Cuando la ley protege lo que la gente considera ilegítimo: Polanyi, Thompson y el desalojo de una mujer de 87 años.
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En los últimos días, miles de personas han salido a las calles de toda España para protestar contra el desahucio, ya consumado, de Maricarmen. El procedimiento por el que esta mujer de 87 años fue desalojada de su vivienda fue totalmente legal, pero la sensación de injusticia se ha extendido tanto que su caso se ha convertido en un símbolo. En respuesta a la indignación pública, y ahora también bajo la presión de un campamento de protesta en la Puerta del Sol de Madrid, el Gobierno se ha apresurado a negociar una nueva medida para abordar algunos aspectos del problema de la vivienda: aquellos que permiten la aritmética parlamentaria y la urgencia del momento.
Sin embargo, no todos se oponen a este desahucio. En la prensa conservadora también hemos leído a comentaristas que celebran que se haya respetado la ley, argumentando que proteger los derechos del propietario es más importante. Algunos incluso han culpado a Maricarmen de su propia situación, por haber desaprovechado la «oportunidad» de comprar el piso cuando los precios aún eran bajos. Estas dos posturas, la de quienes defienden un desahucio legal y la de quienes se oponen a él, son antagónicas. Pero el caso de Maricarmen es mucho más que una disputa entre un propietario y una inquilina. Forma parte de una tensión histórica que ha acompañado al capitalismo desde sus orígenes: el choque entre las necesidades sociales y la lógica del mercado. Como estamos viendo estos días, esa tensión se cristaliza con gran fuerza en la crisis de la vivienda y nos enfrenta a asuntos pendientes mucho más ambiciosos que un simple Real Decreto.
La ‘renta antigua’: un instrumento para proteger a los inquilinos
Cuando la familia de Maricarmen se mudó a su casa en el barrio del Retiro de Madrid en 1956, lo hicieron bajo un contrato del tipo que ahora llamamos renta antigua . Se trata de un tipo de contrato de arrendamiento que se renueva automáticamente y cuya renta se congela. Su padre lo firmó y, a su muerte, el contrato pasó a su madre, como permitía la ley entonces. Pero para cuando su madre falleció en 2005, la ley había cambiado y ya no se permitía una sucesión posterior. La propiedad del piso, que había pasado de una familia a una empresa de inversión inmobiliaria, sabía que poseía un activo con una rentabilidad inferior a la del mercado. En 2020, a Maricarmen se le ofreció la oportunidad de comprar su casa por 247.000 €, dinero que no tenía, y cuando rechazó la oferta, el piso se vendió a otra empresa. El nuevo propietario, la ahora tristemente célebre Urbagestión, exigió que la renta se elevara de los 500 € mensuales del contrato anterior a 2.650 €. Con una pensión de Maricarmen de 1350 €, la situación era simplemente insostenible, por lo que los propietarios iniciaron acciones legales para desalojarla. A pesar de la resistencia de los vecinos, el desahucio se llevó a cabo al cuarto intento. Y entonces estalló la polémica.
Lo primero que cabe destacar es que el instrumento que protegió a Maricarmen durante casi toda su vida fue la renta antigua . Los conservadores han insistido en que es producto del franquismo, pero esto solo es parcialmente cierto. Si bien la ley que lo codificó data de 1946, los orígenes de estas medidas en España se remontan a los debates parlamentarios de 1919-1920. Dichos debates estuvieron fuertemente influenciados por el contexto internacional: desde el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el control de los alquileres se había generalizado en todo el mundo. Para entonces, el acceso a la vivienda en España ya se había convertido en una cuestión de orden público, especialmente en grandes ciudades como Madrid.
Leer las actas de esos debates parlamentarios resulta instructivo, pues resuenan con sorprendente actualidad. El diputado socialista Julián Besteiro afirmó que «la demanda de viviendas, de habitaciones, se rige por la especulación, por la avaricia, por el afán de lucro de los propietarios», y criticó al Ayuntamiento de Madrid por ser «una especie de oficina que encarece la vida». Por su parte, el republicano Barriobero recordó a la cámara que «la vivienda es un bien de primera necesidad» y que «el comercio de viviendas debe declararse ilícito». Surgió una especie de consenso parlamentario entre liberales, republicanos y socialistas para proteger a comerciantes, industriales y residentes de la avaricia de los rentistas a quienes, como resume el historiador Miguel Artola en su estudio del debate, se les permitía obtener rentabilidades superiores a las de la deuda pública. Hoy, por cierto, esa diferencia es cinco veces mayor, como vimos en este análisis. El debate llevó al gobierno a introducir la renovación obligatoria de los contratos de alquiler en las grandes ciudades y a limitar los aumentos de renta tomando como referencia los precios vigentes en 1914. Ahí reside el precedente de la renta antigua , y tanto la Segunda República como el régimen franquista mantuvieron en gran medida estas protecciones para los inquilinos.
La mercantilización y la economía moral
Como sociedad, hemos llegado a considerar la existencia del mercado inmobiliario como algo natural, dando por sentado que siempre ha existido en su forma actual. En realidad, se trata de una institución muy reciente. A lo largo de la historia, las clases trabajadoras y oprimidas han obtenido vivienda como parte de otras relaciones sociales o económicas. En el campo, los campesinos pobres construían sus propias casas; los más afortunados tenían acceso a una vivienda anexa a la tierra que cultivaban para el señor feudal, y muchos otros vivían directamente en las viviendas del propio señor. En las ciudades, los trabajadores subsistían como inquilinos en viviendas subvencionadas por los jefes locales, en los talleres gremiales donde se formaban y trabajaban, o en nuevos edificios públicos cuyos alquileres solían estar congelados. La idea de que las personas deben recurrir al mercado para encontrar un techo sobre sus cabezas, y que el precio es el principal mecanismo para decidir quién lo obtiene, es una construcción histórica del capitalismo. Como lo expresó el antropólogo Karl Polanyi, construir la sociedad utópica del mercado autorregulado requería separar a los seres humanos de la tierra y tratarlos a ambos como meras mercancías.
Para Polanyi, sin embargo, el trabajo y la tierra eran, de hecho, mercancías ficticias. Con esto quería decir que eran elementos de la vida que no se habían producido para la venta, pero que, bajo la lógica capitalista, se trataban como cualquier otra mercancía. Polanyi sostenía que la sociedad capitalista era una excepción en la historia de la humanidad, porque había logrado subordinar todos los aspectos de la sociedad a la lógica del mercado, es decir, a la dinámica de los precios. Su tesis era que había algo antinatural en este proceso, de modo que cada vez que una ola de mercantilización arrasaba la sociedad, surgía un «contramovimiento» que buscaba protección contra ella. Después de todo, hacer que dimensiones centrales de la vida, como el trabajo o la vivienda, dependieran del mercado significaba aumentar el nivel de ansiedad e incertidumbre en las expectativas de las clases trabajadoras, que hasta entonces, independientemente de otras privaciones y dificultades que padecieran, habían disfrutado de ciertas certezas y seguridades bajo órdenes sociopolíticos anteriores.
Como también ha demostrado Sven Beckert, la expansión del capitalismo no consistió simplemente en la aparición de los mercados, sino en la progresiva subordinación de las instituciones y las relaciones sociales a una lógica de acumulación. Además, cada etapa de mercantilización encontró su propia resistencia, que surge del choque entre los valores y principios de los distintos grupos sociales y dicha lógica. Y cuando la ley se diseña y aprueba para garantizar un orden social mercantilizado, puede abrirse una brecha entre la legalidad (determinada por quienes gobiernan) y la legitimidad (moldeada por los valores y la moral de la población). Es precisamente ahí donde nos encontramos al analizar el desalojo de Maricarmen: la resistencia provocada por la aplicación de una ley que antepone los derechos del propietario al derecho a la vivienda del inquilino. O, como diría un viejo amigo, una ley que antepone el valor de cambio al valor de uso.
Esta brecha entre lo legal y lo legítimo fue estudiada por el historiador marxista E.P. Thompson, quien examinó en detalle cómo reaccionaron los trabajadores rurales ante los proyectos de mercantilización de la tierra y el trabajo llevados a cabo por los capitalistas ingleses en el siglo XVIII. Para Thompson, era evidente que lo que inspiró los disturbios y levantamientos de la época no fue solo el hambre, sino el deseo de aferrarse a costumbres y usos que estaban siendo destruidos por el avance de la mercantilización y el capitalismo. Al igual que ocurre hoy con los desalojos, estas personas sabían que el despojo que sufrían era legal, pero cuestionaban con vehemencia su legitimidad. Buscaban protección y, a veces, la encontraban en los rasgos paternalistas de sistemas anteriores, por muy jerárquicos y patriarcales que fueran, como ha demostrado Nancy Fraser. Thompson denominó a esta perspectiva la «economía moral»: una forma de comprender las relaciones económicas en la que importaba algo más que los precios y la lógica del mercado. La contrapuso a la abstracta «economía política» defendida por quienes apoyaban el avance de la mercantilización. Cabe añadir, sin embargo, que ni siquiera economistas políticos como Adam Smith pudieron imaginar hasta dónde llegaría la mercantilización de la vida. De hecho, hoy en día, la frontera de la mercancía capitalista alcanza incluso el útero femenino y, en algunas regiones del mundo, otros órganos vitales. La expansión de la lógica de mercado tiende a extender las relaciones mercantiles a ámbitos previamente regidos por normas sociales, políticas o comunitarias, generando las fricciones y la resistencia que describieron Polanyi y Thompson.
Un elemento central de esta historia es que cada avance de la mercantilización se ha insertado en una narrativa de modernización. En la medida en que los pilares de seguridad de las clases trabajadoras, ya sea un hogar o un empleo estable, provenían de órdenes feudales o preindustriales, todo el proyecto ilustrado de modernización social consistió en erosionar esos sistemas mediante la mercantilización. Solo cuando los resultados fueron tan brutales que amenazaron el orden público, como sucedió en Inglaterra cuando oleadas de pobres inundaron las ciudades, se retomó la llamada «cuestión social». Esa cuestión social es, por ejemplo, la que se debatía en 1920 en la discusión sobre la avaricia de los terratenientes, y fue lo que permitió reintroducir límites a la mercantilización de diversas esferas de la vida. Pero la existencia de esos límites no impidió que siguiera predominando la idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos y que, por lo tanto, la mercantilización es un signo de modernidad.
Cuando el Partido Socialista desmanteló las protecciones que la renta antigua ofrecía a algunos inquilinos en 1984, también habló de modernización. En su opinión, este instrumento era una reliquia del pasado que frenaba el potencial de desarrollo económico. El argumento continuaba afirmando que se trataba de leyes franquistas que debían quedar atrás, ignorando el hecho de que, en realidad, eran vestigios de una lucha anterior ligada a la cuestión social y al bienestar y la tranquilidad de las familias trabajadoras. Las posteriores reformas de vivienda favorecieron este enfoque, en el que la capacidad de cualquier persona para obtener una vivienda está determinada únicamente por su poder adquisitivo. La consecuencia inmediata fue una mayor segregación social entre barrios, pero también la falta de atención a la creación de grandes parques de vivienda pública y social como los que existen en otros países. Cuando la inflación de los activos financieros, el crecimiento económico y el crecimiento demográfico convergieron al final de la pandemia, el ajuste del mercado recayó principalmente sobre los sectores más pobres y vulnerables de la clase trabajadora. El desahucio de una mujer de 87 años es, por lo tanto, solo la punta del iceberg de la gran cantidad de personas que pierden sus viviendas (y no solo por desahucio) simplemente porque no tienen suficiente dinero. Valor de cambio por encima del valor de uso.
Conclusiones
Las multitudes que salieron a protestar contra el injusto desahucio de Maricarmen son, desde esta perspectiva, una clara expresión de la «economía moral» de Thompson. No es necesario, y de hecho es improbable, que los miles de manifestantes conocieran las bases legales que, para jueces y policías, justificaban el desahucio. Tampoco es necesario, y de nuevo improbable, que esta multitud compartiera una única visión de cómo debería organizarse la vivienda en España. Lo que sí existía, y lo que hoy en día se manifiesta como la punta del iceberg de un problema más profundo, es el reconocimiento de que algo falla en la relación entre legalidad y legitimidad, y específicamente en la función principal que debería asignarse a la vivienda: como valor de uso (para vivir en ella) o como valor de cambio (para invertir en ella).
Esto significa que lo que nos espera es, ante todo, un debate moral y político. No se trata de optimizar los recursos ni de aplicar correctamente las leyes vigentes, sino de algo primordial: cómo organizar los recursos para brindar protección y seguridad a las familias trabajadoras, especialmente a las más vulnerables. El resultado del Real Decreto del próximo martes será, por tanto, una escaramuza en una larga batalla, tan larga que en España su precedente documentado se remonta a más de cien años. Algo falla en el sistema, y la gente lo percibe. Y conviene recordar que una sociedad siempre entra en crisis cuando la ley protege lo que una parte creciente de la población considera ilegítimo.
