Expertos y alcaldes analizan cómo puede exportarse el modelo de este pueblo sevillano, con casi una vivienda pública de cada tres.
La grave crisis de la vivienda también tiene su aldea gala: Marinaleda, al Este de la provincia de Sevilla, acumula 300 casas públicas del total de 1.000 que hay en este pueblo jornalero en pleno olivar, casi una de cada tres. Sus inquilinos pagan entre cero y 24 euros de alquiler mensual al Ayuntamiento, que lleva 40 años construyendo viviendas cuya propiedad nunca ha traspasado a los moradores. Esa cuota irrisoria que pagan las familias levanta incredulidad, pero también admiración. ¿Cómo ha podido levantar Marinaleda ese enorme parque público? ¿Cuál es su secreto? ¿Es su modelo exportable a otros pueblos o ciudades?
La respuesta corta de los expertos a esta última pregunta es sí, pero con condiciones: la inversión pública en el ladrillo debe ser continuada durante décadas y debe apostar por el alquiler para así orillar la venta de VPO, que a los pocos años vuelve al mercado y provoca que las viviendas se pierdan como activos para contener el alza de precios. Una apuesta similar a gran escala es Vitoria, que atesora 20.073 viviendas protegidas, aunque son para alquiler y compra, y solo representan el 16% de sus 121.000 hogares, la mitad del porcentaje de la localidad sevillana.
La fórmula más habitual en este pueblo de 2.500 vecinos sin desempleo y que presume de haber eliminado de raíz la especulación inmobiliaria es la autoconstrucción: las familias inquilinas levantan como peones una promoción de casas y luego descuentan su sueldo del precio que pagarán como alquiler. Eso sí, trabajan a ciegas, sin saber qué casa será la suya, designada en un sorteo cuando la promoción ya está acabada, para así asegurar un trabajo equitativo y que todas las casas luzcan por igual.
El urbanismo de izquierdas
“Intentamos que la vivienda esté fuera de la lógica del mercado, que nunca garantiza el derecho a la vivienda. Un urbanismo de izquierdas no debe especular con las necesidades más básicas y lo que debería ser natural, que la gente tenga un techo digno, para otros es una utopía. Hay otros pueblos que hacen viviendas, las visten de VPO, y luego las sacan a la venta por 150.000 o 300.000 euros, como el Ayuntamiento de Sevilla. Esas son VPO para ricos pagadas con fondos municipales”, censura este lunes el alcalde, Sergio Gómez (Con Andalucía, coalición de izquierdas) en el instituto José Saramago donde ejerce como profesor de historia. Mientras, suena como timbre Help! de The Beatles y salen los alumnos.
La apuesta es alta: una gran parte del presupuesto municipal anual de 2,3 millones se destina a la construcción de viviendas públicas, que copan ya seis barriadas gracias a los fondos municipales, regionales y estatales. Ni el regidor ni los concejales cobran sueldos por su función pública, la piscina municipal cuesta 10 euros todo el verano, y tanto el gimnasio como la guardería valen para cada usuario 12 euros al mes.
José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, exalta el modelo público de alquiler de viviendas y recuerda cómo las políticas que cuajan “son siempre sostenidas en el tiempo”. “Igual que en Viena, esto no es de un día para otro”, subraya. El experto pone como ejemplo de buenas prácticas el Gobierno vasco, que desde 2015 solo construye viviendas protegidas para el alquiler, según confirman fuentes de su Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. “El ejemplo es claro: si le doy un título de propiedad y mañana le toca la lotería, no se la puedo quitar. Se ha beneficiado de una subvención enorme y luego la ganancia se la lleva toda usted. Se hace con un capital a partir de un dinero que hemos puesto todos. No es lógico. Estamos muy mal en el mercado del alquiler, no en el de propiedad”, ilustra. Desde los años 60, en España se han construido 6,5 millones de VPO, “y han desaparecido prácticamente todas”, recuerda el experto.
¿Por qué no se ha copiado la apuesta de Marinaleda en otros pueblos? Elena Cortés, consejera andaluza de vivienda entre 2012 y 2015 por Izquierda Unida, empieza por los elogios: “Son los mejores, ra ra rá. Tienen un compromiso político grandísimo”. A continuación, hace autocrítica: “No sé por qué es tan difícil de replicar. Supongo que en IU no tenemos Ayuntamientos tan longevos como Marinaleda y la fragmentación ha impedido convencer a la población de tener viviendas tan asequibles. Es una evidencia que hace falta valentía en los Ayuntamientos, pero también Gobiernos centrales y regionales que impidan la especulación del suelo y la vivienda”. Izquierda Unida tiene 62 alcaldías de los 785 municipios que hay en Andalucía y aboga por reforzar la financiación de los Ayuntamientos para dotarlos con el 33% de los impuestos recaudados.
La robustez del sistema marinaleño de vivienda pública reside en que el Ayuntamiento nunca se desprende de la propiedad y los vecinos son usuarios que pasan las casas a otros cuando se mudan o fallecen. Mientras, la Junta de Andalucía (PP y Vox) rebajó en 2025 el plazo para que las VPO puedan venderse en el mercado solo tras 7, 10 y 12 años desde su adjudicación, en vez de los 30 años vigentes hasta entonces, y sin necesidad de solicitarlo, de forma automática. El PP andaluz defiende su modelo y pone de ejemplo Sevilla capital, donde los anteriores gobiernos socialistas construyeron 83 viviendas en ocho años y el actual tiene 2.202 en construcción directa de la empresa municipal Emvisesa, el 82% en alquiler y el 18% para venta.
Dolores Martos, jornalera de 53 años, paga 24 euros cada mes por su casa con tres dormitorios, dos baños, patio y cochera en la barriada José Domínguez El Cabrero. “Me indigno cuando veo la crisis y los precios de la vivienda en otros sitios. Si yo, que ahora soy pensionista [tras una incapacidad], cobro 700 euros y tuviera que pagar 500 de alquiler, más la luz y el agua, me ahogaría”, comenta. Martos vive en su adosado de 100 metros cuadrados con su marido, que trabajó 120 días como peón. “Él no sabía de albañilería, pero ponía ladrillos y hacía lo que le pedían los profesionales”, matiza. Otro vecino, Manuel Saavedra, comenta: “Somos unos privilegiados, hay gente ganando más que yo y no llega a fin de mes, una tragedia”. El precio medio de una casa pública de 100 metros cuadrados ronda los 50.000 euros, ya que el Consistorio aporta el suelo, los albañiles y la redacción de los proyectos urbanísticos, y no hay intermediarios durante el desarrollo.
Leandro Escobar, profesor de Métodos Cuantitativos de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, valora: “Me parece un ejemplo valioso y parcialmente exportable, pero lo replicable es la creación de un parque permanentemente asequible, no necesariamente el alquiler de 24 euros. Esa cuota no refleja el coste real: detrás hay aportaciones de suelo, recursos públicos y trabajo de las familias. Para reproducirlo harían falta suelo disponible, financiación sostenida, capacidad de gestión y recursos para mantener las viviendas”.
Marinaleda es un caso atípico de lucha jornalera andaluza que tras sucesivas ocupaciones durante una década logró en 1991 la cesión de la finca de El Humoso, y hoy sus cooperativas municipales explotan 1.250 hectáreas de habas, garbanzos, alcachofas y pimientos. Con el tiempo, la tradicional emigración de la población fue menguando hasta lograr el pleno empleo. Desde 1979 hasta 2023 gobernó como alcalde el famoso líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, predecesor de Gómez. En las últimas elecciones municipales de 2023, Con Andalucía ganó con 1.071 votos, mientras que Avanza Marinaleda-Matarredonda obtuvo 795 votos y cinco concejales, con una participación del 90% del censo. “Nos parece muy bien la política de vivienda, siempre hemos votado a favor y me siento muy orgulloso. Eso de hipotecarnos de por vida no casa con el derecho a un techo”, ensalza el portavoz de la oposición municipal, Ángel de Juan, que vive en una casa pública desde hace 26 años.
El alcalde socialista de Estepa, a solo 13 kilómetros de Marinaleda, Antonio Jesús Muñoz, expresa su sorpresa: “Me llama mucho la atención, no sé cómo lo hacen, parece un número de viviendas muy complicado de gestionar. La política de vivienda en autoconstrucción también se implementó en Estepa en los años 90, no sé por qué no se ha repetido, si por falta de suelo o de financiación. Me planteo recuperar esa fórmula porque fue útil”, dice este regidor, en el cargo desde 2017.
La última promoción de 24 viviendas en Marinaleda, pendiente de rematarse, está a la espera de la convocatoria de fondos que debe sacar la Junta, de momento sin fecha pese a que ya ha recibido 136 millones del Gobierno central. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla 7.000 millones para las comunidades autónomas durante cinco años y establece que al menos el 40% debe destinarse a la construcción o adquisición de vivienda. Para Andalucía se han previsto 718 millones. Preguntada al respecto, la Consejería andaluza de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio no ha ofrecido una fecha para publicar la convocatoria y repartir así los fondos ya recibidos entre los Ayuntamientos.
“Si el Gobierno quisiera, intervendría el mercado inmobiliario. La vivienda, como los medicamentos y los alimentos, debe estar fuera de la lógica del mercado. Me invitan más a contar nuestro caso colectivos sociales del norte que organizaciones políticas. Entiendo que porque les ponemos la cara colorada. Al menos en vivienda, la política radical funciona. La Constitución dice que el Estado debe garantizar que no haya especulación”, recuerda el alcalde comunista de Marinaleda.
