DEL COMPAÑERO Y MIEMBRO DE ESPAI MARX, CARLOS VALMASEDA.
ÍNDICE
1. El imperialismo y Venezuela.
2. Más sobre el conflicto Arabia Saudí-EAU.
3. Más sobre el petróleo venezolano.
4. Escobar sobre el petróleo venezolano.
5. Boletín del Tricontinental sobre Venezuela.
6. La frivolidad belicosa de los imperios seniles.
7. Guerra contra todos.
8. Sudáfrica a 30 años del fin del apartheid.
1. El imperialismo y Venezuela.
Pedregal enmarca lo sucedido en Venezuela con un análisis más amplio sobre la fase actual del imperialismo.
https://www.elsaltodiario.com/venezuela/guia-integral-del-imperialismo-venezuela
La guía integral del imperialismo en Venezuela
Alejandro Pedregal
9 ene 2026
El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a manos del imperialismo estadounidense marca una nueva y gravísima escalada en la agresión sostenida contra la soberanía de Venezuela. Lejos de tratarse de un hecho aislado o excepcional, este episodio se inscribe en una ofensiva prolongada que combina guerra económica y financiera, deslegitimación política, coerción militar y producción de consenso mediático y hegemonía cultural. Frente a la confusión informativa, la propaganda y la proliferación de narrativas especulativas, este artículo propone un marco de análisis para comprender la lógica estructural del imperialismo contemporáneo y situar este ataque en el contexto del asedio que Venezuela viene sufriendo desde hace décadas.
Imperialismo y sistema-mundo capitalista: un marco de análisis
Desde la perspectiva del análisis de sistemas-mundo, el capitalismo no se entiende como una suma de economías nacionales aisladas, sino como una totalidad histórica estructurada por relaciones jerárquicas de dominación y dependencia, articuladas a través del intercambio desigual. En este marco, el imperialismo no constituye una deformación coyuntural ni el resultado excepcional de crisis o guerras concretas, sino la dimensión constitutiva del sistema-mundo capitalista, inseparable de su lógica histórica de expansión y de su necesidad permanente de acumulación a escala global.
El imperialismo puede definirse, así, como el modo jerárquico mediante el cual se organiza la captura, transferencia y apropiación del valor en el mundo. Este proceso se basa en la subordinación estructural de unas sociedades a otras dentro de una división internacional de la producción y el trabajo que separa a los países que no retienen el valor que producen de aquellos que lo capturan y concentran gracias al intercambio desigual. Esta jerarquización configura los polos clásicos del sistema —centro y periferia, o Norte y Sur global—, así como espacios intermedios de semiperiferia, donde coexisten dinámicas contradictorias de apropiación y dependencia. El imperialismo, en este sentido, segrega y ordena el mundo para garantizar la acumulación de capital, apoyándose en la extracción barata de trabajo, bienes materiales y energía, y en la externalización sistemática de costes hacia la periferia.
Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social. La dominación económica —basada en el control de los flujos de valor, el endeudamiento, las sanciones o el acceso a los mercados— se ve reforzada por instrumentos políticos y diplomáticos, por la amenaza o el uso efectivo de la coerción militar, y por formas de hegemonía cultural y mediática que contribuyen a legitimar el orden existente en el imaginario social. Estos ámbitos no funcionan de manera compartimentada, sino que se combinan y retroalimentan en distintos grados de coerción y consenso, buscando un equilibrio que permita naturalizar la subordinación imperialista y normalizar la captura de valor como un hecho inevitable o incluso deseable.
La participación activa de los Estados es clave en esta arquitectura de dominación. A través de marcos legales, acuerdos internacionales, dispositivos diplomáticos y, llegado el caso, el uso de la fuerza militar, se crean las condiciones para que las corporaciones transnacionales y las entidades financieras concentren la mayor parte de los beneficios del comercio global. En este contexto, puede hablarse de Estados imperialistas, fundamentalmente situados en el centro del sistema-mundo capitalista, frente a otros Estados cuya inserción estructural es de dependencia, independientemente de sus proyectos políticos internos o de sus aspiraciones de desarrollo. Las distintas fases históricas del imperialismo —colonial, neocolonial y neoliberal— muestran continuidades y rupturas en estas formas de dominación, generalmente asociadas a periodos de hegemonía de potencias concretas, siendo Estados Unidos el actor central del imperialismo contemporáneo.
Este marco permite analizar el caso venezolano no como una anomalía ni como un conflicto estrictamente interno, sino como una expresión concreta de las tensiones del sistema-mundo capitalista y de las formas contemporáneas de agresión imperialista. Las dinámicas económicas, políticas, diplomáticas, mediáticas, culturales y militares que han atravesado Venezuela en las últimas décadas, hasta desembocar en la abierta intervención militar de estos días contraria al derecho internacional, solo pueden comprenderse plenamente si se las sitúa dentro de esta lógica estructural de dominación, captura de valor y disciplinamiento de la periferia.
Venezuela en el engranaje del imperialismo contemporáneo
Situar el caso venezolano dentro del marco del sistema-mundo capitalista implica abandonar explicaciones excepcionalistas o moralizantes y entenderlo como una expresión concreta de las dinámicas estructurales del imperialismo contemporáneo. Lejos de tratarse de un mero conflicto bilateral, de un “fracaso interno” o de una supuesta “deriva autoritaria”, la agresión sostenida contra Venezuela debe leerse como parte de un proceso de disciplinamiento de la periferia en un contexto de crisis, reconfiguración geopolítica y declive relativo de la hegemonía estadounidense.
Desde el inicio del proceso bolivariano, la soberanía venezolana fue objeto de una confrontación sostenida por parte del imperialismo estadounidense y sus aliados regionales. Ya durante la presidencia de Hugo Chávez (1999–2013), esta ofensiva adoptó múltiples formas que anticipan los mecanismos hoy desplegados contra Venezuela. El golpe de Estado de abril de 2002 —respaldado por sectores empresariales, mediáticos y militares, y legitimado de facto por Washington— marcó un punto de inflexión, seguido pocos meses después por el paro petrolero de 2002–2003, un sabotaje económico dirigido a paralizar PDVSA y asfixiar al Estado venezolano. A estos episodios se sumaron operaciones de desestabilización política y financiera, como el financiamiento de la oposición a través de agencias estadounidenses (USAID y NED), la presión internacional durante el referéndum revocatorio de 2004, y la detección de tramas paramilitares vinculadas a Colombia, como la llamada Operación Daktari en 2004.
Estos hechos se inscribieron, además, en un entorno regional crecientemente militarizado, con la expansión de la presencia estadounidense en Colombia y la realización de ejercicios militares que simulaban escenarios de intervención en Venezuela, que incluyen el precedente de la Operación Balboa en 2001, liderada por España en coordinación con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Paralelamente, se consolidó una guerra mediática internacional orientada a erosionar la legitimidad del gobierno bolivariano y a preparar el terreno simbólico para formas más abiertas del uso de la fuerza. Lejos de constituir episodios aislados, estos precedentes revelan una estrategia prolongada de injerencia que combina presión económica, conspiración política, amenaza militar y disciplinamiento discursivo, y que encuentra su continuidad —con medios más radicalizados— en la fase actual de agresión imperialista contra Venezuela.
Así pues, en las últimas décadas —y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010— Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación, en la que se han combinado sanciones económicas, asfixia financiera, deslegitimación diplomática, operaciones de desestabilización política, amenazas militares, acciones encubiertas y una intensa guerra mediática y cultural. Esta articulación de instrumentos responde con claridad a los automatismos del imperialismo descritos anteriormente: un equilibrio relativo entre coerción y consenso destinado a forzar un cambio de régimen con el fin de imponer la sumisión del país a los circuitos de acumulación del capital global.
El eje económico ha sido central en esta ofensiva. Tras la desestabilización interna provocada por las guarimbas en 2014 —que acompañaron al incremento de la financiación directa de Estados Unidos a la oposición—, desde 2015, y de forma cualitativamente más agresiva a partir de 2017 y 2019, las sanciones unilaterales estadounidenses, contrarias al derecho internacional, no solo han castigado severamente la capacidad del Estado venezolano para comerciar, financiarse y sostener políticas públicas, sino que han funcionado como un mecanismo de guerra económica orientado a erosionar las condiciones materiales de reproducción social. Las sanciones financieras impuestas en 2017 bloquearon el acceso a los mercados internacionales de crédito e impidieron la refinanciación de la deuda, mientras que el embargo petrolero de facto instaurado en 2019 contra PDVSA, acompañado de la confiscación de activos estratégicos en el exterior, profundizó el colapso de los ingresos públicos y de la capacidad de importación del país.
Las consecuencias materiales de este estrangulamiento han sido ampliamente documentadas. Estudios del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estimaron que, solo entre 2017 y 2018, las sanciones contribuyeron a 40.000 muertes evitables, al restringir el acceso a alimentos, medicamentos, insumos hospitalarios y servicios básicos, mientras otros estudios elevaron esta cifra a más de 100.000 hasta 2020. Informes de agencias de Naciones Unidas han constatado el deterioro sostenido de los indicadores de salud, nutrición y mortalidad infantil y materna en el contexto del colapso económico inducido. En 2018, un funcionario del propio Departamento de Estado de Estados Unidos reconocía abiertamente el objetivo de esta política al afirmar que las sanciones habían forzado a Venezuela a entrar en default y que el “colapso total” era la prueba de que la estrategia estaba funcionando.
Este proceso de asfixia económica ha ido acompañado de una desposesión financiera directa, en la que han participado activamente instituciones de los países centrales. El caso del oro venezolano retenido por el Banco de Inglaterra resulta particularmente ilustrativo. Bajo el argumento de “no saber quién es el gobierno legítimo”, el Reino Unido se negó a devolver reservas soberanas pertenecientes al Estado venezolano, incluso en plena emergencia del covid. De forma paralela, activos estatales por valor de decenas de miles de millones de dólares fueron congelados en el exterior, y empresas estratégicas como Citgo quedaron bajo control judicial en Estados Unidos, privando al país de recursos fundamentales.
Este eje económico se articuló con una ofensiva política y diplomática destinada a negar la soberanía venezolana en el plano internacional. Tras el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, en enero de 2019 se produjo el reconocimiento inmediato por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados de Juan Guaidó como autoridad paralela, sin haberse presentado ni tan siquiera a las elecciones presidenciales. Esto sería acompañada, un mes después, de un intento de entrada desde la frontera colombiana bajo el pretexto de la “ayuda humanitaria”. Estos episodios pusieron de manifiesto el papel desempeñado por gobiernos, organismos multilaterales y alianzas regionales en la elaboración de un consenso internacional para el cambio de régimen y la intervención, normalizando una interpretación notablemente elástica de la legalidad internacional en favor de los intereses del hegemón.
Cuando estas herramientas no produjeron los resultados esperados, la lógica imperialista recurrió a formas de acción más directas. En agosto de 2018 tuvo lugar el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro mediante drones con explosivos. En años posteriores, se intensificaron los despliegues navales estadounidenses en el Caribe, con incursiones mercenarias como la Operación Gedeón en mayo de 2020 y las recientes operaciones de interdicción bajo el argumento de la “guerra contra el narcotráfico”, que ha resultado en el asesinato extrajudicial y sin pruebas de más de un centenar de personas, de las que se sabe que muchas de ellas eran simples pescadores artesanales de la zona. En este contexto, la declaración del fentanilo como “arma de destrucción masiva” o la criminalización del Estado venezolano mediante narrativas como la del llamado Cartel de los Soles cumplieron con la función de construir un marco moral que legitimara la violencia imperialista ante la opinión pública. Resulta revelador que esta última acusación haya sido eliminada al iniciarse las audiencias judiciales contra Maduro, evidenciando su carácter instrumental y propagandístico.
Por supuesto, este dispositivo coercitivo no se sostiene únicamente mediante la fuerza. La producción de consenso ha sido igualmente clave. Para ello, ha proliferado la promoción internacional de liderazgos opositores, y los reconocimientos y dispositivos simbólicos de legitimación por medio del uso de premios institucionales, desde el Premio Sájarov de la Unión Europea a los ultraderechistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hasta el Premio Nóbel a la primera o el novedoso sainete del Premio de la Paz de la FIFA a Donal Trump. A ello se ha unido una cobertura mediática sistemáticamente sesgada —con la reiteración acrítica de términos como “dictador”, “tirano”, “autárquico” o “régimen” en prensa generalista tanto como en prensa rosa o deportiva— para configurar una estrategia cultural destinada a naturalizar la intervención y a presentar el cambio de régimen como una causa deseable, humanitaria e incluso pacífica. Como en otros escenarios históricos, la hegemonía cultural funciona aquí como complemento indispensable de la coerción financiera y militar, haciendo de la agresión una parte central del sentido común político.
Pero detrás de esta ofensiva no hay solo una voluntad de disciplinamiento, castigo o dominio en términos abstractos. Venezuela ocupa un lugar estratégico en la geografía material del capitalismo global, especialmente por sus reservas energéticas. Aunque el petróleo venezolano es ultrapesado y costoso de refinar, su relevancia no puede evaluarse al margen de la configuración actual del mercado energético global. Venezuela concentra unas de las mayores reservas probadas de crudo del planeta —en torno a los 300.000 millones de barriles, mayoritariamente en la Faja del Orinoco—, un volumen comparable o incluso superior al de grandes productores como Arabia Saudí o Irán, aunque sometido a condiciones geológicas y técnicas complejas. La fuerte caída de la producción —hoy situada en torno a los 900.000–1.100.000 barriles diarios frente a los más de tres millones alcanzados en su pico histórico—, respondería al efecto de las sanciones en la asfixia financiera del país y el consecuente deterioro deliberado en inversión e infraestructuras.
En este contexto, el crudo pesado venezolano adquiere una importancia específica, ya que podría servir para complementar las limitaciones del crudo ultraligero procedente del fracking estadounidense, que se estima insuficiente por sí solo para abastecer la demanda de diésel y otros destilados medios. Además, este petróleo venezolano encaja con la capacidad instalada de las grandes refinerías del Golfo de México, diseñadas precisamente para procesar crudos densos y con alto contenido en azufre. A ello se suma un factor logístico nada menor: la proximidad geográfica —unas 1.500–2.000 millas náuticas frente a las 8.000–10.000 desde Oriente Medio— reduce los costes de transporte (y, por tanto, de uso de crudo) y los riesgos de exposición a los potenciales cuellos de botella estratégicos en Ormuz, Suez o Bab el-Mandeb, en un escenario de creciente inestabilidad global. Esta combinación de reservas, calidad del crudo, infraestructura de refinación y geografía explica por qué el control territorial y logístico del petróleo venezolano, sin ser el único, sigue siendo un elemento de peso en las disputas geoeconómicas contemporáneas, más allá de los relatos coyunturales con los que se intenta justificar la agresión. Pero es que además, el control de estos recursos no solo tiene implicaciones energéticas, sino también financieras y monetarias, al ser parte de una política destinada a reforzar el papel del dólar en el comercio internacional energético con el fin de apuntalar una hegemonía en crisis.
En este sentido, Venezuela aparece como una plaza clave en un repliegue táctico más amplio de Estados Unidos hacia sus esferas de influencia (que incluye el esfuerzo por disciplinar a Europa, Japón y Corea del Sur), en un momento de transformación, combustión y disputa estratégica a escala mundial. No se trata únicamente de renovar la Doctrina Monroe por medio del “Corolario Trump” parareafirmar el viejo “patio trasero” —como los imperialistas estadounidenses menosprecian a América Latina—, sino de consolidar posiciones frente a posibles competidores sistémicos al tiempo que se afianzan dependencias y liberan recursos para el eje central de la confrontación geopolítica contemporánea. El caso venezolano, lejos de ser marginal, se inscribe así en el corazón de las contradicciones del imperialismo en su fase actual, cuando el centro del mismo percibe que ha perdido el control hegemónico sobre el resto.
Hechos frente a conspiraciones: la obligación estratégica de la información frente a la confusión mediática imperialista
El recorrido hasta aquí realizado permite extraer una conclusión fundamental: sin herramientas de análisis estructural, las agresiones imperialistas aparecen como hechos medio confusos, excepcionales o a veces inexplicables, que incluso parecen ser producto de actitudes magolómanas o ataques psicóticos. En realidad, responden a patrones históricos bien conocidos. Comprender el imperialismo como un sistema, y no como una suma de excesos, errores o conspiraciones aisladas, no es un ejercicio intelectual abstracto, sino una condición política imprescindible para poder identificar al agresor, nombrar la violencia y articular respuestas colectivas.
En contextos de crisis, zozobra y desinformación, esta tarea se vuelve aún más urgente. La ofensiva imperialista no se libra únicamente en los planos económico, diplomático o militar, sino también en el campo de la producción de conocimiento. Lo que circula masivamente en esos momentos no es información neutral, sino, en el mejor de los casos, propaganda: relatos diseñados para desorientar, fragmentar, sembrar sospechas y desplazar el foco desde los hechos comprobables hacia un terreno pantanoso de especulación permanente. El último de ellos ha sido el destinado a deslizar la posibilidad de que la hasta ahora vicepresidenta, y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, haya sido la figura que ha traicionado a Nicolás Maduro. Sin pruebas, sin datos, sin nada, la acusación ha permeado los debates de buena parte de una supuesta izquierda en redes sociales que, a merced de los algoritmos, que ni tan siquiera se ha atrevido cuestionar el origen de la tesis, a pesar haber sido propagada de manera profusa por el propio Donald Trump, los servicios de inteligencia estadounidenses y medios con sede en Miami. Esto pone en evidencia que, cuanto mayor es la capacidad de difusión mediática del hegemón, más eficaz resulta su estrategia de desinformación y confusión.
La especulación sin pruebas, la amplificación acrítica de narrativas fabricadas en centros de poder hostiles y la obsesión por tramas opacas terminan haciendo el juego al imperialismo, debilitando la capacidad de denuncia, erosionando la confianza política y fragmentando a quienes deberían estar construyendo respuestas comunes. Allí donde se necesita claridad, unidad y fuerza, se introduce confusión, sospecha y parálisis. No se trata de negar la complejidad de los procesos ni de clausurar el debate, sino de poner en cuarentena las narrativas que responden a intereses imperiales evidentes y de no convertir la incertidumbre en un mercado de rumores. La historia del imperialismo demuestra que su mayor eficacia no reside solo en la violencia que ejerce, sino en su capacidad para desarmar políticamente a sus adversarios, incluso desde posiciones que se reclaman críticas o de izquierdas.
Efectivamente, frente a una agresión imperialista que hace apenas unas décadas habría provocado movilizaciones masivas, hoy asistimos con demasiada frecuencia a una sustitución del análisis por teorías conspirativas recicladas, a menudo, como hemos visto, procedentes de los mismos aparatos mediáticos y de inteligencia que han impulsado históricamente las campañas de desestabilización contra Venezuela y otros países del Sur global. Frente a ello, recuperar el análisis materialista, atender a las estructuras, identificar los intereses en juego y sostener una crítica anclada en hechos verificables no es una opción más entre otras, sino una obligación estratégica. En un mundo atravesado por una crisis sistémica de extraordinarias dimensiones y por la consecuente intensificación de las agresiones imperialistas, el rigor y la disciplina intelectuales no son ningún lujo, sino una forma de resistencia activa y una condición imprescindible para reconstruir la solidaridad internacional y la acción colectiva que agresiones como las que estamos experimentando exigen.
Por ello, conviene centrarse en los hechos que conocemos. Es decir, las sanciones, el saqueo de activos, las amenazas militares, las operaciones encubiertas, la violencia económica sistemática y, por supuesto, el secuestro del presidente constitucional y su esposa en contra del derecho internacional —en tiempos en que cada vez queda más en evidencia que tal derecho apenas ha parecido serlo mientras le ha servido al hegemón para sostener el control global—. Es por medio de estos hechos corroborables que evitamos el fango de la opinión infundada y nos podemos centrar en lo que en este momento resulta esencial: denunciar la flagrante violación estadounidense de la soberanía de Venezuela, exponer la amenaza que esto representa para el resto del mundo y, consecuentemente, exigir la inmediata liberación de los ciudadanos venezolanos Nicolás Maduro y Cilia Flores.
2. Más sobre el conflicto Arabia Saudí-EAU.
Un par de artículos más sobre el, en cierto modo, sorprendente conflicto entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. De nuevo, uno de The Cradle, con la visión del conflicto desde Ansarallah y otro del director de Middle East Eye sobre una posible reconfiguración regional.
«La verdadera guerra es la de Washington»: un alto cargo de Ansarallah denuncia el control estadounidense sobre la disputa entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos
En una entrevista con The Cradle, el representante de Ansarallah Ali al-Imad revela cómo Tel Aviv y Washington están dirigiendo desde las sombras el conflicto entre Riad y Abu Dabi, y advierte de que cualquier escalada se enfrentará a una resistencia decisiva en toda la región.
8 de enero de 2026
Con el aumento de las tensiones y la fractura de las alianzas, Yemen se encuentra una vez más en primera línea de un enfrentamiento imperial más amplio. Mientras Riad y Abu Dabi luchan por la influencia y el territorio, la verdadera guerra, según el alto funcionario de Ansarallah Ali al-Imad, no es entre las monarquías del Golfo, sino contra la voluntad del pueblo yemení. Y se está orquestando lejos de la península arábiga.
La coalición entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que antes luchaba unida en Yemen, se ha fragmentado drásticamente, como ponen de manifiesto los ataques aéreos saudíes contra los puertos del sur y la exigencia de Riad de que Abu Dabi retire sus fuerzas en medio de las disputas por el control de territorios estratégicos cerca de la frontera saudí.
Arabia Saudí ha tomado medidas para recuperar las zonas ocupadas por el Consejo de Transición del Sur (STC), respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, en Hadhramaut y Al-Mahra, llegando incluso a expulsar al líder del STC, Aidarus al-Zubaidi, del Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC) de Yemen y acusando a los Emiratos Árabes Unidos de sacarlo clandestinamente del país.
Estos enfrentamientos ponen de manifiesto una profunda división entre las dos monarquías del Golfo sobre el futuro de Yemen, ya que Riad considera que la expansión del STC hacia sus fronteras es una amenaza para la seguridad y Abu Dabi persigue su propia influencia regional.
Imad, jefe de la Organización Central de Control y Auditoría de Yemen y miembro destacado de la oficina política de Ansarallah, habla con The Cradle para analizar la siguiente fase de la guerra en Yemen.
En esta entrevista exclusiva, expone los entresijos de la división entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, el papel de Washington en el mantenimiento del conflicto y los planes militares de Tel Aviv en el mar Rojo.
También expone la posición de Saná sobre las negociaciones, la preparación militar y el futuro del Estado yemení.
(Esta entrevista ha sido editada por motivos de extensión y claridad).
The Cradle: ¿Cómo ve la ruptura interna entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos por Yemen?
Imad: Lo que estamos presenciando es un conflicto cuidadosamente gestionado, orquestado por el sionismo global a través de Estados Unidos y la entidad israelí. Utilizan a sus representantes regionales, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es fragmentar la región según líneas sectarias y regionales, lo que conduce a guerras interminables y sin sentido.
A pesar de su conflicto, el ministro de Defensa saudí declara que el objetivo son los «huzíes», mientras que el jefe del STC, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, Aidarus al-Zubaidi, declara que el objetivo es Saná.
La disputa persistirá. Arabia Saudí sigue tratando a los países del Golfo como meros estadillos, considerándose a sí misma como el hermano mayor o la figura paterna. La constante en todos estos cambios es la continua sumisión del Golfo a la toma de decisiones de Estados Unidos.
The Cradle: Los Emiratos Árabes Unidos afirman haberse retirado de Yemen. ¿Es eso cierto?
Imad: La supuesta retirada emiratí en 2019 fue puramente cosmética. Nunca se marcharon. La presencia emiratí persistió a través de los comandantes militares que gestionaban la situación, las organizaciones benéficas de recopilación de información, las prisiones, los mercenarios y las fuerzas de élite leales a ellos.
Puede que hayan reducido su presencia visible en lugares como Adén o Mocha, pero siguen influyendo en los acontecimientos desde las sombras, con el pleno respaldo de Washington. Estados Unidos no les permitirá marcharse, especialmente en lo que respecta a las islas y las regiones costeras estratégicas de Yemen, por las que Arabia Saudí ha mostrado poco interés.
El anuncio de la retirada formaba parte de una maniobra. En primer lugar, para responder a una reacción inesperada de Arabia Saudí y, en segundo lugar, para rebrandear el conflicto como un esfuerzo de coalición más amplio, incorporando nuevos representantes como Islah (afiliado a los Hermanos Musulmanes) para que desempeñaran un papel más importante en la lucha contra Saná.
The Cradle: ¿Cuál es el estado actual de las negociaciones con Arabia Saudí?
Imad: Las conversaciones se han estancado. Aparte de algunos avances en el tema de los prisioneros, todo lo demás se ha congelado. La hoja de ruta acordada hace casi dos años está bloqueada porque Riad se niega a cumplir sus compromisos.
Arabia Saudí cree erróneamente que tiene la sartén por el mango tras los acontecimientos en Gaza y Yemen. Está tratando esta fase como una oportunidad para obtener concesiones de ustedes mediante el bloqueo y la presión económica.
Políticamente, no aceptaremos iniciativas de Arabia Saudí. Los yemeníes pueden llegar a un consenso entre ustedes. Cualquiera que sea impuesto como líder del PLC —milicias divididas en frentes opuestos— no formará parte del futuro de Yemen.
Arabia Saudí no busca una resolución. Todo apunta a un cambio hacia la escalada militar en lugar de un entendimiento político, según datos de inteligencia, declaraciones israelíes y filtraciones sobre los preparativos para un nuevo enfrentamiento.
The Cradle: ¿Han afectado los acuerdos entre Irán y Arabia Saudí al expediente de Yemen?
Imad: En absoluto. Los movimientos de Arabia Saudí en la región no se deben a una voluntad independiente, sino a un papel impuesto por Occidente, que la posiciona como el principal cliente regional. Por lo tanto, cualquier apertura sigue estando limitada por la agenda estadounidense-sionista.
Riad cree que ha ganado la guerra de Gaza y quiere reafirmar su control sobre la dinámica regional. Pero esto es una ilusión. No hay un acercamiento real con Irán. Nada ha cambiado. La hostilidad persiste: la retórica de los medios de comunicación sigue siendo agresiva, las políticas son adversas y el reino sigue siendo un centro de espionaje.
Esta imagen exagerada de sí mismo es peligrosa. Internamente, el reino es frágil: su núcleo ideológico se ha erosionado y su ejército es demasiado débil para sostener grandes batallas.
El plan de Estados Unidos es seguir utilizando a Arabia Saudí como herramienta de caos, no de estabilidad. Los proyectos económicos son solo anestésicos. El objetivo a largo plazo puede ser incluso la fragmentación del reino.
The Cradle: Si Arabia Saudí o sus aliados lanzan otra ofensiva, ¿cuál será la respuesta de Ansarallah?
Imad: Cualquier escalada militar contra Saná, cualquier bala, acción o batalla lanzada por cualquier facción política, se considerará en su verdadero contexto: como liderada por Arabia Saudí.
Todas las herramientas y mercenarios locales están dirigidos por oficiales de inteligencia, y lo que ocurrió en el sur es prueba de ello.
Nuestro banco objetivo se ha ampliado significativamente. Arabia Saudí asumirá el coste total de esta guerra, no solo militarmente, sino también política y socialmente, especialmente dada la creciente alineación interna detrás del enfrentamiento.
El campo de batalla está listo. Y aunque seguimos prefiriendo una solución política, especialmente en el frente económico. Pero si no podemos resolver esto políticamente, entonces, como ha declarado nuestro líder [Abdul Malik al-Huzíes]: «Atacaremos bancos por bancos, el aeropuerto de Riad por el aeropuerto de Saná y puertos por puertos».
The Cradle: ¿Qué papel desempeñan los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido en esta guerra?
Imad: Una de las armas más importantes de los estadounidenses y los sionistas es la tecnología y su red de agentes sobre el terreno.
Hemos descubierto diez redes de espionaje, tres de las cuales hemos revelado públicamente. Estas células operaban con equipos avanzados y bajo el mando de oficiales saudíes y británicos en Riad. Otras estaban integradas en ONG afiliadas a la ONU.
Hay un archivo enorme que no hemos revelado completamente a los medios de comunicación. Si se revelara, pondría al descubierto el peligroso papel de espionaje de estas organizaciones, lo que ahorraría a las agencias de inteligencia la necesidad de una presencia directa.
The Cradle: ¿Cuáles son los objetivos de Israel en Yemen y el mar Rojo?
Imad: Cualquier movimiento israelí, ya sea a través de los Emiratos Árabes Unidos en Yemen, en los países del mar Rojo o incluso dentro de Arabia Saudí, es una amenaza directa, parte de lo que se ha descrito durante mucho tiempo como el «Gran Israel» o el «Nuevo Oriente Medio» definido por Estados Unidos.
Esta ilusión se alimenta de regímenes sumisos y de un público que se distrae fácilmente con la indignación a corto plazo.
Sus movimientos en torno al mar Rojo, como el reconocimiento de Somalilandia y el establecimiento de una presencia en Eritrea, forman parte de un refuerzo militar, estrechamente coordinado con los Emiratos Árabes Unidos. Son plataformas de lanzamiento para futuras guerras.
The Cradle: Ansarallah ha hablado de un frente unido con el Eje de la Resistencia. ¿Sigue siendo esta una doctrina fundamental?
Imad: El líder de Ansarallah afirma que la unidad de frentes sigue siendo un principio fundamental del Eje de la Resistencia, y no una postura temporal. A pesar del papel protagonista de Yemen en los últimos dos años, actuamos desde la convicción de que los verdaderos líderes y maestros de la resistencia siguen estando en las tierras de la firmeza: el Líbano y Palestina.
La unidad de frentes ha frustrado los proyectos occidentales más peligrosos, especialmente la fragmentación sectaria. El período reciente solo ha reforzado nuestra determinación y preparación.
The Cradle: ¿Qué tipo de futuro político prevé Ansarallah para Yemen?
Imad: El proceso de transformación es serio, en contraste con el ruido mediático y la propaganda de la otra parte, cuya situación política y económica ha quedado al descubierto.
Participé en la Conferencia de Diálogo Nacional y me mostré abierto a debatir el federalismo. Pero pronto vimos que se trataba de un plan engañoso para dividir el país según criterios sectarios e históricos, al servicio de los intereses saudíes y estadounidenses.
La descentralización y los proyectos federales nunca tuvieron como objetivo servir al pueblo, sino sumir a Yemen en un conflicto sin fin. Lo que se propone hoy en el sur no tiene como objetivo construir un Estado soberano y desarrollado, sino ampliar el campo de batalla. Por eso no vemos otra solución que la unidad, del pueblo y de la tierra.
The Cradle: ¿Qué mensaje envía en este momento al pueblo yemení, al Eje de la Resistencia y a sus adversarios?
Imad: Apostar por Estados Unidos o Israel es una ilusión mortal. Las experiencias en Gaza, Irak y Afganistán demuestran que Occidente solo trae ruina, por mucho que disfrace sus proyectos con eslóganes suaves.
Esta es una fase crítica y difícil, pero también una responsabilidad histórica. Ansarallah se mantiene firme, recorriendo este camino junto a ustedes, triunfante a pesar de la presión.
En cuanto a su mensaje a los países vecinos, en particular a Arabia Saudí, se trata de una advertencia directa. El plan occidental es claro: ustedes son el verdadero objetivo, no Yemen. Saná se mantiene firme, mientras que otros se preparan para ser presa fácil.
Ansarallah considera este momento como una confrontación abierta. Seremos la mano de Dios en la tierra para hacer frente a estos planes, guiados por la conciencia popular y la experiencia en el campo de batalla acumulada durante años de resistencia.
https://www.middleeasteye.net/opinion/standing-abu-dhabi-riyadh-reshaping-middle-east
Al plantarle cara a Abu Dabi, Riad podría remodelar Oriente Medio
8 de enero de 2026, 12:31 GMT | Última actualización: hace 1 día y 1 hora
Los Emiratos Árabes Unidos e Israel, respaldados por Estados Unidos, llevan mucho tiempo sembrando las semillas de la guerra civil y el conflicto en toda la región. ¿Se les pedirá finalmente que rindan cuentas?
Se está produciendo un cambio tectónico en el mundo árabe. No tiene nada que ver con las disputas temporales y solucionables de los príncipes, los despojos imperiales o las alianzas conflictivas de los representantes.
Tampoco tiene ninguna relevancia para los dos fantasmas tradicionales de los gobernantes árabes suníes: Irán y los Hermanos Musulmanes.
No ha sido provocado por un comerciante que se inmoló después de que las autoridades le confiscaran sus carritos de comida en Sidi Bouzid, Túnez. No se han producido manifestaciones masivas en El Cairo para pedir la caída de un dictador.
Y, sin embargo, este cambio podría tener repercusiones tan amplias como las que tuvo la Primavera Árabe hace 15 años.
Lo que en Oriente Medio se conoce comúnmente como las «verdaderas» naciones del mundo árabe —es decir, aquellos países con una población significativa— han tomado conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor.
Arabia Saudí y Argelia, principalmente, y Egipto potencialmente, se han dado cuenta de que el plan de dominar y controlar los puntos clave de la región por parte de Israel (explícitamente) y los Emiratos Árabes Unidos (implícitamente) es una amenaza para sus intereses nacionales.
El plan israelí-emiratí es sencillo: fragmentar los otrora formidables Estados árabes, controlar rutas comerciales clave como el estrecho de Bab al-Mandeb entre Yemen y el Cuerno de África, instalar bases militares por toda la región y asegurarse un lucrativo control militar y financiero durante el resto del siglo.
Política de fragmentación
En Israel, este plan era explícito. Es la fórmula que Tel Aviv está probando en Siria, con la creación de un protectorado druso en el sur del país y los intentos de hacer lo mismo en las zonas kurdas del norte. Esta estrategia es abierta y declarada.
Israel no quiere una Siria unida. Pero la fragmentación es también la política inherente al reconocimiento de Somalilandia por parte de Tel Aviv, que ofrece al ejército israelí un punto de apoyo en el Cuerno de África.
Para Abu Dabi, la fragmentación llevaba mucho tiempo en marcha en todo el mundo árabe.
Tenía otros objetivos, principalmente el islam político. Pero la fragmentación fue su política en Libia, donde los Emiratos Árabes Unidos apoyaron al general Khalifa Haftar contra el Gobierno de Acuerdo Nacional en Trípoli.
Fue la misma política en Sudán, donde los emiratíes financiaron y armaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido y a su comandante, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), que está bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos. Por supuesto, lo niegan, pero la guerra civil sudanesa no estaría ocurriendo sin la participación masiva de los emiratíes.
Y esa ha sido su política durante al menos una década en el sur de Yemen. El plan de fragmentación de Yemen surgió del miedo de los Emiratos Árabes Unidos a que la Hermandad Musulmana (al-Islah) tomara el control de lo que se consideraba el Gobierno yemení.
Pero los emiratíes se han fijado objetivos más ambiciosos que aplastar a al-Islah, que tiene una presencia limitada en pequeñas zonas del norte.
Hoy en día, el gran plan de Abu Dabi tiene poco que ver con el alto el fuego de Arabia Saudí con los huzíes, aunque cada campaña contra al-Islah y los huzíes proporcionó una conveniente cobertura.
El plan siempre fue financiar, armar e instalar un Estado separatista en el sur de Yemen, bajo el paraguas del Consejo de Transición del Sur (STC) en Adén.
Deseos imperiales
Un estado separatista en el sur de Yemen no es nada nuevo, pero el plan fue impulsado por Mohammed bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Casi lo consigue.
Yemen ha sido durante mucho tiempo un país conflictivo y fragmentado, escenario de los deseos imperiales de los británicos y los estadounidenses.
Cuando los huzíes tomaron el control de la capital, Saná, en 2014, el Gobierno nacional se vio obligado a exiliarse. Incluso después de su regreso, su autoridad sobre el terreno a menudo parecía teórica.
El líder del Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC) de Yemen compartía la misma ciudad, Adén, que el STC. El propio PLC era hasta hace poco una incómoda coalición de facciones —excluidos los huzíes—, cuya escasa mayoría respaldaba a Riad.
La política de Abu Dabi de dotar al STC de tal poderío militar que pudiera declararse un Estado independiente que reconociera a Israel estaba a punto de hacerse realidad.
Todo lo que el STC necesitaba era tomar el control de dos provincias escasamente pobladas pero geográficamente extensas en el este del país: al-Mahra y Hadhramaut, que representan casi la mitad del territorio de Yemen.
Hadhramaut comparte frontera con Arabia Saudí, y la aparición del STC en la capital, Mukalla, supuso la llamada de atención que Riad necesitaba.
En términos de escala —y de todas las demás ideas brillantes que el antiguo alumno de una escuela pública escocesa Mohammed bin Zayed ideó en sus planes para convertir los Emiratos Árabes Unidos en «la pequeña Esparta»—, la toma de Mukalla fue un simple punto en su radar.
Pero en términos del efecto que tuvo en su vecino, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, la medida fue electrizante. Este único acto de extralimitación emiratí tuvo un efecto dramático.
Buscando el arma
Había pronosticado que los dos príncipes —que habían planeado, financiado y armado conjuntamente la contrarrevolución contra la Primavera Árabe en Egipto, Túnez, Yemen y Siria— acabarían enfrentándose, pero nunca imaginé que sería por un puerto tan relativamente menor como Mukalla.
Los saudíes se quitaron las anteojeras. Sentían que estaban rodeados y que, si no actuaban ahora, el propio reino podría ser el próximo objetivo de la política de fragmentación que se estaba llevando a cabo a su alrededor.
Un país que durante tanto tiempo había llevado a cabo una política exterior lenta y tras cortinas de cuentas, recurrió a las armas.
Los saudíes respaldaron una contraofensiva de las fuerzas yemeníes leales al Gobierno reconocido internacionalmente para recuperar Hadramaut y al-Mahra. Mukalla fue bombardeada. Los combatientes del STC fueron asesinados y obligados a retirarse.
Cuando, tres días después, Israel se convirtió en el primer país en reconocer oficialmente a Somalilandia como Estado soberano, los temores saudíes se confirmaron.
No se trataba de ruidos accidentales en la noche. Lo que estaba ocurriendo en Yemen, a un lado del estrecho de Bab al-Mandeb (el estrecho de las lágrimas), que se encuentra en la desembocadura del mar Rojo, y al otro lado, en el Cuerno de África, formaba parte del mismo plan.
Israel vendió su decisión de reconocer a Somalilandia en su país como una oportunidad para establecer una base desde la que poder atacar a los huzíes. Pero era mucho más que eso.
Mientras el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, volaba para estrechar la mano del líder de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, se encontraba en El Cairo con un rostro mucho más sombrío, asegurándose de que el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, siguiera el mismo guion. Sisi, el velero definitivo, no necesitó que le dieran ninguna indicación.
Una declaración emitida por la presidencia egipcia afirmaba que sus posiciones eran idénticas en Somalia, Sudán, Yemen y Gaza —todas ellas sujetas al plan de fragmentación israelí-emiratí— y que las soluciones a cada zona de conflicto debían «preservar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados».
Los envíos de armas desde los Emiratos Árabes Unidos seguían llegando, para su uso por parte de los combatientes respaldados por el STC. Cuando Arabia Saudí bombardeó un cargamento de armas y vehículos en el puerto de Mukalla, denunció directamente el papel de los EAU en el armamento de los separatistas del sur.
Horas más tarde, Abu Dabi anunció que retiraba sus fuerzas de Yemen. Incluso abandonó la isla de Socotra. En cuestión de horas, todo el trabajo, la planificación y la financiación de la última década se habían deshecho.
Colapso silencioso
Así es como cambia Oriente Medio.
No mediante sesiones fotográficas coreografiadas en el Despacho Oval. No mediante la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que había cambiado 3000 años de historia, una declaración que fue tachada de ridícula casi antes de que usted hubiera terminado de pronunciarla. No mediante pactos grandilocuentes —pero en realidad profundamente cínicos— como los Acuerdos de Abraham.
Sino mediante colapsos repentinos y silenciosos.
Otro se produjo el miércoles. El propio STC estaba al borde del colapso. Su líder, Aidarous al-Zubaidi, desapareció cuando debía unirse a una delegación en Riad.
Circularon rumores en Internet de que había huido a las montañas de al-Dhale, su ciudad natal. Zubaidi acababa de ser expulsado del PLC y acusado de traición.
Luego, el jueves, el general de división Turki al-Maliki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, dijo que los servicios de inteligencia habían revelado que Zubaidi había abandonado Adén a última hora del 7 de enero por mar hacia Somalilandia.
Mientras tanto, el STC perdió el contacto con su delegación de 50 personas en Riad.
Fue el peor día que se recuerda para los sueños de Little Sparta de dominar la región.
Las redes sociales saudíes, la voz autorizada y altamente controlada del reino, se volvieron locas. Una publicación que se hizo viral mostraba un F16 saudí surcando el cielo, con una canción en inglés de fondo.
La letra decía: «Quienquiera que nos amenazara con leones en la guarida de los leones, asaltamos la guarida y no encontramos a nadie allí. Maazi II [apodo del fundador del reino, el rey Abdulaziz, que ahora se aplica a Mohammed bin Salman] no tiene 40 sópones; solo se parece a su abuelo y a su padre, Abu Fahd. Y la sedición encendida por el maldito diablo fue extinguida en su infancia por Maazi».
Estas palabras no necesitan análisis. El mensaje es muy claro. El diablo es como Mohammed bin Zayed está siendo descrito ahora por su vecino y antiguo aliado.
Las dos primeras líneas de este grito de guerra fueron recitadas a Mohammed bin Salman en persona por el coronel Mishal bin Mahmas al-Harthi, un «poeta militar» del ejército saudí. Nunca imaginé que tuvieran o necesitaran uno. Pero no hay duda de que esta es ahora la opinión del reino.
Reuniones secretas
Se trata de un cambio radical. Mohammed bin Zayed se fijó en el joven y desconocido príncipe cuando las relaciones entre las dos naciones estaban en su punto más bajo.
Mohammed bin Zayed presentó a Mohammed bin Salman a Washington, al clan Trump y, en última instancia, a la Casa Blanca.
Mohammed bin Salman debe todo su ascenso en la jerarquía de la familia real saudí a su vecino emiratí, que puso a su disposición su bien conectada maquinaria de presión en Washington D. C.
Mohammed bin Zayed fue el cerebro detrás de la estrategia de hacer que el nuevo príncipe fuera amigo de Israel. Organizó reuniones secretas entre el pretendiente al trono saudí y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Pero, en última instancia, la ruptura entre mentor y discípulo era solo cuestión de tiempo.
Ni Mohammed bin Salman ni su séquito han cambiado. Siguen siendo los mismos individuos. No tienen ningún reparo en hacer desaparecer a los disidentes saudíes. Los derechos humanos no les quitan el sueño.
Muchos de los tuits que atacan la estrategia emiratí están siendo publicados por «Columbuos», que se cree que es Saud al-Qahtani, el hombre que supervisó y planeó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.
El domingo, tuiteó:
«Arabia Saudí declaró: «No a la normalización, salvo con el establecimiento de un Estado palestino». Por lo tanto, se puede ver la locura de Israel al acelerar los pasos de su proyecto secreto y su desesperación por dividir el mundo árabe en más y más pequeños Estados para presionar el expediente de la normalización…
El proyecto saudí es el proyecto árabe que apoyó a los países árabes y a sus pueblos y se opone a los proyectos de destrucción, división y desplazamiento. El proyecto saudí es aquel por el que los árabes deben luchar».
También es revelador que, en medio de la decisiva acción de Arabia Saudí en Yemen, el lunes, el rey y el príncipe heredero hicieran un llamamiento a una campaña nacional pública saudí para recaudar donaciones para los palestinos. Se recaudaron 700 millones de riales (cerca de 200 millones de dólares) y la campaña sigue en marcha.
Las personas que dirigen el reino no han cambiado. Lo que ha cambiado es lo siguiente: por fin se han dado cuenta de que los proyectos regionales de sus vecinos son una amenaza para su propio reino y eso, para cualquier élite gobernante saudí, es una línea roja.
El precio del petróleo
Aunque gran parte de la forma de actuar de los Emiratos ha implicado proxies y golpes de Estado negables, Mohammed bin Zayed sabe que no puede meterse con este vecino. Arabia Saudí tiene una población de 35 millones de habitantes. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una población de 10 millones, pero solo un millón de ellos son ciudadanos. Fin de la historia.
Como escribió el veterano periodista y analista saudí Daud al-Sharian en X: «Los intentos de dividir #Yemen, #Somalia y #Sudán no son acontecimientos aislados, sino más bien una única trayectoria que tiene como objetivo la remodelación de la región mediante la creación de focos de inestabilidad alrededor de Arabia Saudí.
Esta coincidencia refleja un proyecto que trasciende las disputas políticas transitorias y apunta al papel del Reino como pilar de la seguridad y el equilibrio regionales. Es esencial ser consciente de la naturaleza de esta trayectoria para proteger la estabilidad y comprender lo que está sucediendo con profunda conciencia y perspicacia».
Mientras Trump se vanagloria tras haber secuestrado al presidente de Venezuela y habla sin tapujos de hacerse con el control de las mayores reservas de petróleo del mundo, su otro aliado en Oriente Medio tiene otras ideas.
Pasarán años, posiblemente décadas, antes de que la producción petrolera de Venezuela, una vez acaparada por las compañías petroleras estadounidenses, comience a igualar la de Arabia Saudí, pero la dirección del viaje está clara.
Las acciones de Trump reducirán inevitablemente el precio del petróleo, un resultado que no beneficia a los intereses nacionales de Arabia Saudí, mientras que el precio actual del crudo Brent ya es demasiado bajo para el presupuesto nacional saudí.
Trump confunde el poder cinético militar con el poder de gobernar y dictar las reglas a países extranjeros lejos de sus costas. Son dos cosas diferentes.
Salir del círculo vicioso
Los Estados Unidos de Trump pueden, efectivamente, derrocar a los líderes vecinos, bombardear Irán por segunda vez y arruinar las economías de naciones de todo el mundo si no siguen su juego. Nadie lo discute. Trump tiene el ejército más poderoso y el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial; puede amenazar con credibilidad a quien quiera en todo el mundo.
No hay nada que le impida lanzar en paracaídas una compañía de fuerzas especiales sobre Groenlandia, clavar una bandera en el hielo y reclamarla como territorio soberano estadounidense.
Pero lo que no puede hacer es lidiar con las consecuencias de sus acciones, al igual que sus predecesores no pudieron manejar las repercusiones de Irak y Afganistán. Venezuela tiene el doble de superficie que Irak y su población está bien armada.
El reino saudí no necesita responder simétricamente a los planes claros y abiertos de Israel para dominar la región, ni lo hará. Pero puede empezar a complicarles la vida a los dos pequeños Espartas, que están sembrando las semillas de la guerra civil y el conflicto a su antojo en Oriente Medio.
La llamada de atención que ha recibido Arabia Saudí es un avance positivo, no porque ayude a la creciente lista de pueblos que se encuentran bajo ocupación permanente, incluidos los palestinos, los sirios y los libaneses, sino porque podría ser la primera señal de que un Estado árabe suní no solo reclama el liderazgo, sino que actúa como líder independiente.
Acerca a dos Estados árabes, Arabia Saudí y Egipto, a la otra potencia militar regional, Turquía. Las acciones de Riad tampoco serán mal recibidas en Irán. Lleva años diciendo que la estabilidad regional solo puede crearse mediante una alianza regional autónoma e independiente de las maquinaciones de Washington e Israel.
Argelia, que llegó mucho antes a sus propias conclusiones sobre la tóxica alianza entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, también podría unirse a dicha alianza.
Quizá sea pensar demasiado en el futuro, pero es lo que millones de árabes e iraníes necesitan realmente. Es la única salida a un círculo vicioso de intervenciones y ocupaciones respaldadas por Occidente que fracasan sin cesar y nunca terminan.
Al ganar todas las batallas que han iniciado, pero perder todas las guerras, Estados Unidos e Israel se han extralimitado. Ambos líderes creen que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran. Ya es hora de que un líder árabe les diga que no pueden.
3. Más sobre el petróleo venezolano.
Ahora no paran de publicarse artículos sobre el petróleo venezolano. Creo que lo más importante ya lo hemos visto, y os paso solo un par. Este de Jacobin es bastante corto y resume bien el tema.
https://jacobinlat.com/2026/01/lo-de-trump-en-venezuela-va-mas-alla-del-petroleo/
Lo de Trump en Venezuela va más allá del petróleo
Matt Huber
Traducción: Pedro Perucca
El crudo pesado venezolano es caro de extraer, harían falta años de inversión sostenida para aumentar de manera significativa la producción y, a los precios actuales, ni siquiera está claro que sea rentable. La agresión actual tiene más que ver con el poder que con la economía.
Tras la descarada invasión estadounidense de Venezuela y la destitución de Nicolás Maduro, muchos en la izquierda se inclinaron por una explicación básica: todo se reduce al petróleo. Esa explicación se apoya en una conocida teoría marxista «instrumentalista» del Estado capitalista, según la cual su función principal es obedecer los intereses de la clase dominante.
Desde luego, la extrema desregulación de la industria del petróleo y el gas durante la primera y la segunda administración Trump no hizo más que reforzar este tipo de interpretación. Y, por supuesto, en la conferencia de prensa posterior a la invasión, el propio Donald Trump afirmó que la operación tenía que ver, efectivamente, con el petróleo. El caso parecería cerrado. Sin embargo, cuando se examina la economía política de la industria petrolera, la explicación empieza a perder cada vez más sentido.
¿Es siquiera rentable producir el petróleo venezolano?
Los mercados petroleros funcionan a través de ciclos de auge y caída. Cuando los precios son altos, el capital petrolero se entusiasma con invertir en nuevas perforaciones. Cuando los precios son bajos, mucho menos. Aunque el nivel actual se ubica en un punto intermedio (cotiza en torno a los 56 dólares por barril), los precios están, en términos generales, deprimidos, y lo están desde hace buena parte de la última década (con la excepción del auge asociado a la invasión rusa de Ucrania en 2022).
Dado que el crudo bituminoso «pesado» de Venezuela es muy difícil y costoso de extraer, sospecho que ni siquiera resulta rentable producirlo con precios por debajo de los 60 dólares por barril. El precio de equilibrio del petróleo venezolano es difícil de establecer, probablemente por problemas de datos, pero vale la pena señalar que una estimación de la industria para las arenas bituminosas canadienses, muy similares, lo sitúa en 65 dólares por barril.
Seguramente escuchaste que Venezuela tiene las mayores «reservas probadas» del mundo, pero conviene recordar que esa categoría depende de si esas «reservas» son o no económicamente explotables, algo que no está claro.
Por lo tanto, más allá de Chevron, que ya tiene un capital considerable instalado en Venezuela, no habrá demasiado interés entre las grandes petroleras estadounidenses en invertir en nuevas perforaciones. De hecho, a medida que esto se volvió más evidente, Trump incluso deslizó la idea de que las compañías petroleras estadounidenses podrían recibir un «reembolso» por sus inversiones. Cabe preguntarse cómo reaccionará el Congreso de Estados Unidos ante la idea de que los contribuyentes financien la reconstrucción del deteriorado sector petrolero venezolano. Más inquietante aún es el impacto que la jugada «imperialista gangsteril» de Trump pueda tener sobre las empresas chinas, que ya invirtieron alrededor de 2.100 millones de dólares desde 2016.
Dicho esto, existen algunas fracciones de capital, más allá de las grandes petroleras, que podrían tener cierto interés en obtener ganancias a partir de esta invasión. Es cierto que las acciones de muchas empresas petroleras subieron, pero mi lectura es que eso se basa en la expectativa de que ahora puedan recibir compensaciones por propiedades e inversiones expropiadas durante las oleadas de nacionalizaciones de la década de 1970 y, nuevamente, bajo Hugo Chávez en los años 2000.
También hay interés por parte de algunas firmas financieras, como los fondos de cobertura, sobre todo debido a la situación de deuda en dificultades de Venezuela. Pero estas empresas buscan beneficiarse de activos y deudas existentes, no embarcarse en grandes inversiones nuevas en producción petrolera.
También está claro que algunos refinadores estadounidenses pueden utilizar el crudo pesado venezolano. Sin embargo, esos refinadores ya contaban con abundante suministro de ese tipo de petróleo procedente de las arenas bituminosas canadienses. La entrada del crudo pesado venezolano en este mercado podría reducir en unos pocos dólares el precio que pagan esos refinadores, pero eso no cambia sustancialmente su rentabilidad.
Liberar el petróleo venezolano amenaza la producción estadounidense
Se habló mucho de los objetivos contradictorios de Trump: resolver los problemas de «asequibilidad» bajando el precio de la gasolina (que efectivamente bajó, dicho sea de paso) y su deseo de «drill baby drill» [perforar y extraer más gas y petróleo] en Estados Unidos. También es bien sabido que los productores de shale en Estados Unidos utilizan técnicas de fractura hidráulica costosas y complejas, y por eso necesitan precios elevados para seguir siendo rentables. Para que el «drill baby drill» funcione, Statista ofrece estimaciones de distintas cuencas de shale en Estados Unidos, y todas requieren precios superiores a los 60 dólares por barril para alcanzar el punto de equilibrio.
En otras palabras, si la producción venezolana aumentara, podría deprimir aún más el precio global del petróleo y perjudicar al capital petrolero estadounidense, así como a los trabajadores que forman parte del núcleo de la coalición MAGA. Aun así, vuelvo a expresar mi escepticismo respecto de que la producción petrolera venezolana aumente en el corto plazo.
Una de las observaciones más agudas sobre la economía política del petróleo proviene del colectivo de izquierda Retort y su libro de 2005 Afflicted Powers [Poderes afligidos]: «La historia del petróleo en el siglo XX no es la historia de la escasez y la inflación, sino de la amenaza constante… de la capacidad excedente y la caída de los precios, del superávit y la sobreoferta».
En un primer momento, esa amenaza fue contenida por un cártel capitalista, las compañías petroleras conocidas como las «Siete Hermanas», que se dividían cuidadosamente la producción y los mercados a escala global. Más tarde, ese papel fue asumido por los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), interesados en mantener precios altos que se traduzcan en rentas e impuestos elevados. En cualquier caso, pese a los relatos populares, la industria petrolera no siempre está ansiosa por extraer todo el petróleo posible.
Como sostiene Timothy Mitchell, el interés principal de las compañías petroleras es mantener y reproducir la escasez necesaria para que los precios se mantengan lo suficientemente altos como para permitir una acumulación rentable. En el contexto actual de precios deprimidos, les interesa mucho más bombear el petróleo que ya tienen y recuperar inversiones previas, antes que perforar nuevos pozos.
«Riesgo político»
El otro factor clave que probablemente disuada a las petroleras de invertir es el llamado «riesgo político». Las empresas mineras y petroleras, en particular, prefieren invertir en países donde la situación política y legal es estable y, con suerte, favorable a los inversores privados, es decir, con bajos niveles de regalías e impuestos. Evidentemente, ese no es el caso de Venezuela, donde ni siquiera está claro quién gobierna en este momento.
En Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises [Soberanía en juego: La expansión multinacional de las empresas estadounidenses] (1971), Raymond Vernon formula una poderosa teoría del «acuerdo que se vuelve obsoleto»: cuando los precios son bajos, las empresas extractivas tienen poder de negociación y pueden cerrar acuerdos favorables con bajos niveles de regalías e impuestos en los países anfitriones. Sin embargo, cuando los precios suben, como inevitablemente ocurre, ese «acuerdo» pierde vigencia, y los países anfitriones pueden incumplir los pactos previos, aumentar las regalías y los impuestos o incluso expropiar directamente. Eso es, en efecto, lo que podría decirse que ocurrió con Chávez en los años 2000, en un contexto de gobierno socialista de izquierda combinado con un boom del precio del petróleo.
En cualquier caso, si las petroleras fueran a invertir hoy en Venezuela en términos favorables, haría falta mucha más certidumbre sobre la situación política. Por ahora, habrá que esperar y ver. Una salvedad a este análisis es la posibilidad de que el propio Trump «aceite» los mecanismos de inversión, dejando claro a determinadas empresas que invertir en el petróleo venezolano podría traducirse en otros favores políticos. Es posible, pero el historial de cautela del capital petrolero durante períodos de precios bajos será difícil de revertir, sobre todo en el contexto de una infraestructura venezolana tan deteriorada.
La autonomía absoluta del Estado
Conviene cuestionar una visión excesivamente «instrumentalista» del Estado capitalista, según la cual esta invasión se llevó a cabo en nombre del capital petrolero estadounidense. La descripción de Adam Tooze, que afirma que Trump está más interesado en una especie de «imperialismo de recursos performático y vacíos, propio de un reality show», parece mucho más acertada. El hecho de que, tras la invasión, la Casa Blanca publicara un meme con el término «FAFO» («Fuck Around and Find Out») ilustra hasta qué punto él y su administración están interesados en la teatralidad depravada sobre todo esto.
Si bien parece claro que esta invasión se inscribe en una estrategia coherente de la administración Trump para afirmar su dominación sobre América del Norte y del Sur, con Cuba y Groenlandia quizá como próximos objetivos, el Departamento de Estado también publicó un meme amenazante que decía: «Este es nuestro hemisferio». Lo que no está claro es cómo encajan en esta agenda neoimperialista los intereses del capital en general, y mucho menos los del capital petrolero.
Si tuviera que arriesgar una hipótesis, no me sorprendería que ningún ejecutivo ni inversor petrolero haya presionado directamente a favor de esta invasión. Los teóricos marxistas del Estado hablan mucho de la «autonomía relativa» del Estado, pero la forma de gobierno de Trump, basada en el narcisismo, realmente plantea la pregunta de si no estamos ante una autonomía absoluta del Estado. No es la primera vez que esta administración parece actuar de maneras que no se alinean con lo que uno imaginaría como el comité ejecutivo de la burguesía. Lo que esto implica para el capitalismo global en su conjunto, y para la centralidad del imperio estadounidense en su supervisión, sigue siendo profundamente incierto y está completamente abierto.
Matt Huber
Profesor adjunto de geografía en la Universidad de Syracuse. Es autor de «Lifeblood: Oil, Freedom, and the Forces of Capital».
4. Escobar sobre el petróleo venezolano.
Y también Escobar escribe sobre el petróleo y las dificultades que pueden tener los yankis para robarlo.
https://observatoriocrisis.com/2026/01/08/pepe-escobar-los-suenos-de-trump-podrian-derrumbarse-en-un-pozo-venezolano/ (Original en https://strategic-culture.su/news/2026/01/08/how-trumps-oily-dreams-may-collapse-in-a-venezuelan-dark-pit/)
Pepe Escobar: Los sueños de Trump podrían derrumbarse en un pozo venezolano
Convertir el sector petrolero venezolano construido por China en uno estadounidense tomaría entre tres y cinco años, como mínimo.
Pepe Escobar, analista geopolítico
Comencemos con los nuevos edictos de Neo-Calígula sobre la satrapía imperial que dice poseer ahora; no exactamente edictos sino amenazas directas dirigidas a la presidenta interina Delcy Rodríguez:
- Combatir los flujos de narcotráfico. Bueno, esto debería estar dirigido a los contrabandistas colombianos y mexicanos en connivencia con los grandes compradores estadounidenses.
- Expulsar a iraníes, cubanos y otros «operativos hostiles a Washington» antes de que se permita a Caracas aumentar la producción petrolera. No ocurrirá.
- Suspender las ventas de petróleo a los «adversarios de EE. UU.» No sucederá.
Por lo tanto, es casi seguro que el neo-Calígula puede bombardear Venezuela nuevamente.
Neo-Calígula, en otra ofensiva de palabrería, también aclaró que quiere reformar parcialmente el negocio petrolero en Venezuela mediante subsidios. «Podría tomar menos de 18 meses»; luego se transformó en «podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará mucho dinero»; y finalmente se transformó en «habrá que gastar una enorme cantidad de dinero y las compañías petroleras lo gastarán».
No, no lo harán, como han adelantado varios conocidos «expertos de la industria». Las grandes empresas energéticas estadounidenses se resisten a invertir fortunas en una nación que podría verse sumida en el caos total si neocalígula impone un gobierno traidor a 28 millones de personas.
Según Rystad Energy Analysis , se necesitarían no menos de 16 años y al menos 183 mil millones de dólares para que Venezuela produjera apenas 3 millones de barriles de petróleo al día.
El sueño supremo de Neo-Calígula es reducir los precios mundiales del petróleo a un máximo de 50 dólares por barril. Para ello, la empresa imperialista Trump 2.0, según su tesis, controlará totalmente PDVSA, incluyendo la adquisición y venta de prácticamente toda su producción petrolera.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una conferencia sobre energía de Goldman Sachs, reveló el secreto:
“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado de respaldo [hasta 50 millones de barriles], y luego infinitamente, en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”.
Así que, en esencia, el truco neo-Calígula capturará, en realidad robará, la venta de crudo de PDVSA, con el dinero teóricamente depositado en cuentas offshore controladas por Estados Unidos para “beneficiar al pueblo venezolano”.
Es imposible que el gobierno interino de Delcy Rodríguez acepte lo que constituye un robo de facto. Incluso mientras el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, se jacta de que Estados Unidos utiliza la «amenaza militar» para mantener el control de Venezuela. Si realmente se tiene el control, no es necesario lanzar amenazas.
¿Y qué pasa con China?
China importaba aproximadamente 746.000 barriles de petróleo diarios de Venezuela. Eso no es mucho. Pekín ya está trabajando para reemplazarlo con importaciones de Irán. China, en esencia, no depende del petróleo venezolano. Además de Irán, también podría abastecerse de Rusia y Arabia Saudita.
Pekín ve claramente que la sobreexplotación imperial en el hemisferio occidental y Asia occidental no se limita solo al petróleo, sino también a obligar a China a comprar energía con petrodólares. ¡Tonterías! Con Rusia, el Golfo Pérsico y más allá, el lema del juego ya es el petroyuan.
China es 80% independiente energéticamente. De hecho, Venezuela representaba apenas el 2% del 20% que importaba China, según cifras del propio gobierno estadounidense :
“ La relación energética de China con Venezuela va mucho más allá de las fórmulas estadounidenses baratas. A continuación se describe en esencia cómo «los acuerdos petroleros de China con Venezuela son contratos financieros vinculantes de facto, con mecanismos de reembolso, estructuras de garantías, cláusulas de penalización y vínculos con derivados profundamente arraigados en las finanzas globales (…)
Están conectados, directa e indirectamente, con instituciones financieras occidentales, comerciantes de materias primas, aseguradoras y sistemas de compensación, incluyendo entidades vinculadas a Wall Street. Si estos contratos se rompen, la consecuencia no es que China sufra pérdidas.
Se trata de un fenómeno en cascada: incumplimientos que desencadenan la exposición de las contrapartes, revalorización de los derivados, disputas legales que cruzan jurisdicciones y un shock de confianza que se extiende al exterior. En cierto punto, esto deja de ser un problema venezolano para convertirse en un problema sistémico global».
Además, “en los últimos veinte años, China se ha convertido en el núcleo operativo de la industria petrolera venezolana. No solo como comprador, sino como constructor. China proporcionó tecnología de refinería, sistemas de mejoramiento de crudo pesado, diseño de infraestructura, software de control, logística de repuestos (…)
Eliminen a los ingenieros chinos. Eliminen a los técnicos que entienden la lógica de control. Eliminen las cadenas de suministro de mantenimiento. Eliminen el soporte de software. Lo que queda no es una industria petrolera funcional esperando ser ‘liberada’, sino un cascarón inerte”.
Conclusión: “Convertir el sector petrolero venezolano construido por China en uno estadounidense tomaría entre tres y cinco años, como mínimo”.
El analista financiero Lucas Ekwame aborda los puntos principales. Venezuela produce petróleo superpesado, tan espeso como el alquitrán. No fluye simplemente; necesita fundirse para alcanzar la superficie y, tras la extracción, se endurece de nuevo, lo que requiere diluyente: se deben importar no menos de 0,3 barriles de diluyente por cada barril exportado.
Si a esto le sumamos la infraestructura energética de Venezuela, moldeada por China y que al mismo tiempo sufre años de sanciones estadounidenses, incluso peores que las de Irak a principios de los años 2000, la defectuosa “estrategia” petrolera del neo-Calígula se hace obvia.
Por supuesto, eso no altera el festín a corto plazo de los buitres de los fondos de cobertura imperiales sobre el cadáver de Venezuela, empezando por el espantoso Paul Singer, el multimillonario administrador de fondos de cobertura sionista y donante del súper PAC MAGA (42 millones de dólares en 2024), cuyo Elliott Management adquirió la subsidiaria de CITGO con sede en Houston por 5.900 millones de dólares en noviembre, menos de un tercio de su valor de mercado de 18.000 millones de dólares, gracias al embargo a las importaciones de petróleo venezolano.
Se espera que el grupo de especuladores obtenga ganancias de hasta 170 mil millones de dólares en el mercado de deuda; sólo los bonos de PDVSA en mora valen más de 60 mil millones de dólares.
Así que el panorama petrolero en Venezuela es mucho más complejo de lo que sospecha la banda de Trump 2.0. Claro que, en el futuro, podríamos llegar a una situación en la que el virrey de Venezuela, el gusano Marco Rubio, corte el flujo de petróleo de Caracas a Shanghái. Bueno, considerando la «experiencia» estratégica de Rubio, mejor empezar a organizar batallones de abogados de inmediato.
5. Boletín del Tricontinental sobre Venezuela.
Aunque empezó el año con un boletín muy optimista, el año no le ha permitido a Prashad mantener ese espíritu mucho tiempo. Como no, este último está dedicado a Venezuela.
https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-venezuela-ataque-estados-unidos/
Boletín Semanal
¿Cuántas leyes internacionales puede violar Estados Unidos contra Venezuela y aun así salir impune? | Boletín 2 (2026)
El ataque de EE. UU. contra Venezuela no comenzó el 3 de enero de 2026: el bombardeo del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores demuestran el desprecio de Washington por la soberanía y el derecho internacional.
8 de enero de 2026
Dámaso Ogaz, FUBW, 1968.
Queridas amigas y amigos,
Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos envió sus fuerzas militares a Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Flores, diputada de la Asamblea Nacional, bombardeando sitios civiles y militares en Caracas. Estados Unidos acusó formalmente a ambos de “narcoterrorismo” y otros cargos relacionados, y los mantiene retenidos en Nueva York, donde comparecieron por primera vez ante el tribunal federal de Manhattan el 5 de enero de 2026.
Está claro que Estados Unidos no inició su ofensiva contra Venezuela el 3 de enero de 2026. La guerra híbrida contra el proceso bolivariano de Venezuela comenzó en 2001, después de la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos como parte de un paquete de 49 leyes decretadas por el presidente Hugo Chávez y ratificadas por la Asamblea Nacional. La nueva ley venezolana perjudicó a los conglomerados petroleros, la mayoría de ellos estadounidenses, al permitir que el gobierno redirigiera una mayor parte de los ingresos petroleros hacia programas sociales y el desarrollo nacional a largo plazo. Los conglomerados petroleros, particularmente ExxonMobil (Exxon), se enfurecieron y desde entonces han trabajado con el gobierno estadounidense para intentar derrocar no solo al gobierno de Venezuela sino todo el proceso bolivariano. La guerra híbrida a través de medios económicos, políticos, informativos e incluso sociales, ha sido una característica constante de la vida venezolana durante el último cuarto de siglo. El ataque ilegal contra Venezuela en 2026 y el secuestro de su presidente y de la primera dama forman parte de esta larga y continua guerra contra la clase trabajadora de este país sudamericano.
El Techo de la Ballena (colectivo de artistas), Cambiar la vida, transformar la sociedad, 1963.
¿Qué hace que el ataque contra Venezuela sea ilegal? Teniendo en cuenta que Estados Unidos ignora completa y sistemáticamente el derecho internacional, incluso mientras habla de un “orden internacional basado en reglas”, vale la pena revisar los fundamentos del derecho internacional y examinar las leyes internacionales que ese país violó con su ataque contra Venezuela el 3 de enero.
En primer lugar, cuando hablamos de “derecho internacional”, nos referimos a obligaciones jurídicas que los Estados y, en ciertos casos, las organizaciones internacionales y las personas, reconocen como vinculantes en sus relaciones entre sí. Estas normas provienen de dos fuentes principales: tratados (acuerdos escritos) y derecho internacional consuetudinario (normas que se vuelven vinculantes a través de una práctica estatal constante y son aceptadas como ley).
Un Estado debe consentir en quedar vinculado por un tratado (lo que significa que debe firmarlo o adherirse a él). Sin embargo, puede quedar vinculado por el derecho internacional consuetudinario y por las normas imperativas (jus cogens, o “derecho imperativo”, normas fundamentales que obligan a todos los Estados) independientemente de que haya firmado algún tratado. Por ejemplo, la prohibición del genocidio y de la esclavitud no requiere que un Estado firme nada, ya que estas prohibiciones son reconocidas como normas imperativas que obligan a todos los Estados en virtud del derecho internacional. Dicho de otro modo, algunas leyes son tan fundamentales que ningún Estado puede eximirse de ellas. Las obligaciones a las que me referiré a continuación provienen de ambas fuentes: tratados (como la Carta de las Naciones Unidas) y el derecho internacional consuetudinario (incluido el principio de no intervención y la inmunidad de los jefes de Estado), en algunos casos interpretados y aplicados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las controversias entre Estados, cuyos fallos tienen una autoridad especial para explicar lo que el derecho internacional requiere en la práctica.
- Prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Existen dos tratados clave que deberían restringir el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra otros países:
- El más importante es la Carta de las Naciones Unidas, de 1945, cuyo Artículo 2, numeral 4, establece que todos los Estados deben abstenerse de recurrir a la “amenaza o el uso de la fuerza” contra otro Estado. Existen excepciones limitadas a esto, como cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando bajo el Capítulo VII de la Carta (Artículos 39 a 42), determina que existe una “amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión” y luego autoriza el uso de fuerzas aéreas, navales o terrestres para “mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”, o cuando un Estado actúa en legítima defensa. Como no existe otra excepción, el acto de agresión de Estados Unidos contra Venezuela constituye una clara violación de la Carta de la ONU, la obligación de tratado más alta en el sistema interestatal.
- En las Américas, también existe la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 1948, cuyo Artículo 21 establece que el “territorio de un Estado es inviolable” y que no se permite ninguna “ocupación militar” o “medidas de fuerza” por parte de un Estado contra otro. La Carta de la OEA sigue a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo Artículo 103 deja claro que, cuando las obligaciones de los tratados entran en conflicto, las obligaciones de los miembros bajo el tratado internacional fundado por la ONU prevalecen sobre las de cualquier otro acuerdo internacional.
Ya debería haber resoluciones tanto en la ONU como en la OEA para condenar las acciones recientes de Estados Unidos. La ausencia de tales resoluciones es una demostración no tanto de la impotencia del sistema interestatal en sí mismo, sino más bien del poder absoluto de tipo mafioso que ejerce Estados Unidos en el mundo.
Oswaldo Vigas, Composición IV, 1943.
- No intervención en los asuntos internos o externos de un Estado. El Artículo 2, numeral 7, de la Carta de la ONU subraya la centralidad de la soberanía estatal al dejar claro que nada en la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son “esencialmente de la jurisdicción interna” de cualquier Estado (excepto a través de medidas coercitivas bajo el Capítulo VII). La prohibición de que los Estados intervengan en los asuntos de otros también se establece claramente en el Artículo 19 de la Carta de la OEA, que señala que ningún Estado “tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por ningún motivo” en los asuntos internos o externos de otro Estado y eso incluye cualquier “forma de injerencia”, como una invasión militar o la captura de un jefe de gobierno.
La Carta de la ONU y la Carta de la OEA son tratados y el derecho internacional consuetudinario refuerza estas normas de tratados, prohibiendo independientemente la intervención. En el caso de 1986 Nicaragua contra Estados Unidos, presentado a raíz del apoyo de Washington a la guerra de la Contra y la instalación de minas en los puertos de Nicaragua, la CIJ afirmó el principio consuetudinario de no intervención y aplicó las normas sobre el uso de la fuerza y la legítima defensa (incluidas la necesidad y la proporcionalidad). Los intentos directos de Estados Unidos por derrocar al gobierno venezolano, desde el intento de golpe de Estado en 2002 hasta el secuestro del presidente Maduro y Cilia Flores en 2026, constituyen violaciones claras de estos principios, pero igualmente lo es el apoyo brindado por Estados Unidos para organizar acciones armadas, como la Operación Gedeón (2020), en la que Estados Unidos financió mercenarios para atacar al gobierno venezolano.
Rolando Peña, El derrame (The Spill), 1997.
- Violación de la inmunidad de los jefes de Estado. Cuando un Estado ejerce jurisdicción penal, civil o coercitiva sobre un jefe de Estado extranjero en ejercicio, en contravención del derecho internacional, arrestando, procesando, deteniendo o ejerciendo de otra manera autoridad coercitiva sobre esa persona, viola la inmunidad del jefe de Estado. Esta es una norma diseñada para garantizar que los Estados puedan mantener relaciones sin que tribunales extranjeros capturen a sus máximas autoridades. En términos simples: como regla general, un tribunal nacional extranjero no puede arrestar o juzgar legalmente a un jefe de Estado en ejercicio a menos que esa inmunidad sea levantada por el propio Estado de esa persona. No existe un tratado único que codifique esta inmunidad en un solo instrumento, pero está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario y reflejada en diversos instrumentos y fallos judiciales.
La Convención de las Naciones Unidas sobre las Misiones Especiales (1969), por ejemplo, establece que un jefe de Estado que encabeza una misión especial “gozará de las facilidades, privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a los jefes de Estado”. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) codifica por separado la inmunidad diplomática para agentes diplomáticos acreditados, ilustrando el principio más amplio del derecho internacional de inviolabilidad para representantes oficiales. Lo más importante es que la CIJ, en República Democrática del Congo contra Bélgica (2002), conocido como el “Caso de la orden de arresto”, presentado después de que Bélgica emitiera una orden de detención internacional contra el ministro de Relaciones Exteriores en ejercicio de la RDC, sostuvo que el ministro de Relaciones Exteriores en ejercicio gozaba de “inmunidad de jurisdicción penal” e “inviolabilidad” bajo el derecho internacional y que la orden de detención de Bélgica violaba esas obligaciones.
Existe una excepción importante en el sistema internacional, y se aplica en el marco de la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga a personas (no a Estados, como lo hace la CIJ). El Artículo 27 del Estatuto de Roma de la CPI establece que la calidad oficial “como jefe de Estado o de gobierno” no exime a una persona de responsabilidad prevista en el Estatuto y que las inmunidades “no impedirán a la Corte ejercer su competencia”. Bajo el Estatuto de Roma, la CPI puede procesar a personas por los delitos internacionales más graves —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión— cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar. Por eso la CPI puede emitir órdenes de detención incluso contra jefes de Estado o de gobierno en funciones. Esta es la lógica jurídica invocada en la orden de arresto de la CPI contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El brutal ataque de Trump no solo viola el derecho internacional, sino que también plantea cuestiones en virtud de la legislación estadounidense. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 exige que el presidente estadounidense consulte con el Congreso “en todos los casos posibles” antes de introducir las fuerzas armadas estadounidenses en hostilidades con cualquier Estado y, si no lo hace, debe informar al Congreso dentro de 48 horas, debiendo cesar las hostilidades en un plazo de 60 días si no se obtiene la autorización. El desprecio de Washington por el derecho internacional se refleja en el ámbito nacional.
https://www.youtube.com/watch?v=LfEjgsnF4CI&list=RDLfEjgsnF4CI&start_radio=1
En su comparecencia inicial ante el tribunal el 5 de enero, el presidente Maduro dijo: “Soy un prisionero de guerra”. Esta es una afirmación precisa. Maduro y Flores fueron capturados con fines puramente políticos, como parte de la larga guerra de Washington contra el Sur Global.
Lo imagino en su celda, al antiguo conductor de autobús y sindicalista, el presidente renuente que llegó al socialismo a través de su padre sindicalista y su madre católica, el que una vez me dijo: “la historia me puso en esta silla presidencial no para complacer a nadie sino para defender a mi país y al socialismo”. Imagino a Flores, la joven abogada que ayudó a defender a Hugo Chávez después del levantamiento de 1992 y consiguió su liberación de la cárcel en 1994. Los imagino tarareando la gran canción de Alí Primera de 1977 que más tarde se convertiría en un himno del chavismo, Los que mueren por la vida:
Los que mueren por la vida
no pueden llamarse muertos.
Y a partir de este momento
es prohibido llorarlos.Que se callen los redobles
en todos los campanarios.Vamos cumpa carajo,
que para amanecer
no hacen falta gallinas
Sino cantar de gallosEllos no serán bandera,
para abrazarnos con ella
Y el que no la pueda alzar,
que abandone la peleaNo es tiempo de recular,
ni de vivir de leyendasCanta, canta, compañero
que tu voz sea disparo,
que con las manos del pueblo
no habrá canto desarmadoCanta, canta, compañero
Canta, canta, compañero
Canta, canta, compañero
Que no calle tu canciónSi te falta bastimento
Tienes ese corazón
Que tiene latir de bongo,
color de vino ancestralViene tu cueca de lucha,
cabalgando un viento australCanta, canta, compañero
Canta, canta, compañeroCanta, canta, compañero
Que tu voz sea disparo
Que con las manos del pueblo
no habrá canto desarmadoCanta, canta, compañero
Canta, canta, compañero
Canta, canta, compañero
Que no calle tu canción…
Cordialmente,
Vijay
6. La frivolidad belicosa de los imperios seniles.
Otro artículo de Hedges sobre la triste situación política en EEUU.
https://chrishedges.substack.com/p/grand-illusion
Gran ilusión
Estamos malditos por lo que la historiadora Barbara Tuchman denomina «la frivolidad belicosa de los imperios seniles».
8 de enero de 2026
«Vivimos en un mundo en el que se puede hablar todo lo que se quiera de sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo, en el mundo real, Jake, que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo que han existido desde el principio de los tiempos». — Stephen Miller a Jake Tapper en la CNN, 5 de enero de 2026.
«El que quiera vivir debe luchar. El que no quiera luchar en este mundo, donde la lucha permanente es la ley de la vida, no tiene derecho a existir. Esta afirmación puede parecer dura, pero, al fin y al cabo, así es como son las cosas». — Adolf Hitler en Mein Kampf
«El Estado fascista expresa la voluntad de ejercer el poder y mandar. Aquí, la tradición romana se plasma en una concepción de la fuerza. El poder imperial, tal y como lo entiende la doctrina fascista, no es solo territorial, militar o comercial, sino también espiritual y ético… El fascismo ve en el espíritu imperialista, es decir, en la tendencia de las naciones a expandirse, una manifestación de su vitalidad». — Benito Mussolini en La doctrina del fascismo
Made in the USSA — por Mr. Fish
Todos los imperios, cuando están muriendo, adoran el ídolo de la guerra. La guerra salvará al imperio. La guerra resucitará la gloria pasada. La guerra enseñará a un mundo rebelde a obedecer. Pero aquellos que se inclinan ante el ídolo de la guerra, cegados por la hipermasculinidad y la arrogancia, no se dan cuenta de que, si bien los ídolos comienzan pidiendo el sacrificio de los demás, terminan exigiendo el sacrificio propio. La ekpyrosis, la inevitable conflagración que destruye el mundo según los antiguos estoicos, forma parte de la naturaleza cíclica del tiempo. No hay escapatoria. Fortuna. Hay un momento para la muerte individual. Hay un momento para la muerte colectiva. Al final, con ciudadanos cansados que anhelan la extinción, los imperios encienden su propia pira funeraria.
Nuestros sumos sacerdotes de la guerra, Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, Stephen Miller y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan «Razin» Caine, no son diferentes de los necios y charlatanes que acabaron con los imperios del pasado: los altivos líderes del Imperio austrohúngaro, los militaristas de la Alemania imperial y la desventurada corte de la Rusia zarista en la Primera Guerra Mundial. Les siguieron los fascistas de Italia bajo Benito Mussolini, Alemania bajo Adolf Hitler y los gobernantes militares del Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial.
Estas entidades políticas cometieron suicidio colectivo.
Bebieron el mismo elixir fatal que Miller y los que están en la Casa Blanca de Trump. Ellos también intentaron utilizar la violencia industrial para remodelar el universo. Ellos también se consideraban omnipotentes. Ellos también se veían a sí mismos en el rostro del ídolo de la guerra. También exigieron ser obedecidos y adorados.
Para ellos, la destrucción es creación. La disidencia es sedición. El mundo es unidimensional. Los fuertes contra los débiles. Solo nuestra nación es grande. Las demás naciones, incluso las aliadas, son despreciadas con desdén.
Estos arquitectos de la locura imperial son bufones y payasos asesinos. Son ridiculizados y odiados por aquellos que están arraigados en un mundo basado en la realidad. Son seguidos servilmente por los desesperados y los marginados. La simplicidad del mensaje es su atractivo. Un conjuro mágico devolverá el mundo perdido, la edad de oro, por muy mítica que sea. La realidad se ve exclusivamente a través del prisma del ultranacionalismo. La otra cara del ultranacionalismo es el racismo.
«El nacionalista es, por definición, un ignorante», escribió el novelista yugoslavo-serbio Danilo Kiš. «El nacionalismo es la línea de menor resistencia, el camino fácil. El nacionalista no tiene preocupaciones, sabe o cree saber cuáles son sus valores, los suyos, es decir, los nacionales, los valores de la nación a la que pertenece, éticos y políticos; no le interesan los demás, no son asunto suyo, demonios, son otras personas (otras naciones, otras tribus). Ni siquiera es necesario investigarlos. El nacionalista ve a los demás a su imagen y semejanza, como nacionalistas».
Estos seres humanos atrofiados son incapaces de comprender a los demás. Amenazan. Aterrorizan. Matan. El arte de la política de poder entre naciones o individuos está mucho más allá de su diminuta imaginación. Carecen de la inteligencia —emocional e intelectual— necesaria para hacer frente a las complejas y siempre cambiantes arenas de las alianzas antiguas y nuevas. No pueden verse a sí mismos como los ve el mundo.
La diplomacia es a menudo un arte oscuro y engañoso. Es manipuladora por naturaleza. Pero requiere comprender otras culturas y tradiciones. Requiere meterse en la cabeza de los adversarios y aliados. Para Trump y sus secuaces, esto es imposible.
Los diplomáticos hábiles, como el príncipe Klemens von Metternich, ministro de Asuntos Exteriores del Imperio austriaco que dominó la política europea tras la derrota de Napoleón, lo consiguen elaborando acuerdos y tratados como el Concierto Europeo y el Congreso de Viena. Metternich, que no era amigo del liberalismo, mantuvo hábilmente la estabilidad en Europa hasta las revoluciones de 1848.
Informé sobre Richard Holbrooke, el subsecretario de Estado, mientras negociaba el fin de la guerra en Bosnia. Era grandilocuente y estaba fascinado con su propia fama. Pero enfrentó a los señores de la guerra de los Balcanes en la antigua Yugoslavia hasta que accedieron a detener los combates —con la ayuda de los aviones de combate de la OTAN que bombardearon las posiciones serbias en las colinas alrededor de Sarajevo— y firmaron los Acuerdos de Paz de Dayton.
Holbrooke tenía poco respeto por los diplomáticos que se entretenían en las salas de conferencias de Ginebra mientras 100 000 personas morían o desaparecían en Bosnia, 900 000 se convertían en refugiados y 1,3 millones se veían desplazadas internamente. Sentía aversión por los comandantes militares que se negaban a correr riesgos. Detestaba a los líderes croatas, serbios y musulmanes a los que tuvo que obligar a firmar el acuerdo de paz.
Holbrooke, cuyo estilo fanfarrón y sus erupciones volcánicas eran legendarios, dejaba a su paso egos heridos y colegas ofendidos y amargados. Pero sabía cómo engatusar y moldear a sus adversarios a su antojo. Se le comparaba, en una comparación poco halagüeña, con Jules Cardinal Mazarin, el astuto prelado y estadista del siglo XVII que consolidó la supremacía de Francia entre las potencias europeas. «Halaga, miente, humilla: es una especie de Mazarin brutal y esquizofrénico», dijo un diplomático francés a Le Figaro, refiriéndose a Holbrooke, durante las conversaciones de Dayton.
Cierto.
Pero Holbrooke, por muy voluble que fuera, entendía la interacción entre la fuerza y la diplomacia. Esta comprensión es esencial. Es la razón por la que las naciones tienen diplomáticos. Es la razón por la que los grandes diplomáticos son tan importantes como los grandes generales.
Los Estados gánsteres no necesitan diplomacia. Por esta razón, Trump y Rubio han destripado el Departamento de Estado, junto con otras formas de poder «blando» que logran influencia sin recurrir a la fuerza, incluyendo el papel de Estados Unidos en las Naciones Unidas, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Instituto Estadounidense para la Paz —rebautizado como Instituto Donald J. Trump para la Paz después de que la mayoría de la junta directiva y el personal fueran despedidos— y la Voz de América.
Los diplomáticos de los Estados mafiosos quedan reducidos al papel de recaderos. El ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, Joachim von Ribbentrop, cuya principal experiencia en asuntos exteriores antes de 1933 era vender champán alemán falso en Gran Bretaña, nombró a miembros del partido de las SA o Camisas Marrones —el ala paramilitar del partido— para puestos diplomáticos en el extranjero. El ministro de Asuntos Exteriores de Benito Mussolini era su yerno, Galeazzo Ciano. Mussolini —que creía que «la guerra es para el hombre lo que la maternidad es para la mujer»— ejecutó más tarde a Ciano por deslealtad. El enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steven Charles Witkoff, es un promotor inmobiliario, a menudo acompañado en misiones diplomáticas por el incompetente yerno de Trump, Jared Kushner.
El filósofo italiano Benedetto Croce bromeó diciendo que el fascismo había creado una cuarta forma de gobierno, la «onagrocracia», un gobierno de burros rebuznantes, que se sumaba al tradicional triunvirato de Aristóteles de tiranía, oligarquía y democracia.
Su clase dirigente, demócratas y republicanos, desmantelaron la democracia pieza a pieza. En Alemania e Italia, el Estado constitucional también se derrumbó mucho antes de la llegada del fascismo. Trump, que es el síntoma, no la enfermedad, heredó el cadáver. Y lo está aprovechando bien.
«Creo que mantener nuestro imperio en el extranjero requiere recursos y compromisos que inevitablemente socavarán nuestra democracia interna y, al final, darán lugar a una dictadura militar o su equivalente civil», escribió Chalmers Johnson hace dos décadas en su libro «Némesis: los últimos días de la República estadounidense».
Advirtió:
Los fundadores de nuestra nación lo entendieron bien e intentaron crear una forma de gobierno —una república— que evitara que esto ocurriera. Pero la combinación de enormes ejércitos permanentes, guerras casi continuas, keynesianismo militar y gastos militares ruinosos ha destruido nuestra estructura republicana en favor de una presidencia imperial. Estamos a punto de perder nuestra democracia por mantener nuestro imperio. Una vez que una nación emprende ese camino, entran en juego las dinámicas que se aplican a todos los imperios: aislamiento, sobrecarga, unión de fuerzas opuestas al imperialismo y bancarrota. Némesis acecha nuestra vida como nación libre.
El Imperio Americano, derrotado en Irak y Afganistán —como lo fue en Bahía de Cochinos y en Vietnam— no aprende nada. Se lanza a cada nuevo fiasco militar como si los fiascos militares anteriores no hubieran ocurrido. Cree que no necesita aliados. Gobernará el mundo.
Si ocupar Groenlandia hace estallar la OTAN, ¿qué más da? Si financiar y armar a Israel para llevar a cabo un genocidio y bombardear Irán y Yemen aleja a grandes sectores del Sur Global y enfurece al mundo musulmán, ¿a quién le importa? Si invadir y secuestrar al presidente de Venezuela huele a imperialismo yanqui, ¡qué le vamos a hacer! Nadie más importa.
Las naciones que pisotean el mundo como King Kong se infectan con un virus mortal.
Johnson advirtió que si seguimos aferrándonos a nuestro imperio, como hizo la República Romana, «perderemos nuestra democracia y esperaremos con tristeza el eventual contraataque que genera el imperialismo».
La reacción violenta es lo siguiente y, con ella, el colapso del desmoronado edificio del Imperio Americano. Es una vieja historia. Aunque para ustedes y para la camarilla de inadaptados instalados en nuestra versión de la corte de Ubu Roi, será un terrible shock.
7. Guerra contra todos.
Y también Tomaselli reflexiona sobre el desatado ardor guerrero de la administración Trump.
https://giubberossenews.it/2026/01/08/daddy-donald-va-alla-guerra/
Daddy Donald va a la guerra
Por Enrico Tomaselli
8 de enero de 2026
Cuando la administración Trump comenzó a distanciarse del conflicto en Ucrania, lo que la impulsó no fue precisamente un repentino amor por Rusia, sino simplemente el temor de que una derrota militar de la OTAN pudiera repercutir negativamente en la reputación de los Estados Unidos.
El deseo de derrotar estratégicamente a Rusia y apropiarse de sus recursos no había desaparecido en absoluto, sino que solo se había dejado de lado de forma contingente. Sin embargo, cuando comenzaron a surgir las dificultades, empezaron a reconsiderar la hipótesis.
Básicamente, el proyecto de retirada preveía, en primer lugar, la posibilidad de poner fin al conflicto mediante una negociación, en la que Washington pasara elegantemente de ser el principal patrocinador de Kiev a ser mediador entre las partes y, sobre todo, que la negociación condujera a minimizar en la medida de lo posible la ventaja rusa y a amplificar el papel de Estados Unidos (y el personal de Trump) como mediadores. Sin embargo, este proyecto se topó con algunos factores, entre ellos la resistencia opuesta por los dirigentes ucranianos —respaldados por los europeos— y por parte de la propia administración estadounidense, pero sobre todo por la firmeza rusa. Moscú se ha declarado en varias ocasiones abierta a la negociación, pero en realidad nunca ha reconocido a Washington un papel de tercero, considerándola más bien la verdadera decisora, y al mismo tiempo nunca ha cedido en las cuestiones fundamentales. En la práctica, ha puesto de manifiesto tanto la incapacidad de Estados Unidos para controlar efectivamente a su proxy ucraniano como el intento de hacer aceptar a Rusia un resultado menor. A partir de cierto momento, por lo tanto, Trump llegó a pensar que aumentando la presión sobre Moscú sería posible obtener lo que la simple oferta de negociación no lograba.
El ataque a la tríada nuclear rusa, organizado y llevado a cabo por la CIA y el MI-6, tuvo lugar el 1 de junio. El 13 de junio, Israel, con la plena cobertura de Estados Unidos, lanza un ataque contra Irán —que acaba de firmar un pacto estratégico con Rusia— que, entre otras cosas, es una réplica perfecta de la operación Spider Web lanzada doce días antes contra la Federación Rusa. Una forma clara de subrayar la misma firma. Dos meses después, el 14 de agosto, Trump y Putin se reúnen en Anchorage, Alaska. Aunque la cumbre fue muy publicitada por la propaganda estadounidense, hasta el punto de que los ingenuos europeos vieron en ella una especie de pacto Molotov-Ribbentrop a sus espaldas, lo cierto es que en ella no se llegó a ningún acuerdo, salvo el de enfatizar la voluntad común de seguir adelante con las negociaciones. De hecho, la posición rusa seguía siendo prácticamente la misma.
A partir de ese momento, lo que se había iniciado como una forma de presión negociadora sobre Moscú se fue transformando poco a poco en una auténtica campaña hostil. La serie de ataques con drones contra las refinerías rusas, que había experimentado una ralentización en la primera parte de 2025, se reanudó a partir de julio y se intensificó cada vez más, acompañada esta vez también de ataques a petroleros, tanto en el mar Negro como en el Mediterráneo. Todas estas operaciones, siempre bajo la dirección conjunta de la CIA y el MI-6, tienen como objetivo golpear al sector petrolero ruso, tanto para debilitar su capacidad de sostener económicamente los costes de la guerra como para afectar a los suministros a China. De hecho, el petróleo se considera la yugular sobre la que golpear al eje ruso-chino, gracias también al hecho de que Estados Unidos ha alcanzado entretanto la plena autonomía gracias a la extracción mediante fracking. Un posible impacto en el precio del barril tiene incluso una ventaja adicional parcial, ya que el fracking es un método de extracción muy costoso y, por lo tanto, por debajo de un precio determinado resulta poco rentable.
Básicamente, por lo tanto, al menos desde el otoño del año pasado, la opción negociadora pierde brillo y se mantiene más que nada por razones tácticas, mientras que la idea de intensificar la guerra híbrida contra Moscú se centra cada vez más en golpear realmente a Rusia, más que en una forma de presión en función de la negociación.
A caballo entre el comienzo del nuevo año, la intención belicosa de Estados Unidos alcanza su punto álgido. Ataque a la residencia presidencial rusa de Valdai [1] en diciembre, y a principios de enero ataque a Venezuela, país amigo de Rusia y China.
Y, sobre todo, el plan estratégico esbozado en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en noviembre, se pone en marcha repentinamente, mientras desaparecen los tonos dialogantes, sustituidos por una arrogancia agresiva y asertiva en la postura estadounidense. El desprecio manifiesto hacia el derecho y las instituciones internacionales, con el representante estadounidense en la ONU declarando abiertamente en el Consejo de Seguridad: «el presidente Donald Trump seguirá ignorando esta ridícula organización llamada ONU», va acompañada de una descarada reivindicación del derecho superior de Estados Unidos a hacer lo que quiera, donde quiera, en virtud de su capacidad para ejercer la fuerza.
Toda la operación llevada a cabo contra Caracas, sobre todo por los mensajes que la han acompañado, es de hecho una declaración de guerra, no solo a China, sino también a Rusia. Y marca el paso a una fase en la que ya no se trata de contener a los adversarios, mediante una combinación de acción político-diplomática y despliegue militar, sino de atacar su capacidad expansiva, utilizando la guerra como principal palanca de la acción estadounidense, que Trump agita como una maza, con un estilo que recuerda al de Milei y su motosierra. El inminente ataque a Irán, cuya fecha probablemente dependa de cómo evolucionen las protestas en curso en el país, debe entenderse como un segundo golpe al ventre molle petrolero de China, y más aún como una extensión del efecto shock and awe producido por el ataque a Venezuela, aprovechando —y posiblemente amplificando— la desorientación rusa y china, que aún están evaluando cómo responder.
La decisión, recién anunciada por Trump, de elevar el presupuesto de 2027 para el Departamento de Guerra de los 1 billón de dólares previstos a 1,5 billones, con un aumento espectacular (+66 % con respecto a los 901 000 millones de dólares actuales), dice claramente que Washington ha emprendido decididamente el camino del enfrentamiento.
Es posible que este aumento estratosférico esté relacionado en parte con la idea, ya utilizada con la URSS, de arrastrar a sus adversarios a una carrera armamentística, lo que se reflejaría en una creciente dificultad para sostenerla y, al final, provocaría una crisis interna en los respectivos países. Pero dada la situación económica de Estados Unidos, dada la naturaleza capitalista de la industria bélica estadounidense y las ventajas de las que disponen Rusia y China, es poco probable que esto tenga un impacto significativo. La aceleración, por lo tanto, sirve en cierto modo como disuasión: si no quieren sucumbir, deben desviar su economía hacia un modelo de guerra y, por lo tanto (especialmente China), frenar su crecimiento económico, teniendo en cuenta también que una inversión para 2027 dará sus frutos en un plazo aún más largo, pero indica en cualquier caso la intención de utilizar la amenaza militar como principal instrumento para frenar el crecimiento de los principales competidores de Estados Unidos. Todo ello conduce inevitablemente a aumentar enormemente la posibilidad, ya concreta, de que se produzca un primer enfrentamiento directo, de prueba mutua, en un plazo relativamente breve, probablemente ya este año.
El momento y la forma en que Moscú y Pekín reaccionen a esta escalada, y la mayor o menor coordinación que surja entre ambos, indicarán cuál será el adversario al que Washington someterá a la primera prueba de confrontación sin intermediarios. Si es Rusia, el terreno podría ser Siria o la propia Ucrania; si, como es más probable, es China, asistiremos a un enfrentamiento aeronaval, quizás en el mar de China Meridional o en el mar de Filipinas.
En cualquier caso, Estados Unidos está avanzando a pasos agigantados hacia la guerra, como última oportunidad para no salir de la Historia. Como dice Chris Hedges, «todos los imperios, cuando están muriendo, adoran el ídolo de la guerra».
1 – De hecho, este ataque sanciona la ruptura de las negociaciones. Moscú entrega a Estados Unidos un chip extraído de uno de los drones derribados, que demuestra la complicidad estadounidense en el ataque, y declara que las negociaciones ya no podrán continuar sobre las mismas bases (y como son con Estados Unidos, no con Ucrania, el mensaje va dirigido a la Casa Blanca). Tras el acto de piratería contra el buque Marinera, que enarbola pabellón ruso, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado las relaciones ruso-estadounidenses como «ya muy tensas».
8. Sudáfrica a 30 años del fin del apartheid.
Un repaso en el últiimo número de New Left Review a la historia reciente de la República Sudafricana. Claramente, le haría falta un nuevo impulso revolucionario. ¿Pero a quién no?
https://newleftreview.org/issues/ii156/articles/kevin-cox-south-africa-in-history-s-shadow
Kevin Cox
Sudáfrica a la sombra de la historia
Han pasado más de treinta años desde las primeras elecciones no raciales de Sudáfrica. La gran mayoría de los votantes de 1994 habían luchado toda su vida bajo el yugo asfixiante del apartheid, en el lugar de trabajo, en el campo, en sus barrios; el futuro solo podía ser mejor. Hasta cierto punto, así ha sido. Aunque millones de personas siguen viviendo en asentamientos informales, las condiciones de vivienda han mejorado.nota al pie1 Se ha devuelto una cantidad considerable de tierras a quienes fueron desalojados por la fuerza por los programas de reasentamiento del apartheid, a pesar de la lentitud de los avances. Las pensiones se han igualado al alza hasta el nivel que antes solo disfrutaban los blancos, lo que proporciona una red de seguridad crucial para muchos hogares africanos. Los pobres reciben una asignación semanal gratuita de electricidad. Se ha eliminado la segregación en las escuelas, al menos formalmente, y los africanos han ascendido en la escala educativa; más de dos tercios alcanzan ahora la educación secundaria. Las tasas de afiliación a los sindicatos son elevadas. Se ha contratado a africanos en todos los niveles de la función pública.
Por otra parte, aunque Sudáfrica había competido durante mucho tiempo con Brasil por la dudosa distinción de tener la distribución de ingresos más desigual del mundo, esto ya no es así; Sudáfrica ocupa ahora el primer puesto en solitario. A los ricos les ha ido muy bien en la era posterior al apartheid, en parte debido a la espectacular expansión del sector financiero; pero la proporción de ingresos que corresponde al 40 % más pobre es apenas la mitad de la media de los «mercados emergentes».nota2 La segregación espacial impuesta durante la era del apartheid apenas ha cambiado; en cambio, los asentamientos informales de los townships se han expandido para incorporar a inmigrantes de otras partes del África subsahariana. La tasa de crecimiento del PIB per cápita se ha estancado desde 2008, debido solo en parte al fuerte crecimiento demográfico. El estancamiento económico refuerza la inmovilidad ocupacional, con su residual racialización de la jerarquía de competencias: «los blancos en la cima», seguidos de los indios, los mestizos y los africanos.nota al pie3 La tasa de desempleo formal es asombrosamente alta: más del 50 % entre los jóvenes. Los informes de tráfico advierten regularmente de protestas con bloqueos de carreteras, en las que las comunidades locales y los desempleados, armados con piedras y neumáticos en llamas, exigen puestos de trabajo y servicios.
Estos problemas macroeconómicos se han visto agravados por el deterioro cuantificable de las infraestructuras públicas del país: electricidad, agua y transporte. Desde 2007, la creciente demanda de electricidad ha superado la oferta de Eskom, el proveedor estatal de electricidad, lo que ha provocado importantes cortes de energía o «desconexiones». Los apagones han tenido graves efectos en la economía, sobre todo al interrumpir el suministro de agua, que debe bombearse hasta la meseta alta donde se encuentran el triángulo industrial de Vaal y las minas de Rand. Los trenes de mercancías averiados han hecho que Transnet, la empresa estatal de ferrocarriles y logística, tenga dificultades para transportar mineral de hierro y carbón a los puertos, lo que supone una pérdida de exportaciones estimada en casi 5000 millones de dólares al año. Afectado por los altos costes energéticos y el transporte poco fiable, el complejo minero-energético que ha sido el motor del desarrollo de Sudáfrica desde la década de 1880 está empezando a estancarse.
A estas dificultades se ha sumado el aumento de los delitos violentos. La tasa de homicidios se situó en 42 por cada 100 000 habitantes en 2021, solo superada por Jamaica y muy por encima de las tasas de los países vecinos Namibia, Botsuana o Zimbabue.nota al pie4 Las agresiones, los robos y los secuestros de vehículos se han convertido en algo habitual en las noticias diarias. Los ricos pueden beneficiarse de una amplia gama de medidas de seguridad privada, mientras que los sudafricanos más pobres están mucho más expuestos. El trabajo informal, a menudo ilegal, es vulnerable a la extorsión bajo amenaza de violencia; esto es sistemático en el caso de los zama zamas, mineros autónomos que excavan en minas de oro abandonadas, con gran riesgo físico. Peor aún, en los últimos años, el vandalismo de las infraestructuras se ha convertido en un problema importante. Cualquier objeto metálico es susceptible de ser robado: señales de tráfico, tapas de alcantarillas, el cobre de los cables. Los saqueos se dispararon durante la pandemia, cuando, al quedarse en casa los pasajeros y los guardias de seguridad, el sistema ferroviario de cercanías de la zona de Johannesburgo quedó totalmente destrozado, con fotos de vías arrancadas y estaciones despojadas. Los efectos son regresivos: quienes no tienen coche quedan a merced de las empresas de taxis gestionadas por bandas, cuyas guerras territoriales pueden acabar en tiroteos, con pasajeros que a veces se ven atrapados en el fuego cruzado.
La caída de la participación en las últimas elecciones es una medida de hasta qué punto se ha evaporado el optimismo posterior al apartheid. Del 87 % en 1994, la participación cayó al 73 % en 2014, al 66 % en 2019 y al 59 % en 2024. Los votos populares del CNA han pasado de 12 millones en 1994 a 6,4 millones en 2024, y su porcentaje del total ha bajado de un máximo del 70 % en 2004 al 40 %, lo que ha obligado al partido a formar un gobierno de coalición con la Alianza Democrática liberal, el vehículo preferido por la mayoría de los votantes blancos, indios y de color, y dos agrupaciones conservadoras: el Partido de la Libertad Inkatha, fundado por los descendientes de la familia real zulú, con su bastión en KwaZulu-Natal; y la Alianza Patriótica, un pequeño partido de derecha que moviliza a los mestizos pobres de la provincia del Cabo Occidental. Estas fuerzas heterogéneas constituyen la base parlamentaria del segundo mandato presidencial de Cyril Ramaphosa. La oposición está formada ahora por el mk del expresidente Jacob Zuma, un partido zulú populista que obtuvo el 15 % —más de dos millones de votos, principalmente del anc— en las elecciones de 2024; y los Economic Freedom Fighters, de Julius Malema, un partido populista de izquierdas que obtuvo 1,5 millones de votos, el 10 % del total. La pluralización de las fuerzas parlamentarias puede ser positiva, tras veinte años de predominio indiscutible del CNA, pero el grado en que el nuevo panorama partidista se correlaciona con las agrupaciones étnicas y tribales es un mal presagio. Ahora se habla con frecuencia de Sudáfrica como un «Estado fallido» o, como prefiere decirlo la comunidad internacional de ONG en la actualidad, un Estado «frágil».nota al pie5
¿Es culpa del partido?
¿Cómo se explica el deterioro de las condiciones sociales y económicas de Sudáfrica? Las dos explicaciones más comunes se centran en el historial del CNA, pero ofrecen análisis opuestos sobre dónde se ha equivocado. Para la izquierda, el punto de inflexión fue la connivencia de los líderes del CNA y del Partido Comunista Sudafricano (SACP) con el capital al aceptar un marco neoliberal durante la transición de 1990-1994. En lugar de movilizar a los townships y el apoyo internacional en torno a un programa redistributivo coherente, Mandela y sus compañeros acordaron desmovilizarse. Según esta interpretación, el régimen posterior al apartheid fue impulsado por el capital financiero y minero sudafricano, junto con el Banco Mundial y el FMI, mientras que «los líderes del SACP ofrecieron con entusiasmo las pinzas» y el movimiento de masas de los townships «se mantuvo fuera de la sala de partos».nota al pie6
Los críticos liberales también identifican al CNA como un problema crucial, pero para ellos la cuestión es que el partido se ha mantenido fiel al estatismo de izquierdas y no es lo suficientemente neoliberal. En What’s Gone Wrong?, Alex Boraine, artífice de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, sostiene que los largos años de exilio del CNA, incesantemente perseguido por la policía secreta de Pretoria, le inculcaron un comprensible temor a la infiltración, lo que convirtió la lealtad al partido y el compromiso con el dogma programático en la virtud suprema. nota al pie7 Frans Cronje, director del Instituto de Relaciones Raciales del país, culpa a los gobernantes del apartheid de haber empujado al ANC, originalmente bastante moderado, a los brazos de Moscú en la década de 1950. Para Cronje, la transición tuvo un buen comienzo con el discurso de Mandela en Davos en 1992 y la profundización del giro neoliberal por parte de Mbeki con el programa Growth, Empleo y Redistribución (Gear), que redujo la deuda nacional de Sudáfrica del 50 al 25 % del PIB, mientras que las tasas de crecimiento alcanzaron el 5 % en 2004-2007, aunque impulsadas por una burbuja inmobiliaria a una escala comparable a la de Estados Unidos y Europa. Pero, según Cronje, los defectos personales de Mbeki —superstición sobre el sida, paranoia hacia sus rivales, implicación en negocios corruptos de armas— abrieron el camino para que la izquierda del CNA, el SACP y el COSATU lo destituyeran como presidente del partido, aprovechando el atractivo populista de Zuma en la conferencia del CNA de 2007 en Polokwane. Tras la victoria de Zuma en las elecciones presidenciales de abril de 2009, la izquierda tomó el control de la política del partido, aumentando el salario mínimo, imponiendo una carta sindical favorable a la industria minera, ampliando el seguro médico y acelerando las medidas de empoderamiento económico de los negros. Fue este alejamiento del sentido común económico liberal, combinado con la corrupción a escala industrial de Zuma, lo que condujo a la «caída» de Sudáfrica.nota al pie8
Una tercera explicación de los fracasos del ANC es cultural. En Africa Works, un locus classicus de este enfoque, Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz sostienen que el África poscolonial ha desarrollado su propia forma de modernidad, combinando las tecnologías avanzadas occidentales con los modelos culturales y las formas de gobierno locales. Tras la independencia, las ruidosas estructuras estatales coloniales europeas se informalizaron aún más en interés de las élites africanas, que necesitaban recursos para que sus electores les apoyaran y reforzaran su estatus de «grandes hombres». Según Chabal y Daloz, y en contra de los dogmas del «buen gobierno», los programas de ajuste estructural del FMI de la década de 1980 profundizaron este proceso de «retradicionalización» debido a las jugosas ganancias que se podían obtener con la privatización de los activos estatales. Pero, a su manera, argumentan, el sistema «funciona», ya que ofrece soluciones personalizadas a los problemas sociales, aunque sea a costa de un bajo crecimiento económico.nota al pie9
Aunque Africa Works excluyó específicamente a Sudáfrica, el politólogo R. W. Johnson ha desarrollado un análisis cultural comparable del régimen del CNA, aunque menos crítico con sus predecesores coloniales. Johnson califica la etiqueta de «Estado fallido» de «desesperadamente ahistórica». Más bien, Sudáfrica ha vuelto a sus costumbres precoloniales. Las incursiones para robar ganado desempeñaban un papel importante en las sociedades xhosa y zulú; cuando los líderes del CNA saquearon el Estado, simplemente estaban restableciendo un antiguo modelo de autoridad, transmitido culturalmente de generación en generación, aunque también reforzado por las políticas de «tribalización» de la era del apartheid. Se trataba de una forma de neopatrimonialismo, basada en un «gran hombre» que acumulaba riqueza personal y la distribuía entre sus clientes. Como señala Johnson, Zuma procedía de un entorno relativamente modesto, pero no tuvo dificultades para adoptar «todos los atributos de un jefe zulú»: el gran kraal de Nkandla, las numerosas esposas e hijos, la multitud de clientes y compinches. Para Johnson, el saqueo en sí mismo es la causa principal del bajo crecimiento y el aumento del desempleo en Sudáfrica, y las empresas estatales corruptas y en quiebra son un lastre importante para el desarrollo. Sin embargo, a diferencia de Chabal y Daloz, es optimista sobre el ajuste estructural neoliberal y sostiene que, con la crisis de la deuda acechando, el CNA tendrá que cambiar, ya sea bajo la presión del FMI o por iniciativa propia.nota al pie10
Aunque en cada una de estas explicaciones se pueden encontrar algunas pizcas de verdad, todos ellos son objeto de críticas. La perspectiva de la izquierda no analiza las dificultades reales a las que se enfrenta la reconstrucción socialista en la era de la globalización financiarizada. La crítica liberal aparta la mirada de la vertiginosa desigualdad que ha contribuido a provocar la desregulación del capital. El enfoque culturalista no explica la magnitud del saqueo y el clientelismo bajo el dominio colonial holandés y británico. Al mismo tiempo, las tres se centran casi exclusivamente en las decisiones de los dirigentes del CNA; por importante que sea, este enfoque puede dejar fuera factores importantes, al tratar a Sudáfrica de forma aislada de las fuerzas geopolíticas y económicas mundiales más amplias. Este ensayo intenta, en cambio, ofrecer una explicación más estructural de la situación de Sudáfrica. Sin querer descartar los efectos tóxicos del neoliberalismo, el duro legado del apartheid ha sido más significativo en lo que ha sucedido.
Luchas formativas
Fue el descubrimiento en 1886 de un filón de oro que se extendía de este a oeste por el interior del sur de África, a la altura de la actual Johannesburgo, y que se conocería como el Rand, lo que catalizó la lucha final para forjar un Estado unificado a partir de las múltiples entidades políticas existentes entre el Cabo y el río Limpopo. Durante casi un siglo, las colonias costeras inglesas (El Cabo y Natal) y las repúblicas bóers del interior de habla neerlandesa (Transvaal y el Estado Libre de Orange) habían estado luchando entre sí, al tiempo que combatían para reprimir, en diversas ocasiones, a los militantes pueblos zulú y xhosa del Cabo Oriental y la costa del océano Índico; los cazadores-recolectores khoi y san del árido oeste; y los pedi, sotho y tswana del norte. Los británicos habían arrebatado el Cabo a los holandeses durante las guerras napoleónicas por su ubicación estratégica en la ruta marítima hacia la India; en aquella época, en Londres había poco apoyo para una costosa campaña militar destinada a conquistar el interior. Sin el oro, la república bóer de Transvaal podría haber seguido siendo una región fronteriza, donde los terratenientes blancos se ganaban la vida explotando a sus ejércitos de jornaleros y ocupantes ilegales, o aparceros, así como cazando animales de gran tamaño para obtener marfil y pieles para la exportación. Más allá del alcance de las leyes y los impuestos de la autoridad colonial británica, que emanaban de Ciudad del Cabo, los granjeros bóers también estaban geográficamente aislados de los circuitos del capital global y los mercados de la economía urbano-industrial, en mucha mayor medida que las estancias argentinas o los ranchos ganaderos estadounidenses. La otra diferencia crucial entre el sur de África y las colonias de pobladores del Nuevo Mundo o las Antípodas era la magnitud de las poblaciones «nativas» africanas, que superaban en número a los blancos en una proporción de cuatro a uno. Demostraron ser más resistentes a las enfermedades de los blancos y más dispuestos a trabajar que los indios de las llanuras norteamericanas, lo que tendría una gran importancia para las minas.
Las minas de oro transformaron el Transvaal de una zona rural aislada en un pequeño estado semiindustrializado en auge bajo el liderazgo de su comandante de la milicia fronteriza, Paul Kruger. Las empresas mineras y ferroviarias británicas invirtieron capital prestado, mientras que la afluencia de lo que los afrikaners de habla holandesa llamaban mano de obra uitlander —blancos «extranjeros», principalmente británicos— proporcionó el elemento más cualificado en las minas y en la red de ferrocarriles construida desde las ciudades portuarias de Durban y Ciudad del Cabo hasta el Rand. Kruger mantuvo un control férreo, ejerciendo el monopolio sobre el suministro de dinamita y mano de obra negra, negando el voto a los uitlanders mientras sus impuestos llenaban las arcas del Estado dorado, reforzando su poder frente a los británicos y ayudando a rearmar sus fuerzas kommando con armas alemanas. La confluencia de las tensiones geopolíticas —la llegada del imperialismo alemán al sur de África— con las tensiones étnicas intraeuropeas —las quejas inglesas por los malos tratos de los afrikaners— se vio agravada por el impacto desestabilizador de los procesos de extracción industrial-capitalista en la región. Además, en lugar del simple intercambio de mercancías entre los blancos y la práctica bantú de la tenencia tradicional de la tierra y la agricultura de subsistencia, el capital global exigía la producción —y la reproducción continua— de una mano de obra explotable.
Los Randlords, como se conocía a los propietarios de minas de habla inglesa, ejercieron una enorme presión sobre el gobierno de Transvaal para que suministrara mano de obra negra barata para las minas. Las condiciones geológicas del Rand, donde la mayor parte del mineral era de baja ley y estaba enterrado a gran profundidad, imponían un proceso de extracción intensivo en mano de obra y altos costes de capital. Al mismo tiempo, el precio fijo del oro —el cambio del Banco de Inglaterra al patrón oro en la década de 1870 respaldó los flujos de crédito en esta primera era de globalización— y los altos impuestos del Estado afrikáner significaban que los beneficios solo podían aumentarse ejerciendo presión a la baja sobre la mano de obra. Pero los terratenientes afrikaners del Transvaal, la base de Kruger, con sus enormes granjas, también dependían de los productos de los aparceros africanos y de la ayuda de los jornaleros para cuidar de sus rebaños y cosechar sus cultivos. Los Randlords contaban con el respaldo de la Colonia del Cabo, donde empresas mineras de diamantes como De Beers, de Cecil Rhodes, ya estaban encontrando formas de acorralar nuevas fuentes de mano de obra, entre otras cosas aumentando el impuesto sobre las chozas, obligando a los africanos a trabajar a cambio de dinero en efectivo y siendo pioneros en nuevas formas de control laboral, en particular el recinto, que se trasladaría a las minas de oro. Rhodes, hijo de un vicario inglés, había sido enviado de adolescente a vivir con unos parientes en Natal para curar su delicada salud. A los 23 años había amasado una fortuna con los diamantes y tramaba la expansión de la Sudáfrica británica por la espina dorsal oriental del continente, a través del Zambeze. Una campaña de prensa en Londres a favor de este proyecto «del Cabo al Cairo» contribuyó a conseguir el respaldo del Gabinete para la intervención militar en 1899, lo que dio lugar a la Guerra de los Bóers, en la que las fuerzas británicas, frustradas por su incapacidad para acabar con las guerrillas kommando, recurrieron a incendiar granjas y reunir a los afrikáneres para matarlos de hambre en campos de concentración, mientras que los bóers masacraban a los africanos sospechosos de colaborar con el poder imperial.
La guerra de los bóers concluyó con un compromiso, sellado en la Constitución de la Unión Sudafricana de 1910. El país sería un dominio británico, siguiendo el modelo «autónomo» de Canadá y Australia, gobernado por un gobierno afrikáner «moderado», elegido por sufragio exclusivo de los blancos. El sistema político se vio reforzado por la propiedad blanca de minas, empresas, bancos y tierras agrícolas, esta última codificada en la Ley de Tierras de 1913, que especificaba que los africanos no podían poseer ni arrendar tierras fuera de las «reservas nativas» previstas, proto-patrias que abarcaban apenas una décima parte del país. Uno de los resultados fue reducir a los agricultores africanos a sirvientes o jornaleros, o empujar a ellos a las reservas, pobres en tierras. También sirvió para aumentar la reserva de mano de obra migrante disponible para los Randlords: los hijos menores eran enviados a trabajar a las minas, donde vivían en albergues, dejando atrás a sus familias; sus salarios no tenían que cubrir el coste de la reproducción familiar. (La Ley de Tierras también intentó eliminar el arrendamiento de mano de obra y la aparcería en las granjas blancas, con un éxito limitado; en la década de 1960 todavía habría millones de agricultores africanos en el platteland, especialmente en el Estado Libre de Orange y el Transvaal).
La inserción de Sudáfrica en la división internacional del trabajo como importante productor de minerales —oro, pero también diamantes, cobre, carbón y, más tarde, platino— dependería de estos circuitos de migrantes temporales de toda la región; trabajadores que solo estaban semiproletarizados, en el sentido de que trabajaban a cambio de un salario, pero también tenían acceso a los medios de subsistencia en sus hogares, ya fuera a través de la tenencia consuetudinaria en una reserva nativa o a través de sus familias de jornaleros o aparceros en granjas propiedad de blancos. Los puestos de trabajo en la superficie, administrativos y de ingeniería estaban reservados a los blancos por la Ley de Minas y Obras de 1911, mientras que la Ley de Zonas Urbanas Nativas de 1923 delimitaba las ciudades como espacios blancos y exigía a todos los africanos urbanos llevar un pase; se aplicarían restricciones más ligeras, pero aún así comparables, a las poblaciones de color e indias. Basadas sobre todo en la obtención de mano de obra barata para las minas, estas estructuras de clase racializadas se sedimentaron en la cultura y la sociedad del nuevo país, dejándolo dividido por el descontento.
La depresión agrícola del periodo de entreguerras agravó la inseguridad material en las reservas africanas y provocó que un número cada vez mayor de personas se marchara a buscar trabajo a las ciudades, quizás también para escapar del dominio patriarcal y de la carga que suponía encontrar la tradicional lobola, o precio de la novia. Esto agravó la escasez de mano de obra en las zonas rurales blancas. Mientras tanto, los afrikaners rurales hervían de ira por la sumisión del país al Imperio Británico tras las atrocidades de la Guerra de los Bóers, sentimientos que serían canalizados por un Partido Nacional «purificado» contra los gobiernos anglófilos liderados por Louis Botha y Jan Smuts. La Segunda Guerra Mundial agudizó la polarización entre los blancos. El Partido Nacional, bajo el liderazgo de Daniel Malan, adoptó una línea proalemana contra el lealtad al Imperio del gobierno de Smuts, con la esperanza de que, si Hitler derrotaba a Gran Bretaña, se restauraría una república afrikáner. En las elecciones de 1948, Malan reunió el voto rural de los granjeros blancos, preocupados por la disminución de la mano de obra negra, y el voto urbano de los trabajadores blancos, que temían la competencia de los salarios más bajos de los negros, para lograr una victoria por los pelos con una plataforma basada en la restricción de la urbanización africana mediante una política de «separación».
El apartheid fue una profundización de la regulación laboral racializada, no una ruptura con ella. Sin embargo, representó una elección estratégica decisiva, un rechazo al gesto de Smuts hacia la integración que tenía por objeto neutralizar el atractivo de una nueva generación de líderes negros de la Liga Juvenil del CNA —Sisulu, Tambo, Mandela— que se sentían atraídos por el pequeño pero intelectualmente potente Partido Comunista Sudafricano, la primera organización política no racial del país. En cambio, el gobierno del Partido Nacional se propuso «elevar» a los afrikaners, el sector más pobre de los blancos, mediante la intensificación de la explotación de la mayoría africana. El «control de la afluencia» establecería límites estrictos a la población negra en las ciudades mediante la aplicación rigurosa de los documentos de identidad: el sistema de «pasaportes». Solo una pequeña capa de «Section Tenners», llamada así por una cláusula de la Ley Bantu (Áreas Urbanas) de 1945, tendría derecho a la residencia urbana permanente; el objetivo era que respondieran a las demandas de la industria sudafricana de una capa intermedia de trabajadores negros cualificados; de ahí la provisión de escuelas, algo inexistente para los africanos en otros lugares. De lo contrario, a los africanos solo se les permitía trasladarse a los municipios como trabajadores migrantes temporales, viviendo en albergues y siguiendo el modelo de la industria minera; se prohibía a los miembros de sus familias de las reservas o de las zonas rurales gestionadas por blancos reunirse con ellos.
Paralelamente al «control de la afluencia», el Partido Nacional se propuso convertir las reservas nativas en territorios tribales autónomos. En parte, se trataba de una respuesta táctica a la creciente resistencia negra, con el objetivo de dividir a la mayoría africana mediante la «tribalización»; pero la afirmación de que estos bantustanes se convertirían en naciones reales también se calculó para hacer frente a la creciente ola de anticolonialismo en todo el continente y, en el proceso, crear una Sudáfrica verdaderamente blanca, aunque fuera reducida. En la década de 1960, un importante impulso para modernizar y mecanizar la agricultura blanca redujo drásticamente la necesidad de mano de obra africana, lo que condujo al «blanqueamiento del platteland» mediante la expulsión forzosa de aparceros y arrendatarios y su reubicación en desolados campos de reasentamiento en los territorios tribales, bajo el dominio de su jefe tradicional o, como en el caso de los bafokeng en Bophuthatswana, del rey. Unos 3,5 millones de africanos fueron desalojados de sus tierras en esta ola de miseria. En sus propios términos, este proyecto de ingeniería social racializada fue un éxito; a principios de la década de 1980, el 54 % de los africanos vivían en los territorios tribales. Ahora totalmente proletarizados —privados de los medios de subsistencia—, fueron canalizados hacia nuevas zonas industriales, construidas dentro de la jurisdicción de la «Sudáfrica blanca», pero adyacentes a los bantustanes protonacionales, aprovechando su mano de obra barata. El reasentamiento también daría lugar a la aparición de los mineros «de carrera», trabajadores que ahora completaban un contrato tras otro, en lugar de regresar al campo; y no solo mineros, sino también obreros de fábrica, estibadores y trabajadores de la construcción. Ellos sentarían las bases para el auge explosivo del movimiento sindical africano.
Esto supondría un punto de inflexión. El creciente movimiento obrero africano, mestizo e indio se hizo notar en las huelgas portuarias de Durban de 1973. Los nuevos sindicatos, federados en el COSATU, serían un componente clave del movimiento contra el apartheid. Un segundo elemento fue la politización de la juventud de los townships, liderada por los estudiantes de secundaria que iniciaron el levantamiento de Soweto en 1976. A mediados de la década de 1970, los Estados negros del sur de África —Zambia, Mozambique, Angola, Botsuana y Zimbabue— estaban ganando la independencia y ofrecían refugio al proscrito CNA. La respuesta del Partido Nacional al creciente malestar urbano fue delegar la responsabilidad del gobierno local y la vivienda pública a los municipios negros. Pero su corrupción y su prepotencia impulsaron un nuevo movimiento cívico de la clase media para organizar más protestas y huelgas de alquileres. Los levantamientos de los townships de 1983-1985 llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia, lo que a su vez provocó una crisis de la deuda externa y el colapso del mercado bursátil; el sistema económico del apartheid, altamente estatista, fue objeto de ataques por motivos neoliberales. Era cada vez más evidente que para romper la resistencia de la clase trabajadora sería necesaria una transición hacia el sufragio universal y, por tanto, hacia un gobierno de mayoría africana. Los servicios de inteligencia sudafricanos habían tanteado al CNA a principios de la década de 1980; en 1991, finalmente comenzaron las negociaciones públicas con el ala reformista del Partido Nacional sobre el desmantelamiento del apartheid.
Transición
¿Cómo iba a afrontar el CNA el sedimento social heredado del primer siglo de Sudáfrica y la pirámide de clases racializada que habían forjado los ingleses y los afrikáneres? En la cima, un puñado de conglomerados mineros e industriales eran propiedad y estaban gestionados por un pequeño grupo de familias blancas, vinculadas a los círculos empresariales y bancarios internacionales. Una creciente clase media profesional negra estaba llegando a superar en número a sus homólogos blancos, indios y mestizos, más acomodados y mejor formados. A su vez, estos eran superados en número por el joven proletariado negro, cada vez más desempleado, que se dirigió a las ciudades una vez que se puso fin al «control de la afluencia» en 1986. Su «tardía» proletarización en los años setenta y ochenta se produjo en un momento crucial para la economía mundial, cuando las tasas de crecimiento global y la absorción de mano de obra comenzaban a disminuir. Los millones de africanos expulsados de sus tierras, hacinados en campamentos de reasentamiento tribalizados y luego arrojados a la economía industrial, serían expulsados de ella a partir de la década de 1990, para engrosar las filas de los desempleados urbanos.
Las condiciones globales para la transición posterior al apartheid no eran propicias. La autoliberación de Sudáfrica del dominio colonial llegó a finales de siglo, demasiado tarde para intentar el modelo clásico de crecimiento económico mediante el desarrollo industrial impulsado por las exportaciones y respaldado por el Estado. A principios de la década de 1990, el auge de China ya estaba en marcha y se cerró la posibilidad de que cualquier otro Estado siguiera esa vía de desarrollo; por el contrario, los recién llegados, como Brasil y Corea del Sur, ya estaban empezando a desindustrializarse. En cualquier caso, Sudáfrica no habría estado preparada para seguir ese camino. Las exportaciones de minerales mantuvieron la moneda relativamente fuerte; los trabajadores recién sindicalizados defendieron ferozmente sus derechos; los principales bancos y empresas se habrían resistido sin duda al tipo de intervención pública y asignación de capital que requiere un Estado desarrollista. La ubicación geográfica también jugaba en su contra. Sudáfrica está muy lejos de los mercados de consumo mundiales, a diferencia de economías exportadoras de ingresos medios como México o Eslovaquia, con países más ricos justo al otro lado de la frontera. La salida obvia serían los mercados del África subsahariana, pero, debido al predominio de la tenencia consuetudinaria, el desarrollo capitalista es un reto y solo absorben una quinta parte de las exportaciones de Sudáfrica.nota al pie11
Transformar una economía dependiente de los minerales en otra más centrada en el crecimiento industrial para los mercados extranjeros siempre iba a ser una tarea desalentadora. Toda la infraestructura social y física, la base de conocimientos, la estructura de competencias, la producción industrial y los mercados nacionales están orientados hacia la producción minera o dependen de ella. Es lo que mejor conocen los sectores empresarial y bancario sudafricanos.nota12 Las políticas de sustitución de importaciones tuvieron un breve momento de gloria después de la Primera Guerra Mundial y recibieron un nuevo impulso con la Segunda. Pero desde el inicio del gobierno del Partido Nacional en 1948, el intento del gobierno de controlar la urbanización africana se interpondría en el camino, imponiendo un estatus temporal de mano de obra migrante a la mayoría, bajo el supuesto de que las familias de los trabajadores permanecerían en las reservas nativas y «vivirían de la tierra». Esto limitó las posibilidades de formación y mejora de las habilidades de los trabajadores africanos; los contratos a corto plazo no eran la solución.nota al pie 13
El enfoque del CNA ante estos problemas estratégicos se basaba en la famosa definición del SACP de Sudáfrica como «colonialismo de un tipo especial». No era formalmente una colonia, ya que era un país independiente desde 1910; por otra parte, quienes ponían en marcha los medios de producción y la fuerza de trabajo y monopolizaban el Estado eran los descendientes de quienes habían llegado como colonizadores de los países imperiales mientras estaba bajo el dominio primero de los holandeses y luego de los británicos. La clase explotada era la población indígena, junto con los importados por los primeros colonos blancos como esclavos o trabajadores contratados para facilitar el proceso de acumulación. Para los teóricos del sacp, esto requería dos revoluciones sucesivas: primero una nacional, en la que se desmantelara el dominio colonial en todos sus aspectos, económicos, políticos y culturales; después, la clase obrera nacional derrocaría a la clase capitalista nacional y se prepararía para construir el socialismo.
En retrospectiva, lo curioso es el énfasis en lo «nacional» como marco en el que se desarrollaría el proceso social. Las negociaciones de transición dejaron claro que el capital sudafricano siempre podría recurrir a los guardianes políticos del capital global. El equilibrio de fuerzas también estaba determinado por los recursos a los que podían recurrir los gobernantes del apartheid; a diferencia de los colonos franco-argelinos, que dependían de un Estado francés con su propia agenda, ellos tenían su propia capacidad militar y la base industrial para respaldarla. Frente a esto, estaba la debilidad histórica del CNA. No fue hasta la década de 1970 cuando las demandas generalizadas de abolición del apartheid y la introducción del sufragio no racial comenzaron a animar a la población negra en su conjunto.nota al pie14 Esto también reflejaba la historia de la política de la clase trabajadora en el país y la proletarización tardía de la mayoría rural, gracias a la necesidad de los propietarios de minas de mano de obra de semisubsistencia. La influencia moral del CNA era mucho más fuerte que su influencia política. Además, al inicio de las negociaciones se vio gravemente debilitado por la matanza perpetrada por los partidarios del partido independentista zulú, Inkatha, instigada por facciones del servicio de inteligencia.
Recordar estas difíciles condiciones no es embellecer la evolución posterior del CNA. Al salir de prisión en 1990, Mandela reiteró la famosa petición de la Carta de la Libertad de 1955 de nacionalizar las minas, los bancos y las industrias monopolísticas, añadiendo que «la modificación de nuestras opiniones al respecto es inconcebible».nota al pie15 La historia de esa modificación se ha contado muchas veces y las principales razones que la motivaron no se discuten. El colapso de la Unión Soviética en 1991 dejó al CNA desarmado, sin apoyo internacional para ninguna forma de transición poscapitalista. De hecho, el objetivo del CNA siempre había sido la liberación nacional —la eliminación del apartheid y el establecimiento del gobierno de la mayoría negra— más que una transformación económica radical. En segundo lugar, estaba en juego el capital occidental. El FMI y el Banco Mundial, en particular, estaban decididos a convertir la transición de Sudáfrica en una historia de éxito capitalista. Un ejército de expertos descendió sobre el país para formar a los líderes del CNA en «economía» y en la importancia de los derechos de propiedad privada.nota 16
El resultado fue vincular a la Sudáfrica posterior al apartheid a la dependencia de la inversión extranjera y, por lo tanto, al mantenimiento de un «clima empresarial» atractivo. Como muestra de buena voluntad hacia los inversores internacionales, el CNA aceptó asumir la deuda contraída por el régimen del apartheid; la única forma de pagarla era vendiendo las industrias estatales, en particular las de hierro y acero y las de petróleo a partir del carbón (Sasol). El fin de los controles de capital y de divisas —una de las condiciones para el préstamo de 850 millones de dólares del FMI— provocó la desinversión y la fuga de capitales. Una cláusula sobre la propiedad privada incluida en la nueva Constitución supuso un grave obstáculo para la reforma agraria, al eliminar la posibilidad de expropiación sin indemnización. La adhesión al GATT y a la OMC, presentada como la salida de Sudáfrica del aislamiento, supuso la reducción de los aranceles y el fin de las subvenciones a las industrias textil y automovilística, que habían proporcionado empleo al nuevo proletariado negro. En 1996, el GEAR supondría un nuevo giro a favor del mercado. La evolución del ANC quedó dramáticamente simbolizada en Marikana en 2012, cuando la policía disparó contra los mineros en huelga en una mina de platino de Lonmin, matando a 34 personas. En la junta directiva de Lonmin se encontraba Cyril Ramaphosa, secretario general de COSATU durante los últimos años del apartheid, que había denunciado a los huelguistas de Marikana como «criminales» y había pedido la intervención del Gobierno. Cuando llegó a la presidencia en 2019, la fortuna personal de Ramaphosa ascendía a 450 millones de dólares.
Corrupción del Estado
Sin embargo, por atroz que haya sido el comportamiento de la élite del CNA, hay tres factores estructurales que ofrecen una explicación más sólida de la trayectoria de Sudáfrica. En primer lugar, la continuidad de las relaciones de propiedad garantiza que, aunque se haya abolido la discriminación racial, las estructuras de clase en las que se inscribía no hayan sufrido ningún cambio fundamental. En virtud del dominio continuado de la burguesía anglo-afrikáner en los niveles más altos de la economía privada del país, en sus consejos de administración y en las altas esferas de sus estructuras corporativas, la principal vía de acceso a la riqueza para los africanos aspirantes ha sido el Estado. Esto es lo que confiere a la corrupción en Sudáfrica su carácter sistémico. El CNA comprendió la importancia de la administración estatal y aplicó debidamente una política de «despliegue de cuadros», colocando a miembros de confianza del partido en puestos clave para orientar los recursos públicos hacia la mayoría negra pobre.nota al pie17
En general, el empleo en la función pública, junto con una representación muy ampliada en el sistema judicial y las universidades, desempeñó un papel muy positivo en la ampliación y reproducción de la clase media profesional negra. nota al pie18 Pero la pérdida de competencias fue especialmente perjudicial cuando se dio prioridad a la lealtad al partido, en lugar de a los conocimientos técnicos o la experiencia, a la hora de nombrar a las personas que dirigirían las principales empresas estatales: electricidad, transporte, agua, la aerolínea nacional. La opinión del CNA era que no se podía confiar en la administración estatal de la era del apartheid para gestionar la transformación hacia el gobierno de la mayoría. Pero los conocimientos técnicos necesarios no podían simplemente contratarse en el extranjero; los asesores internacionales sabían poco sobre los problemas específicos del uso de carbón sudafricano en centrales eléctricas estándar de modelo occidental, por ejemplo. La pérdida de competencias ha sido sin duda un factor en los problemas de Eskom.
La otra solución del CNA al control anglo-afrikáner de la economía privada fue el programa de Empoderamiento Económico Negro (BEE), cuyo objetivo era la creación de una clase capitalista africana. El BEE fue acogido con satisfacción por los conglomerados de propiedad blanca de Sudáfrica, sin duda aliviados por haber salido tan bien parados de la amenaza original de nacionalización. Las empresas obtuvieron una puntuación BEE por su buena conducta en una serie de medidas de empoderamiento negro. Una de estas medidas podía cumplirse vendiendo un paquete de acciones a un cuadro del CNA, pagado con un préstamo bancario que se renovaría perpetuamente, lo que le valía al cuadro un puesto no ejecutivo en el consejo de administración. Esto permitía a la empresa aumentar su puntuación BEE en materia de propiedad negra, lo que le daba derecho a un trato preferencial en los contratos gubernamentales y garantizaba que otras empresas la favorecieran para mejorar sus propias puntuaciones BEE. El resultado fue la creación de una nueva capa de rentistas negros, mientras que la alta concentración de capital sudafricano seguía desplazando el espíritu emprendedor africano desde abajo.nota al pie19
El requisito estructural de acceso al Estado como condición para el avance de la población negra opera a todos los niveles, desde el local hasta el provincial y el nacional. Pero para acceder a él es necesario ser elegido o estar cerca de alguien que lo sea. Dado que el CNA ha predominado en todas las elecciones desde 1994, el camino hacia el Estado ha pasado por el partido, que se ha convertido en un vehículo para el enriquecimiento personal. La corrupción puede adoptar una deslumbrante variedad de formas, aunque las mayores ganancias suelen provenir de los sobornos de las multinacionales que licitan para obtener contratos estatales. Un funcionario electo a cargo de un departamento gubernamental puede favorecer a determinadas empresas en los contratos de servicios públicos, las decisiones sobre licencias y el acceso a la tierra, especialmente en el caso de las empresas mineras. A nivel local, los funcionarios pueden decidir qué empresas contratar para los contratos de servicios: la asignación de viviendas públicas, la reparación de carreteras, la instalación de inodoros con cisterna en un municipio. Los puestos de trabajo también están en juego, ya que, por ley, los proyectos de desarrollo local deben contratar a contratistas y trabajadores locales.
Ejércitos de reserva
Para ganar un cargo electivo, el aspirante necesita una base de apoyo personalizada, a la que luego hay que ofrecer algo a cambio. Esto da lugar a una política faccionalizada y altamente movilizada. Los que ocupan cargos públicos, los «guardianes», están bajo la amenaza constante de rivales que buscan usurpar su papel, a menudo azuzando a sus propios votantes descontentos contra ellos. nota al pie20 Aquí entra en juego un segundo legado: el vasto lumpenproletariado, en el sentido que Marx da al término, creado por el programa de reasentamiento del apartheid al comienzo de una época de destrucción de empleo, empujado a las ciudades en una búsqueda aparentemente infructuosa de trabajo. Hay que destacar la magnitud de esta capa social, que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo actual. La tasa de desempleo oficial —en su mayor parte africana— se disparó del 20 % antes de la crisis financiera de 2008 a más del 30 % en la actualidad, con niveles más altos entre los jóvenes. Esto significa que hay un gran número de personas disponibles para la movilización y las protestas callejeras. Las frustraciones de los desempleados en los asentamientos informales pueden explotarse fácilmente. Cuando un asentamiento recibe el favor de su patrocinador político, sus vecinos se quedan atrás, lo que genera demandas y protestas —bloqueos de carreteras, destrucción de propiedades— a menudo instigadas por quienes pueden utilizar la ira para sus propios fines electorales. Los conflictos son de suma cero y lo que está en juego puede ser enorme; lo mismo ocurre con los costes del fracaso para el proletariado urbano. A pesar de los salarios relativamente altos de los trabajadores sindicados, los salarios en otros lugares son muy bajos. Muchos hogares subsisten gracias a una combinación de la pensión de la abuela, las remesas de algún familiar con mayores ingresos y los ingresos informales irregulares.nota al pie21 En este contexto, los jóvenes, en particular, suelen estar dispuestos a participar en disturbios para protestar por la falta de empleo, vivienda y servicios, descargando quizás en el proceso parte de su propia frustración por no poder permitirse la lobola necesaria para formar su propio hogar.nota al pie22
Las protestas pueden dar lugar a enfrentamientos violentos, a menudo instigados por la policía, y a la destrucción de bienes públicos. La violencia política tiene, por supuesto, una larga historia en el sur de África. Los sistemas coloniales holandés y británico se mantuvieron por la fuerza de las armas, los mosquetes y los cañones contra las lanzas con punta de hierro de la resistencia zulú o xhosa. La coacción sustentaba los beneficios de las minas y obligaba a la expropiación de tierras y a la segregación del trabajo y el espacio urbano bajo el apartheid. La región también se vio marcada por las respuestas violentas de los dominados, incluidos los conflictos entre negros, las guerras entre bandas y el vigilantismo.nota al pie23 El frenesí de violencia desatado contra los partidarios del CNA por el Estado profundo y el Partido de la Libertad Inkatha durante las negociaciones de 1990-1994 paralizó el movimiento democrático de masas. Bajo el régimen posterior al apartheid, la violencia ha sido empleada por las fuerzas de seguridad del Estado llamadas a vigilar el sistema socioeconómico excluyente, como en el tiroteo contra los mineros de platino en huelga en Marikana, pero también por aquellos que quieren desafiarlo o reconfigurarlo. Sin embargo, las luchas entre facciones del CNA pueden adoptar formas mortíferas, como el asesinato de rivales políticos, fiscales o denunciantes a nivel provincial o incluso municipal. La competencia por los terrenos urbanos en los que construir chabolas también puede tornarse violenta, a veces a través de conflictos con vecinos que van a ser reubicados en los terrenos ocupados de chabolas adyacentes, o con residentes más acomodados preocupados por el valor de sus propiedades. Las ocupaciones de terrenos también se politizan a menudo, con cuadros locales del CNA o del EFF luchando por el liderazgo de la ocupación como forma de asegurarse los votos de los ocupantes ilegales. La violencia es racional, por tanto, pero sigue siendo una lacra para el país, con graves implicaciones para su desarrollo actual.nota al pie24
En la cúspide del sistema, los amplios presupuestos de las empresas estatales ofrecían oportunidades casi ilimitadas. Sudáfrica no es el único país en el que los cargos electivos sirven de puerta de acceso a la riqueza; basta con ver las fortunas personales amasadas por los Clinton, los Blair o los Obama. Pero hay pocos otros en los que el Estado democrático sea el único responsable de una redistribución reparadora a una escala tan histórica, actuando en contra de la dinámica arraigada del sistema económico. Una vez más, la corrupción tiene una larga historia en la política sudafricana, que se remonta a las «concesiones» mineras de Kruger y sus redes de clientelismo.nota al pie25 Pero la escala de la corrupción gubernamental bajo el CNA es de otro orden. El escándalo de las armas de finales de la década de 1990 supuso un gigantesco gasto estatal en armamento de alta tecnología, incluidos submarinos y aviones de combate, financiado con préstamos internacionales y, supuestamente, lubricado con enormes sobornos a figuras destacadas del CNA, entre ellas Mbeki y Zuma.nota al pie26
Estas adaptaciones del Estado como vehículo para el enriquecimiento molecular lo harían vulnerable a la captura criminal desde el exterior. A partir de 2009, durante la presidencia de Zuma, los hermanos Gupta —magnates de Uttar Pradesh que se habían convertido en sus compinches— lograron nombrar a colaboradores para ocupar altos cargos ministeriales y administrativos con el fin de aprovechar los presupuestos de adquisición de las principales empresas estatales: Eskom, Transnet, South African Airways y el fondo de pensiones estatal. Los puestos clave de sus consejos de administración fueron ocupados por personas leales a los Gupta. Con la ayuda de Zuma, el ministro de Empresas Públicas ocultó lo que estaba sucediendo con discursos militantes sobre la aceleración de la transformación social, atacando a los críticos como representantes del capital monopolista blanco. Los Gupta fueron demasiado lejos cuando pusieron su mirada en el propio Ministerio de Finanzas, después de que el ministro en funciones se negara a pagar una central nuclear sobrevalorada en la que los hermanos tenían intereses. El Defensor del Pueblo, un organismo de supervisión estatal dirigido por la jurista Thuli Madonsela, elaboró un informe condenatorio que dio lugar a una investigación oficial por parte de la Comisión Zondo. Bajo la fuerte presión de los grandes del CNA, Zuma dimitió en 2018, sin dejar de negar cualquier irregularidad, antes de que la Comisión pudiera presentar su informe de varios volúmenes, un relato detallado de la corrupción sistémica.nota al pie27
Nacionalidad
El último legado que pesa sobre el presente de Sudáfrica es la racialización de la identidad nacional por parte del apartheid. El único sentido de nacionalidad disponible bajo el apartheid era el de una Sudáfrica blanca. El resultado lógico de esto fue el proyecto del «gran apartheid»: no solo la segregación dentro de un país, sino la separación en diferentes países, la propia Sudáfrica y los bantustanes, que se habían construido bajo los reyes y jefes tribales como sumideros de corrupción. La Carta de la Libertad del CNA se refería al «pueblo», implícitamente sin distinción de raza; se convirtió en la esperanza y el sueño de los africanos y de muchos mestizos e indios porque prometía un país en el que podrían ejercer su voluntad a través del sufragio no racial. Las organizaciones cívicas de la década de 1980 acogieron no solo a africanos, sino también a mestizos e indios; esta sería la base del Frente Democrático Unido como vehículo para poner fin al apartheid. Las luchas en los townships, que se remontan a los disturbios de Soweto de 1976, se centraban, en el sentido más inmediato, en cuestiones relacionadas con el lugar de residencia y no con el lugar de trabajo: las escuelas y las viviendas de los townships, lo que tenía sus límites en términos de una agenda más radicalizante. El Gobierno de Unidad Nacional inicial de 1994, compuesto por ministros del CNA, Inkatha y el Partido Nacional, la tan publicitada idea de la «nación arcoíris» y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación prefiguraban de diferentes maneras un sentido más inclusivo de la nación.
Sin embargo, el hecho de que el ANC dejara de lado la lucha de clases en favor de una unidad interclasista de los antiguos desposeídos —manteniendo a las élites gobernantes tradicionales dentro de los distintos grupos étnicos, al igual que se mantuvo a la alta burguesía entre los blancos— tuvo implicaciones étnicas para la identidad nacional del país. Como muchos han señalado, la afirmación de las identidades étnicas africanas por parte del CNA cobró impulso con el abandono de la redistribución por parte de Gear y la necesidad de acallar las acusaciones de corrupción. La presidencia de Mbeki volvió a vincular la nacionalidad y la identidad étnica, aunque de una forma mucho menos agresiva. Su «Renacimiento Africano» promovió la idea de Sudáfrica como esencialmente «africana». Aquí, la afirmación de los afrikaners de ser una tribu blanca de África encontró sus límites; podían estar de acuerdo en que Sudáfrica ya no era un país blanco, pero la idea de que era un país occidental persistía. Zuma era más explícitamente un líder zulú, más feliz cuando contaba chistes en su lengua materna. La africanización de los nombres de las ciudades, así como de las calles y los aeropuertos —Durban, que lleva el nombre de un gobernador británico de Natal, ahora es eThekwini, Port Elizabeth es Gqeberha, Fort Beaumont es KwaMaqoma— supuso una especie de represalia excluyente, al menos para la quinta parte de la población compuesta por personas de color, indios y blancos. Es difícil evitar la impresión de que el CNA considera a los africanos como una presencia más auténtica en el país que otras personas de color; los indios se han quejado constantemente de ser marginados en favor de los africanos.
Sin duda, ha sido difícil encontrar una forma no racial convincente de narrar una historia nacional, con héroes y aspiraciones compartidas, que pudiera estructurar la autocomprensión de un país tan dividido. Ya ha resultado bastante difícil encontrar símbolos para los sellos y los billetes; han tenido que bastar imágenes anodinas de la fauna salvaje. Pero si el CNA al menos ha luchado por deshacerse del legado de una identidad nacional etnicizada, otras fuerzas más reaccionarias han luchado por perpetuarla. El fomento de las identidades etnotribales por parte del régimen del apartheid mediante la construcción de bantustanes protonacionales ha resultado ser uno de sus legados más debilitantes. La superposición de formas occidentales de representación política, con legislaturas y autoridades ejecutivas, sobre la autoridad patrimonial tradicional del jefe tribal, con su control de la asignación de tierras, formaba parte del gran proceso del apartheid de preparar las tierras natales para el «autogobierno». Pero esta superposición institucionalizó una versión particularmente retrógrada de la política del «gran hombre», ya que las subvenciones del apartheid y el dinero de las multinacionales elevaron a los líderes tribales y sus familias a la categoría de oligarcas.
Al inicio de las negociaciones, el CNA quería abolir estos territorios tribales recién reforzados dentro de la Unión de Sudáfrica democratizada. Pero la carnicería de la guerra civil iniciada por los partidarios de Inkatha contra los cuadros del CNA, fomentada por la afirmación de que el CNA estaba empeñado en prohibir la tenencia consuetudinaria, le hizo detenerse. Los territorios tribales serían absorbidos por las nueve nuevas provincias, pero las antiguas estructuras de poder tribal y el control de la tierra por parte de los jefes se mantendrían, ahora legitimados mediante la creación de una nueva cámara gubernamental, la Cámara Nacional de Líderes Tradicionales. Con su incorporación a los nuevos gobiernos provinciales después de 1996, los líderes tribales continuaron ejerciendo un peso local considerable, sobre todo en el Cabo Oriental y las provincias nororientales de Limpopo y Mpumalanga. nota al pie28 Cuando el Departamento de Desarrollo Rural y Reforma Agraria posterior al apartheid compró tierras a propietarios blancos para devolverlas a la comunidad, los antiguos líderes tribales tendieron a arrogarse el control de las asociaciones de propiedad comunitaria, que se suponía que debían garantizar la autogestión colectiva. El resultado ha sido el nepotismo, la malversación y el soborno por parte de las empresas mineras que tratan de invadir las tierras comunales y los recursos hídricos, así como la apropiación por parte de la élite de los beneficios entregados a la CPA por las empresas, normalmente blancas, a las que se recurre para gestionar las tierras destinadas a la agricultura.nota al pie29
Perspectivas
Es en el contexto de este legado —estructura de clases racializada, lumpenproletariado desempleado, naturalización de la violencia política, etnotribalización, el Estado como única vía de progreso— donde debe juzgarse la situación de Sudáfrica. La historia del país contextualiza los altos niveles de desigualdad y desempleo entre la población negra, el estancamiento de los sectores ocupacionales y la geografía residencial basados en la raza, el deterioro de las infraestructuras públicas y el aumento del vandalismo y los delitos violentos. Parece haber pocas esperanzas de que se produzca una mejora macroeconómica significativa. En un futuro previsible, la trayectoria de Sudáfrica en la división internacional del trabajo será la «reprimarización»: un mayor énfasis en la exportación de materias primas —en el caso de Sudáfrica, minerales— frente a los productos manufacturados. Desde la década de 1990, esta ha sido una tendencia general en los países del hemisferio sur, tanto en el Cono de América Latina —Argentina, Chile, Uruguay, Brasil— y las antípodas, con la excepción parcial de Nueva Zelanda. Se puede señalar el auge de la soja en Argentina, Brasil y Uruguay; las exportaciones de mineral de hierro de Brasil y el aumento de las exportaciones de cobre de Chile (Tabla 1). La demanda generada por el auge de las materias primas impulsado por China entre 2000 y 2012 ha influido en ello, al igual que la desindustrialización, una respuesta desigual al exceso de capacidad productiva mundial, agravada por la entrada en funcionamiento del enorme sector industrial exportador de China, además de la prodigiosa productividad de los Tigres Asiáticos, Alemania y Japón.
Pero, aunque la dependencia de las exportaciones primarias no significa necesariamente la imposibilidad de elevar el nivel de vida, en Sudáfrica sí es así. En comparación con países similares del hemisferio sur, el historial es desolador (Figura 1). Esto se debe en gran medida a que, en el caso de Sudáfrica, la reprimarización refleja una tasa excepcional de desindustrialización. La industrialización impulsada por el Estado entre 1960 y 1980 se tambaleó a partir de entonces, pero el crecimiento de la industria manufacturera se estabilizó entre 1995 y 2008, cuando la economía en su conjunto creció a una media anual del 3,4 %. Sin embargo, la economía sudafricana —y la industria manufacturera en particular— tuvo dificultades para recuperarse de la crisis de 2008; el crecimiento medio anual durante la década siguiente fue solo del 1,4 %. Se perdieron unos 300 000 puestos de trabajo en el sector manufacturero, especialmente los de baja cualificación, y las pequeñas y medianas empresas y las industrias de procesamiento de metales con alto consumo energético se vieron afectadas por los problemas de Eskom, que fueron los más perjudicados, especialmente en KwaZulu-Natal y el Cabo Oriental; El resultado fue una reducción del crecimiento total del empleo en un 20 %.nota al pie30 Las repercusiones de la contracción del sector manufacturero provocaron una fuerte caída de la demanda interna de bienes de inversión, así como de insumos financieros y de servicios. Las inversiones se desviaron de la producción hacia adquisiciones y fusiones, lo que supuso una presión adicional para las pequeñas empresas.
Las encuestas a las empresas muestran que la crisis eléctrica —frecuentes cortes de suministro combinados con un aumento de los precios— ha sido la mayor limitación para las empresas de toda la economía. La proporción de empresas que recurren a costosos generadores privados ha aumentado del 20 % en 2007 al 60 % en 2020, un proceso de privatización gradual y molecular que es a la vez socialmente regresivo y económicamente ineficiente.nota al pie31 En 2019, Eskom producía menos electricidad que en 2007, aunque sus precios se habían triplicado y su nómina había aumentado un 50 %. Los planes para ampliar el suministro se basaban en gran medida en la construcción de dos nuevas centrales eléctricas, Medupi y Kusile, pero estas se vieron afectadas por problemas técnicos y sobrecostes, agravados por las acusaciones de sobornos masivos. Para agravar la corrupción y la pérdida de competencias resultantes del despliegue de cuadros del ANC —y la depredación de los hermanos Gupta— en Eskom, los municipios constituyen un eslabón débil en el sistema de suministro eléctrico. Como minoristas directos de electricidad a los usuarios de sus localidades, sus presupuestos dependen de los ingresos por electricidad, que a menudo se desvían a otras partidas de las cuentas municipales en lugar de pagar las facturas de Eskom. Por no hablar de las conexiones ilegales de los asentamientos informales a la red, o de la resistencia de los clientes a pagar las facturas desorbitadas que cobra el municipio por un suministro poco fiable. Existe un claro riesgo de que se produzcan efectos multiplicadores a partir de los problemas estructurales heredados por el CNA, agravados por algunas de sus soluciones.
El descontento está adoptando diversas formas políticas. La huelga de los mineros de platino de Marikana en 2012 fue también una lucha contra el Sindicato Nacional de Mineros oficial, afiliado al COSATU, socio de la coalición del CNA, a favor de la Asociación de Mineros y Sindicato de la Construcción (AMCU), más militante. Una ola de huelgas lideradas por la AMCU en 2014 consiguió mejoras en los salarios y las condiciones laborales. El Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), que mantiene una relación tensa con el COSATU, también ha liderado huelgas en las nuevas centrales térmicas de Medupi y Kusile. A nivel de la política partidista, estas polarizaciones se reflejan en la Alianza Tripartita, el antiguo pacto electoral entre el ANC, el SACP y el COSATU. El acuerdo de coalición del ANC con la Alianza Democrática, Inkatha y la Alianza Patriótica tras las elecciones de 2024 agravó las tensiones con el SACP. El SACP, que cuenta con 200 000 afiliados, ha anunciado ahora su retirada de la Alianza Tripartita y ha declarado que se presentará a las elecciones locales de 2026 con su propio nombre. Se espera que algunos de los sindicatos actualmente afiliados a COSATU retiren su apoyo.nota al pie32 Hay desilusión popular. Pero es poco probable que estos acontecimientos presagien una reestructuración seria de las fuerzas de clase. El EFF, principal contendiente por el voto de los sindicatos escindidos, defiende la nacionalización de la industria y la redistribución de la tierra sin compensación, pero parece más interesado en promover la hostilidad hacia los numerosos refugiados del norte de Limpopo.
Sin embargo, aunque las perspectivas son sombrías, no lo son del todo. Muchos señalarían el papel del Defensor del Pueblo en la denuncia de la captura del Estado, la destitución incruenta de Zuma y la acumulación incansable de pruebas por parte de la Comisión Zondo como ejemplos del lado mejor de Sudáfrica; aunque la corrupción ha continuado bajo Ramaphosa, no es a la misma escala. Otros podrían destacar el papel desempeñado por Sudáfrica y su sistema judicial al llevar a Israel ante la CIJ por la destrucción de Gaza, como un enfoque más civilizado que el de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania. Mientras tanto, el rendimiento de Eskom ha mostrado signos de mejora bajo la nueva dirección desde principios de 2025, con una reducción significativa de los cortes de electricidad; los ferrocarriles están cambiando poco a poco, muy poco a poco. Pero los efectos del apartheid han sido duraderos. Los sudafricanos siguen pagando su alto precio.
Notas
1 Vivienda: en 1996, el 49 % de los sudafricanos negros vivía en alojamientos formales construidos en ladrillo; en 2015, esa cifra había aumentado al 65 %, principalmente gracias a un programa de subvenciones únicas. Para más información, véase mi Geohistoria, desarrollo capitalista y Sudáfrica: From Racial Domination to Zim-Lite, Leiden 2025.
2 El 40 % más pobre de Sudáfrica posee el 7 % de los ingresos totales, frente a una media del 16 % en los mercados emergentes: FMI, «Six Charts Explain South Africa’s Inequality», 31 de enero de 2020.
3 Se trata de la categorización etnorracial en cuatro partes empleada por los padres fundadores de Sudáfrica y que todavía se utiliza hoy en día, aunque el censo nacional la eufemiza como «grupos de población». La población de color del Cabo, presente desde hace mucho tiempo, tiene su origen en los descendientes de los colonos holandeses del siglo XVII y las mujeres africanas locales, así como en los esclavos malayos importados de las Indias Orientales Neerlandesas. Los británicos importaron trabajadores contratados de la India como solución a la escasez de mano de obra del siglo XIX en las plantaciones de azúcar de Natal.
4 La tasa de homicidios de Sudáfrica subió a 61 por cada 100 000 habitantes en 1995, luego bajó a 30 por cada 100 000 en 2011, antes de volver a subir. Jamaica se sitúa en 52 por cada 100 000, en comparación con Namibia (12), Botsuana (11) y Zimbabue (6). La tasa de Estados Unidos es de 7 por cada 100 000.
5 «Estado fallido» es el término elegido por Daily Maverick, un sitio web de noticias financiado por una fundación que publica numerosas denuncias sobre la corrupción del ANC. Para «frágil», véase el informe anual Fragile States Index publicado por el Fund for Peace, con sede en Washington D. C., que en 2024 clasificó a Sudáfrica en el puesto 80 de 179 Estados.
6 Patrick Bond, «In Power in Pretoria? Reply to R. W. Johnson», nlr 58, julio-agosto de 2009, p. 78; véase también Patrick Bond, Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa, Pietermaritzburg 2000. Para análisis similares, véase, entre otros, John Saul, A Flawed Freedom: Rethinking Southern African Liberation, Londres 2014; Sam Ashman, Ben Fine y Susan Newman, «The Crisis in South Africa: Neoliberalism, Financialization and Uneven and Combined Development», Socialist Register, vol. 47, 2011; Danelle Fourie, «The Neoliberal Influence on South Africa’s Early Democracy and Its Shortfalls in Addressing Economic Inequality», Philosophy and Social Criticism, vol. 50, n.º 5, junio de 2024.
7 Alex Boraine, What’s Gone Wrong? South Africa on the Brink of Failed Statehood, Nueva York, 2014.
8 Frans Cronje, The Rise or Fall of South Africa, Ciudad del Cabo, 2022.
9 Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz, Africa Works: Disorder as Political Instrument, Oxford, 1999, pp. 144-146, 12-16, xix-xx.
10 R. W. Johnson, «Thinking about State Failure», Politicsweb, 1 de marzo de 2021.
11 Kevin Cox y Rohit Negi, «The State and the Question of Development in Sub-Saharan Africa», Review of African Political Economy, vol. 37, n.º 123, marzo de 2010.
12 Ben Fine y Zavareh Rustomjee, The Political Economy of South Africa, Boulder co 1996.
13 Además, la minería de oro sudafricana entró en declive a partir de la década de 1970, con una caída de la producción desde un máximo de 1000 toneladas en 1970 hasta solo 110 toneladas en 2022; su mano de obra, en su mayoría no cualificada, se había reducido a 130 000 personas en 2004. En cierta medida, ha sido sustituida por el carbón y el platino, mientras que el turismo representa ahora una décima parte de los ingresos en divisas. Pero estas actividades no pueden proporcionar el tipo de actividad económica que desarrolla la confianza y las habilidades de la clase trabajadora.
14 Adam Ashforth, «Lineaments of the Political Geography of State Formation in Twentieth-Century South Africa», Journal of Historical Sociology, vol. 10, n.º 2, junio de 1997, p. 104.
15 «anc Leader Affirms Support for State Control of Industry», The Times (Londres), 26 de enero de 1990.
16 Además de las obras de Patrick Bond y John Saul citadas anteriormente, véase Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Toronto 2007, capítulo 10, para una crítica memorable.
17 Había precedentes de esto. Después de 1948, el Partido Nacional promovió a los afrikaners para sustituir a los administradores de habla inglesa en las empresas estatales, como parte de un proyecto de mejora económica. Sin embargo, ya existía una importante capa de profesionales de habla afrikáans en los ámbitos del derecho, el periodismo y los negocios. La brecha en materia de educación y experiencia entre los administradores de habla inglesa y afrikáans era mucho menor que la que se produciría en la década de 1990, cuando la sustitución de una función pública blanca altamente cualificada por otra con fuertes credenciales del CNA, pero sin experiencia previa en el gobierno, supuso una pérdida mucho mayor de competencias.
18 Los salarios del sector público son un 33 % más altos que los del sector privado: un informe de 2016 estimaba que el salario mensual real de un trabajador medio del sector público era de 11 668 rands (1209 dólares), frente a los 7822 rands (811 dólares) de su equivalente en el sector privado, gracias a una tasa de sindicalización mucho más alta: alrededor del 70 %, frente al 36 % del sector privado. Véase Haroon Bhorat et al., «South Africa’s Civil Servants Are the Country’s New Labour Elite», The Conversation, 19 de febrero de 2016.
19 Para ver un ejemplo de la aceptación de las abejas por parte del capital corporativo, véase Musa Nxele, «Crony Capitalist Deals and Investment in South Africa’s Platinum Belt: A Case Study of Anglo-American Platinum’s Scramble for Mining Rights, 1995–2019», Review of African Political Economy, vol. 49, n.º 173, septiembre de 2022.
20 Alexander Beresford, «Power, Patronage and Gatekeeper Politics in South Africa», African Affairs, vol. 114, n.º 455, abril de 2015.
21 Brendan Pearce y Bobby Berkowitz, «Rethinking South Africa’s Informal Economy Debate», FinMark Trust, 1 de septiembre de 2025; Imraan Valodia, «South Africa Can’t Crack the Inequality Curse» (Sudáfrica no puede romper la maldición de la desigualdad), The Conversation, 14 de septiembre de 2023.
22 Ivor Chipkin y Jelena Vidojevic con Laurence Rau y Daniel Saksenberg, Dangerous Elites: Protest, Conflict and the Future of South Africa (Élites peligrosas: protesta, conflicto y el futuro de Sudáfrica), Instituto de Estudios de Seguridad, Informe sobre África Meridional n.º 49, 16 de marzo de 2022; Hannah Dawson, «Patronage from Below: Political Unrest in an Informal Settlement in South Africa» (El clientelismo desde abajo: disturbios políticos en un asentamiento informal de Sudáfrica), African Affairs, vol. 113, n.º 453, octubre de 2014.
23 Karl von Holdt, «South Africa: The Transition to Violent Democracy», Review of African Political Economy, vol. 40, n.º 138, diciembre de 2013; véase también Karl von Holdt, «On Violent Democracy», Sociological Review, vol. 65, n.º S2, diciembre de 2014.
24 Karl von Holdt, Malose Langa, Sepetla Molapo, Nomfundo Mogapi, Kindiza Ngubeni, Jacob Dlamini y Adèle Kirsten, The Smoke That Calls, Johannesburgo, 2011.
25 Después de 1948, el gobierno del Partido Nacional permitió que la Afrikaner Broederbond operara como una sociedad secreta en el corazón del Estado. La corrupción se extendió a medida que el régimen del apartheid perdía el rumbo a partir de mediados de la década de 1970 y comenzaba la «lucha por el enriquecimiento personal», que se convirtió en una carrera desenfrenada por «apoderarse del botín» mediante espectaculares indemnizaciones por despido en sus últimos años: véase el relato histórico en Jonathan Hyslop, «Political Corruption: Before and after Apartheid», Journal of Southern African Studies, vol. 31, n.º 4, diciembre de 2005.
26 Andrew Feinstein, After the Party: Corruption, the anc and South Africa’s Uncertain Future, Londres y Nueva York, 2009. Se dice que el traficante de armas alemán Thyssen reservó 25 millones de dólares para «gastos útiles» relacionados con el acuerdo, mientras que BAE repartió 115 millones de dólares entre «asesores» con cuentas bancarias en paraísos fiscales y se entregaron coches de lujo a treinta funcionarios del Gobierno.
27 Atul y Rajesh Gupta huyeron a los Emiratos Árabes Unidos en 2016, cuando Madonsela presentó su informe. El coste de su «captura del Estado» se ha estimado en 500 000 millones de rands, es decir, 30 000 millones de dólares. Véase Ciaran Ryan, «State Capture Scorecard: R500bn Looted, Zero Assets Recovered», Moneyweb, 5 de julio de 2022.
28 Un estudio encontró «una clara correlación» entre el nivel de corrupción sistemática y el grado de continuidad con la antigua administración de los homelands, sobre todo en las provincias de Cabo Oriental, Mpumalanga y Limpopo Septentrional: Hyslop, «Political Corruption: Before and after Apartheid», p. 785.
29 Por ejemplo: Tabelo Timse, «Conflict Erupts Over Limpopo cpa Control» (Estalla el conflicto por el control de la CPA de Limpopo), Mail and Guardian, 10 de agosto de 2015; Tania Broughton, «Millions of Rands in Suspicious Transactions Found in Accounts of Limpopo Land Claimants» (Se encuentran millones de rands en transacciones sospechosas en las cuentas de los reclamantes de tierras de Limpopo), GroundUp, 18 de agosto de 2021; T. Ngomane y M. P. Sebola, «Reforma agraria y asociaciones de propiedad comunal: un análisis de la funcionalidad de las CPA en Mpumalanga», Actas de la Conferencia Internacional sobre Administración Pública y Alternativas de Desarrollo, octubre de 2020. El poder de los jefes se protegió aún más en las Leyes de Liderazgo Tradicional de 2003 y 2019: véase Phillan Zamchiya, «Mining, Capital and Dispossession in Post-Apartheid South Africa» (Minería, capital y despojo en la Sudáfrica posterior al apartheid), Review of African Political Economy, vol. 49, n.º 173, septiembre de 2022.
30 Andrés Fortunato, «Getting Back on the Curve: South Africa’s Manufacturing Challenge» (Volver a la curva: el reto de la industria manufacturera en Sudáfrica), documento de trabajo n.º 139, Centro para el Desarrollo Internacional, Harvard, 2022.
31 Fortunato, «Getting Back on the Curve».
32 Sabina Price, «What Future for South Africa’s Tripartite Alliance?» (¿Qué futuro le espera a la alianza tripartita de Sudáfrica?), mr Online, 17 de julio de 2025.
