Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
El ciclo de movilizaciones masivas se ha cerrado por el momento; también en el Departamento de Puno. Subsisten no obstante focos que mantienen diferentes formas de protesta. En Puno vinculados al rechazo de Boluarte y el resto de reivindicaciones políticas: en Desaguadero impidieron que el ejército izara una gran bandera peruana en la plaza central; en Ilave sigue el paro y el bloqueo del puente de comunicación con Bolivia; en la provincia del Callao (Puno) han rechazado el nombramiento de prefectos y subprefectos. En el Norte relacionado con los desperfectos de las lluvias torrenciales de marzo y la incapacidad del estado para hacerles frente. La desaprobación de Boluarte y del Congreso sigue en las cotas del ochenta por ciento. Pero por el momento se ha desvanecido la amenaza -para el gobierno- de un vuelco político.
El protagonismo lo está teniendo el poder judicial, en el frente de la corrupción y de la represión. Ayer consiguió por fin la extradición del ex-presidente Alejandro Toledo, tema de portada desde hace semanas; acusado de haber aceptado sobornos de Odebrecht se arriesga a más de veinte años de condena (ha pedido que se le evite la cárcel y pueda cumplirla a domicilio). Va a ser el chivo expiatorio de la crisis político e institucional; lo que no quiere decir que no se merezca proceso y condena. En otro nivel siguen las acusaciones de corrupción en tres frente principales: contra Boluarte por financiamiento ilícito de su campaña; contra Keiko Fujimori, por negocios corruptos; y contra la fiscal suprema, Patricia Benavides, por haber falseado su curriculum – incluido una tesis de doctorado que no aparece- para conseguir el cargo (¿os suena?).
En el de la represión no hay más detenciones -muy oportunas- de antiguos senderistas, ni más procesos a manifestantes, o no se les da notoriedad pública. Sigue adelante el proceso contra Castillo, al que ahora se le pide renovar la prisión preventiva por 36 meses más; y siguen las dudas sobre la legalidad y la proporcionalidad del proceso, habida cuenta de que en definitiva lo de Castillo no fue un acto consumado, sino solo anunciado. Ahora lo más candente es el proceso contra su última jefa de gobierno, Betsy Chávez, y dos colaboradores más, acusados de participar en el supuesto autogolpe de Castillo; el 26 el juez decidirá si dicta contra ellos 18 meses de prisión preventiva. Veremos, será una decisión importante que abrirá la hipótesis judicial de supuesta conspiración para el golpe (que en todo caso solo parece, extrañamente, afectar a civiles, a políticos). El siguiente en la lista será Aníbal Torres, quien ha casi admitido públicamente que se presentará a las próximas elecciones; lo haría al frente de un movimiento por decirlo así «castillista».
La presentación de Torres no solo preocupa a la derecha. También a la izquierda, en particular a Perú Libre, que acabó completamente enfrentado a Castillo y que considera a Torres un advenedizo caudillista, con pasado fujimorista en los noventa; hay que recordar que en el voto de destitución de Castillo Perú Libre se dividió a partes casi iguales entre los que votaron a favor de ella y lo que lo hicieron en contra, por la abstención o no participaron en la votación. Lamentablemente no veo que por ahora «castillistas» y «perulibristas» recompongan la coalición que les dio la victoria relativa en 2021. No es buena noticia. Tampoco parece que haya por ahora elementos de sintonía con los grupos de Juntos por Perú. Y tampoco hay novedades sobre la esperanza de configuración de un centro-izquierda, «socialista y liberal,» es decir socioliberal, que en medios como en La República defendieron con ahínco en el momento álgido de las movilizaciones de enero-marzo.
Eso es lo que hay. Seguiré resumiendo cuando haya acumulación de novedades significativas.
