblos bajo dominación colonial u ocupación extranjera para realizar el derecho a la autodeterminación», dijo el funcionario chino.
«El presidente chino, Xi Jinping, ha subrayado en múltiples ocasiones que China pide un alto el fuego integral y la pronta solución de la cuestión de Palestina sobre la base de una solución de dos Estados a través de la negociación», añadió.
Xinmin subió al estrado antes que el viceministro iraní de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Reza Najafi, quien destacó las violaciones históricas por parte de Israel del derecho de los palestinos a la autodeterminación.
«El establecimiento del régimen israelí se llevó a cabo mediante un proceso violento que supuso el desplazamiento forzoso del pueblo palestino nativo para crear una colonia mayoritariamente judía en consonancia con el movimiento sionista», afirmó Najafi.
También enumeró una serie de violaciones continuas por parte de Tel Aviv, que incluyen la ocupación prolongada y la manipulación de la composición demográfica en los territorios palestinos ocupados, la alteración del carácter y el estatus de Jerusalén, y las medidas discriminatorias y violaciones de los derechos del pueblo palestino a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales.
«La expansión de los asentamientos, las carreteras segregadas y las barreras, así como los puestos de control, han creado un sistema de apartheid que está aislando a las comunidades palestinas», añadió Najafi antes de dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) por su «inacción o acción insuficiente», afirmando que ésta es una de las «principales causas de la prolongada ocupación de los palestinos» y destacando que el máximo órgano de la ONU está «paralizado debido al estancamiento» provocado por «cierto miembro permanente».
«Todas las atrocidades y crímenes cometidos por el régimen israelí en los últimos casi ocho años son consecuencia de dicha inacción», concluyó el funcionario iraní.
El representante iraquí ante la CIJ, Hayder Shiya al-Barrak, subió a continuación al estrado y pidió a la CIJ que respetara las órdenes judiciales anteriores contra Israel, como las disposiciones adoptadas tras el caso de Sudáfrica para «detener la máquina de matar sistemática contra el pueblo palestino».
«Esperamos que el compromiso del tribunal con la justicia conduzca a decisiones adicionales (…) que afirmen su dedicación a poner fin a la campaña de asesinatos en masa y a impedir los actos de genocidio, así como las políticas de acoso, bloqueo y hambruna contra el pueblo palestino», afirmó.
Barrak concluyó su intervención pidiendo al Tribunal Mundial que tome decisiones «que salvaguarden la vida del hombre, la mujer, los niños y los ancianos palestinos, permitiéndoles disfrutar de una vida digna y segura en la que se cumplan todos los derechos humanos».
2. Panafricanismo y comunismo
Hemos visto por aquí reseñas de otros libros sobre el tema, especialmente de ROAPE. https://www.elsaltodiario.com/
‘Panafricanismo y Comunismo’, de Hakim Adi
La editorial Bellaterra publica ‘Panafricanismo y comunismo’, de Hakim Adi, un libro que rescata una experiencia histórica donde dos horizontes de liberación dialogan y se potencian mutuamente en la lucha contra el capitalismo.
Daniel Montañez Pico Universidad Complutense de Madrid. 21 feb 2024
En 1956, George Padmore, militante e intelectual afrocaribeño de Trinidad y Tobago, considerado uno de los más destacados luchadores por la descolonización de África, publicó una de sus obras más conocidas: ¿Panafricanismo o comunismo? (Dennis Dobson, 1956). Este libro, muy influyente en su época, planteaba que existían dos grandes movimientos ideológicos que estaban orientando el proceso de descolonización en África: el panafricanismo y el comunismo. Después de un análisis sobre los orígenes y desarrollo de cada movimiento, Padmore los declaraba incompatibles y se decantaba de forma contundente por un panafricanismo de carácter socialista, planteando que el comunismo en África había derivado en un servilismo colonial hacia la URSS, que impedía la verdadera liberación de los pueblos y naciones del continente.
Frente a esta hipótesis de incompatibilidad, Hakim Adi, historiador británico y uno de los más relevantes investigadores sobre la temática a nivel mundial, planteó desde el estudio histórico una hipótesis diferente: el panafricanismo y el comunismo no tienen por qué ser incompatibles. Para sostener el argumento el autor desarrolló una investigación durante más de una década en diversos archivos de todo el mundo, publicando sus resultados en 2013 en el libro Panafricanismo y Comunismo (Africa World Press, 2013), cuya traducción al castellano podemos disfrutar gracias a la reciente edición publicada por la editorial Bellaterra (2023). En esta obra se investiga en profundidad un caso concreto donde se demuestra la convergencia entre ambos movimientos, como fueron las estrategias, tácticas, orientaciones, resoluciones, instituciones y diversas acciones que la Komintern, también conocida como la Internacional Comunista o III Internacional, impulsó para atender la situación de la población trabajadora negra africana y afrodescendiente. Se presenta así una investigación histórica, sostenida en una impresionante revisión bibliográfica y de archivos en varios países, que pone especial énfasis en el estudio del nacimiento y desarrollo del Comité Sindical Internacional de Trabajadores Negros (ITUCNW, por sus siglas en inglés), una sección de la Profintern (Internacional Sindical Roja, adherida a la Komintern) que durante los años 20 y 30 lideró bajo orientaciones panafricanistas la agenda política de los trabajadores negros en África y las Américas en el marco del movimiento comunista internacional. En definitiva: en este libro se plantea que fue y es posible y deseable la existencia de un panafricanismo comunista o un comunismo panafricanista.
Habrá a quienes les sorprenda esta hipótesis. Quienes conozcan un poco de la historia de las relaciones entre el panafricanismo y el comunismo podrán objetar con muchos argumentos, también sostenidos en casos concretos, que existe bastante incompatibilidad entre ambos horizontes, veamos algunos de ellos.
Los marxismos del Sur y la descolonización de la economía política
VV.AA.
Diferentes orígenes y estrategias
El origen del panafricanismo se suele situar hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX en movimientos, activistas e intelectuales de la diáspora africana críticos con el proceso de esclavización masiva de población africana liderado por las potencias occidentales. Figuras como Olaudah Equiano o Quobna Ottobah Cugoano habían sido esclavizados de niños en África y, después de una vida de explotación en plantaciones de América, consiguieron liberarse y convertirse en líderes del movimiento abolicionista en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Otros líderes abolicionistas negros de la época, como Paul Cuffe o Prince Hall, promovieron la propuesta del “regreso a África”, planteando que la mejor solución para terminar con la esclavitud era volver al continente de sus antepasados, teniendo un relativo éxito con la fundación de algunos asentamientos que eventualmente se consolidaron en la zona de Sierra Leona y Liberia. Aunque el término “panafricanismo” no estaba todavía inventado, en estos primeros activistas e intelectuales críticos con el proceso esclavista atlántico encontramos ya una clara conciencia de la importancia de la lucha por la liberación de toda la población africana afectada por la industria esclavista.
A lo largo del siglo XIX, siendo abolida la esclavitud de forma paulatina en las diferentes potencias occidentales, la población africana y afrodescendiente continúo sufriendo una intensa explotación y expolio de sus recursos. En el caso de África, sus diferentes pueblos sufrieron la invasión de la gran mayoría de sus territorios por parte de las potencias occidentales en el llamado proceso de “imperialismo moderno” o “nuevo imperialismo”. Y, en el caso de la población afrodescendiente, ubicada en su mayoría en el continente americano, la abolición de la esclavitud no supuso su liberación real, como trabajadores libres tuvieron que enfrentarse a una realidad de persecución racista y superexplotación brutal de su trabajo generalizada. Es en este contexto cuando, a finales del siglo XIX, apareció el término de panafricanismo para referirse al movimiento que, con una conciencia común de la explotación histórica, planteaba la unión y la lucha de la población africana y afrodescendiente por su liberación.
El origen del movimiento panafricanista, ya nombrado como tal, se ubica en la I Conferencia Panafricana celebrada en Londres en 1900, donde se reunieron diversos líderes y activistas de África y la diáspora afrodescendiente de las Américas para establecer una agenda política común. En la conferencia se acordó un plan de lucha por la descolonización de África y el Caribe, promoviendo el autogobierno para sus naciones, así como la consecución de derechos civiles y políticos para la población afrodescendiente allí donde viviera. La mayoría de los participantes de esta reunión fueron hombres negros que se habían criado en familias de clase media, habiendo tenido acceso a educación superior y al desarrollo de profesiones cualificadas o actividades empresariales, lo que les facilitaba tener roles de liderazgo en el impulso económico y político de estas iniciativas.
Por tanto, la diferencia entre ambos movimientos, panafricanismo y comunismo, es clara en relación con sus orígenes. Además de que parten de contextos diferentes, es evidente la diferente orientación ideológica. En el caso del panafricanismo, en sus orígenes, predominó una visión ubicada en la experiencia de sus liderazgos, radicados en la clase media negra y con una visión marcadamente liberal, mientras que en el caso del comunismo se abogó por una visión crítica de la economía política y la ideología del capitalismo, radicada en la experiencia de la clase trabajadora. Aunque existían puntos convergentes, como la crítica al colonialismo, al racismo y la superexplotación de la población negra, las soluciones propuestas por el panafricanismo se mostraban más reformistas en cuanto a lo que el sistema capitalista significaba, mientras que el comunismo planteaba una propuesta radicalmente revolucionaria y crítica del capitalismo. Es decir, existió en la conformación de estos dos movimientos una diferencia de base difícil de conciliar: mientras que en el panafricanismo se privilegiaba el análisis de la crítica al racismo, en el comunismo se privilegiaba el análisis de la crítica al clasismo. Ambos movimientos entendían que ambas cosas, el racismo y el clasismo, estaban relacionadas y eran importantes, pero el panafricanismo optaba por poner en el centro la cuestión racial mientras que el comunismo ponía en el centro la cuestión de clase. Por esta y otras razones, en sus orígenes, el panafricanismo y el comunismo no fueron movimientos que se influyeran mutuamente de forma relevante.
Otro punto de tensión entre el panafricanismo y el comunismo fueron sus diferencias estratégicas frente a problemas concretos. Por ejemplo, ante la situación de racismo estructural que sufría la población afrodescendiente en las Américas, el panafricanista jamaicano Marcus Garvey planteó como solución un nacionalismo negro liderado por una burguesía negra, que en ningún caso planteaba una crítica radical al capitalismo e, incluso, en algunos momentos fue cómplice de grupos racistas como el Ku Klux Klan, debido a que estaban de acuerdo en la idea de que la población blanca y negra no compartieran territorio vital. El desarrollo del garveyismo fue paralelo a la creciente entrada de militantes negros en los movimientos y partidos comunistas, quienes caracterizaron este movimiento como un enemigo. Otro ejemplo fue el desencuentro a raíz de la invasión italiana de Etiopía en 1935. Los movimientos panafricanistas consideraron que el movimiento comunista internacional no reaccionó a la altura de los acontecimientos, debido a su giro estratégico hacia los frentes populares. Para muchos panafricanistas la posición de los frentes populares significaba en la práctica la alianza estratégica del comunismo con potencias capitalistas imperialistas para frenar el auge del fascismo, por lo que la agenda anticolonial, antiimperialista y antirracista quedaba relegada a un segundo plano.
Puntos de encuentro
Entonces, con tantas diferencias y discrepancias ¿cómo fue posible la unión exitosa del panafricanismo y el comunismo que nos narra Hakim Adi en el caso de la Internacional Comunista durante los años 20 y principios de los 30? Fue posible, al menos, gracias a dos grandes cuestiones.
Primero, la cuestión teórica. La Internacional Comunista estuvo guiada por el pensamiento leninista en muchos sentidos, destacando su teoría critica del imperialismo y del derecho a la autodeterminación de las naciones. Para Lenin el imperialismo era una muestra de que el capitalismo estaba en crisis, obligado cada vez más a intensificar y consolidar una periferia colonial donde obtener recursos y mano de obra barata. Frente a ello, en las colonias emergían movimientos anticoloniales que expresaban sus demandas en términos nacionalistas, lo cual era interpretado por Lenin como una expresión de nacionalismos de clase que apoyaban la lucha anticapitalista, diametralmente opuestos a los nacionalismos de carácter burgués típicos de las potencias capitalistas. Siguiendo esta premisa, para Lenin el racismo era fundamentalmente una teoría burguesa utilizada para justificar el expolio imperialista y la superexplotación de la mano de obra en las colonias, por lo cual debía ser prioritario enfrentarlo. Para ello, entendió que una visión comunista del asunto debía tratar la especificidad del colonialismo en África y el racismo contra las personas negras, promoviendo una agenda propia para atender este problema dentro del movimiento comunista.
Segundo, una cuestión práctica. La existencia cada vez más común de activistas e intelectuales negros que se adherían a los partidos comunistas, como fue el caso del propio George Padmore o de Harry Haywood, que lideraron la agenda propia de la liberación de los pueblos negros dentro de la Internacional Comunista. Se trata de militantes que entendían que, si no se trataba el asunto de una forma específica, el potencial revolucionario de la clase obrera negra podía ser cooptado por visiones liberales del panafricanismo, como fue el caso del garveyismo. Militantes que trabajaban bajo las hipótesis comunistas, que no abandonaban el universalismo marxista ni la centralidad de la cuestión de clase, pero que lograban integrar elementos del panafricanismo cruciales para luchar contra el racismo incrustado incluso en el seno de la misma clase obrera. Entendían, al final y al cabo, y también por experiencia propia, que el panafricanismo es una tradición histórica muy importante en la conformación de la cultura obrera de la población africana y afrodescendiente, que tenía que atenderse de forma específica para impulsar una acertada estrategia revolucionaria para los pueblos negros y que, si no se atendía esta cuestión de forma particular en el movimiento comunista, su potencial revolucionario podía orientarse hacia opciones reformistas.
Estos puntos de encuentro son expuestos e investigados de manera magistral en el libro de Hakim Adi, en donde encontramos la obra más importante sobre la temática hasta el momento publicada. Se trata de un libro muy útil como herramienta académica e intelectual, pero, sobre todo, es muy útil como herramienta política. Podrá servir tanto para quienes desde el paradigma panafricanista se planteen la necesidad de integrar de forma más contundente un análisis de clase en su práctica política, como para quienes desde el paradigma comunista quieran comprender y politizar de forma revolucionaria el problema del racismo y la experiencia histórica de los pueblos negros bajo el capitalismo. En definitiva: es una obra sumamente útil, que rescata una experiencia histórica donde dos horizontes de liberación nacidos en diferentes contextos consiguen dialogar y potenciarse mutuamente, una obra que permite orientar de forma revolucionaria la tan importante y necesaria unión de las luchas de los diferentes pueblos y grupos sociales que sufren el yugo del capitalismo.
3. Energía y socialización
A partir de la muy interesante experiencia de ganar en referéndum la expropiación de los terrenos para vivienda a las grandes constructoras en Berlín, el colectivo Communia reflexiona sobre la posibilidad de socialización de los recursos energéticos. https://www.tni.org/en/
Socializar la energía
Lecciones de las campañas radicales de vivienda en Alemania
Fecha de publicación: 8 de febrero de 2024
Para recuperar el impulso perdido en favor de una transición energética, los defensores de la justicia climática y energética pueden aprender del victorioso referéndum de los berlineses en apoyo de una vivienda de expropiación radical en 2021. Este no sólo siguió una estrategia que hacía recaer los costes sobre las empresas y no sobre las personas, sino que también va más allá de la propiedad pública tradicional para explorar modelos de participación popular.
Colectivo Communia
En septiembre de 2021, el 59,1% de los berlineses votaron a favor de expropiar y socializar las grandes empresas inmobiliarias de la ciudad-estado de Berlín. Era la primera vez en 40 años que un movimiento social alemán se manifestaba a favor de la propiedad pública y democrática a tan gran escala. Pero el movimiento consiguió algo más que una victoria en el referéndum. Expropiar Deutsche Wohnen & Co. reintrodujo el tema de la propiedad en la política dominante, atrayendo la atención internacional.
Y lo que es aún más importante, la campaña resucitó el concepto de socialización -un grito de guerra del movimiento obrero olvidado hace tiempo- como una reivindicación política factible en Alemania. Esto tiene implicaciones que van más allá de la lucha por una vivienda asequible en Berlín. La socialización, como reivindicación y como práctica tangible del movimiento, podría aplicarse a otros ámbitos de la economía, en particular al sector energético. Dada la escalada de la crisis climática, las campañas de socialización no sólo son desesperadamente necesarias, sino también cada vez más realistas.
La idea de la socialización para una transición energética justa y rápida se encuentra con un sector energético que está experimentando actualmente una intensa transformación. El camino de esta transformación está muy disputado. A un nivel simplificado, el bloque dirigente puede verse como un campo de batalla entre un proyecto fósil-capitalista históricamente atrincherado y conservador y la emergente hegemonía verde-capitalista. Mientras ciertos elementos de la antigua hegemonía fósil-neoliberal, como las facciones del capital individual en la industria energética, junto con los partidos conservadores y reaccionarios, se esfuerzan por mantener sus modelos empresariales frente a las actuales políticas climáticas, un grupo diverso de actores políticos se está alineando dentro de un proyecto hegemónico verde-capitalista. Esto incluye algunas asociaciones ecologistas y grupos de reflexión, así como partidos verdes y, hasta cierto punto, socialdemócratas, pero también asociaciones empresariales y segmentos de la clase capitalista como la industria automovilística alemana o la economía del hidrógeno.1 El proyecto se centra en la movilización de capital privado mediante una mezcla de incentivos, subvenciones y políticas industriales. Sin embargo, tanto la amplitud como los objetivos divergentes entre los actores de la sociedad civil y las facciones del capital, así como la participación vacilante e incompleta de los sindicatos, conllevan un cúmulo de contradicciones internas y debilidades potenciales. El gobierno federal alemán, que incluye a los Verdes, los socialdemócratas y los liberales, encapsula estas contradicciones internas en una coalición de gobierno inestable.
Aunque la hegemonía verde-capitalista aún no está firmemente establecida, es muy probable que consolide su posición en los próximos años. Sin embargo, esto no es motivo de celebración: el proyecto verde-capitalista es totalmente insuficiente para abordar la magnitud de la crisis climática, y es disfuncional debido a su dependencia de transferir los costes de la transformación a la mayoría de la población a través del mercado. Como resultado, seguirá siendo políticamente inviable y prolongará innecesariamente la transición verde más allá de lo que podemos permitirnos.
Estas discrepancias se pusieron especialmente de manifiesto en los recientes acontecimientos políticos en Alemania. Un intenso debate suscitado por una nueva ley, que obliga a que, a partir de 2025, el 65% de la energía de calefacción de los sistemas de nueva instalación proceda de fuentes renovables, puso al descubierto las limitaciones de las políticas basadas únicamente en cambios normativos, diseño del mercado y estructuras de incentivos (enlace externo)2 La respuesta a la iniciativa del Ministerio de Economía dirigido por el Partido Verde para modernizar el parque de viviendas fue reveladora. Por un lado, la fuerte reacción mediática contra los planes legislativos de los Verdes puede atribuirse a las facciones del capital fósil que aún subsisten. Ejercen su influencia para frustrar los planes que podrían repercutir negativamente en sus beneficios en el sector del gas, que aún hoy domina la tecnología de calefacción en Alemania, y desviar la atención presentando el hidrógeno como la solución. Por otro lado, la opinión pública tiene una preocupación válida por las políticas basadas en medidas reguladoras que dejan indemnes la propiedad privada y los beneficios. Los inquilinos, que ya se enfrentan a un mercado de la vivienda financiarizado, entienden que soportarán la mayor parte de los costes de modernización del parque inmobiliario.
Los debates sobre la propuesta de abandonar la minería del lignito en Alemania son otro ejemplo de la incapacidad de la política verde-capitalista predominante para actuar en un sistema energético que depende principalmente del capital privado. En lugar de simplemente ordenar a una empresa energética controlada públicamente que adelantara la eliminación del lignito, el gobierno local, de minoría verde, de Renania del Norte-Westfalia tuvo que negociar tratos sucios con la industria fósil para obtener concesiones menores. Es probable que el lignito, el combustible fósil más contaminante, deje de ser rentable en los próximos cinco a diez años. A pesar de ello, el acuerdo negociado sólo adelantaba la eliminación de 2038 a 2030, ofrecía generosas compensaciones a las empresas energéticas y permitía seguir explotando las reservas de lignito hasta 2030 (enlace externo).3 Esto dio lugar a una acalorada batalla en torno al pueblo de Lützerath, amenazado de destrucción por los planes del gigante energético RWE de ampliar una mina de lignito de 66 km². Los activistas climáticos argumentaron que quemar el lignito restante y defender así los derechos de propiedad de RWE entraba en conflicto con la justicia climática y el objetivo de 1,5 ºC. El pueblo se convirtió en un campo de batalla simbólico debido a la brutal violencia policial contra los activistas climáticos que lo ocupaban, personificando el conflicto entre los intereses corporativos privados y la urgente necesidad de una rápida transformación energética.
La crisis energética de 2022, desencadenada por la guerra de agresión rusa a Ucrania, ha vuelto a poner de manifiesto las limitaciones de un sistema energético basado en la propiedad privada. Ha dejado al descubierto los problemas que conlleva la mercantilización. El diseño del mercado energético europeo, que hace de la energía una mercancía comercializable, provocó un enorme aumento de los precios al consumo, al tiempo que permitió a las grandes corporaciones energéticas amasar miles de millones en beneficios. Las contramedidas del gobierno alemán -paquetes de ayuda y tibias subvenciones a los precios de la energía para los consumidores- mitigaron los trastornos sociales más graves, pero dejaron indemnes los beneficios empresariales. Si el sector energético hubiera sido de titularidad pública, los precios podrían haberse regulado fácilmente hasta un umbral aceptable. Una vez más, la reacción a la crisis demostró que la propiedad privada y la apropiación de los beneficios de los servicios básicos siguen siendo sacrosantas, incluso para los políticos del Partido Verde.
Estos episodios recientes demuestran por sí solos que las actuales estrategias de transformación no sólo son injustas y excesivamente lentas, sino también disfuncionales y poco adecuadas a la magnitud de la crisis. La necesaria transformación rápida y socialmente justa está reñida con la propiedad privada y el sistema energético mercantilizado. El enfoque predominante de la transición energética da prioridad a un modelo político que incentiva, subvenciona y regula a los participantes en el mercado, en lugar de canalizar la inversión pública hacia el establecimiento de una producción y suministro de energía de propiedad pública y gestión democrática. De este modo, se estabilizan las relaciones de propiedad y poder existentes y se transfieren a un nuevo marco verde-capitalista. Sin embargo, si el diseño del mercado y las estructuras de propiedad impiden una solución a la crisis climática, éstos deben convertirse en el principal escenario de las luchas políticas.
Socialización, remunicipalización y el movimiento de expropiación de Berlín
La resistencia a la privatización es tan antigua como el propio neoliberalismo. Aunque numerosas remunicipalizaciones exitosas y batallas defensivas han conseguido frenar la embestida neoliberal contra la propiedad pública en Alemania, la izquierda sigue encontrándose a la zaga (enlace externo).4 Sin embargo, el 26 de septiembre de 2021 marcó un punto de inflexión significativo cuando la trayectoria de las batallas contra los efectos perjudiciales de la propiedad privada comenzó a cambiar. La campaña «Expropiar Deutsche Wohnen & Co.» triunfó en un referéndum en la ciudad-estado de Berlín, abogando por la expropiación de todas las empresas privadas de vivienda que poseyeran más de 3.000 pisos en la ciudad. Para sorpresa de muchos observadores y participantes, una mayoría decisiva del 59,1% de los votantes apoyó la resolución propuesta por la iniciativa, que había encabezado una impresionante campaña durante tres años. Esta campaña galvanizó a varios miles de berlineses, transformándolos en activistas comprometidos con el desmantelamiento del dominio de las colosales corporaciones financiarizadas sobre el mercado inmobiliario de Berlín.
Los activistas obtuvieron un éxito rotundo y desde entonces no han cejado en su empeño de garantizar que se respete la voluntad de los berlineses y se lleve a cabo el referéndum. Su lucha persiste, ya que los representantes de los sectores inmobiliario y de la construcción están bien coordinados. A pesar de la mala reputación del sector inmobiliario privado entre los inquilinos berlineses, el Partido Socialdemócrata (SPD), en el gobierno de Berlín, lo considera un socio aceptable. La aversión del SPD a la expropiación es tan fuerte que, tras su reelección en 2023, optaron por formar una coalición con los conservadores en lugar de continuar la alianza progresista con Los Verdes y, sobre todo, La Izquierda (partidarios de la socialización). El movimiento se mantiene firme en su lucha por la aplicación del resultado del referéndum, a través de organizaciones de inquilinos, manifestaciones y otros medios.
La iniciativa de Berlín tiene su base jurídica en un artículo de la Constitución alemana que no se ha utilizado en los 70 años de historia del Estado alemán (occidental). El artículo 15 de la ley fundamental alemana ofrece la posibilidad de socializar la tierra, los medios de producción o los recursos naturales independientemente de la voluntad de los propietarios privados. Aunque deja claro que los actuales propietarios deben ser indemnizados, la opinión de los expertos es prácticamente unánime en cuanto a que la indemnización puede ser inferior al valor de mercado. Curiosamente, especifica que la socialización significa no sólo la expropiación de activos, sino también su transferencia a la economía común (Gemeinwirtschaft). Por lo general, se entiende que esto implica la democratización de la toma de decisiones y la orientación hacia el bienestar público en lugar del beneficio privado.
La campaña se basó en el creciente consenso de la sociedad alemana de que las políticas neoliberales iban demasiado lejos. Tras las campañas de privatización en Alemania desde la época del canciller Helmut Kohl en los años ochenta y noventa, que se prolongaron hasta bien entrada la década de 2000, en los últimos veinte años se ha estado gestando en Alemania un potente contramovimiento a favor de la remunicipalización. Entre 2005 y 2017, solo en el sector de la energía se produjeron 284 remunicipalizaciones de infraestructuras públicas previamente privatizadas5. En 2013, un referéndum ciudadano obligó a la ciudad de Hamburgo a recomprar todas las infraestructuras de la red municipal (incluidas las de agua, energía y calefacción). Los municipios rurales volvieron a adquirir redes privatizadas y formaron asociaciones municipales suprarregionales, y en Berlín y otros lugares se recompraron algunas viviendas que antes eran propiedad del Estado. La tendencia a la remunicipalización es una señal prometedora para la reactivación de la propiedad pública de los servicios públicos y para la transformación socioecológica. Sin embargo, el impulso ha decaído en los últimos años, lo que sugiere que el punto álgido de la oleada de remunicipalización puede haber pasado ya (enlace externo).6
La lucha por la expropiación en Berlín se basa en un punto de partida político muy similar, pero va mucho más allá de los proyectos de remunicipalización. Berlín sufrió una oleada masiva de privatizaciones en la década de 2000. Tras un escándalo bancario en el que estaba implicado un banco estatal, Berlín se encontró al borde de la quiebra, lo que llevó al gobierno local a aplicar un estricto programa de austeridad. Cientos de miles de pisos y terrenos, antes municipales, se vendieron a precios vergonzosamente bajos a fondos de alto riesgo, empresas privadas o fondos de pensiones. Tras numerosas fusiones, adquisiciones y la consolidación general del mercado, estos pisos pertenecen ahora a un puñado de grandes grupos europeos como Vonovia, Heimstaden o Adler. A principios de la década de 1990, más de 500.000 pisos en Berlín eran propiedad del Estado; a finales de la década de 2000, sólo quedaban 250.000 (enlace externo).7
Los berlineses son muy conscientes de que estas corporaciones hacen poco con estos pisos, aparte de explotarlos para obtener beneficios mediante la escalada de los alquileres y las valoraciones especulativas. En consecuencia, Berlín se encuentra ahora en plena crisis de la vivienda. La ciudad tiene una gran afluencia de personas y una fuerte demanda de vivienda, una situación que las corporaciones privadas explotan subiendo los alquileres desorbitadamente y construyendo nuevos pisos caros en lugar de viviendas sociales asequibles. Como declaró la activista de la campaña Isabella Rogner en una comparecencia en verano de 2023 (enlace externo) en el Parlamento de Berlín: «Cuando evalúo los dos últimos años, mi principal observación es que la situación del mercado inmobiliario berlinés es peor que nunca para nosotros, los inquilinos. Si esta tendencia continúa, en pocos años habremos perdido la ciudad que todos ustedes, el gobierno de Berlín, dicen defender. Tenéis la oportunidad de salvar este Berlín, de preservar los hogares de millones de personas y de protegerlas del desplazamiento. El instrumento para ello, la socialización, está justo delante de ustedes».8
La campaña de expropiación se centra precisamente en el evidente fracaso de la privatización de la vivienda. En lugar de intentar volver a municipalizar estos pisos comprándolos a precios de mercado sobrevalorados y esperando que los propietarios privados estén dispuestos a venderlos, la campaña ha dado un gran paso más. Propone expropiar las grandes empresas inmobiliarias a un precio muy inferior al del mercado y, curiosamente, no devolverlas al Estado. La campaña ha presentado un concepto para la administración de los pisos que van a ser expropiados, en el que los inquilinos, así como representantes de la sociedad civil, toman las decisiones en las estructuras del consejo, y el Estado sólo desempeña un papel menor. Reflejando críticamente las experiencias de propiedad estatal del siglo XX, la iniciativa presenta un modelo imaginativo (enlace externo) centrado en la democratización radical de la toma de decisiones.9
La socialización que proponía la campaña iba mucho más allá de los modelos clásicos de propiedad: expropiación de las grandes empresas, indemnización por debajo del valor de mercado y democratización y desmercantilización radicales. Estas ambiciosas demandas fueron el punto de partida de la campaña, y triunfaron. La iniciativa presentó un concepto que resultó convincente: Los berlineses llevan mucho tiempo teniendo buenas experiencias con las viviendas comunales o el suministro municipal de agua. Aunque distaban mucho de ser perfectas, existían experiencias políticas y organizativas con la propiedad pública de estos sectores de servicios públicos. Junto con un programa político que abordaba adecuadamente la magnitud de la crisis de vivienda de Berlín, había amplias mayorías a favor de la expropiación. En fechas tan recientes como 2018, cuando se lanzó la campaña, tal resultado parecía impensable.
En Alemania, hay conciencia de diversas formas de propiedad estatal en los servicios básicos, incluso bajo el capitalismo: las empresas municipales de agua, las escuelas estatales y las viviendas municipales forman parte de la experiencia vivida de la gente. Sin embargo, la propiedad pública rara vez es plenamente democrática y pocas veces rechaza por completo el afán de lucro para centrarse en objetivos públicos. Los Estados o los municipios son tan capaces como los propietarios privados de presionar para que se extraigan beneficios y no se invierta lo suficiente en infraestructuras críticas. Esto es especialmente cierto si los activos deben recomprarse a precios de mercado, lo que limita las posibilidades de los agentes públicos. Además, la propiedad estatal siempre corre el riesgo de ser privatizada de nuevo cuando los presupuestos son ajustados. A pesar de algunas buenas experiencias de remunicipalización, que han permitido mejorar la calidad del suministro y abaratar los precios, no se aprecia ninguna tendencia hacia una oleada de propiedad pública adecuada a los problemas del siglo XXI, y menos aún en el sector energético.
El sector energético alemán y el papel de la propiedad local a pequeña escala
La remunicipalización o la creación de nuevas empresas municipales o cooperativas no bastarán por sí solas para gestionar la transición energética de forma rápida y socialmente justa. Es necesario socializar las grandes empresas para romper su poder de mercado, dirigir inversiones masivas a la generación de energías renovables a escala y transformar el sector en su conjunto, junto con los trabajadores, que tienen tanto el poder de organización como los conocimientos necesarios para la transición. Mucho depende de no tener que recomprar activos a valor de mercado y de democratizar adecuadamente las empresas energéticas, y esto sólo será posible en el marco de la socialización.
Las actuales estructuras de propiedad y la mercantilización del sistema energético alemán son producto de la liberalización de los sistemas energéticos a escala europea que se viene impulsando desde la década de 1990 en el contexto de la creación de un mercado interior único de la energía en la UE. En esencia, los paquetes de medidas de desregulación energética de la UE desde 1996 han fomentado un sistema en el que las empresas privadas han podido hacerse con importantes segmentos del sector energético, y la energía, antes considerada un «monopolio natural», se ha transformado en un bien comercializable.
Las actuales estructuras de propiedad del sistema energético alemán también han sido moldeadas por leyes negociadas por la minoría verde en el gobierno a principios de la década de 2000. El fomento de las energías renovables está regulado desde el año 2000 por la Ley de Energías Renovables, que era básicamente un mecanismo para incentivar la construcción de energías renovables a través de una tarifa de alimentación pagada por el consumidor.10 Este mecanismo de subvención con una compra garantizada de electricidad verde creó un entorno de mercado seguro para las inversiones privadas a pequeña escala y tuvo un gran éxito como modelo para este periodo. En retrospectiva, sin embargo, este mecanismo de subvención ayudó a iniciar un modelo de des-riesgo en expansión (enlace externo) de transformación ecológica, que se ha observado cada vez con más intensidad en los últimos años11.
La transición energética alemana fue impulsada en gran medida por pequeños agentes privados: cooperativas energéticas, particulares con paneles solares en su tejado, servicios públicos municipales o empresas energéticas medianas que invierten exclusivamente en energías renovables. La tarifa regulada proporcionó a los pequeños agentes del mercado un marco regulador y una seguridad económica que ha garantizado durante mucho tiempo las inversiones en energías renovables e incluso llevó a la industria solar alemana a ser líder del mercado mundial durante un breve periodo de tiempo.
A partir de la década de 2000, la «Energiewende» (transición energética) alemana fue un proyecto descentralizado de transformación energética en el que participaron diversos agentes y que, en consecuencia, fue alabado y reproducido a escala internacional. Aunque la propiedad privada a pequeña escala suele beneficiar a los consumidores de clase media y no necesariamente a los trabajadores y a las poblaciones urbanas más pobres, al menos se invirtió en energías renovables. Hasta 2019, las cooperativas, los particulares y los agricultores poseían una cuota del 40,4% de la energía renovable en Alemania (enlace externo).12 Sin embargo, esto está cambiando actualmente: la proporción de energía ciudadana a pequeña escala (Bürgerenergie) está disminuyendo de forma lenta pero segura. Los promotores de proyectos, los bancos, las empresas de inversión y las cuatro grandes corporaciones energéticas que dominaban el mercado de los fósiles se están pasando rápidamente a las energías renovables. Se espera que su cuota siga aumentando en los próximos años, mientras que los productores de energía locales, cooperativos y a pequeña escala seguirán perdiendo cuota (enlace externo).13
Socialización para una propiedad pública democrática a escala
La propiedad local a pequeña escala y la remunicipalización deben desempeñar un papel en la transición energética. Sin embargo, es evidente que una transición energética social y ecológicamente justa debe centrarse además en la construcción de modelos públicos y democráticos a gran escala con el objetivo a largo plazo de una completa desmercantilización del sector y la prestación como servicio público universal.
La socialización propuesta por la iniciativa de Berlín significa la expropiación a gran escala de los activos de propiedad privada y su transferencia a instituciones gobernadas democráticamente y de propiedad pública centradas en objetivos públicos. La socialización ha demostrado su viabilidad como estrategia de movimiento, sobre todo porque politiza el antagonismo entre las grandes corporaciones de propiedad privada y el público. En el sector energético esto es relevante y necesario especialmente en lo que respecta a las grandes corporaciones de producción de energía y a los operadores de las redes de transmisión.
La producción de energía en Alemania solía estar dominada por cuatro grandes empresas de combustibles fósiles (enlace externo).14 Aunque estas empresas llevan mucho tiempo invirtiendo poco en energías renovables, ahora están entrando en el sector y amenazan con privatizar el futuro del sistema energético. Al mismo tiempo, estas empresas aún conservan y están ampliando en parte sus activos fósiles, por lo que tienen un enorme interés en mantener la producción de combustibles fósiles. Su inversión en energías renovables es cada vez mayor, pero está supeditada a los beneficios futuros. Una transición energética rápida y socialmente justa no será posible sin los activos, así como sin los conocimientos, las capacidades y la mano de obra de los trabajadores del actual sector fósil. En lugar de incentivar a los agentes privados y subvencionar de hecho los beneficios privados con dinero público, sería más eficiente que las empresas pasaran a ser de propiedad pública y financiar directamente la transición (enlace externo) La socialización y la financiación estatal de inversiones sustanciales en capacidades renovables a través de instituciones energéticas de propiedad pública y gobernadas democráticamente podrían crear puestos de trabajo sindicados y de calidad en el sector de las renovables y gestionar la pérdida de empleos en industrias que deben reducirse o eliminarse progresivamente, como la minería del lignito o la industria automovilística. Por el contrario, una transición basada en la propiedad privada nunca podrá ofrecer a los trabajadores vías seguras hacia sectores futuros. Las empresas socializadas también podrían realizar eficazmente las inversiones necesarias, ya que no están obligadas a proporcionar un rendimiento de mercado a los accionistas, reduciendo así los costes de capital para la transición.
La socialización no sólo implica la transferencia de la propiedad, sino que también incluye la gobernanza democrática y la atención al bienestar público. Las empresas de energía socializadas tendrían que estar gobernadas por representantes de los consumidores, asociaciones ecologistas y trabajadores, y el Estado tendría un papel secundario. Al mismo tiempo, tendrían que estar ancladas en objetivos claros de política pública, como el suministro de energía asequible, los objetivos de inversión en renovables y la transferencia de conocimientos al Sur global.
La socialización presenta una solución a problemas similares en relación con las redes de transmisión. La red alemana de transmisión a larga distancia está actualmente dividida entre cuatro empresas privadas, financiadas a través de las tarifas de red pagadas por los consumidores. Estas tarifas las determina una agencia estatal e incluyen un importante rendimiento del capital. Por consiguiente, los accionistas de estas empresas reciben un beneficio garantizado, suscrito por los consumidores. Al mismo tiempo, hay una falta de inversión que crea desequilibrios regionales y obstaculiza la expansión de las energías renovables. En lugar de esto, la red de transporte a larga distancia debería gobernarse democráticamente a nivel nacional. La gobernanza de las redes de transporte debería seguir unos objetivos públicos claros y fijados democráticamente, como una expansión de las energías renovables basada en las necesidades, y estar gobernada por los trabajadores y los representantes electos.
La socialización de las grandes empresas energéticas y de los operadores de redes debe complementarse con la propiedad democrática pública a nivel local. La producción local y descentralizada de energías renovables podría ser impulsada en parte por cooperativas energéticas. En las ciudades, los consejos de energía elegidos podrían desarrollar planes de descarbonización y reducción de la energía que serían aplicados por proveedores de servicios públicos municipales democratizados. Los servicios públicos regionales podrían vincular los planes locales de descarbonización con la expansión coordinada a nivel suprarregional de las energías renovables y las capacidades de almacenamiento.
Así pues, una transición energética democrática en un sector energético socializado se sustenta en diversos modelos de propiedad pública democrática. La complejidad del sistema energético, con diversas funciones como la transmisión, la distribución y la producción que operan a diferentes escalas, exige una multitud de mecanismos e instituciones de gobernanza democrática.
Por lo tanto, un sector energético socializado debe entenderse como un sistema integrado de varios niveles que presenta una amplia variedad de modelos de propiedad pública y democrática que se refuerzan y potencian mutuamente16 . También se trata de crear estructuras en las que la toma de decisiones sea compartida y los beneficios se distribuyan de forma más equitativa. Esto incluye la socialización de las grandes empresas energéticas y los operadores de transmisión, la remunicipalización de las redes locales y la producción de energía, así como el apoyo y la promoción de la propiedad local y cooperativa a pequeña escala. Se trata de garantizar que las personas afectadas por las políticas energéticas tengan voz y voto en la elaboración de dichas políticas. Un sistema energético de este tipo tiene el potencial de llevar a cabo la transformación energética necesaria de una manera no sólo más rápida y eficiente, sino también más equitativa. Se trata de diseñar un futuro energético que dé prioridad al bienestar de los ciudadanos y del planeta, garantizando que la energía sea accesible, asequible y sostenible para todos.
La socialización como núcleo de una alternativa emancipadora al capitalismo verde
Obviamente, este breve esbozo de transformación energética democrática basada en la socialización contrastaría enormemente con los enfoques políticos dominantes en la actualidad. Proponemos que la socialización puede ser el núcleo de un proyecto emancipador que contrarreste la actual captura capitalista de la transformación energética. La transformación hacia un capitalismo verde dirigido por el Estado no es en absoluto un proyecto hegemónico firmemente establecido y sigue habiendo contradicciones significativas que ofrecen oportunidades para una nueva oleada de luchas en torno a la propiedad pública.
Un contraproyecto emancipador al capitalismo verde aún no está suficientemente definido ni organizado, y mucho menos suficientemente preparado para generar estratégicamente un poder de contrapeso a largo plazo. El reto de establecer un proyecto hegemónico de este tipo es doble. Por un lado, existe una necesidad permanente de resistirse a los retrasos en la transición energética que propugna la facción reaccionaria-fosilista (y, en parte, de formar las alianzas necesarias con los actores del proyecto verde-capitalista). Por otro lado, es necesario articular una crítica inspiradora e inspiradora de la acción del proyecto verde-capitalista emergente.
Aunque este proyecto alternativo emancipador aún no esté plenamente establecido, actualmente existe un terreno fértil para nuevas alianzas. Proyectos pioneros como la cooperación entre el movimiento juvenil Fridays for Future y el sindicato del sector servicios Ver.di para una acción industrial conjunta en el sector del transporte público dan esperanzas para una nueva fase de luchas en el sector de la movilidad. En 2024, los activistas del clima y los sindicalistas volverán a unirse para reclamar mejoras salariales y mayores inversiones en el transporte público. El giro de parte del movimiento climático hacia los sindicatos, así como el correspondiente giro climático en parte de los sindicatos, podrían sentar las bases para nuevas alianzas. Las fracturas y contradicciones internas del capitalismo verde ya ofrecen puntos de entrada para separar del proyecto verde-capitalista a actores individuales como los sindicatos y, en cierta medida, las asociaciones ecologistas, y ganarlos para alianzas entre la izquierda y los verdes.
Todo proyecto político de éxito requiere un núcleo popular que pueda servir de anclaje para las alianzas. Estamos convencidos de que un programa radical de propiedad pública basado en la socialización de la transformación energética puede formar este núcleo popular. Aunque un proyecto político emancipador no logrará la hegemonía a corto plazo, cada vez se hace más hincapié en construir poder en torno a la propiedad pública y la socialización. En Renania, parte del movimiento climático alemán se inspira en la exitosa iniciativa de expropiación de Berlín. La campaña «Expropiar RWE & Co. pretende socializar las infraestructuras energéticas privadas del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, poniendo en entredicho a las dos grandes empresas energéticas RWE y E.ON. Proponen transferirlas a una estructura pública y democrática para impulsar la transición energética local. La iniciativa está trabajando en las posibilidades legales de expropiación, así como en conceptos para un sistema energético democratizado, realizando así un trabajo pionero para un sector energético socializado. Otras partes del movimiento por el clima también están empezando a desarrollar estrategias sobre la socialización en el contexto de la crisis climática (en el sector energético y más allá) y pretenden exponer ideas de campaña concretas en una conferencia estratégica (enlace externo) a principios de 2024.
La socialización de la transformación energética podría presentar un núcleo unificador para la política emancipadora, ya que ofrece mejoras concretas en los medios de vida de las personas al reducir y trasladar los costes de la transición, al tiempo que proporciona un curso de acción acorde con la magnitud de la crisis climática. La socialización puede ser, y ha sido, un objetivo de campaña exitoso y convincente, ya que permite que la mayoría de la población participe en los beneficios de la transformación, por ejemplo a través del abaratamiento de los precios de la electricidad y la energía (y en la prestación a largo plazo como servicio básico universal). Ofrece así una perspectiva optimista a quienes sufren actualmente bajo el capitalismo neoliberal, demostrando que, incluso en medio de la crisis climática, pueden lograrse mejoras sustanciales en las condiciones materiales de vida individuales a través de soluciones colectivas y no individuales basadas en el mercado.
Socializar las corporaciones energéticas y transformarlas junto con los trabajadores del sector, que aportan tanto los conocimientos como los recursos de poder para hacerlo, es necesario y posible. Si bien ha habido luchas locales y regionales en torno a la remunicipalización, hay una falta de experiencia del movimiento en la lucha y la configuración de la propiedad pública a un nivel que responda a la crisis climática. Con una agenda de socialización podemos moldear conceptos de propiedad pública amplia en objetivos de movimiento concretos y alcanzables.
La socialización, potencialmente a través de referendos, permite la entrada estratégica en el terreno y el poder a nivel estatal sin asumir necesariamente la forma de partido político, sentando así las bases para alianzas de diversos actores. Dado el fundamento jurídico de la socialización en el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana y las experiencias prácticas iniciales adquiridas a través del movimiento de expropiación de Berlín, existe una oportunidad única para desarrollar la práctica de los movimientos en torno al establecimiento de formas de propiedad pública democrática. Esto es crucial para los movimientos sociales, que no solo requieren demandas bien articuladas, sino también espacios experienciales y formas prácticas.
En 2018, nadie en Berlín pensaba que la expropiación de las corporaciones de vivienda tendría la más mínima posibilidad de generar una mayoría pública, pero hoy la socialización es una posibilidad muy real y una propuesta ineludible en los debates políticos en torno a la crisis de la vivienda. El cambio social puede avanzar a veces más rápido de lo previsto. Si se puede generar una dinámica similar en el sector energético, aún puede haber esperanza.
communia es un joven think tank comprometido con el desarrollo y la aplicación de estrategias para una economía democrática. Nuestro trabajo se centra en apoyar a los movimientos sociales que abogan por la socialización y en explorar modelos alternativos de propiedad pública y democrática. Nos esforzamos por hacer avanzar el pensamiento y la acción económicos progresistas mediante la formulación de políticas, la investigación rigurosa y el desarrollo de narrativas convincentes que aboguen por una economía al servicio de la mayoría. Este ensayo ha sido escrito por Lemon Banhierl, Justus Henze y Max Wilken, el equipo de communia que trabaja en la socialización de la energía.
Notas
- For a more detailed hegemony analysis (in German), see Sander, H. (2022) An der Schwelle zum grünen Kapitalismus. Available at: https://www.rosalux.de/ (Accessed: 10 January 2024).
- Amelang, S. and Wehrmann, B. (2023). German government to suspend tightening of building efficiency rules. Available at: https://www.cleanenergywire. (Accessed: 10 January 2024).
- Environmental Justice Foundation (2023) Lützerath: Germany needs climate action, not more coal. Available at: https://ejfoundation.org/news- (Accessed: 10 January 2024).
- Cumbers, A. and Paul, F. (2022) ‘Remunicipalisation, Mutating Neoliberalism, and the Conjuncture’, Antipode, 54(1), pp. 197-217. Available at: https://onlinelibrary.wiley.
- Becker, S. (2017) ‘Our City, Our Grid: The energy remunicipalisation trend in Germany’, in Kishimoto, S. and Petitjean, O. (ed.) Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation. Amsterdam and Paris: Transnational Institute et al., pp. 118-130. Available at: https://www.tni.org/files/
- Cumbers, A., Pearson, B. & Stegemann, L., Paul, F. (2022). ‘Mapping Remunicipalisation: Emergent Trends in the Global De-Privatisation Process’. Available at: https://eprints.gla.ac.uk/
- Holm, A. (2022) Die Lage der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin. Available at: https://www.rosalux.de/ (Accessed: 10 January 2024).
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- Deutsche Wohnen & Co Enteignen (2023) Gemeingut Wohnen: Eine Anstalt öffentlichen Rechts für Berlins vergesellschaftete Wohnungsbestände. Available at: https://content.dwenteignen. (Accessed: 10 January 2024).
- Haas, T. & Sander, H. (2016) ‘Shortcomings and Perspectives of the German Energiewende’, Socialism and Democracy, 30(2), pp. 121-143. Available at: https://doi.org/10.1080/
- Gabor, D. (2023) The (European) Derisking State, SocArXiv, Available at: https://10.31235/osf.io/hpbj2.
- Agentur für erneuerbare Energien (2021) Neue Studie zeigt: Bürgerenergie bleibt zentrale Säule der Energiewende. Available at: https://www.unendlich-viel- (Accessed: 10 January 2024).
- Solarserver (2020) Studie zeigt: Bürgerenergie verliert Marktanteile. Available at: https://www.solarserver.de/ (Accessed: 10 January 2024).
- Haas, T., Herberg, J., Löw-Beer, D. (2022) ‘From carbon democracy to post-fossil capitalism? The German coal phase-out as a crossroads of sustainability politics’, Sustainability: Science, Practice and Policy, 18:1, 384-399, Available at: https://10.1080/15487733.2022.
- Lawrence, M. (2022) Power to the People: The Case for a Publicly Owned Generation Company. Available at: https://www.common-wealth.org/ (Accessed: 10 January 2024).
- Cumbers, A. (2012) Reclaiming Public Ownership: Making Space for Economic Democracy. London: Bloomsbury Publishing.
4. El futuro del Líbano.
Parece ya evidente que la guerra en Palestina acabará reconfigurando toda la zona, no solo ese país. En este artículo de The Cradle se especula con las diferentes posturas de las potencias regionales respecto al futuro de el Líbano.
https://thecradle.co/articles/
Pregunta en Beirut: ¿Lograrán los sirios, los saudíes y los iraníes un nuevo acuerdo sobre el Líbano?
La visita del ex primer ministro libanés Saad Hariri a Beirut hace que se muevan las lenguas. ¿Forzará el ímpetu de la guerra de Gaza en expansión un acuerdo saudí-sirio que pueda imponer de nuevo la estabilidad en Líbano?
Malek al-Khoury 22 DE FEBRERO DE 2024
El 21 de febrero, un sitio web sirio, citando fuentes en Damasco, difundió la noticia de que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (MbS) realizaría en breve una visita a Siria, causando un revuelo en los círculos políticos regionales. A pesar de que el periódico Al-Watan, alineado con el gobierno, desmintió la información, la perspectiva de una visita de un alto cargo saudí evocó recuerdos de una época pasada en la que el entendimiento sirio-saudí garantizaba los equilibrios internos de Líbano, que se tambalean o se resuelven en función del tempo de las hegemonías de Asia Occidental y del estado de sus relaciones entre sí.
Sigue sin haber una respuesta decisiva a los rumores de una inminente visita de MbS. Una fuente diplomática siria sólo confirmó a The Cradle que «la comunicación sirio-saudí se está desarrollando gradualmente y las conversaciones se han vuelto más detalladas sobre los intereses comunes mutuos de los dos países» en relación con el «escenario de posguerra en Gaza».
Aunque la fuente no negó ni confirmó la visita de Bin Salman, sugirió que el desarrollo de las comunicaciones podría alcanzar la fase de «visitas mutuas» no sólo con Arabia Saudí «sino también con Egipto.»
Aunque la mejora de las relaciones entre Siria y los Estados árabes no se limita a Arabia Saudí, las conversaciones con Riad han cobrado importancia recientemente, hasta el punto de que un ministro de Asuntos Exteriores árabe, que se cree que es el emiratí, hizo un esfuerzo a mediados de febrero para persuadir a los miembros del Congreso estadounidense de que se retractaran de su ley de boicot a Siria, que los activistas antisirios con sede en Estados Unidos insisten en mantener. Una fuente afirma a The Cradle que estos activistas «se forman con una agencia estadounidense, junto con la oposición iraní, en la formulación y comercialización de estos proyectos de lobby y en la formación de grupos de presión» para frenar cualquier marcha atrás en la política de Washington.
Pero el debate sobre la reapertura de relaciones con Damasco ya no sólo tiene lugar en los pasillos árabes. El Presidente chipriota, Nikos Christodoulides, en un anuncio tras las conversaciones mantenidas la semana pasada con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, reveló «el trabajo de la República de Chipre en cooperación con otros Estados miembros» para impulsar los lazos entre Europa y Siria.
La UE, en general, comparte esa opinión sobre la apertura de las relaciones de los Estados miembros con Damasco, en unas conversaciones que, según la fuente siria, también avanzan, sobre todo en la cuestión de identificar «las partes de Siria que son suficientemente seguras» para el retorno de la población refugiada.
El 16 de febrero, al margen de la 60ª Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, se reunió con el responsable de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, para tratar varios asuntos regionales, entre ellos Siria, informa la agencia Anadolu, que cita fuentes del ministerio turco de Asuntos Exteriores, según las cuales «ambas partes» subrayaron la necesidad de implicar a Damasco «en el proceso político».
En cuanto a los estadounidenses, la Casa Blanca está inmersa en difíciles negociaciones con muchos Estados árabes «en busca de un logro diplomático» para el gobierno de Joe Biden mientras se calienta su campaña de reelección. Washington está ocupado buscando mecanismos para consolidar sus intereses en Asia Occidental dentro de las importantes barreras creadas por el acuerdo de acercamiento saudí-iraní mediado por China, que, para Estados Unidos, ha sido enloquecedoramente estable hasta ahora. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, salió en defensa de sus «vecinos iraníes» en Munich, afirmando que los iraníes «no quieren una escalada en la región».
Mientras se aceleran las negociaciones entre Estados Unidos e Irak sobre la retirada de las tropas estadounidenses, una fuente siria informa a The Cradle de que una delegación estadounidense «visitó el noreste de Siria, para discutir las posibilidades de mantener allí una presencia estadounidense en caso de retirada de Irak.» Curiosamente, el jefe de las Unidades de Movilización Popular iraquíes, Faleh al-Fayyad, visitó Turquía el 20 de febrero para discutir «el futuro del proceso de seguridad de las fronteras frente a las organizaciones kurdas en caso de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irak conduzcan al desmantelamiento de las bases militares estadounidenses y al mantenimiento de los oficiales sólo como asesores», según una fuente periodística iraquí.
¿En qué situación queda Líbano?
No cabe duda de que la reciente visita a Beirut del ex primer ministro libanés Saad Hariri -que actualmente reside en Abu Dhabi, que mantiene relaciones amistosas con Siria- tuvo una gran resonancia en Líbano. Se consideró un presagio del regreso del «hariri-ismo», que viene cargado de acuerdos políticos regionales y diplomacia itinerante de alto nivel, y reflejó una señal tácita de la nueva aprobación saudí.
Durante su visita, Hariri habló en el lenguaje de su padre -el ex primer ministro libanés Rafik Hariri, asesinado en Beirut el 14 de febrero de 2005- sobre «paz y estabilidad» en Líbano y su vecindad, e incluso invocó, durante una entrevista con el canal de noticias saudí Al-Hadath, el papel político clave de su padre en la guerra civil libanesa al allanar el camino hacia el Acuerdo de Taif, mediado por Arabia Saudí, que resolvió el conflicto de 15 años.
Es importante señalar que las relaciones Riad-Hariri han estado distanciadas durante años, a diferencia de las estrechas relaciones saudíes de las que disfrutaba su padre. Las tensiones entre ambos aumentaron durante la guerra de Siria, ante la incapacidad o falta de voluntad de Hariri para frenar a Hezbolá de Líbano en su defensa del Estado sirio de una guerra respaldada por Arabia Saudí.
Aunque Hariri dijo durante su escala en Beirut que aún no había llegado el momento de volver a la turbia arena política libanesa, ofreció su «intervención» si «sentía que la comunidad suní de Líbano se inclinaba hacia el extremismo». Muchos han relacionado sus comentarios con el juicio celebrado la semana pasada en EAU contra 84 civiles, acusados de pertenencia a organizaciones de los «Hermanos Musulmanes» (HM) -grupo prohibido en EAU-, así como con la notable retirada por parte de Turquía de la ciudadanía a Mahmoud Hussein, líder de los HM, en medio del empeño de Ankara por recomponer lazos con Abu Dhabi.
Una fuente libanesa que acompañó a Hariri en su visita insinúa a The Cradle que «la preocupación por los Hermanos Musulmanes podría allanar el camino para el restablecimiento de las relaciones de Hariri con Siria». En otras palabras, el ex primer ministro podría ganarse el apoyo de los saudíes, emiratíes y sirios contrarios a los Hermanos Musulmanes si sigue esta línea política dentro de Líbano. Curiosamente, una figura libanesa cercana a Qatar, favorable a los HM, atacó a Hariri inmediatamente después de su llegada al aeropuerto a través de X (antes conocido como Twitter).
Los vientos regionales parecen estar cambiando de dirección, en gran parte porque el tradicional «garante» de la seguridad del Golfo, Estados Unidos, está metido hasta las rodillas en avivar una crisis insostenible al apoyar incondicionalmente el asalto de Israel a Gaza. En Múnich, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, buscó un «consenso palestino» que allanara el camino hacia un acuerdo de «dos Estados», en el que, según él, Hamás quedara excluida. El consenso árabe-islámico busca actualmente una solución palestina a largo plazo una vez que se asiente la polvareda en Gaza, lo que incluiría necesariamente atraer a «Hamás» y «Al Fatah» a un gobierno de consenso nacional.
En Beirut, el ex presidente Michel Aoun siente este consenso y ha hecho alarde de oponerse a cualquier vínculo del «destino de Líbano con Gaza». Aoun, que en su día se opuso al Acuerdo de Taif, espera la oportunidad de volver a oponerse. Se trata, por supuesto, de una jugada interna, principalmente para garantizar que la voz de la minoría cristiana del país sea escuchada en cualquier acuerdo político que se vislumbre en el horizonte.
Pero Gaza sigue siendo inevitable en Líbano, con Israel librando una guerra contra Hezbolá en la frontera sur del país, que esta semana se adentró 45 kilómetros en el país cuando Tel Aviv atacó emplazamientos civiles cerca de Sidón. La guerra de Gaza se está desarrollando ahora en múltiples escenarios -en Líbano, Siria, Palestina, Irak y Yemen- y tiene el potencial de expandirse y profundizarse aún más. Es esta guerra librada por Israel y su aliado estadounidense la que está llevando rápidamente a los Estados árabes a recalibrar el rumbo de la región desde dentro y entre ellos mismos.
Esto suscita la pregunta que ahora se oye con frecuencia en Beirut: ¿Y si Damasco, Riad y Teherán se ponen de acuerdo esta vez? Todo el mundo está esperando ese momento para reservar sus asientos en el último teatro de Asia Occidental.
5. El ganador de las elecciones en Indonesia
Con motivo del triunfo electoral de un general yerno del infame Suharto, en Sidecar han publicado este resumen de la reciente historia política de Indonesia.
Línea de sucesión
John Sidel 22 de febrero de 2024
Este año, las elecciones en todo el mundo están recordando crudamente que los votantes pueden esperar muy poco de la democracia liberal, incluso en condiciones de competencia «libre y justa». Es fácil lamentarse de los resultados amañados en Bangladesh, Pakistán y Rusia, o de las ventajas de la titularidad para el BJP en la India y el ANC en Sudáfrica. Pero el espectáculo de una revancha Biden-Trump en EE UU, más las pésimas expectativas de un gobierno Starmer en el Reino Unido, sugieren que los problemas de los sistemas electorales contemporáneos no se limitan a los regímenes represivos o clientelistas. En Indonesia, la tercera democracia más poblada del mundo -y la mayor de mayoría musulmana-, está a punto de asumir el poder una figura notoriamente siniestra y volátil. Prabowo Subianto, elegido el 14 de febrero, es ex yerno del dictador militar Suharto, ex general del ejército licenciado con deshonor tras supervisar presuntamente el secuestro y tortura de disidentes, y un político que ha explotado las tensiones étnicas y religiosas y amenazado con devolver el país a un régimen autoritario.
Prabowo se presentó a las dos elecciones anteriores y perdió ambas frente a Joko Widodo («Jokowi»). Tras ser cooptado como ministro de Defensa de Jokowi en 2019, volvió a presentarse este año con el hijo del presidente, Gibran Rakabuming Raka, como compañero de fórmula, una clara señal de que su candidatura había sido bendecida por el presidente en funciones. El respaldo tácito de Jokowi -así como la intimidación, el soborno y la movilización de funcionarios locales para conseguir apoyo- puede ayudar a explicar por qué Prabowo obtuvo el 58% de los votos el día de las elecciones, casi diez puntos porcentuales por encima de las encuestas previas. La magnitud de su victoria evitó la necesidad de una segunda vuelta contra sus dos oponentes, el ex gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, que obtuvo el 24%, y el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, que sólo obtuvo el 17%. Sin embargo, para entender por qué los indonesios han ungido a este grotesco personaje, debemos examinar más de cerca el sistema político del país.
En comparación con anteriores iteraciones de la democracia, los parámetros de la política indonesia se han establecido de forma muy estricta desde la vuelta a las elecciones competitivas en 1999. Durante la lucha por la independencia en los primeros años de la posguerra, la asediada Republik estuvo dirigida por una sucesión de gobiernos multipartidistas díscolos. Tras la emancipación de la dominación holandesa, se produjo un breve experimento con el parlamentarismo, con cuatro partidos dominando las elecciones de 1955: Partai Nasionalis Indonesia (22%), Masyumi (21%), Nahdlatul Ulama (18%) y Partai Komunis Indonesia (16%). Cada una de ellas era una organización de masas con sus propios puntos fuertes regionales y sociológicos, y onderbouw de grupos de la sociedad civil. En ese momento, el PKI no dejaba de ganar poder entre el electorado y dentro del Estado. Su federación de trabajadores, su sindicato de campesinos, sus grupos de mujeres y de jóvenes -junto con su cuadro de artistas e intelectuales y sus numerosas publicaciones del partido- lo convirtieron en una presencia formidable en la vida pública y en el discurso político: probablemente el mayor Partido Comunista legal sobre el terreno fuera de la Unión Soviética y de la RPC.
Pero este sistema tan integrador y participativo no pudo sobrevivir a la Guerra Fría. En medio de las rebeliones regionales de 1957-59 respaldadas por la CIA, el Presidente Soekarno proclamó la ley marcial y disolvió el Parlamento, prohibiendo el Masyumi en 1960. Tras un golpe militar respaldado por Estados Unidos y dirigido por el general del ejército Suharto a finales de 1965, el PKI fue arrasado en un pogromo anticomunista, con cientos de miles de activistas y afiliados asesinados, y millones más sometidos a intimidación y encarcelamiento. Durante las tres décadas siguientes, el régimen militar conservó un delgado barniz de legitimidad pseudodemocrática, con unas elecciones cuidadosamente organizadas que dieron lugar a un parlamento dócil y a un órgano supraparlamentario designado en gran medida, que «reelegía» a Suharto y a su vicepresidente cada cinco años. El PNI y los dos pequeños partidos católico y protestante se vieron obligados a fusionarse en el Partai Demokrasi Indonesia (PDI), mientras que NU y otros partidos islámicos se unieron en el Partai Persatuan Pembangunan (PPP, o Partido Unido para el Desarrollo). Mientras tanto, la maquinaria electoral del régimen, Golkar (abreviatura de Golongan Karya o «Grupos Funcionarios»), dominaba el parlamento, en gran parte de aprobación automática, gracias al apoyo garantizado del estamento militar, la burocracia y, con el auge del capital indonesio durante los años ochenta y principios-mediados de los noventa, la creciente clase empresarial.
No fue hasta la crisis económica asiática de 1997-98, y la obstinación de Suharto por dar prioridad a los imperios empresariales y las fortunas políticas de sus hijos, cuando la disidencia abierta y las deserciones directas acabaron por desestabilizar el régimen. En mayo de 1998, los líderes del Golkar se unieron a los ministros del gabinete y a altos cargos del ejército para insistir en que Suharto dejara paso al vicepresidente B.J. Habibie, ministro de Investigación y Tecnología desde hacía mucho tiempo y acérrimo rival de la hija de Suharto, Tutut. Los diversos intereses empresariales representados en el régimen -empresas de construcción y despachos de aduanas, concesiones madereras y mineras, agronegocios y empresas inmobiliarias- no pudieron resistir la continua depreciación de la rupia y el agravamiento de la recesión económica. Suharto y su familia tenían que irse.
Habibie restableció las elecciones competitivas en 1999 y el sistema de partidos de Indonesia se expandió, pero dentro de unos límites muy estrechos. El anticomunismo duradero descartó cualquier resurrección del PKI. Los organizadores sindicales y los activistas estudiantiles no tuvieron más remedio que unirse al rebautizado PDI-P (Partido Democrático de Lucha Indonesio), liderado por Megawati Soekarnoputri, hija de Soekarno, y respaldado por suficientes oficiales retirados del ejército y empresarios evangélicos protestantes como para contrarrestar cualquier tendencia izquierdista. Los resultados de las elecciones de 1999 marcaron la pauta de la democracia indonesia en el nuevo milenio: 34% para el PDI-P, 22% para Golkar, y gran parte de los votos restantes repartidos entre una multitud de partidos más pequeños que representaban diversas corrientes de educación islámica y vida asociativa. Este nuevo sistema ofrecía una forma de pluralismo muy conservadora, en la que cada partido y sus financiadores disfrutaban del patrocinio del Estado y de influencia política en una sucesión de gobiernos de coalición de amplia base, que los observadores pronto empezaron a calificar de «cárteles de partidos».
En este contexto, las perspectivas de una reforma política o económica significativa se limitaban en gran medida a la presidencia. Tras el breve y decepcionante mandato de Megawati entre 2001 y 2004, Susilo Bambang Yudhoyono, un general retirado del ejército con una reputación comercial de «soldado profesional» y experimentado ministro de gabinete, fue elegido, primero en 2004 y de nuevo en 2009, con la promesa de superar la corrupción y el fraccionamiento de la política partidista. Pero sus diez años en el cargo resultaron ser una década de oportunidades perdidas para la reforma institucional y la profundización industrial, en medio de la bonanza de múltiples auges de materias primas impulsados por la creciente demanda de la cercana China.
En 2014, la candidatura presidencial de Jokowi ofreció lo que parecía ser una visión más prometedora de cambio de arriba abajo. Jokowi, un empresario de poca monta con una empresa exportadora de muebles, fue elogiado por su capacidad para resolver problemas y crear coaliciones como alcalde del PDI-P de la ciudad de Solo, en Java Central, y por sus publicitadas charlas improvisadas con los residentes locales como gobernador de Yakarta. Sus antecedentes empresariales supuestamente «limpios», su historial de campaña y cooperación con diputados cristianos de etnia china, su compromiso con ONG locales, grupos comunitarios y líderes sindicales, y su distanciamiento de Megawati -ahora presidenta del PDI-P- hicieron concebir esperanzas de que sería un presidente incorruptible, independiente, integrador y progresista.
Bajo el mandato de Jokowi, el crecimiento económico continuó gracias a la demanda mundial de minerales indonesios, aceite de palma y otras exportaciones, y el gobierno emprendió un gasto masivo en infraestructuras que contribuyó a aumentar la popularidad del presidente. Jokowi también impresionó a algunos indonesios al asumir el manto del nacionalismo económico. Impuso la prohibición de exportar minerales sin procesar, como el níquel, en el que Indonesia tiene una cuota dominante del mercado mundial, lo que estimuló una oleada de inversiones -la mayoría chinas- en nuevas plantas de procesamiento de minerales. En medio de la creciente preocupación por la baja altitud de Yakarta, propensa a las inundaciones y al continuo hundimiento, Jokowi puso en marcha planes para trasladar la capital nacional a una nueva ciudad planificada en una remota zona rural de Kalimantan Oriental, en el Borneo indonesio. Estas medidas contribuyeron a mantener sus índices de popularidad, que se mantuvieron por encima del 80% durante sus dos mandatos.
Sin embargo, las expectativas de una reforma progresista bajo Jokowi fueron tristemente erróneas, como se vio en la introducción de nuevas leyes que imponían restricciones a la organización sindical, los medios de comunicación y la libertad sexual. Al final de su década en el poder, el movimiento sindical, los activistas cívicos y los grupos de derechos humanos se sintieron amargamente traicionados. Los críticos acusaron a Jokowi de un talante cada vez más autoritario y de intolerancia hacia la disidencia. Mantuvo como asesores cercanos a varios generales retirados del ejército, como A.M. Hendropriyono, ex jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Indonesia, implicado en una matanza de activistas islamistas en 1989 y en el asesinato del activista de derechos humanos Munir Said Thalib en 2004.
Pero la mayor decepción estaba aún por llegar. Tras las estridentes protestas callejeras que siguieron a su reelección en 2019, Jokowi incorporó a su dos veces oponente Prabowo al Gabinete como ministro de Defensa, ignorando las preocupaciones sobre la retórica incendiaria y el historial de derechos humanos de este último. A finales de 2023, en lugar de aceptar la elección de Megawati del ex gobernador de Java Central como candidato presidencial del PDI-P, Jokowi llegó a un acuerdo de trastienda con Prabowo y pasó los últimos meses de su presidencia asegurando la victoria de su heredero ungido. Hasta aquí la promesa de cambio.
¿Cómo caracterizar al propio Prabowo? En la mayoría de los medios de comunicación occidentales existe una tendencia casi patológica a presentarlo como una figura marginada cuya resurrección política refleja el atractivo «populista» de su estilo descarado y personalista. Pero el ascenso de Prabowo a la presidencia sólo puede entenderse a través de un análisis debidamente historizado. Nació en 1951 en las filas de los priyayi, la aristocracia javanesa que dotó de personal al Estado colonial holandés y sobrevivió a la transición a la independencia, así como a las décadas posteriores de cambios económicos, sociales y políticos, con muchos de sus privilegios intactos. Su abuelo fue un funcionario colonial educado en Holanda que se unió al gobierno republicano durante el Revolusi y fundó el banco central del país. El padre de Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, se doctoró en Economía por la Universidad de Rotterdam y ocupó carteras económicas clave en sucesivos gabinetes en la década de 1950. Pero como miembro destacado del conservador Partai Sosialis Indonesia (PSI), Sumitro desempeñó un papel en las rebeliones contra Soekarno a finales de esa década, cuya derrota le obligó a él y a su familia a exiliarse durante gran parte de la adolescencia de Prabowo.
Sin embargo, con el establecimiento de un régimen militar conservador bajo Suharto a mediados de la década de 1960, Sumitro regresó a Indonesia para ocupar el cargo de Ministro de Comercio (1968-73), desempeñando un papel clave en la reapertura de la economía indonesia a los préstamos, la inversión y el comercio extranjeros. Prabowo ingresó en la Academia Militar de Indonesia en 1970 y se graduó cuatro años después. Su entorno familiar y sus años de formación muestran las huellas de la dominación colonial holandesa, el privilegio aristocrático y el éxito del anticomunismo conservador y el liberalismo económico para capear tanto la transición a la independencia como la eventual caída en la dictadura militar.
La carrera de Prabowo en el ejército abarcó gran parte de la era de Suharto y el apogeo del gobierno militar, y su matrimonio con una de las hijas de Suharto en 1983 le aseguró el ascenso a puestos de liderazgo. Gran parte de su carrera se desarrolló en las Fuerzas Especiales (Kopassus), con largas estancias en el Timor Oriental ocupado por Indonesia y presunta implicación en actos de violencia a gran escala contra civiles, incluido el despliegue de milicias irregulares para aterrorizar a la población local. Se enfrentó a acusaciones similares cuando dirigió las operaciones de Kopassus en Papúa Occidental, donde la resistencia local a la incorporación forzosa a Indonesia a finales de la década de 1960 se saldó con una dura represión militar durante toda la era Suharto y después.
A mediados de la década de 1990, Prabowo fue ascendido a puestos clave del ejército en Yakarta, primero como comandante de Kopassus y después como comandante de Kostrad, la Reserva Estratégica del Ejército, el puesto que ocupaba Suharto cuando tomó el poder a finales de 1965. En la primavera de 1998, cuando el anciano dictador se enfrentaba a una crisis económica sin precedentes y a peticiones de dimisión, Prabowo controlaba la mayor guarnición de Yakarta, mientras que amigos cercanos tenían los mandos clave de Kopassus y de la región de la Gran Yakarta. Fue en este contexto en el que Prabowo organizó la detención ilegal de destacados activistas estudiantiles y orquestó disturbios a gran escala en Yakarta, previendo evidentemente un escenario de ley marcial en el que podría consolidar el poder.
Pero con la acelerada huida de capitales y empresarios de etnia china del país y las deserciones dentro del régimen, a finales de mayo de 1998 se puso en marcha un plan alternativo de reestabilización. Suharto dimitió, Habibie asumió la presidencia y el comandante de las Fuerzas Armadas, Wiranto, recuperó el control efectivo del estamento militar. Prabowo y sus aliados fueron destituidos sumariamente de sus mandos, y en pocos meses fue dado de baja de las Fuerzas Armadas. Tardó nada menos que veinticinco años en volver por sus fueros, utilizando su cuantiosa fortuna (adquirida gracias a sus intereses en los combustibles fósiles y el aceite de palma), la maquinaria de su partido (incluido su propio Movimiento de la Gran Indonesia, Gerakan Indonesia Raya o Gerindra) y su presencia en los medios sociales para montar una exitosa campaña presidencial, que prometía continuidad con su predecesor en frentes políticos clave.
Para muchos votantes indonesios jóvenes, esta historia puede haber parecido totalmente irrelevante en el período previo a las elecciones, y la personalidad de Prabowo, más grande que la vida, puede haber inspirado confianza en su capacidad para ejercer la autoridad presidencial con mayor eficacia que cualquiera de sus oponentes. A lo largo de los años, Prabowo se ha forjado una reputación de eficaz operador político. Dirige su propio partido político y consiguió un puesto en el gabinete y el apoyo tácito de Jokowi, al tiempo que se apropiaba de parte de su popularidad. En un sistema de democracia oligárquica deprimentemente estable, en el que el campo político se ve reducido por el requisito de la nominación por uno de los principales partidos, junto con las necesidades prácticas de financiación de las campañas, la elección de Prabowo no es una aberración «populista». Es, más bien, un feo reflejo de lo que la democracia ha llegado a significar en la Indonesia actual. Prabowo y su familia desempeñaron un papel fundamental en la historia del país tras la independencia, y es un emblema de las fuerzas ultraconservadoras que siguen acechando su presente y su futuro.
6. Nuevo artículo de Hedges sobre Assange
Hoy no hay doblete Hedges-Murray porque el británico no ha publicado sus impresiones del segundo día de juicio. Os paso el último artículo del periodista estadounidense. https://chrishedges.substack.
El Gran Inquisidor de Julian Assange
Los abogados de la acusación en el Tribunal Superior que pretenden garantizar la extradición de Julian a EE.UU. se basan casi exclusivamente en las opiniones judiciales de Gordon Kromberg, un abogado estadounidense muy controvertido.
Chris Hedges 22 feb 2024
LONDRES – La fiscalía de Estados Unidos, que pretende denegar la apelación de Julian Assange a una orden de extradición, iniciada por la administración Trump y abrazada por la administración Biden, basó sus argumentos el miércoles en las dudosas declaraciones juradas presentadas por un fiscal federal estadounidense del Distrito Este de Virginia, Gordon Kromberg.
Las acusaciones formuladas por Kromberg -a menudo falsas- para justificar la extradición no fueron aceptadas por los dos jueces del Tribunal Supremo, Jeremy Johnson y Dame Victoria Sharp, que supervisan el recurso final de Julian ante los tribunales británicos.
Los abogados de la acusación, interrogados por los jueces, se vieron sorprendidos cuando se les cuestionó la veracidad de varias de las afirmaciones que Kromberg hizo en apoyo de la acusación contra Julian. Este fue especialmente el caso cuando los abogados argumentaron que los documentos clasificados que Julian publicó en 2010 -conocidos como los diarios de guerra de Irak y Afganistán- no estaban redactados. Estos documentos no redactados, dijeron al tribunal, pusieron en peligro las vidas de las personas nombradas en los documentos y causaron que algunos «desaparecieran.»
Como dejaron claro los abogados defensores Edward Fitzgerald KC y Mark Summers KC, y los jueces parecieron reconocer, los documentos sí fueron redactados por Julian cuando colaboraba con medios de comunicación asociados, como The Guardian y The New York Times, cuando WikiLeaks publicó documentos militares clasificados relativos a las guerras de Afganistán e Irak, junto con cables del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las versiones sin editar fueron publicadas por primera vez por el sitio web Cryptome después de que dos reporteros de The Guardian publicaran un libro con la clave de acceso a los documentos, lo que llevó a su publicación por otras organizaciones en línea.
Julian se puso en contacto con el gobierno estadounidense, según declaró Summers al tribunal, y habló largo y tendido con ellos, en un intento de impedir que se publicaran los cables sin redactar. Al final, el Departamento de Estado estadounidense optó por no actuar. Los funcionarios estadounidenses han admitido tímidamente que no tienen pruebas de que nadie de los nombrados en los documentos haya resultado perjudicado. Otras acusaciones -como que Julian intentó ayudar a Chelsea Manning, que filtró los documentos, a descifrar una contraseña para acceder a documentos o proteger su identidad, o que intentó conspirar con piratas informáticos- también han sido desmentidas.
Un informe facilitado al juez Baraitser por un experto forense militar estadounidense concluyó que, incluso si Manning hubiera sido capaz de descifrar el hash de la contraseña (cosa que ni ella ni nadie de WikiLeaks hizo nunca), ello no le habría proporcionado acceso a los documentos, no le habría proporcionado anonimato y no le habría dado acceso a documentos que no tuviera ya. El experto también describió que alguien con los conocimientos técnicos, la habilidad y la experiencia de Manning, así como su acceso legal a materiales de alto secreto, habría sabido esto. Pero estos bulos inspirados en Kromberg son todo lo que tiene Estados Unidos, así que los utiliza.
Al final del día, parecía probable que, probablemente en abril, ya que los escritos solicitados tienen que ser entregados a los jueces en marzo, los dos jueces permitirán una apelación en al menos algunos de los puntos. Esto, convenientemente para el gobierno de Biden -que supongo que no quiere asumir la polémica cuestión de extraditar a Julian mientras alimenta el genocidio en Gaza- significará que cualquier extradición se produciría después de las elecciones.
La audiencia de dos días era la última oportunidad de Julian para solicitar una apelación de la decisión de extradición tomada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, y de muchas de las sentencias de la jueza de distrito Vanessa Baraitser en 2021. Si se le deniega el recurso, Julian puede solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud del artículo 39, que se concede en «circunstancias excepcionales» y «sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable.» Pero es posible que el tribunal británico ordene la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción en virtud de la Regla 39 o que decida ignorar una petición del TEDH para permitir que Julian vea su caso ante el tribunal.
La CIA solicita el encarcelamiento de Julian en Estados Unidos debido a la publicación de los documentos conocidos como Vault 7, que exponen herramientas de piratería informática que permiten a la CIA acceder a nuestros teléfonos, ordenadores y televisores, convirtiéndolos -incluso cuando están apagados- en dispositivos de vigilancia y grabación. La solicitud formal de extradición no incluye cargos basados en la publicación de los archivos de Vault 7, pero la petición estadounidense también se produjo después de la publicación del material de Vault 7. La CIA suele conseguir lo que quiere. La CIA suele conseguir lo que quiere. Pero en un futuro próximo espero que Julian siga pudriéndose en la prisión de Belmarsh, donde lleva encarcelado casi cinco años mientras se deteriora física y psicológicamente. Esta ejecución a cámara lenta es intencionada.
Es difícil calificar de victoria cualquier resolución judicial que no sea la retirada de los cargos contra él, pero cuanto más tiempo permanezca fuera de las manos de Estados Unidos, más esperanzas tendrá de recuperar la libertad para llevar a cabo el periodismo de investigación más importante de nuestra generación.
La abogada de la acusación, Clair Dobbin KC, con su larga melena rubia cayendo por debajo de su peluca rubia oficial, se aferró a la declaración jurada de Kromberg como si fuera el santo grial, leyendo partes de ella al tribunal.
«No forma parte de las responsabilidades ordinarias de los periodistas solicitar y publicar activamente información clasificada», dijo al tribunal, en una de sus declaraciones más obtusas.
Los cargos principales, dijo, haciéndose eco de Kromberg, eran «complicidad en actos ilegales para obtener o recibir voluminosas bases de datos de información clasificada»; el intento de «obtener información clasificada mediante piratería informática» y «publicar ciertos documentos que contenían los nombres sin censurar de personas inocentes que arriesgaron su seguridad y libertad para proporcionar información a Estados Unidos y sus aliados, incluidos afganos e iraquíes locales, periodistas, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos de regímenes represivos».
Por supuesto, como señaló la defensa de Julian, muchas de estas personas eran informantes, cómplices de crímenes de guerra de Estados Unidos, pero la frase «crímenes de guerra» nunca fue mencionada por la acusación, mágicamente borrada del caso.
La fiscalía, apoyándose en Kromberg, insistió en que Julian no era periodista, que lo que publicaba «no era de interés público» y que Estados Unidos no solicitaba su extradición por motivos políticos. Acusaron a «gobiernos extranjeros hostiles, grupos terroristas y organizaciones criminales de haberse aprovechado de las revelaciones de WikiLeaks para obtener información de inteligencia y utilizarla contra Estados Unidos y contra ciudadanos extranjeros que prestaban asistencia a Estados Unidos». Dijeron que Osama bin Laden había solicitado el material publicado por WikiLeaks y que los talibanes utilizaron los documentos para identificar a informantes.
Conocí a Kromberg -un ferviente sionista vinculado al movimiento de colonos de extrema derecha de Israel en la Cisjordania ocupada- cuando, tras los atentados del 11-S, el gobierno estadounidense empezó a encarcelar a destacados activistas palestinos como «terroristas» y a cerrar organizaciones benéficas palestinas como la Fundación Tierra Santa.
Kromberg ejerció de Gran Inquisidor en esta caza de brujas, persiguiendo a numerosos musulmanes, entre ellos Ahmed Abu Ali, así como a mi amigo, el profesor y activista palestino Dr. Sami al-Arian.
Al-Arian soportó un juicio espectáculo de seis meses en Florida -no muy diferente al de Julian- en el que el caso del gobierno se derrumbó en una masa de contradicciones e insinuaciones. Durante el juicio, el gobierno citó a 80 testigos y sometió al jurado a cientos de horas de transcripciones y grabaciones telefónicas, a menudo inanes, realizadas a lo largo de un periodo de 10 años, que el jurado desestimó como «cotilleos». De los 94 cargos presentados contra los cuatro acusados, no hubo ninguna condena. De los 17 cargos contra al-Arian -incluida la «conspiración para asesinar y mutilar a personas en el extranjero»-, el jurado le absolvió de ocho y no se pronunció sobre el resto. Los miembros del jurado se mostraron en desacuerdo con el resto de los cargos por 10 votos a favor y 2 en contra, lo que favoreció su absolución total.
Tras la absolución, el profesor palestino, bajo coacción, aceptó un acuerdo de culpabilidad que le evitaría un segundo juicio, afirmando en su acuerdo que había ayudado a personas asociadas con la Yihad Islámica Palestina, la segunda mayor organización de resistencia en Gaza y Cisjordania, en asuntos de inmigración. Fue condenado a 57 meses de prisión. Durante su encarcelamiento, Kromberg ordenó a Al-Arian que testificara en la investigación del gran jurado sobre el Instituto Internacional de Pensamiento Islámico de Herndon (Virginia).
Cuando los abogados de Al-Arian pidieron a Kromberg que retrasara el traslado del profesor a Virginia debido al mes sagrado musulmán del Ramadán, Kromberg les dijo «si pueden matarse entre ellos durante el Ramadán, pueden comparecer ante el gran jurado». Kromberg, según una declaración jurada firmada por el abogado de al-Arian, Jack Fernández, también dijo: «No voy a aplazar la comparecencia del Dr. al-Arian ante el gran jurado sólo para contribuir a lo que se está convirtiendo en la islamización de América».
El gobierno malgastó 80 millones de dólares intentando condenar al Dr. al-Arian, que se negó a testificar a petición de Kromberg y fue acusado de desacato. Finalmente fue deportado y vive en Turquía.
«En 2017, Kromberg procesó el caso de un oficial de policía de Washington acusado de comprar tarjetas de regalo en apoyo del terrorismo, cargos que surgieron de una controvertida operación encubierta», señaló The Intercept. «En el tribunal, Kromberg lanzó acusaciones sorprendentes de que el sospechoso era partidario tanto del grupo yihadista Estado Islámico como del Partido Nazi alemán de la época de la Segunda Guerra Mundial, alegando que poseía parafernalia histórica. Refiriéndose a un comentarista anónimo en línea que había llamado al acusado «escoria musulmana-nazi», Kromberg argumentó ante el tribunal: «Si eso es cierto o no, no sé la respuesta. Pero la cuestión es que el nazismo en este caso está muy relacionado con el ISIS».
Kromberg tiene una animadversión tan profunda hacia Julian -y uno sospecha que hacia los periodistas- como hacia los musulmanes.
Plantea la posibilidad, una posibilidad repetida tontamente por los representantes de la acusación en Londres, de que a Julian, como ciudadano extranjero, se le podrían negar las protecciones de la Primera Enmienda si fuera juzgado en EE.UU. Esto llevó a los jueces a preguntar si tenían «alguna prueba de que un ciudadano extranjero tiene derecho a los mismos derechos [en virtud de la Primera Enmienda] que un ciudadano estadounidense», una pregunta que Dobbin, torpemente, fue incapaz de responder.
Al mismo tiempo, Kromberg ha ofrecido numerosas garantías, repetidas por la fiscalía el miércoles, de que Julian no será sometido a duras condiciones carcelarias. Calificó de «puramente especulativa» la posibilidad de que Julian sea alojado en una prisión de máxima seguridad altamente restrictiva.
Kromberg citó a Manning en 2019 para testificar ante un gran jurado en un esfuerzo por conseguir que implicara a Julian en «un cargo de conspiración para cometer intrusión informática», una acusación que fue ampliamente desacreditada por el testimonio de expertos en 2020. Manning compareció ante el gran jurado, pero se negó a responder a las preguntas que se le formularon. Fue declarada en desacato civil y encarcelada. Fue puesta en libertad cuando el gran jurado expiró. Kromberg le envió entonces una segunda citación para comparecer ante otro gran jurado. De nuevo se negó a declarar, lo que provocó otra ronda de encarcelamiento y multas de 500 dólares al día que se elevaron a 1.000 dólares al día tras 60 días de incumplimiento. En marzo de 2020, mientras se encontraba en un centro de detención de Alexandria (Virginia), fue hospitalizada tras intentar suicidarse.
El esfuerzo por obligar a Manning a implicar a Assange es fundamental para el caso estadounidense. Si logran convencer al tribunal de que Julian accedió a ayudar a Manning a descifrar un código de acceso para acceder a un ordenador del Departamento de Defensa conectado a la Red Secreta de Protocolo de Internet, utilizada para documentos y comunicaciones clasificados, permitiría al gobierno acusar a Julian de un delito real.
El fallo fatal en el caso contra Julian es que no cometió ningún delito. Puso al descubierto los delitos de otros. Los que ordenaron y llevaron a cabo esos delitos están decididos, no importa cómo tengan que deformar los sistemas jurídicos británico y estadounidense, a hacerle pagar.
7. Hay muchos “campos”.
Vimos hace muy poco un artículo de Yuyi Romero sobre las movilizaciones campesinas en Mundo Obrero. Pero acaba de publicar este otro bastante más extenso en El Salto, que creo vale la pena leer. https://www.elsaltodiario.com/
Engrasemos bien los tractores para que sea un éxito
Datos, nombres, apellidos, números y detalles de las realidades antagónicas en las movilizaciones del campo de estas jornadas y de su trasfondo.
Eugenio Romero @EugenioRomeroB Productor e investigador agroecológico.
22 feb 2024
Tras dos semanas de manifestaciones agrarias intento analizar en este texto algunas de las principales cuestiones que se han planteado en torno a “los problemas del campo”.
En primer lugar es muy importante tener en cuenta que no hay “un campo”, sino multitud de realidades, antagónicas incluso, dependiendo de múltiples variables como la orientación productiva de la explotación, la orografía, la localización geográfica, régimen de lluvias o temperaturas, tamaño de la parcela, presupuesto, disponibilidad de agua, desnivel del terreno y así hasta el infinito.
Y dentro de ese maremagnum de cuestiones que marcan el día a día de cada explotación, mucho me temo que en las tractoradas de estos días están compartiendo carretera personas con intereses contrapuestos. Algunos a sabiendas y otros, probablemente, sin saberlo. Y es importante aclarar esto.
Precios justos
Una de las reivindicaciones más repetidas, visibilizadas y con más apoyo entre la población es la que hace referencia a la percepción de unos precios justos para los agricultores que compensen los costes de producción. Una norma, por cierto, que no fue apoyada ni por VOX ni por el PP y en cuya votación se abstuvieron.
Pero incluso en esta demanda de amplio consenso hay importantes diferencias, ya que los principales beneficiados por ella son aquellos que menos margen tienen. En el caso del olivar, por ejemplo, los más interesados son los productores en olivar tradicional no mecanizable de secano cuyos costes de producción, para el caso del AOVE, es de 13,67€/kg ―según un estudio de la COAG (2022)― frente a los 2,48€/kg en los olivares superintensivos que están siendo acaparados por las grandes corporaciones.
Estos diferentes modelos tienen a su vez implicaciones socioeconómicas y ambientales muy importantes. Esos costes de producción no incluyen la destrucción de empleo local que implica la mecanización, por ejemplo, en la olivicultura superintensiva, la contaminación por fertilización química o el uso de agua en cultivos tradicionalmente de secano en un contexto en el que tenemos a la vuelta de la esquina el envío de agua en barcos a Cataluña o Andalucía, además de restricciones hídricas en otros territorios como Extremadura. Estas y otras derivadas suponen millones de euros en gasto a las administraciones públicas que no se imputan en los 2,48€/kg de ese AOVE. Por esta razón se deberían reorientar las ayudas de la PAC a esos modelos de producción que generan empleo y respetan los bienes comunes como el agua, la tierra y el aire. Sin embargo, como veremos más adelante, son las grandes corporaciones que fomentan la agricultura superintensiva la que está acaparando la mayoría de esos fondos públicos.
Hablando de los costes de producción ocurre que esta semana, por primera vez desde que yo recuerdo, el 40% de los productores de tomate de las Vegas del Guadiana se van a quedar sin plantar porque la agroindustria les ofrece contratos por debajo del precio de coste. Se fijó en 145 euros la tonelada, sin embargo algunas industrias han ofrecido 140 euros por tonelada en campo y 145 euros por tonelada en fábrica en el caso de Sol de Valdivia. Hay que tener en cuenta que si se recoge en campo, el transporte corre a cargo de la industria y si se recoge en fábrica corre a cargo del productor. PRONAT ofrece 145 euros por tonelada en fábrica, ALSAT 130 euros por tonelada en campo y 5,64 euros por tonelada de bonus de campaña 2023 y 7-8 euros por tonelada de bonus de campaña 2024, TRANSA ofreció 130 euros por tonelada en campo al igual que CONESA. Por su parte INPRALSA paga a 145 euros por tonelada en campo, que si bien cumple el mínimo ya es triste que te paguen justo lo que cuesta.
Se me acaban de ocurrir cinco lugares donde podemos llevar los tractores y bloquear los accesos esta semana.
Unidas por Extremadura acaba de denunciar esta situación ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios).
Algo similar ocurre en la misma zona con el arroz. Esta campaña lo quieren pagar 160 euros menos por tonelada respecto al año pasado en el arroz redondo y 120 euros menos en el largo, lo que llevó a una concentración en la puerta de Arrocerías Pons (Don Benito) el pasado enero. Cobrarían el kilo a 43 céntimos cuando aseguran que les cuesta el doble producirlo.
Agenda 2030
Siguiendo con el impacto ambiental de la agricultura superintensiva, no se entienden muy bien las quejas sobre la Agenda 2030, que siendo mejorable contiene cuestiones fundamentales para la propia supervivencia del sector primario y, por extensión, de la población general, como es la reducción en el uso de pesticidas. La explica muy bien Antonio Hedilla aquí. Hay que dejar muy claro, como lo hace Hedilla, que envenenando la tierra estas atentando contra tus propios intereses y el de las generaciones futuras. En este sentido, la decisión de la Comisión Europea de retirar la propuesta de reducir en un 50% el uso de pesticidas en la UE de aquí a 2030 es un paso atrás gigantesco que ahonda aún más el pozo sin fondo en el que se está metiendo la agricultura europea mayoritaria.
La PAC
En este sentido, otra de las reivindicaciones de estos días es contra una PAC “verde” que va en la misma dirección. La de proteger la base de la agricultura que es el suelo ―un suelo que se desertifica a pasos agigantados―. Ahí se incluyen quejas sobre la excesiva burocratización, que se puede llegar a entender y contra la nueva normativa de protección ambiental, los llamados ecorregímenes o ecoesquemas. Estos vuelven a incidir en la importancia de conservar el suelo y la biodiversidad que existe bajo y sobre él y que, insisto, es la base de la agricultura. Las personas que se plantean vivir a largo plazo de la producción de alimentos son los principales interesados en que estos ecoesquemas se extiendan por todo el territorio. Eso sí, pueden suponer obstáculos para los bolsillos de las grandes corporaciones que están impulsando el arranque de cultivos tradicionales por otros en superintensivo y que, una vez exprimida la tierra, vuelven a hacer la misma función en otra parte.
Curiosamente, este ha sido el primer año de implantación de la nueva PAC y la solicitud de estos ecoesquemas ha sido masiva, como analizo en este artículo. De las 622.404 solicitudes únicas, el 75% de ellas incluía alguno de ellos. En cuanto a extensión, esto significa que el 86% (19,1 millones de hectáreas) de la superficie total declarada en la PAC 2023 (22,2 millones de hectáreas) se ha acogido a algún ecoesquema. A pesar de las críticas esto es un buen punto de partida, aunque es cierto que los requisitos se rebajaron por las protestas previas de los agricultores.
Y es aquí donde viene uno de los melones más importantes: la distribución de las ayudas de la PAC.
Aquí es fundamental saber que las ayudas de la Política Agrícola Común se organizan en dos pilares. El primero de ellos, el más conocido, recoge, entre otras, las ayudas directas a los agricultores y el segundo es el que incluye las ayudas a diferentes organismos para el Desarrollo Rural. Es en esta segunda parte en la que se engloban algunos de los perceptores que suelen causar más atención mediática como
Telefónica (con Saudi Telecom, BBVA, BlackRock y CaixaBank como accionistas mayoritarios), por ejemplo, que percibe cada año en torno a los 1,7 millones de euros en concepto de “servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”.
Dentro del primer pilar de la PAC se incluyen diferentes tipos de ayudas. Una de ellas es el “Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de los territorios Insulares (POSEI)”. Por esta vía Mercadona viene recibiendo unos 1,3 millones de euros anuales, Lidl 400.000 y Dinosol Supermercado 357.000. Este sector percibe en torno a los 2,2 millones de euros cada año.
También a través del POSEI la Compañía Canaria de Piensos recibe unos 6,8 millones de euros y Piensos del Atlántico en torno a 3,9 millones de euros, respectivamente.
En cuanto a las ayudas directas del primer pilar de la PAC, es la propiedad de la tierra la principal vía de recepción de estas ayudas públicas. Por este motivo algunas administraciones y organismos públicos, así como las grandes cooperativas, son parte de las que más ayudas perciben por esta vía. Destacaron en 2022 las siguientes: SCA Vicasol (Vícar, Almería) con 8,7 millones, Alvinesa Natural Ingredients S.A. (Daimiel, Ciudad Real) con 7,3 millones, Murgiverde SCA (El Ejido, Almería) con 6 millones, Corporación Alimentaria Peñasanta SL (Siero, Asturias) con 5,7 millones, SAT Las Primicias (Torre Pacheco, Murcia) con 4,91 millones, Moyca Grapes SL (Totana, Murcia) con 4,84 millones, Panadería Milagros Díaz SL (Olías del Rey, Toledo) con 4,8 millones, SAT Agroiris (El Ejido, Almería) con 4,25 millones, Vega Mayor SL (Milagro, Navarra) con 4 millones, Fruta de Andalucía SCA (Moguer, Huelva) con 4 millones, Greenmed S.L. (Almassora, Castelló) con 3,96 millones, Berrynest SAT Nº H-0023 (Almonte, Huelva) con 3,83 millones, Bimbo Donuts Iberia S.A.U. (Madrid) con 3,54 millones, Avialsa (Villarobledo, Albacete) con 3,48 millones, Indasol SAT (El Ejido, Almería) con 3,35 millones, Mostos vinos y alcoholes, S. A. (Campo de Criptana, Ciudad Real) con 3,29 millones, Grupo Hortofrutícola Paloma S.A. (Mazarrón, Murcia) con 3 millones, Agrupación Hortofrutícola Lucas (Murcia) con 3 millones. Tomen nota porque de algunas de ellas volveré a hablar más adelante.
Por otro lado, diferentes familias de la alta burguesía y la nobleza española y foránea se reparten importantes dividendos de estas ayudas públicas agrarias. Destaca Complejo Agrícola S.L, de la familia Mora Figueroa, que percibió 4,4 millones de euros en 2022. A título individual diferentes miembros de esta familia suman otro medio millón de euros por diferentes ayudas.
Las ayudas de la PAC rastreables que suman varios miembros de la Casa de Alba llegan al menos a 3,7 millones de euros en 2022.
Por su parte, la empresa Entrecanales Domecq e Hijos SA recibió 471.000 €. Otros miembros de la familia Domecq suman, al menos, otros 1,3 millones de euros a título particular.
Las diez mayores fincas cinegéticas recibieron 6,2 millones de euros en ayudas entre 2019 y 2022. Están a la cabeza El Castañar (Toledo), gestionada por los hermanos José María y Rafael Finat y por la que percibieron 2,4 millones de euros durante este periodo. La Garganta (Ciudad Real) de Hugh Grosvenor, Duque de Westminster, obtuvo 1,4 millones de euros. La Dehesa del Lobillo (Ciudad Real) de Juan Abelló 753.090 euros, Los Altarejos (Sevilla) de Carlos March 581.901 euros y Valdepuercas (Cáceres) de José María Aristrain, 467.993 euros. Le siguen El Castaño (Ciudad Real), propiedad de la familia Botín con 242.250 euros y Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, Marqués de Valdueza, que ha recibido por la finca Azagala (Cáceres) 197.639 euros.
Si a esto le unimos el incesante proceso de acaparamiento de tierras, cada vez en menos manos, tenemos como resultado que un puñado de grandes corporaciones y terratenientes se embolsan una parte muy importante de los fondos de la PAC. De esta forma los gigantes del sector ganan cada vez más mientras las pequeñas explotaciones luchan por sobrevivir.
Pero creo que es un error dejar sobre la mesa el término “fondos de inversión” o “grandes corporaciones” como entes abstractos si no se dan los nombres de las personas que están detrás y en cuyas cuentas bancarias acaban las ayudas agrarias de la PAC que deberían fortalecer a la pequeña y mediana agricultura. Detrás de siglas aparentemente asépticas como Atitlan, Beka, Azora, Miura, Portobello, ProA, Solum, Fiera o CVC hay quienes se están enriqueciendo con el dinero público.
Vamos a ello. Permítanme que me extienda.
Los fondos de inversión
Atitlan, grupo inversor impulsado por Roberto Centeno ―yerno de Juan Roig, presidente de Mercadona― y Aritza Rodero (ex Goldman Sachs) posee Elaia (Valencia) con más de 20.000 hectáreas ―la mayoría en alquiler― de naranjas, mandarinas, limones, aguacates, almendros y olivos en más de cien fincas de España, Portugal y Marruecos. Dentro de la maraña de empresas que llevan ese nombre encontramos Elaia Extremadura SLU (Brenes, Sevilla) que percibió 21.555 euros de la PAC y Elaia H&B Rent SLU (Navalvillar de Pela, Badajoz) domiciliada en Avda Cervantes, 6 (Córdoba) y que percibió 308.299 euros de la PAC en 2022. Suma y sigue.
Atitlán, a través de un acuerdo con Agnbro Capital, propiedad del empresario José Tomás Pérez, integró en Elaia más de 800 hectáreas de pistacho en Castilla La Mancha pasando así a gestionar 3.200 hectáreas de este cultivo en toda la Península. Ahora es accionista de referencia en Agnbro, que además comercializa cítricos a través de Guillem Export.
A esto le sumamos que Atitlan ingresó 73 millones de euros en 2022 por la venta de ramas de almendro y olivo al grupo andaluz De Prado. Curiosamente, la empresa De Prado Gestion Agricola SL tiene idénticos administrador único y domicilio que Elaia H&B Rent SLU y percibió en 2022 casi 272.000€ de la PAC.
Vamos con Beka Finance. Tiene al ex ministro y ex eurodiputado del Partido Popular Miguel Arias Cañete (marido de Micaela Domecq), como presidente de honor del comité de inversión de su capital riesgo Beka&Bolschare Iberian Agribusiness Fund.
Controla 1.500 hectáreas de olivar en el Alentejo portugués y unas 400 de almendro cerca de Talavera de la Reina (Toledo).
Seguimos con Azora, fundado por Concha Osácar y Fernando Gumuzio (ambos ex Grupo Santander). Posee el 33% de ISFA (Iberian Smart Financial Agro SL, Vitoria, Álava) que controla más de 10.000 hectáreas de almendros en la Península.
Otro es Miura Partners (socio fundador Luis Seguí Casas). Entre otras cosas invierte en aceituna de mesa y participa en Citri&Co (Sollana, Valencia) productora y comercializadora internacional de cítricos con 30.000 hectáreas y una facturación anual de 700 millones de euros. Citri&Co firmó un acuerdo en 2022 con PSP (Public Sector Pension Investment) para explotar las propiedades agrícolas que está adquiriendo esta última a través de varios cientos de millones de inversión.
Portobello Capital, controla el 38% de Eurocebollas (familia Alberola, Alzira, Valencia), una de las líderes del sector que prevé poner en producción en marzo 700.000 hectáreas alquiladas de cebolla y ajo. Eurocebollas está participada también por el grupo agroalimentario francés Solina del que a su vez es accionista el capital riesgo Astorg.
Así está la agricultura. Seguimos.
ProA Capital, dirigido por Fernando Ortiz (ex BBVA), interviene en la producción de pasta y otros productos de alimentación a través de la marca Gallo. Participa en la empresa Moyca Grapes, especializada en producir, envasar y comercializar uva de mesa sin pepita en unas 2.200 hectáreas en Murcia, Alicante, Almería y Badajoz. Vimos antes que está entre los principales perceptores de PAC con 4,84 millones de euros en 2022.
Por su parte, el potente banco británico HSBC compró en 2022 una finca de 400 hectáreas en Extremadura para poner almendros en regadío.
Por otro lado, Solum Partners (vinculado a la Universidad de Harvard) entró en el accionariado de Agrupapulpí, empresa con más de 2.100 hectáreas propias en Almería, Murcia y Granada para lechuga, brócoli y sandía, entre otros productos. El vendedor fue otro fondo, Magnum Partners.
Fiera Capital, por su parte, posee el 100% de Innoliva, con 8.000 hectáreas de olivar en su mayoría en superintensivo en España y Portugal.
Fremman Capital participa en Bollo Natural Fruit, especializados en la producción de cítricos tanto en ecológico como en convencional.
SLM Partners suma 285.000 hectáreas gestionadas en todo el mundo. Compró 300 hectáreas en Murcia en 2022 para almendros, pistachos y olivos.
CVC Capital Partners posee casi un 57% de Deoleo, especializado en comercializar, no producir, aceite de oliva. Cuenta entre sus marcas más conocidas con Carbonell, Koipe y Hojiblanca.
Son estas grandes corporaciones, entre otras, las que se embolsan nada más y nada menos que el 80% de las ayudas de la PAC y es por eso, como dice Jose María Sumpsi, que a estos gigantes que manejan tanto capital y que ya son rentables per se, se les debería expulsar de la PAC. No ponerles un tope a percibir, no, expulsarles de este sistema de ayudas que debería estar al servicio de quien más lo necesita y no de quien más tiene.
Tratados de Libre Comercio
Enlazando con la PAC, otra de las principales reivindicaciones de estos días es que los productos que entren en España tengan los mismos controles que los españoles. Esto entronca directamente con las críticas que desde algunas organizaciones agrarias como el SLG o EHNE se hace a los tratados de libre comercio. Unos acuerdos internacionales que afectan gravemente a la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria de los países firmantes. Algo que además va en contra de unos de los cimientos sobre los que se construye la propia PAC, que es el Principio de preferencia comunitaria frente a la competencia externa. Unos tratados de libre comercio que han sido sistemáticamente apoyados por PP y VOX. Hace apenas unos días se les unieron PSOE, Ciudadanos y PNV para votar en contra de la eliminación de estos tratados de libre comercio mientras Podemos, IU, Sumar, ERC y BNG votaron a favor y Junts se abstuvo. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Otra ristra de ideas donde podemos llevar los tractores.
Falta de acompañamiento público
Al hilo de esto, y hablando desde mi experiencia como investigador y como productor agroecológico, quisiera reforzar lo que planteaba el amigo Ángel Calle recientemente, y es que hay una absoluta ausencia de políticas públicas que apoyen el consumo y la comercialización en cercanía de productos agroecológicos, por lo que se da la siguiente paradoja. Los ecorregímenes recomiendan (deberían obligar, en mi opinión) cultivar a favor de la tierra y no en su contra pero, sin embargo, el puñado de grandes empresas que controlan la distribución de alimentos no te compra porque no cree en la producción sostenible y, si ofrece estos productos eco, los trae de otros países de Europa o Latinoamérica, por lo que lo sostenible de la producción se pierde en el transporte kilométrico. A esto se añade que tampoco hay iniciativas públicas para que se abastezcan con estos productos a los comedores de instituciones públicas como hospitales, colegios, institutos, universidades, centros de la tercera edad y un largo etcétera. Son millones los menús que se sirven a diario en la restauración pública; sin embargo, las pocas iniciativas que hay en este sentido son a título particular, a nivel prácticamente local. Es, por tanto, fundamental que el sector primario lleve a cabo estas prácticas beneficiosas para el medio ambiente en la producción de alimentos, pero es igual de importante que el Gobierno de España, las Autonomías y el resto de la Administración Pública faciliten e impulsen el conocimiento, consumo, venta, transformación y la distribución de productos sanos y saludables de ámbito estatal.
Y no podemos hablar de la diversidad del campo sin mencionar a los cientos de miles de jornaleros y jornaleras foráneas y patrios sin los cuales una parte importante de las cosechas se pudrirían en el suelo y cuyos derechos han sido negados sistemáticamente por una patronal agraria mayoritaria que se ha opuesto en multitud de ocasiones a negociar y firmar los convenios colectivos regionales del campo, llegando incluso a exigir públicamente que no se les pagara el SMI fijado por ley.
Finalizo mostrando mi profundo apoyo a estas movilizaciones porque es la única forma de conseguir avances en un sector del que depende, nada más y nada menos, que la producción de alimentos. Hasta que no te quedas atascado por un bloqueo de carreteras no entras en el debate de qué parte llevan o no de razón. Va mi rechazo también a aquellas personas que las tachan de extrema derecha porque ni dos ni diez banderas del aguilucho son representativas de un sector primario en el que según el CIS (julio 2023) sólo el 14,40% vota a VOX.
Ojalá este texto sirva para elegir bien la compañía en las movilizaciones y afinar los objetivos a conseguir en este proceso que espero sea largo, masivo y beneficioso para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas que tan mal lo están pasando así como para los imprescindibles jornaleros y jornaleras, pues todas ellas son el pasado, el presente y, ojalá, el futuro de nuestro país.
Observación de José Luis Martín Ramos:
Muy claro. Pero hay un problema de dirección política del movimiento. La protesta se ha focalizado en la agenda verde y en la burocracia y no en las razones de protesta que da Romero. No son de extrema-derecha (aunque el porcentaje de votos a Vox no acaba con la cuestión y por otra parte si Vox tiene un 12,4% en las elecciones y en el campo le vota el 14,4, eso ya significa algo; y ?cuántos votan al PP?). Por la razón del voto no vamos a rechazar las movilizaciones. Hay que apoyarlas, pero hay que discriminar ya, dejar de hacer populismo o paternalismo urbanita y rechazar las soluciones que van en contra del pequeño y mediano productor. Por ahora lo más tangible que se les ha concedido, por parte de la UE, es lo de los pesticidas. ¡Y qué rápido que lo concedieron!
8. Aumenta el analfabetismo
El último boletín de Prashad en el Tricontinental está dedicado a la educación. Es un fenómeno generalizado el estancamiento de la alfabetización como consecuencia de la disminución de presupuestos para educación.
https://thetricontinental.org/
Si entiendo el mundo, puedo marchar y cambiarlo | Boletín 8 (2024)
22 de febrero de 2024
Queridos amigos y amigas,
Saludos desde el Instituto Tricontinental de Investigación Social.
En 1945, las recién creadas Naciones Unidas celebraron una conferencia para fundar la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La principal preocupación de las y los delegados, sobre todo de quienes provenían del Tercer Mundo, era la alfabetización. Es necesaria una “cruzada mundial contra el analfabetismo”, dijo el Dr. Jaime Jaramillo Arango, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Para él, y para muchas otras personas, el analfabetismo es “uno de los mayores ultrajes a la dignidad humana”. Abdelfattah Amr, embajador egipcio en el Reino Unido y campeón de squash, afirmó que el analfabetismo formaba parte del problema más amplio del subdesarrollo, como demuestran “la escasez de técnicos y la escasez de material educativo”. Estos líderes encontraron inspiración en la URSS, cuyo programa Likbez (‘liquidación del analfabetismo’) prácticamente erradicó el analfabetismo entre 1919 y 1937. Si la URSS podía hacerlo, también podían hacerlo otras sociedades mayoritariamente agrícolas.
En diciembre de 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe impactante que mostraba que, desde 2018, la alfabetización en lectura y matemáticas ha disminuido entre las y los estudiantes del mundo. Es importante señalar que esta situación “solo puede atribuirse parcialmente a la pandemia de COVID-19”: las puntuaciones tanto en lectura como en ciencias ya estaban en declive antes de que comenzara la pandemia, aunque no han hecho más que empeorar desde entonces. La razón, según indica la OCDE, es que también ha disminuido el tiempo y la energía que profesores y padres dedican a ayudar a sus alumnos e hijos. Lo que la OCDE no menciona es que esta disminución de la ayuda en los últimos 50 años es consecuencia de los regímenes de austeridad que se han impuesto en la mayoría de las sociedades del mundo. Los presupuestos de educación han sufrido recortes, lo que significa ante todo que las escuelas carecen de recursos y personal suficientes, por no hablar de los profesores que pueden prestar el apoyo adicional que necesitan estudiantes con dificultades. Como parte de los recortes del financiamiento escolar, los Estados han insistido en que los proveedores corporativos de educación generen libros de texto y módulos de aprendizaje (incluidos los sistemas en línea) que restan poder al profesorado y lo desmoralizan. Como los padres y madres trabajan en profesiones cada vez más uberizadas, sencillamente no tienen tiempo ni energía para complementar la educación de sus hijos e hijas.
¿Por qué los Estados de todo el mundo no están dispuestos a financiar adecuadamente la educación pública? En el Norte Global, donde existe una importante riqueza social, los dirigentes se muestran reticentes a gravar con impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios, y tienden a utilizar los valiosos recursos restantes para financiar el estamento militar en lugar de servicios sociales como la educación, la salud y los cuidados a la tercera edad. Los países del Norte Global que forman parte del sistema de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) gastan billones de dólares en armamento (tres cuartas partes del total del gasto militar mundial), pero cantidades minúsculas en educación y salud. Así lo pone de manifiesto el informe de la OCDE, que constata un descenso vertiginoso de los conocimientos matemáticos en países como Bélgica, Canadá e Islandia, sin ser ninguno de ellos países pobres. El informe de la OCDE sugiere que esto no se debe únicamente a los niveles de financiación, sino también a “la calidad de la enseñanza”. Sin embargo, el informe no señala que la “calidad” es el resultado de políticas de austeridad que roban a las y los profesores el tiempo necesario para enseñar y apoyar al alumnado, para opinar sobre los materiales del plan de estudios, así como los recursos necesarios para la formación adicional (incluidos los años sabáticos).
En el Sur Global, los descensos se atribuyen más directamente al colapso del financiamiento. Los estudios de los últimos años, y nuestro propio análisis de evaluaciones realizadas por el personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestran que la organización ha presionado a las naciones más pobres para que recorten el financiamiento del sector público. Dado que los salarios de la mayoría de las y los profesores forman parte de la masa salarial del sector público, cualquier recorte de este tipo se traduce en una reducción de los salarios docentes y un aumento de la proporción de estudiantes por profesor. Un estudio de ActionAid sobre quince países, desde Ghana hasta Vietnam, demostró que el FMI obligó a estos Estados a recortar sus cuentas salariales del sector público durante varios ciclos presupuestarios (hasta seis años) por valor de 10.000 millones de dólares, lo que equivale al costo de emplear a tres millones de maestros de primaria. Otro estudio, elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, muestra que el FMI ha impuesto recortes presupuestarios en 189 países que se mantendrán hasta 2025, fecha para la cual se prevé que tres cuartas partes del mundo sigan bajo condiciones de austeridad. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalaba que veinticinco países pobres destinaron el 20% de sus ingresos en 2022 al servicio de la deuda externa, más del doble de lo que gastaron en programas sociales de todo tipo (incluida la educación). Parece que es más importante satisfacer a los ricos tenedores de bonos que a las y los niños que necesitan a sus profesores.
Esta horrenda situación condena al fracaso el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 4: acabar con el analfabetismo. Para cumplir este objetivo, el mundo necesitaría contratar a 69 millones de profesores más de aquí a 2030. Eso no está en la agenda de la mayoría de los países.
En 1946, la ministra de Educación del Reino Unido, Ellen Wilkinson, presidió la primera conferencia de la UNESCO. Wilkinson, que era conocida como “Ellen la roja” (y fue una de las fundadoras del Partido Comunista de Gran Bretaña en 1920), lideró la lucha por los desempleados en la década de 1930 y fue una defensora de la República Española. Durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que fuimos testigos de “la gran lucha librada contra esta monstruosa maldad [del “nacionalismo más estrecho” y la “sumisión a la máquina de guerra”] por el trabajador intelectual, por hombres y mujeres de mente íntegra”. Ellen la roja explicó que los fascistas sabían que la razón y la alfabetización eran sus enemigos: “En todos los países dominados por regímenes totalitarios, los primeros en ser fusilados fueron los intelectuales: maestros, sacerdotes, profesores. Los hombres que pretendían dominar el mundo sabían que primero debían matar a quienes intentaban mantener el pensamiento libre”. Ahora, a estos profesores y profesoras no se les pone ante el pelotón de fusilamiento; simplemente se les despide.
Pero estos trabajadores intelectuales no se rindieron entonces, ni se rinden ahora. Nuestro último dossier, Cómo el Movimiento Ciencia para los Pueblos está aportando alegría e igualdad a la educación en Karnataka, India, habla sobre las y los trabajadores intelectuales que están encontrando formas innovadoras de acercar el pensamiento científico y racional a las niñeces de Karnataka, por ejemplo a través de los festivales Alegría de Aprender, las escuelas de barrio y el método del “huésped-anfitrión”. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno de la India ha decidido suprimir del plan de estudios y de los manuales escolares la evolución, la tabla periódica y las fuentes de energía, a pesar de la alarma suscitada por casi 5.000 científicos y profesores que firmaron una petición redactada por la Breakthrough Science Society en la que se pedía al gobierno que revocara su decisión.
Tanto la petición como los festivales Alegría de Aprender forman parte de un movimiento más amplio para democratizar el conocimiento y desmantelar las miserables jerarquías sociales. La Bharat Gyan Vigyan Samiti (Asociación India para el Conocimiento Científico o BGVS) celebra los festivales Alegría de Aprender para promover el aprendizaje científico y el pensamiento racional en todo el estado indio de Karnataka, que tiene una población de 65 millones de habitantes, aproximadamente la misma que Francia. Nuestro dossier muestra cómo la BGVS ha llevado la alegría a la educación científica de millones de niñas y niños pequeños en la India.
Imagina que eres un niño pequeño que nunca ha estado expuesto a las leyes de la ciencia. Te encuentras en un festival de BGVS en una zona rural de Karnataka, donde hay un puesto con una bicicleta desmontada. El profesor del puesto dice que si puedes armar la bicicleta, te la quedas. Pasas los dedos por la cadena, los engranajes y el cuadro. Imaginas cómo es una bicicleta completamente montada e intentas encajar las piezas, al mismo tiempo que vas comprendiendo cómo se genera la energía al pisar el pedal, que, a través de los engranajes, amplifica el movimiento de las ruedas. Empiezas a conocer las leyes del movimiento y del torque. Aprendes sobre la simplicidad de las máquinas y su inmensa utilidad. Y te ríes con tus amistades mientras se pelean con el rompecabezas de todas las piezas de la bicicleta.
Una actividad así no solo alegra la vida de un millón de niños y niñas de Karnataka, sino que aumenta su curiosidad y desafía su inteligencia. Este es el núcleo de la labor del BGVS y sus festivales Alegría de Aprender, dirigidos por profesores de escuelas públicas contratados y formados por el movimiento científico. Este tipo de festivales rescatan la vida colectiva y además son un mecanismo para revalorizar el trabajo y liderazgo de las y los profesores locales y afirmar la importancia del pensamiento científico.
En 1961, el cantante cubano Eduardo Saborit escribió la hermosa canción “Despertar” como homenaje a la campaña cubana de alfabetización. “Cuántas cosas ya puedo decirte porque al fin he aprendido a escribir. Ahora puedo decir que te quiero”, canta. Ahora puedo entender el mundo. Ahora ya no me siento insignificante. Ahora puedo poner un pie delante del otro con confianza y marchar para cambiar el mundo.
Cordialmente,
Vijay
9. Resumen de la guerra en Palestina, 22 de febrero.
Hoy ha llegado a tiempo el tuit con vídeo de Rybar. Es de los días 21-22 de febrero.
Crónicas del conflicto palestino-israelí: 21-22 de febrero de 2024
- En medio del regreso de los refugiados, las milicias palestinas se muestran más activas en Gaza y sus alrededores. Los militantes se han enfrentado a patrullas israelíes y han disparado morteros contra posiciones de las FDI.
- En respuesta, los israelíes han lanzado ataques aéreos y de artillería contra diversas partes de la ciudad. No es infrecuente que los civiles de las zonas en las que actúa Hamás sean blanco de ataques.
- Siguen produciéndose disparos en la parte central de la Franja de Gaza, donde la línea del frente permanece estática por el momento. Se registran ataques casi a diario en todas las localidades importantes del istmo entre el norte y el sur del enclave.
- En el sur del enclave, las IDF operan en la zona del hospital Al-Amal, y los palestinos intentan tenderles emboscadas desde los túneles. Sin embargo, los israelíes también han retirado parte de sus fuerzas, y la última brigada de reserva ha abandonado recientemente la Franja de Gaza.
- Se ha producido un notable aumento del número de ataques sobre Rafah y zonas cercanas, donde los israelíes están liquidando metódicamente objetivos sospechosos. Esto puede indicar cierta preparación por parte de las IDF para actuar cerca de la frontera del enclave con Egipto.
- Al mismo tiempo, se están produciendo detenciones y enfrentamientos masivos en Cisjordania. Las unidades israelíes se preparan para las protestas y manifestaciones con motivo del mes de Ramadán.
[Vídeo en el tuit]
El resumen de Mondoweiss.
Día 139 de la «Operación Al-Aqsa»: Mientras los palestinos del norte de Gaza mueren de hambre, Israel ataca el edificio de MSF en Rafah
La situación en Gaza empeora día a día mientras los palestinos mueren de hambre y las fuerzas israelíes convierten los hospitales en tanatorios. En Cisjordania y Jerusalén Este, las tensiones aumentan a medida que se acerca el Ramadán.
Por Leila Warah 22 de febrero de 2024
Bajas
Más de 29.410 muertos* y al menos 69.465 heridos en la Franja de Gaza.
Más de 380 palestinos muertos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental.
Israel revisa a la baja su estimación de víctimas del 7 de octubre, de 1.400 a 1.147.
576 soldados israelíes muertos desde el 7 de octubre y al menos 3.221 heridos**.
*Esta cifra fue confirmada por el Ministerio de Sanidad de Gaza en el canal Telegram. Algunos grupos de derechos humanos elevan la cifra de muertos a más de 36.500 si se tienen en cuenta los presuntos muertos.
**Esta cifra la dio a conocer el ejército israelí, mostrando los soldados cuyos nombres «se permitió publicar».
Acontecimientos clave
- Niño palestino muerto por disparos de las fuerzas israelíes en la ciudad de Qalqilya, en Cisjordania ocupada, según Wafa.
- UNOCHA: 100 niños entre los 394 palestinos muertos en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre.
- Centro Palestino de Derechos Humanos: Asesinado un abogado junto con su hija de 2 años y otros seis miembros de su familia en un ataque israelí en Rafah.
- UNOCHA: Desde el 7 de octubre se han registrado 573 ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades.
- Las fuerzas israelíes establecieron un puesto de control exclusivamente para detener y registrar a palestinos en la Puerta de Damasco, la entrada al barrio musulmán de la Ciudad Vieja, en la Jerusalén Oriental ocupada.
- Diez israelíes muertos por ataques aéreos israelíes en Gaza, según un informe israelí.
- UNOCHA: Las demoliciones israelíes provocaron el desplazamiento de 830 personas, entre ellas 337 niños, y la demolición de 131 viviendas desde el 7 de octubre.
- Un muerto y ocho heridos en un tiroteo perpetrado por tres palestinos cerca del asentamiento de Maale Adumim, en Cisjordania ocupada. Dos hombres armados murieron y uno fue detenido.
- La inteligencia estadounidense evaluó con «poca confianza» que un puñado de personal de la UNRWA participó en los ataques del 7 de octubre contra Israel, según el Wall Street Journal.
- Médicos Sin Fronteras: Israel atacó un refugio «claramente señalizado» de MSF en Gaza, matando a dos familiares de trabajadores allí refugiados.
- La Knesset israelí vota enérgicamente a favor de una medida que rechaza el reconocimiento unilateral de un Estado palestino por parte de actores internacionales.
- Funcionario de la ONU: El asediado Complejo Médico Nasser se ha convertido en un «lugar de muerte», ya que las fuerzas israelíes siguen atacando instalaciones médicas.
- Breaking the Silence: «El saqueo nunca se ha normalizado de la forma en que lo ha hecho en los últimos cuatro meses. Nunca se ha hecho con tanto regocijo, sabiendo que el público israelí y el mundo están mirando»
Israel dispara contra un edificio de MSF en Rafah y mata a dos personas
El bombardeo de Gaza ha continuado durante 139 días y el número de muertos palestinos no deja de aumentar. Ningún lugar es seguro para los civiles en el enclave asediado, ya que el ejército israelí ataca la zona con salvaje abandono.
Durante la noche del miércoles, que se prolongó hasta la madrugada del jueves, tuvo lugar una intensa campaña de bombardeos en Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, informó Hani Mahmoud desde Gaza para Al Jazeera.
«Durante la noche, hemos visto ataques en la parte oriental, en la parte septentrional e incluso en la parte occidental, donde se han refugiado literalmente cientos de miles de personas», dijo Mahmoud, describiendo los sonidos de demoliciones sistemáticas de viviendas en el norte.
«Esto es absolutamente aterrador en una zona densamente poblada. Ahora mismo, Rafah ha sido un centro de ataques israelíes», añadió el corresponsal de Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum.
El ejército israelí también ha continuado sus ataques contra la ciudad de Gaza, donde exigió a todos los residentes de los barrios de Zeitoun y Turkmenistán que se trasladaran urgentemente a la zona de al-Mawasi, en las afueras de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Para ello, tendrían que recorrer más de 30 km a través de los continuos ataques y las carreteras bombardeadas de la zona de guerra.
Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, dijo a los palestinos en la X que la orden de evacuación llega «por vuestra seguridad», a pesar de que no existe ningún lugar seguro en el enclave asediado y devastado por la guerra.
Los ataques israelíes contra las supuestas «zonas seguras» han continuado. El miércoles, las fuerzas israelíes atacaron un refugio de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Al Masaui.
Según el comunicado, un tanque israelí disparó contra el edificio, que albergaba a 64 empleados y familiares de MSF, y mató a la esposa y a la nuera de un trabajador de MSF. Los bombardeos cercanos impidieron que una ambulancia llegara al centro para asistir a los heridos durante más de dos horas.
Las fuerzas israelíes habían sido «claramente informadas de la ubicación exacta de este refugio de MSF en al-Mawasi» y de que el edificio estaba además identificado con una gran bandera de MSF, añadió la organización.
«Estas matanzas ponen de relieve la cruda realidad de que ningún lugar de Gaza es seguro, que las promesas de zonas seguras son vacías y los mecanismos de desconflicción poco fiables», declaró la directora general de MSF, Meinie Nicolai. «La cantidad de fuerza que se utiliza en entornos urbanos densamente poblados es asombrosa, y atacar un edificio sabiendo que está lleno de trabajadores humanitarios y sus familias es inconcebible».
Apenas unas horas después de la orden de evacuación en la ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes mataron al periodista Ihab Nasrallah y a su esposa en Zeitoun. Sus tres hijos también sufrieron quemaduras graves, informó Wafa citando fuentes médicas.
En Nuseirat, en el centro de Gaza, los ataques aéreos contra la casa de la familia al-Daalis mataron a 17 personas e hirieron a docenas más, que fueron trasladadas al hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en la vecina Deir el-Balah, añadió Wafa.
Familias de toda la Franja de Gaza han seguido refugiándose en las ruinas de las escuelas gestionadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) porque no tienen otro lugar al que ir, dice la agencia de la ONU en un post en X.
«Barrios enteros han desaparecido sin dejar rastro. Las operaciones militares continúan sin descanso. Ningún lugar es seguro».
Los hospitales son «un lugar de muerte»
Los civiles de las zonas asediadas del enclave siguen sin poder recibir una atención sanitaria adecuada en medio de la despiadada ofensiva israelí, que, según los palestinos, ha convertido los hospitales en tanatorios.
En Jan Yunis, la situación es especialmente difícil, ya que los dos principales hospitales, Al Amal y Nasser, permanecen bajo asedio militar y muchos pacientes en estado crítico llevan semanas atrapados en su interior.
Durante una misión de evacuación al hospital Nasser, Jonathan Whittal, oficial superior de asuntos humanitarios de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, describió unas condiciones «espantosas», que han transformado «un lugar de curación» en «un lugar de muerte».
«Hay 150 pacientes en uno de estos edificios. No tienen comida ni agua, ni electricidad. Quedan muy pocos médicos y enfermeras dentro de este hospital. Las condiciones son espantosas», dijo Whittall en un vídeo en X.
«Hay cadáveres en los pasillos. Los pacientes están en una situación desesperada. Esto se ha convertido en un lugar de muerte, no de curación».
«Es una tragedia evitable que no debería haber ocurrido».
Los trabajadores médicos han dicho que no quieren ser evacuados, sino que han pedido que se protejan las instalaciones médicas y que se restablezcan las funciones críticas del hospital para que puedan seguir tratando allí a los pacientes.
«La última semana ha sido miserable; ha sido una pesadilla [para los trabajadores del hospital bajo asedio israelí]. Las cosas que están viendo son traumatizantes, y están pidiendo algún tipo de ayuda. En realidad, no piden que los evacuen del hospital, sino que el hospital funcione. Que vuelvan a encender las luces, que les den los medicamentos que necesitan para tratar a los 150 pacientes que quedan», declaró a Al Jazeera el Dr. Thaer Ahmad, médico de urgencias residente en Estados Unidos que pasó varias semanas como voluntario en el hospital Nasser en enero.
«Hablé con uno de los últimos cirujanos que quedaban allí, que envió un mensaje a un grupo de médicos de aquí [de Estados Unidos], y nos pidió que abogáramos por los pacientes que están allí. Nos dijo: ‘Estoy mirando a los pacientes, y necesitan mi ayuda, necesitan mis cuidados, y no hay nada que yo pueda hacer'».
Del mismo modo, la Media Luna Roja Palestina (MLRP) advierte de la grave situación en que se encuentra el hospital de Al-Amal «debido al asedio y los ataques continuos de la ocupación israelí por trigésimo día consecutivo».
Una vez más, la MLRP hace un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe de inmediato a fin de proteger el hospital y «levantar el asedio impuesto antes de que sea demasiado tarde y el hospital se vea obligado a dejar de prestar servicio».
Gaza, al borde de la muerte
El bloqueo continuado de Israel sigue matando de hambre a los palestinos de toda la Franja de Gaza.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Israel está llevando al borde de la muerte a más de dos millones de habitantes de Gaza, especialmente a los 400.000 que viven en la zona norte del enclave asediado.
«El hecho de que Israel impida la entrada a los camiones de ayuda y ataque ocasionalmente a los pocos que pueden entrar ya está provocando la muerte de niños, ancianos y pacientes debido al hambre», afirmó el ministerio en un comunicado.
«La visión de miles de niños sosteniendo ollas vacías y haciendo largas colas a la espera de cualquier comida o ración de alimentos domina la vida en el norte de Gaza».
Ismail al-Thawabteh, jefe de la oficina de medios de comunicación del gobierno de Gaza, afirma que los residentes del norte de la Franja llevan tres semanas consecutivas comiendo alimentos para animales, informó Al Jazeera.
Si el mundo no obliga a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria en el enclave costero asediado, se producirá una catástrofe humanitaria que afectará a cientos de miles de palestinos, advirtió al-Thawabteh.
UNOCHA ha declarado que sólo cuatro camiones de ayuda humanitaria entraron en la Franja de Gaza el domingo, muy por debajo de la media de 47 camiones diarios entre el 9 y el 15 de febrero, y un acusado descenso en comparación con los 133 camiones diarios de la semana anterior. Es importante señalar que antes del 7 de octubre entraban diariamente en la Franja de Gaza unos 500 camiones de ayuda humanitaria.
«Entre el 1 de enero y el 15 de febrero, las autoridades israelíes facilitaron total o parcialmente menos del 20% de las misiones (15 de 77) previstas por los socios humanitarios para entregar ayuda y realizar evaluaciones en las zonas situadas al norte de Wadi Gaza, y denegaron el acceso al 51% (39 de 77)», señaló la OCHA en un comunicado.
«El acceso de las misiones a los hospitales de apoyo y a las instalaciones que prestan servicios de agua, higiene y saneamiento (WASH, por sus siglas en inglés) se encontraban entre los que fueron denegados de forma abrumadora» por Israel, añadió la OCHA.
Hamás dijo en un comunicado en Telegram: «Hacemos un llamamiento al Programa Mundial de Alimentos y a todas las agencias de la ONU, incluida la UNRWA, para que presionen a la potencia ocupante, anunciando la vuelta al trabajo en el norte de la Franja de Gaza de acuerdo con sus mandatos internacionales para aliviar a nuestro pueblo de la amenaza peligrosamente creciente de hambruna, en cumplimiento de sus responsabilidades legales y humanitarias», informó Al Jazeera.
La UNRWA «sigue esperando» a que Israel comparta las pruebas de las denuncias contra la agencia
Mientras tanto, el futuro de la UNRWA es incierto después de que Israel lidere una campaña mundial para desfinanciar la organización de la ONU, que es la principal distribuidora de ayuda en la Franja de Gaza.
Aunque varios de los principales países donantes, incluido Estados Unidos, han congelado la ayuda vital a la agencia debido a las acusaciones, el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo el lunes que la agencia sigue esperando a que Israel comparta las pruebas de sus afirmaciones.
Un nuevo informe de la inteligencia de EE.UU. ha evaluado con «baja confianza» que un puñado de miembros del personal de la UNRWA participaron en los ataques del 7 de octubre contra Israel, informa el Wall Street Journal, citando a funcionarios familiarizados con las conclusiones.
La evaluación de «baja confianza» indica que los funcionarios de inteligencia consideran plausibles las afirmaciones de Israel de que una docena de empleados de la UNRWA participaron en los ataques, pero no pueden ofrecer una confirmación más decisiva al carecer de pruebas independientes.
Del mismo modo, los funcionarios de inteligencia tampoco pudieron verificar las afirmaciones de Israel de que un gran número de empleados del OOPS tienen vínculos con Hamás. Israel ha afirmado que el 10% de los 12.000 empleados de UNRWA en Gaza tienen algún tipo de afiliación con el grupo.
Aumenta la presión en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este
El jueves, al menos una persona murió y ocho resultaron heridas cuando tres pistoleros palestinos abrieron fuego contra automovilistas cerca de un puesto de control israelí próximo a la Jerusalén Oriental ocupada, informó la policía israelí, que añadió que dos pistoleros murieron y un tercero fue detenido.
Un portavoz de la policía dijo que los pistoleros eran palestinos, pero no dio más detalles, según Al Jazeera.
En respuesta al ataque, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha pedido una escalada del castigo colectivo a los palestinos.
«¡La libertad de vida de los ciudadanos de Israel prevalece sobre la libertad de movimiento de los residentes de la AP! Hay que poner más y más barreras y cerrar carreteras en las vías de la Autoridad», dijo en X.
Asimismo, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha exigido la aprobación de un plan para construir miles de nuevos asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania ocupada.
«El grave ataque contra Maale Adumim debe tener una respuesta de seguridad decisiva, pero también una respuesta de los asentamientos», escribió en X.
«Exijo al primer ministro que apruebe la convocatoria del consejo superior de planificación y que apruebe inmediatamente los planes de construcción de miles de viviendas en Maale Adumim y en toda la región», añadió.
«Nuestros enemigos saben que cualquier daño que nos causen dará lugar a más construcción y más desarrollo y más control nuestro en todo el país».
Las resoluciones de las Naciones Unidas afirman reiteradamente que el establecimiento por Israel de asentamientos en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este, carece de validez legal. La mayoría de los Estados y organismos internacionales reconocen desde hace tiempo que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional.
Hamás ha dicho que el ataque fue una «respuesta natural a las masacres y crímenes de la ocupación [israelí] en la Franja de Gaza y Cisjordania», según cita Al Jazeera.
Las tensiones en la Palestina ocupada han ido en aumento en medio de la violencia estatal de Israel contra los palestinos.
El día anterior al ataque, un niño palestino recibió un disparo mortal en el corazón por parte de las fuerzas israelíes en Qalqilya, en el norte de Cisjordania ocupada, según Wafa.
Unos 394 palestinos han muerto en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, entre ellos 100 niños, según la OCHA.
La agencia de la ONU añadió que, desde el 7 de octubre, las demoliciones israelíes han provocado el desplazamiento de 830 personas, entre ellas 337 niños, con 131 viviendas, y los colonos israelíes llevaron a cabo 573 ataques registrados contra la población palestina y sus propiedades.
Israel también ha reforzado la seguridad en Jerusalén Este al acercarse el Ramadán. El miércoles, el periodista Hamdah Salhut informó de que las autoridades israelíes habían establecido un puesto de control para palestinos en la Puerta de Damasco, punto central de entrada para los palestinos que intentan llegar al recinto de la mezquita de Al Aqsa.
«Los palestinos que se encontraban en la puerta me dijeron que ésta es «la realidad de la vida bajo la ocupación», afirmó Salhut en una publicación en las redes sociales, ampliando que los judíos israelíes se saltan el control de seguridad.
Congresista estadounidense: «Matadlos a todos»
El congresista republicano estadounidense Andy Ogles desató la ira cuando pareció pedir la matanza masiva de palestinos al enfrentarse a activistas que pedían un alto el fuego.
Una mujer hablaba a Ogles de las imágenes de niños palestinos asesinados por Israel. Él respondió: «Creo que deberíamos matarlos a todos si eso te hace sentir mejor: a todos, a Hamás».
El comentario ha hecho que los defensores de los derechos de los palestinos se pregunten por qué el comentario no ha suscitado un enérgico rechazo por parte de los principales políticos.
«Ni una palabra de los líderes del Congreso en respuesta a esta declaración asesina y de abierto apoyo al genocidio», dijo Jewish Voice for Peace Action en X.
Los mismos políticos que pasaron por alto su comentario son los que criticaron en noviembre a Rashida Tlaib, la única estadounidense de origen palestino en el Congreso, por sus críticas a Israel.
El Council on American-Islamic Relations (CAIR) ha pedido a todos los miembros del Congreso que condenen al congresista republicano Andy Ogles por aparecer llamando al asesinato en masa de palestinos.
El director adjunto de CAIR, Edward Mitchell, dijo en un comunicado: «Si un miembro del Congreso hubiera llamado a matar a todos los niños israelíes, toda la clase política estadounidense condenaría legítimamente tales comentarios y pediría, como mínimo, la censura».
