La reciente, y creciente, avalancha judicial contra el PSOE está dejando ver de nuevo los déficits que arrastran muchos demócratas a la hora de conocer los rasgos y el funcionamiento del llamado tercer poder. Ya en abril del pasado año dijimos algunas cosas sobre ello en Crónica Política, pero esta falta de conocimiento se está poniendo de manifiesto, cada día más, merced a lo que está sucediendo en torno al PSOE, singularmente en el entorno más próximo al Dr. Sánchez.
De aquí provienen ciertos exabruptos, ciertas menciones al llamado “lawfare”, muchos recursos al “y tú más” y, sobre todo, el uso de todo ello para llamar a rebato a la defensa del actual Gobierno.
Ya en el citado artículo de abril del año pasado, luego de recordar lo imprescindible de la institución judicial en cualquier estado democrático, argumentamos en contra de la existencia de eso que llaman “fachosfera judicial”. Argumentamos que no se trata de que haya jueces «franquistas» o «demócratas». Pues quienes, de manera razonada, pueden recibir esos calificativos sin comillas siempre serán unos pocos. Lo que sí afirmamos, entonces y ahora es que la institución judicial, como todo órgano político, también participa en la lucha de clases. Lo que significa que siempre es un instrumento de la clase dominante y que esto, ahora y aquí, significa favoritismo hacia los poderosos y agresividad contra quienes carecemos de poder.
Así se explica el miserable intento, sustentado por un fiscal cuyo nombre nos negamos a escribir, de llevar a la cárcel a uno de los mayores poetas españoles del presente, además de persona de la máxima dignidad y auténtico sabio: una honra absoluta para nuestro país. Evidentemente nos referimos a Jorge Riechmann y también queremos recordar a sus compañeros de avatar, no por menos famosos menos dignos. Esto sí que es un atropello fiscal y judicial, pero como se trata de personas ajenas al poder económico y político, nada de ello ocupa a los grandes medios de comunicación. Y, lo que es peor, tampoco parece generar mucha preocupación entre los adalides oficiales de la oficial izquierda que sufrimos.
Desde luego lo que sucede en España es exactamente igual a lo que sucede en cualquier otro país capitalista, aunque abundan en las filas de esa izquierda oficial quienes, seguramente por resabios “fraguistas”, afirman que España es diferente. Mas basta con recordar el calvario judicial sufrido por J. Assange a manos de la “justicia” británica, o el que ahora padecen los integrantes de “Palestine Action”, o el popular aforismo norteamericano sobre “cuanta justicia puede ud. comprar”, para advertir lo falso de esa afirmación.
Claro que cuando se afectan a intereses, económicos y políticos, y a personas poderosas las cosas ya no son tan sencillas. Aquí sí que intervienen ya sesgos de posición banderizos y tomas de postura en función de defender carreras profesionales. Sin embargo, esto no quiere decir que la institución judicial, como tal, haya decidido “dar un golpe de estado” o “mirar sólo hacia un único lado”. Obviamente, como muestra su historia de los últimos 40 años, la institución judicial española ha tratado siempre con guante de seda tanto al PSOE, como al PP. Y, seguramente, con más blandura todavía al PNV y a la antigua CiU y sus posteriores reencarnaciones (ahí está J. Pujol para que lo veamos). Cuando la situación era imposible de encubrir había sentencias duras, para unos y para otros. Incluso prisión, siempre suavizada rapidamente, en ciertos casos (Conde, Rato, Vera).
¿Hay alguna novedad ahora? Sí que parece que algunos sumarios no son tan precisos como deberían. Por ejemplo, el caso de la esposa del Dr. Sánchez es un caso de libro de influencias políticas torticeras para obtener ganancias personales, pero no parece tener mucho sustento judicial. Es decir, requiere una respuesta política democrática más que un proceso penal. No obstante este caso, por seguir con el mismo ejemplo, no se basa sólo en la investigación de un juez de cuyos motivos podría dudarse, sino que ha sido apoyado en instancias judiciales superiores. En esto se basan quienes hablan de golpes judiciales y similares, pero esto tiene una explicación mucho más simple.
Las necesidades políticas del Dr. Sánchez (cómo seguir ocupando la Moncloa a toda costa) le han venido obligando a torcer algunas varas judiciales: el caso paradigmático es la famosa amnistía “constitucionalizada” de urgencia por el TC. Todo ello ha venido enfrentando al Gobierno con la institución judicial, enfrentamiento agravado por la verborrea incontinente de algunos ministros más aptos para el “clickeo” que para una cartera ministerial. Desde el otro lado el Consejo General del Poder Judicial, presidido por una mujer nada sospechosa de “facherío”, ha procurado siempre rebajar la tensión y no echar más leña al fuego con declaraciones altisonantes. Pero por debajo de esto la institución judicial se iba posicionando. No politicamente, pero sí corporativamente.
Todas las grandes instituciones de un estado son corporativas y algunas (ejército y policía) en grado sumo. La judicial lo es y además posee los medios y los conocimientos para usar ese corporativismo en defensa de lo que estima son sus facultades y atribuciones. En realidad, desde su punto de vista, lo que está haciendo se asemeja a la legítima defensa en contra de un ataque inmerecido. Por esta razón le quedan ya tan pocos partidarios al Gobierno en el seno de la institución, tanto en la parte judicial como en la fiscal. Apenas los que defienden su carrera personal, cuando lo lógico y lo que siempre ha sucedido, es que debería tener muchísimos más, ya que para algo son el Gobierno.
Es pues el corporativismo y no una conjura política lo que está detrás de la situación actual. Situación que de ir agravándose y todo hace pensar que lo hará, puede acabar tumbando al Gobierno sin necesidad de ninguna moción de censura, aparte de lo impracticable de esta.
Lo que hacen y seguirán haciendo los adalides de la izquierda oficial ya es conocido, pero ¿qué deberíamos hacer quienes somos demócratas auténticos? Sobre todo cuando conocemos que todo esto puede hacer que, más pronto que tarde, el presente Gobierno sea sustituido por uno que no querrá conocer límites a la hora de arremeter contra los pocos derechos que aún tenemos los de abajo.
Lo peor sería no reconocer la verdad (esa que siempre es revolucionaria). Por eso no debemos entrar en el “y tú más” y demás exabruptos. No se puede cerrar los ojos ante la podredumbre y corrupción del actual Gobierno (la mayoría de los sumarios que lo cercan están muy bien construidos y razonados), en base a la podredumbre y corrupción de la derecha. La derecha siempre ha sido así y siempre lo será, no le cabe cambio o mejora. Esta es una de las razones del surgimiento de la izquierda: traer aire limpio y claridad moral a la política, a la economía y a la sociedad. Y uno de los motivos del presente descrédito de la izquierda oficial es que no lo ha hecho, ni se propone hacerlo.
Por otra parte los peligros que amenazan a las conquistas sociales aún subsistentes no los va a defender este Gobierno. No lo ha hecho antes, salvo de boquilla, y no lo hará cuando su descrédito y su debilidad son cada vez mayores. La única defensa es el fortalecimiento político de la izquierda. Y esto debe hacerse absolutamente fuera de cualquier relación con el Gobierno actual y de sus representantes personales. Por eso, como decíamos arriba, tenemos que preocuparnos del bosque. Tenemos que estar conscientes del peligro, pero no mentirnos a nosotros mismos. Sólo así seremos capaces de enfrentar al futuro Gobierno que se anuncia. Gobierno cuya llegada no está propiciada por nosotros, que nos limitamos a ver la realidad tal como es, sino por lo actuado por quienes han desacreditado a la izquierda con sus falsedades y mentiras.
No queremos terminar sin hacer una referencia al significado que tiene la fuerte toma de postura corporativa de la institución judicial. El hecho de que un gran cuerpo de la administración sea capaz de provocar lo que está provocando este, no tiene nada de democrático. Ya hemos dicho que no creemos que haya un gran número de jueces “franquistas” en la actualidad, pero tampoco pensamos que quienes actúan en favor del Gobierno lo hagan por motivos “democráticos”. Lo que sí afirmamos es que la institución judicial, como todas, debe estar siempre controlada por los ciudadanos constituidos en poder político, que es lo que significa de verdad la Democracia y no ese espejismo de elegir cada cierto tiempo a la parte de la oligarquía que ha de dirigirnos. Desde luego alcanzar esa situación está muy lejos de nosotros hoy. Igual que lo están la mayoría de las reivindicaciones históricas del pueblo bajo. Pero esto sólo nos obliga a ser más diligentes, preclaros y activos, justo lo contrario de lo que hacen la izquierda oficial y sus representantes.
https://www.cronica-politica.es/que-los-arboles-no-nos-impidan-ver-el-bosque/.
