El País, 20/X/2026. “La jurista sudafricana afirma en una entrevista con EL PAÍS que “son los civiles quienes más vidas pierden en la guerra moderna”.
Elocuente y firme, Navanethem Navi Pillay, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, mantiene a sus 85 años la pasión y la entereza necesarias para seguir adelante con la labor que ha vertebrado su vida: la defensa de los derechos humanos. Nacida en Sudáfrica, creció bajo el régimen de apartheid y se hizo jurista porque quería saber “cuáles son los derechos de las personas”. El Comité noruego del Nobel ha destacado sus esfuerzos para promover el derecho internacional en un momento en que el Tribunal Penal Internacional (TPI), pero también el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), afrontan ataques por parte de Estados Unidos y su principal aliado, Israel.
Pillay ha trabajado en ambas instancias, pero la mayor embestida por parte de Washington y el Gobierno israelí le ha llegado por haber concluido, en 2025, que el Gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está cometiendo un genocidio en Gaza. Hay otro momento crucial en su trayectoria. En 1998, como jueza en el entonces Tribunal Penal Internacional para Ruanda, formó parte de la sala que determinó que las violaciones y la violencia sexual sistemática eran un componente intrínseco del crimen de genocidio.
Con la agenda a rebosar de viajes y citas desde que fue premiada, atiende a EL PAÍS por videollamada y admite que todavía está “asimilando” la situación.
Pregunta. El Comité Noruego del Nobel señaló que “la paz requiere justicia” cuando anunció su nombre el pasado 9 de octubre. Horas después, Estados Unidos impuso sanciones financieras y comerciales contra el TPI. ¿Cuál es hoy la mayor amenaza que afronta el Estado de derecho internacional?
Respuesta. El recurso a la fuerza, sin duda. Y cuando los Estados poderosos adoptan esa postura y luego consiguen la colaboración de otros hombres poderosos y fuertes. Todo ello son riesgos, cuando, en realidad, el resto de mundo, es decir, la mayoría de la gente, quiere la paz y la justicia como vía para alcanzarla. No quieren más guerras y más muertes. Porque son los civiles quienes más mueren en la guerra moderna, a causa de los drones armados teledirigidos. Los Estados tienen la obligación imperativa de proteger a la población y prevenir delitos como el genocidio. Y debemos defender esos principios básicos incluso en la sociedad civil. Las ONG asumen grandes riesgos para salir a la calle y reivindicarlos.
P. En 2025, y como presidenta de una Comisión Internacional Independiente de la ONU, concluyó que había motivos razonables para afirmar que Israel ha cometido un genocidio en Gaza. Israel y Estados Unidos se le echaron encima. ¿Está segura de las pruebas que recabó? ¿Por qué piensa que estamos ante un genocidio, el peor de los crímenes y el más difícil de demostrar?
R. Analizamos tanto los ataques de Hamás como la reacción de Israel a los mismos, y hemos trabajado como lo haría un tribunal de justicia. No hemos incluido una sola prueba que no haya sido verificada personalmente. Cada equipo llevó a cabo su propia investigación y luego lo reunimos todo. Gracias a mi experiencia previa como juez en el análisis del genocidio de Ruanda [en 100 días de 1994, entre 500.000 y un millón de tutsis y hutus moderados fueron asesinados por el Gobierno hutu y milicias locales], y basándome en la pruebas de los actos contra la población gazatí, junto con las declaraciones de los líderes, se deduce la intención genocida por parte del Gobierno. Pero hemos señalado a tres personas: el presidente, Isaac Herzog, el primer ministro Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, como individuos que deben ser investigados y juzgados por genocidio.
P. Israel y Estados Unidos rechazan de plano sus conclusiones, ¿cree que la respuesta por parte del resto de países democráticos ha sido lo bastante firme?
R. Cuando elaboramos el informe nos exponíamos a las críticas por haber concluido que ha habido un genocidio en Gaza. Cambiaría algunos pasajes del texto si se pudiera demostrar que tal o cual cosa no ocurrió. Pero es que esa no es la crítica que nos llega. Recibimos insultos muy graves y agresivos por parte de Israel y EE UU, que me tachan de mentirosa. No es así. El informe pretende que actúen los tribunales, ya sean nacionales o el TPI, y es significativo que solo estos dos países hayan lanzado acusaciones personales sin entrar en el fondo del trabajo. El Comité del Premio Nobel destacó mi labor en relación con este conflicto y este informe. Eso avala nuestra labor y nos da una idea clara de hacia dónde va el mundo. No buscamos otra guerra mundial, sino el fin de ese conflicto y que prevalezcan la justicia y la rendición de cuentas por estos crímenes.
P. Usted fue jueza y luego presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y en 1998 se consideró que la violación y la violencia sexual sistemática pueden constituir genocidio si se busca destruir a un grupo concreto de personas. Fue un fallo histórico, pero ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en abordar estas agresiones como algo más que un drama frecuente en las guerras?
R. No se trataban como delitos. Revisé algunos manuales militares estadounidenses de la guerra de Vietnam, y allí se animaba a los soldados a tomar a esas “mujeres amarillas” como recompensa por haber luchado bien. Hay quien piensa que solo los asesinatos equivalen a la destrucción de un grupo, así que fue la primera vez que se hizo. Por otro lado, me dijeron que muchas mujeres no testificaban y eso es un mito. Claro que si va a Ruanda un grupo de hombres blancos a celebrar grandes reuniones, como así hicieron, y le preguntan a las afectadas qué les pasó, estas no van a decir en público que las violaron. Las activistas y las ONG han señalado siempre que hay que proteger a los testigos, y como teníamos declaraciones fiables pudimos lograr condenas. Quiero rendir homenaje al valor de las supervivientes de violencia sexual que se atrevieron a dar un paso al frente.
P. Usted nació en Sudáfrica y padeció el apartheid. ¿Siempre quiso ser abogada o jueza?
R. Lo hice porque los que crecimos bajo ese régimen no teníamos derecho y de niña sentía que me gustaría saber cuáles son los derechos de las personas. En aquella situación extrema donde las leyes institucionalizaban el racismo, nosotros no estábamos al tanto de lo que hacía la ONU. Hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todas las personas son iguales. Y el apartheid ha sido declarado un crimen contra la humanidad, pero este tipo de información no llegó al público en general en Sudáfrica hasta que algunos de nosotros, los abogados, recurrimos a los mecanismos externos del derecho internacional. Escribimos cartas y las enviamos a todos los líderes del mundo, desde la entonces primera ministra de la India, Indira Gandhi, hasta la intelectual francesa Simone de Beauvoir. La lucha pacífica de la sociedad civil es un camino difícil pero es el camino que se eligió.
P. El próximo 10 de diciembre recibirá en Oslo en Nobel de la Paz. ¿Ha pensado ya qué dirá en su discurso de aceptación?
R. Asistimos al ataque del Estado de derecho y vivimos tiempos precarios en los que los países ricos demonizan a los pobres. Hablaré de mi trayectoria profesional y la forma en que abordamos estos asuntos. Quiero decirle que, ahora mismo, España es uno de mis países favoritos. Siento una gran admiración por el Rey, al que he calificado de defensor de los derechos humanos. Y respeto que el presidente del Gobierno haya adoptado una postura basada en principios en el conflicto entre Israel y Palestina. También felicito a España por sus constantes esfuerzos en apoyo de la abolición de la pena de muerte.
