El País, 12/07/2026. “Las medidas burocrático-legislativas se han mostrado ineficaces para erradicar la pobreza material severa en la que viven 700.000 catalanes.”
Cuando el 12 de julio de 2017 se aprobó con estupenda y constructiva unanimidad en el Parlament la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la pobreza material severa alcanzaba a un 6,7% de la población en Cataluña. La propuesta procedía de una iniciativa legislativa popular (ILP) y coronaba la RGC como un derecho subjetivo: exigible –cumpliendo las condiciones previstas en la ley– al Estado. Eran tiempos del procés y nadie quería parecer de derechas. La política debía limitarse a traducir lo que se dio en denominar “el mandato del pueblo”. Con el tiempo, los buenismos se esfuman y los datos emergen en toda su testarudez. La realidad es terca y actualmente dibuja un fresco en el que la pobreza extrema crece –dos puntos por encima respecto a la de 2017– y disminuye objetivamente el número de beneficiarios de ese derecho subjetivo de la renta garantizada.
Desde marzo de 2025 hasta el pasado febrero han descendido en 16.110 las personas que perciben la prestación total o parcialmente (de 143.019 a 126.919). Hoy, tras una pandemia y un procés, cuando todos estábamos sensibilizados y habíamos entendido el mensaje, la tasa de pobreza extrema alcanza al 8,9% de la ciudadanía: más de 700.000 personas, según datos de la Generalitat.
Las medidas adoptadas por las diferentes administraciones se han revelado incapaces de extinguir totalmente ese incendio llamado pobreza severa que consume la existencia, entre otros, de 179.000 niños. Ahora mismo, con datos de la Sindicatura de Greuges, solo un 13,3% de la población en situación material extrema percibe la Renta Garantizada de Ciudadanía. Si a ello se suma el número de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, de cobertura estatal, solo el 41,5% de los más pobres tiene acceso a este tipo de subvenciones que deberían ir destinadas a ellos. El Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), adscrito a la Generalitat, ha constatado que la tasa de cobertura de la prestación es totalmente insuficiente y que no permite a las familias, sobre todo con menores, salir de la situación de pobreza severa. La tasa de riesgo de pobreza en el trabajo es de casi el 12% entre las personas asalariadas, según Ivàlua.
Con datos tan desalentadores es a todas luces necesaria la revisión de la ley actualmente en vigor en el Parlament de Catalunya. Pero como en cada colada se pierde una pieza, tanto la comisión promotora de la ILP como la Taula d’Entitats del Tercer Sector han remitido una carta a los grupos parlamentarios proponiendo, entre otras cosas, acortar plazos para la obtención de la prestación y racionalizar y corregir la gestión tanto de la Renta Garantizada de Ciudadanía como del Ingreso Mínimo Vital y unificar finalmente su trámite en una sola ventanilla. Se trata de ayudas de mera subsistencia que oscilan de los 801,85 euros mensuales para una persona –de la RGC– hasta los 733,60 del Ingreso Mínimo Vital. El caso es que a estas alturas de inteligencia artificial sigue siendo imposible desglosar las prestaciones, que suele ser IMV íntegro y complementado con parte de la Renta Garantizada. Todo ellos mientras en el mundo real el alquiler medio en Barcelona ronda los 1.155 euros mensuales.
Es cierto que la izquierda ha adoptado, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, medidas para hacer más soportable la vida a los sectores sociales más débiles y vulnerables. Pero es preciso persistir en ese esfuerzo, máxime cuando la derecha hace caer los escudos sociales o el Tribunal Constitucional acaba con la protección a la pobreza energética en Cataluña por considerarla una medida que vulnera “competencias exclusivas” del Estado. Es más necesario que nunca que la izquierda, desde lo que esté a su alcance –intersticios incluidos– , acompase discurso y gestos.
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