Noviembre es siempre un mes muy cargado de actividad. Este año va a ser extrema. En pocos días tenemos una convocatoria de huelga general y unas elecciones generales. Cada una de ellas es de por sí un momento de fuerte tensión.
Este año la situación es más dramática, porque la derecha española ha planteado el envite con una clara propuesta de contrarreforma constitucional. En la línea de retrocesos que se están produciendo en muchos otros lugares. Por ello, lo que salga de la doble convocatoria puede tener efectos importantes para los próximos años.
Hace poco más de un mes, la situación parecía decantada a favor de la derecha. Ceuta podría ser la tumba final del Gobierno. Pero después ha venido la catarsis Maricarmen, que ha generado un punto de inflexión en el que Pedro Sánchez ha vuelto a mostrar su capacidad de entender la coyuntura. La convocatoria de la huelga general trata de ser un punto de apoyo de esta nueva dinámica. Están también las noticias del exterior: las movilizaciones en diversos países europeos, la victoria in extremis de Lula, quizás las elecciones parlamentarias de Estados Unidos… Cosas que animan al personal movilizado pero que no está claro que tengan mucha influencia en una parte importante del electorado bastante ajeno a la política internacional. Lo que esta situación ha supuesto ha sido un cambio de ánimos en los activistas y simpatizantes de izquierdas y es posible que se mantengan movilizados hasta el día de las elecciones.
¿Por qué son unas elecciones especiales?
Todas las elecciones generan cambios. Pero algunas dan lugar a transformaciones más radicales. Como las que encumbraron a Reagan y Thatcher. O, en el caso español, la victoria del PSOE de 1982, que significó el fin de la transición. Las de ahora tienen todas las características de constituir este tipo de coyunturas que pueden generar efectos duraderos. Básicamente, porque el bloque de la derecha plantea un momento constituyente y, si gana y le dan los números, impondrá cambios legales profundos y tendrá un control absoluto de todo el sistema judicial. Y también por un contexto internacional marcado por una oleada reaccionaria presente en casi todos los países.
No se trata de que la ultraderecha haya «colonizado» a la derecha democrática, sino que asistimos a un proceso parecido al de hace cien años, cuando la mayoría de la derecha adoptó una posición radical. Hitler y Mussolini llegaron al poder porque la derecha tradicional lo propició, y en casi toda Europa se produjo una involución parecida. La diferencia con aquel momento es que aquello podía considerarse una reacción ante la Revolución rusa y el auge de movimientos obreros en muchos países europeos. Aún nos faltan mimbres para entender el proceso actual. Intervienen factores diversos. De orden económico: sectores poderosos del capitalismo que ven sus intereses mejor representados por gobiernos autoritarios, como es obvio en el caso de la élite del high tech, o sectores que simplemente desean que sus negocios queden a salvo de movimientos sociales incómodos (desde el lobby petrolero hasta el rentismo urbano y turístico). Estos sectores tienen además la experiencia de la crisis de 2008, donde, a pesar de la clara responsabilidad de las élites económicas, no hubo ninguna respuesta ni social ni política que obligara a un cambio de rumbo. Aprendieron que, de momento, su poder está muy consolidado. Y eso los anima a pensar que pueden avanzar más en una agenda de dictadura capitalista.
Pero hay también otros factores. La política depende también de factores culturales, sociales. El nacionalismo, que constituye uno de los mecanismos más importantes de construcción de consenso es, básicamente, una construcción cultural apoyada en instituciones que lo transmiten y conforman. Lo nacional, en el mundo occidental, lleva años afectado por dos fuerzas diversas: la globalización, que limita el poder de la política local, y la inmigración foránea, que transforma la estructura social. El turismo masivo, por ejemplo, es un fenómeno que se desarrolla en esta encrucijada: es, al mismo tiempo, uno de los productos de la globalización y, a la vez, significa la entrada masiva de gente extranjera en el propio territorio. Por ello, en las resistencias al turismo coexisten tanto exigencias de regulación antiglobalizadora como actitudes de una xenofobia solapada contra los «guiris». Lo nacional, la xenofobia, el racismo, tienen un alto contenido emocional. Pueden generar respuestas sociales poderosas. La fijación en el tema migratorio es producto tanto de la sensibilidad de los sectores sociales más reaccionarios como de que constituye un mecanismo fácil de activar, generador de réditos electorales y que permite solapar el debate sobre otras cuestiones. Reaccionarios y oportunistas entran en este juego.
Si todo ello conspira para el desarrollo de una agenda reaccionaria en casi todas partes, en España juega una cuestión adicional. El país siempre estuvo controlado por unas élites despreciables. Las que provocaron el golpe de Estado de 1936. La transición fue un compromiso, una necesidad de aggiornamento que la movilización popular fue incapaz de llevar más lejos. Pero donde hubo concesiones importantes a las clases populares, tanto en materia de derechos políticos como económicos (aunque sean insuficientes, las políticas sociales que seguimos defendiendo fueron el logro más palpable del cambio; sin él no hubieran emergido las capas medias educadas que en parte predominan en el debate político). La derecha siguió pensando que el país era suyo, que la transición era un trámite que había que superar y que la izquierda ultramoderada del PSOE le tenía que devolver el mando una vez concluida la fase de reorganización. Aznar encarna bien esta posición. Y, de hecho, toda la política posterior del PP, en la oposición y en el Gobierno, ha estado dominada por esta idea. Cuentan para ello con un control abrumador en las estructuras del Estado profundo: judicatura, policía, ejército, alto funcionariado. También con muchos recursos, buenas conexiones con el mundo empresarial y grandes altavoces mediáticos. Sienten que es su hora y van a tratar de explotar al máximo la coyuntura. Lo que no está claro es cuál será su respuesta si, a pesar de todo, de encuestas favorables, de Ceuta, de la corrupción en el PSOE, de la amnistía, de los problemas de la izquierda transformadora… pierden otra vez las elecciones. Las anteriores elecciones propiciaron un puzle parlamentario endiablado, donde Junts consiguió bloquear buena parte de las reformas. Si ahora el resultado fuera distinto y al bloque de la izquierda le alcanzara para gobernar, se abriría un nuevo campo de respuestas difíciles de prever. Aunque sin duda éste debería ser el marco por el que el que hay que pelear hasta el 29 de noviembre.
Huelga general y elecciones
Este proceso estará lleno de giros de guion. El caso «Maricarmen» propició el más prominente. Y la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos mayoritarios ha satisfecho una demanda de los sindicatos de inquilinos. En sus inicios se trató, posiblemente, de una demanda para incordiar a lo que en estos sectores de la izquierda juvenil se considera la izquierda integrada, burocratizada, simple ala izquierda del PSOE. Convocar, en frío, a una movilización laboral por la vivienda sonaba a aventura y, sin el estallido de las movilizaciones pro-vivienda y la convocatoria de elecciones, posiblemente esta llamada no habría tenido lugar.
Hay en esta convocatoria un elemento positivo, la creación de un amplio frente social del que participan tanto los movimientos de inquilinos, todas las fuerzas sindicales y un amplio conjunto de entidades y asociaciones. También que en la convocatoria se han añadido demandas laborales que complementan las que tienen que ver con la vivienda. Va sobre el conjunto de condiciones materiales de la mayoría de la población. Un planteamiento que podría propiciar la generación de un nuevo marco de reconstrucción de una cultura de clase y de relación entre diferentes movimientos y espacios.
Hay también riesgos. Una huelga general tiene siempre un impacto simbólico. Y casi nunca constituye el paro general del país al que aspiran sus convocantes. Lo más próximo a esta huelga catártica fue la del 14D de 1988, que tuvo su «chupinazo» de salida con el apagón televisivo. Pero aquella fue una huelga atípica; era la primera unitaria tras la transición, el PSOE sobreactuó en su contra (y espantó a los pequeños comerciantes) y, posiblemente, hasta algún sector de la derecha se sumó a la fiesta con el objeto de desestabilizar al gobierno. Las siguientes huelgas generales han sido otra cosa movilizaciones importantes, algunas muy duras (las de 1994, 2002 y 2012, contra sucesivas reformas laborales), pero nunca alcanzaron un nivel de contundencia que permita presentarlas como una movida impactante. El éxito siempre es relativo y los medios de comunicación tienen espacio para dar la versión que interesa transmitir a sus clientelas. Si la movilización es contundente, si sirve al menos para difundir ideas, para reforzar solidaridades, es posible que empuje a la movilización del electorado progresista. Pero existe también el peligro de que se produzcan dinámicas fuera de control, como han aparecido en Francia, que puedan ser utilizadas como espantajo y refuerzo de las propuestas autoritarias.
Este temor ya se ha hecho visible en las extrañas movilizaciones de Barcelona y Bilbao. Extrañas no porque grupos de gente joven practiquen robos y destrozos: viven inmersos en un consumismo omnipresente, y para ellos frustrado, y muchos son víctimas de humillaciones sociales. Lo extraño es la forma y el tipo de la convocatoria. Tiene la misma textura que la masiva entrada a Ceuta, gente pobre invitada a participar en una fiesta. Después, muchos acaban siendo sus víctimas. El camino a las elecciones, que de entrada ya era cuesta arriba, estará lleno de sobresaltos.
Cuando escribo esta nota nos llega la noticia del nuevo accidente ferroviario en Urda. Este es otro sobresalto demoledor. La red de trenes de largo recorrido, que ha sido presentada como uno de los grandes logros de la modernización del país, ha protagonizado en pocos meses dos accidentes atroces, por el número de víctimas, impactantes para la mayoría de la gente. Denunciar la incompetencia del Gobierno, al menos de alguno de sus miembros destacados, es tarea sencilla. Lo difícil es saber cuál va a ser su traducción política, pero tras los casos de corrupción y lo de Ceuta, esta es otra carga insoportable. Parece que alguien ha diseñado una trama perversa, y que muchos de los actores clave son incapaces de salirse del papel.
Y, con todo, no nos queda más que tratar de movilizar al electorado para que impida que el malestar se convierta en desastre consumado.
Los dilemas de la izquierda transformadora
Al final el vodevil de la izquierda transformadora se ha resuelto de forma relativamente predecible. La propuesta Rufián ha acabado siendo lo que siempre fue: un deseo vacío de propuestas. La única forma de hacerla operativa era haber creado una especie de Frente Popular, donde todas las fuerzas interesadas se integraran en una única candidatura. Algo que hoy por hoy queda fuera de los intereses y proyectos de los partidos independentistas (Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacionalista Galego), con aversión a jugar en el plano nacional. Y parte importante de sus bases seguramente les darían la espalda si lo hicieran. Sólo en una situación de excepción es posible que avance un planteamiento de este tipo, pero el desafío de las próximas elecciones aún no ha generado esta percepción.
Su propuesta de concentrar el voto en cada circunscripción en la lista de izquierdas más votada tenía un problema grave: en Barcelona la fuerza más votada fue Comuns. De aplicarse el criterio ERC, desaparecía de la mayor circunscripción electoral de Catalunya. Algo impensable y de resultado incierto (es poco creíble que una parte del electorado que fluctúa históricamente entre ERC y Junts lo fuera a votar). Si uno es bien pensado, simplemente opinará que Rufián es un buen comunicador y un político insolvente en cuanto pensamiento estratégico. Si piensa peor, mirará el resultado: el órdago le ha servido para reforzar su papel en el futuro grupo parlamentario de ERC y, además, la operación con Podemos está orientada claramente a debilitar Comuns, rival electoral en Barcelona. Al fin y al cabo, a lo que aspira ERC es a quedar como única fuerza de izquierda en Catalunya (algo que comparte con los radicales de la CUP). Comuns, una formación heredera del PSUC y de otros sectores de la izquierda comunista que ha integrado a gente de movimientos sociales no nacionalistas, es un cuerpo extraño, sospechoso en un mundo donde se pretende una uniformización nacional.
Aunque al final la construcción del Frente Amplio (un nombre algo pomposo, dada la situación) ha salido mejor de lo que podía presumirse. No sólo porque se han intentado encajar las distintas piezas de una forma mejor que lo que fue la creación de Sumar, sino también porque se han conseguido acuerdos significativos con izquierdas periféricas en diferentes comunidades donde estas tienen más implantación. En Catalunya, Comuns ya fue, de hecho, un proceso de confluencia de gran parte de estas izquierdas, y por eso ahí, aunque con tensiones, las cosas son más sencillas. Ha quedado fuera Podemos, algo que era previsible viendo su trayectoria. Es posible que en la dirección de Podemos persista el rencor por haber sido marginados en la construcción de Sumar. Pero creo que esto es una parte menor de la cuestión. Podemos nunca ha sido una organización política normal. Se creó por un grupo de líderes que obtuvieron adhesión mediante un importante proceso mediático. Un aluvión de gente, dirigida por una élite que centraliza el poder y mantiene su fidelidad con referéndums unidireccionales. Un grupo que ha fagocitado a gran parte de sus activistas y dirigentes iniciales. Y que, como puede observarse siguiendo las redes, ha realizado una persistente campaña de glorificación de sus líderes y acoso al resto de sus exsocios. Puede que en ello haya divergencias estratégicas, pero huele mucho a competencia por el liderazgo, pura competencia comercial. Y el pacto con ERC les ha permitido presentarse como promotores de otro modelo de integración de la izquierda y, sobre todo, lanzar un ataque a Comuns, al que ven como enemigo a batir.
Hay sin duda una cuestión estratégica que afecta a la izquierda transformadora. Tiene que ver con el viejo dilema de reforma o revolución, pero en un nivel más modesto. De momento, la revolución está ausente. No hay en ningún actor una propuesta completa de cambio radical, tampoco fuerzas creíbles que indiquen que en el corto plazo esto pudiera suceder. En esta renuncia implícita falta conocimiento de la sociedad en que vivimos, reflexión sobre los efectos indeseables de fenómenos violentos y también ausencia de un pensamiento estratégico fuerte de cómo puede orientarse una transformación social radical que minimice desigualdades y garantice buenas condiciones de vida. Lo que hay es una versión rebajada en cuanto a un programa reformista más o menos radical. El debate es entre en qué medida este programa puede implementarse mediante presencia en el gobierno, política parlamentaria y una cierta presión social, o en qué medida esto sólo es posible si esta fuerza de la izquierda consigue la hegemonía política en un Gobierno futuro, sin desgastarse hasta entonces en la gestión cotidiana.
La experiencia de los dos gobiernos con el PSOE y en muchos espacios municipales no resuelve la cuestión. El PSOE no es un partido transformador, es un producto de una transición pensada en clave de bipartidismo dentro de un orden capitalista. Y con el tiempo ha enlazado muchas complicidades con los poderes económicos. Todas las experiencias de coalición muestran que los avances se consiguen con mucho forcejeo (cuando no son boicoteados), pero, a pesar de todo, en todo este último ciclo se han conseguido victorias significativas. Menos en la última legislatura, por la propia composición política del Congreso. A corto plazo, esta parece la única vía posible para arrancar nuevas reformas de calado. El problema está en que para conseguirla hace falta una presión social que genere movimientos sociales, y esto precisa de otras dinámicas de trabajo. A menudo estos movimientos acaban fuera y enfrentados a la política institucional, como competidores más que como espacios cooperativos. Los promotores de muchos de estos movimientos no quieren mediaciones; en muchos casos llevan muchos años peleando por causas justas y hay mucha frustración en la falta de resultados.
Hay un problema político y otro organizativo entre los cuadros más capaces en la negociación, por un lado, y el lado activista que trata de organizar a la gente. Esto es visible tanto en el campo de la acción política (los activistas de los partidos y la gente de los movimientos) como en el mismo sindicalismo: a CCOO y UGT les cuesta conectar con los espacios laborales más precarios, incluso con los sectores radicalizados de las industrias tecnológicas. Y en cierta forma esto es lo que se traduce, aunque de forma perversa, en la pelea entre el Frente Amplio y Podemos y otras formaciones radicales (Adelante Andalucía, la CUP…). Entre los primeros hay muy buenos cuadros, bregados en las luchas en las instituciones. En los segundos, mucha gente que busca atajos, movilizaciones ganadoras. (De hecho, Podemos no es ni lo uno ni lo otro, es más una plataforma que promueve un discurso radical a una clientela poco activa). Resolver este dilema, buscar mediaciones entre los dos espacios y las dos dinámicas, constituye uno de los problemas centrales que esta izquierda se tiene que plantear antes y después de las elecciones. Tanto si se ganan, y vuelve a ser posible un Gobierno de coalición, como si se pierden y nos tenemos que enfrentar a una ofensiva reaccionaria en todos los campos.
Ahora toca huelga general y votar
Sabemos de nuestras miserias. De nuestras debilidades. Somos conscientes que estamos ante una situación que puede ser muy crítica. Es el momento de centrarse en lo esencial: las movilizaciones de los próximos días. De aprovechar las inciertas alianzas que se han forjado para generar dinámicas de cooperación y confianza. Podemos perder, las encuestas siguen tozudas, pero no podemos dejar de luchar.
Y debemos empezar a pensar cómo encarar el futuro inmediato. Porque sea cual sea el resultado electoral, la ofensiva reaccionaria no parará. Los problemas de todo tipo que la enmarcan siguen presentes. Se requieren cambios de calado hasta ahora bloqueados. Y sólo podrán conseguirse con un cambio de hegemonía, con fuerza y organización.
https://mientrastanto.org/261/notas/un-mes-decisivo/.
