DEL COMPAÑERO Y MIEMBRO DE ESPAI MARX, CARLOS VALMASEDA.

ÍNDICE
1. Los comunistas checos vuelven a la clandestinidad.
2. Irán, Venezuela y el petróleo.
3. Los EAU en África.
4. Dossier del Tricontinental: drogas y campesinado.
5. Algunas cosas que podríamos aprender de China.
6. Trabajadores tailandeses en Israel.
7. Marx y la ética.
8. El Sur global en un momento crítico.

1. Los comunistas checos vuelven a la clandestinidad.

Al extremo centro le encanta equiparar al comunismo con el nazismo y en Chequia, esos alumnos aventajados, ahora te pueden caer cinco años por propaganda comunista. Pozhidaev reflexiona al respecto.

https://links.org.au/czechia-when-communism-became-illegal-again

Chequia: Cuando el comunismo volvió a ser ilegal

Por Dmitry Pozhidaev

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2026

Ahora es oficial: desde el 1 de enero, ser comunista en Chequia puede convertirte en un delincuente, con una pena de prisión de hasta cinco años.

Con una reciente enmienda al Código Penal, el Estado ha plasmado la «igualdad» entre el comunismo y el nazismo en un lenguaje que realmente importa: el castigo. La disposición agrupa los movimientos «nazis, comunistas u otros» y amenaza con penas de uno a cinco años de prisión por fundar, apoyar o «propagar» un movimiento que se considere que suprime derechos o incita al odio, incluyendo explícitamente el «odio de clase». El argumento de venta es familiar y claro: dos «totalitarismos», dos males simétricos, por lo tanto, dos prohibiciones simétricas. Pero la simetría es política, no análisis, y una vez que se codifica como ley penal, deja de ser un debate sobre la historia y se convierte en una herramienta para gobernar el presente.

El caso checo también es inusualmente claro en su lógica: no se limita a condenar delitos concretos cometidos por regímenes concretos. Se centra en la comunicabilidad de una idea. ¿Qué se considera «promoción»? ¿Qué se considera «movimiento comunista»? ¿Una conferencia, un club de lectura, un eslogan, un símbolo, una canción o un argumento histórico se convierten en «propaganda» en el momento en que un fiscal ambicioso decide que así debe ser? Este es el punto en el que la forma jurídica hace su verdadero trabajo: la vaguedad genera cautela. Una ley como esta no necesita condenas masivas para tener éxito. Solo necesita crear incertidumbre, un efecto disuasorio y una amenaza creíble de que el «comunismo» es una categoría sospechosa de expresión y asociación.

Chequia no es un caso exótico aislado. En diferentes jurisdicciones, el concepto de «extremismo» ha funcionado cada vez más como un disolvente legal que elimina la distinción entre la práctica violenta y la crítica teórica. En Alemania, el Tribunal Administrativo de Hamburgo dictaminó en abril de 2025 que la Marxistische Abendschule (Escuela Nocturna Marxista) de Hamburgo no debería haber sido calificada de «extremista de izquierda» en un informe de inteligencia. Pero la controversia en torno al caso puso de manifiesto algo más profundo que una mala clasificación: un modelo de tolerancia condicional, en el que se puede leer a Karl Marx siempre y cuando el Estado considere que sigue siendo inofensivo.

En Rusia, la lógica es menos cortés y más coercitiva: las leyes contra el «extremismo» y el «terrorismo» se utilizan para controlar la disidencia e incluso la educación política, y el caso del círculo marxista de Ufa muestra el mecanismo en miniatura, con expertos designados por los tribunales interpretando los textos marxistas y leninistas como indicadores de intenciones violentas en lugar de ideas que deben debatirse.

Al igual que hace 85 años, bajo el Protectorado nazi de Bohemia y Moravia, el comunismo es ilegal en Chequia. Aunque las democracias liberales de Europa del Este afirman oponerse al nazismo, es evidente que coinciden con él en un aspecto: el odio al comunismo. Más incómodo aún, coinciden en este aspecto con el mismo Estado autoritario ruso que denuncian retóricamente. Diferentes banderas, mismo reflejo: criminalizar la idea comunista.

El arco: de prohibir el nazismo a prohibir el comunismo, a declararlos equivalentes

Durante la mayor parte del siglo XX, la «ideología prohibida» en Europa tenía un nombre claro: nazismo. En el bloque socialista, esa prohibición no era una cuestión de delicados principios liberales, sino de legitimidad posguerra y doctrina estatal. Después de 1989, el objetivo cambió. El comunismo se fue añadiendo gradualmente al repertorio de símbolos prohibidos y organizaciones sospechosas, primero a través de la política de la «memoria» y las restricciones a la exhibición pública, y luego a través del lenguaje cada vez más amplio del «extremismo» y la «actividad anticonstitucional».

El paso más reciente y trascendental es el que estamos viendo ahora: la equivalencia formal, inscrita en marcos legales y cuasi legales, que trata al nazismo y al comunismo como igualmente destructivos, igualmente extremistas y, por lo tanto, igualmente susceptibles de prohibición. No se trata de un movimiento impulsado por la «vieja Europa», donde los partidos comunistas y las tradiciones marxistas se han mantenido generalmente dentro del perímetro de la política legal. Está impulsado de manera desproporcionada por los antiguos Estados socialistas, donde el anticomunismo se ha convertido en una herramienta para la construcción del Estado y la delimitación política, y donde la tentación de sustituir el debate político por la exclusión legal ha resultado ser más fuerte.

Los Estados bálticos proporcionaron un modelo temprano para este cambio: al establecer una simetría jurídica entre la simbología nazi y la soviética, normalizaron la idea de que ambas pertenecen a la misma categoría prohibida. La prohibición de Lituania en 2008 de exhibir públicamente símbolos nazis y soviéticos, y las restricciones de Letonia en 2013 al uso de símbolos de la Unión Soviética y nazis en actos públicos, aún no equivalían a la criminalización al estilo checo de la «propaganda comunista», pero hicieron algo posiblemente más importante a largo plazo: afianzaron el hábito jurídico de emparejar las dos historias como un único problema moral y político.

A nivel de la UE, esta agenda de Europa del Este se ha repetido y dignificado en varias ocasiones mediante el lenguaje del «totalitarismo»: las resoluciones del Parlamento Europeo de 2009 y 2019 promovieron un marco de memoria compartida en el que los regímenes nazi y comunista aparecen como amenazas comparables al orden moral de Europa, creando una infraestructura narrativa de derecho blando que facilita la legitimación de las medidas nacionales de derecho duro.

Ucrania es el caso clave porque la ley anticomunista no es simplemente una condena de un régimen pasado, sino un proyecto de construcción nacional en un entorno de alto conflicto, en el que la memoria histórica, la política de seguridad y la identidad se fusionan legalmente. La ley fundamental de «descomunización» aprobada en abril de 2015 condenaba los regímenes comunista y nazi y prohibía la propaganda y los símbolos. Poco después, el Partido Comunista de Ucrania fue prohibido por decisión judicial en diciembre de 2015.

Independientemente de lo que se piense de sus objetivos declarados, la lógica jurídica es contundente: el comunismo no se trata como una tradición política entre otras, sino como una categoría deslegitimada que debe ser eliminada del espacio público y, en la práctica, de la política legal. Aquí es también donde la dimensión etnonacional se vuelve concreta en lugar de retórica. La descomunización funciona como una herramienta para definir quién cuenta como nación política legítima y qué narrativas históricas son admisibles, precisamente en un momento en que los argumentos de «seguridad» hacen que las medidas excepcionales parezcan normales.

Si esta trayectoria fuera simplemente «democracias possocialistas contra la Rusia autoritaria», la historia sería más fácil. Pero no lo es. El régimen actual de Rusia, que se describe mejor como un Estado autoritario y securitario, tiene su propio reflejo anticomunista, a menudo envuelto en nostalgia imperial más que en ideología soviética, y los ataques de Putin se han extendido más allá de Vladimir Lenin hasta el propio canon marxista. En sus declaraciones en Valdai el 21 de octubre de 2021, Putin habló de los bolcheviques «basándose en los dogmas de Marx y Engels» para rehacer la sociedad y la moralidad, presentando el marxismo menos como una tradición intelectual legítima que como un modelo doctrinal para la coacción.

El caso del círculo marxista de Ufa muestra cómo esta postura retórica puede ponerse en práctica a través de la ley: la interpretación «experta» se convierte en una cinta transportadora que transforma la lectura y el debate en insinuaciones de intención criminal, y los textos marxistas no se tratan como argumentos que deben debatirse, sino como material sospechoso que «explica» al acusado. En los comentarios públicos sobre el caso, esta lógica se vuelve casi literal: se informa de que una comisión de expertos ha descrito El Estado y la revolución de Lenin como una especie de «manual» extremista o terrorista, reduciendo la teoría política a contrabando.

La convergencia es políticamente incómoda, pero analíticamente importante: en la cuestión del comunismo, las democracias liberales de Europa del Este que se presentan como lo contrario del autoritarismo a menudo terminan encontrándose con Rusia en terreno común. El comunismo se trata como algo que hay que vigilar, en lugar de debatir.

¿Cómo llegaron a esa situación? Legitimidad, memoria y el retorno del anticomunismo

El giro contemporáneo hacia la criminalización del comunismo en algunas partes de Europa del Este no puede entenderse sin volver a la fuente original de legitimidad de los regímenes socialistas de la posguerra. En toda la región, los partidos comunistas no llegaron al poder simplemente como portadores de un nuevo orden social, sino como fuerzas políticas cuya autoridad se basaba en un pedigrí antifascista. Lucharon contra el nazismo, sufrieron una represión masiva bajo la ocupación y organizaron movimientos de resistencia armada que podían afirmar con credibilidad que representaban al «pueblo» contra el dominio extranjero y la colaboración interna. Esta legitimidad antifascista no era ornamental. Era fundamental.

El lema «Muerte al fascismo, libertad para el pueblo» no era mera retórica. En Yugoslavia, apareció en documentos oficiales y en el lenguaje político hasta la desintegración del país en 1991, resumiendo una narrativa de legitimidad en la que el socialismo, la liberación nacional y la soberanía popular eran inseparables. En otros lugares se aplicó una lógica similar.

En Rumanía, Hungría, Bulgaria y otros países que se habían aliado o acomodado a las potencias del Eje, el giro antifascista liderado por los comunistas después de 1944 desempeñó un papel crucial para evitar una ocupación militar prolongada y permitir la reconstrucción del Estado bajo la bandera de la independencia nominal. El antifascismo funcionó como un mecanismo de absolución política.

Pero este mismo mecanismo tuvo un coste a largo plazo. Dado que la legitimidad se reconstruyó a través del antifascismo comunista, la desnazificación siguió siendo superficial, selectiva o incompleta en muchos países. Las estructuras colaboracionistas a menudo fueron absorbidas, neutralizadas o castigadas de forma selectiva, en lugar de desmanteladas. Como han argumentado historiadores como Dejan Jović en el caso de Croacia, el acuerdo de posguerra desplazó, en lugar de resolver, las cuestiones pendientes del fascismo, la colaboración y la responsabilidad nacional. Estas cuestiones quedaron políticamente congeladas, sin resolver.

El colapso del comunismo alteró radicalmente esta ecuación de legitimidad. A medida que el nazismo se desvaneció de la memoria política y las narrativas nacionalistas cobraron fuerza en toda Europa del Este, el antifascismo dejó de funcionar como un recurso político útil. Los nuevos regímenes ya no necesitaban basarse en la resistencia al nazismo, sino que reconstruyeron su legitimidad a través de narrativas nacionales pre-socialistas, a menudo remontándose a tradiciones estatales de entreguerras o incluso premodernas. La adhesión a la UE proporcionó posteriormente una fuente adicional y externa de legitimación: la propia pertenencia se convirtió en prueba de credenciales democráticas, blanqueando eficazmente las ambigüedades históricas a través del lenguaje de los «valores europeos».

En algunos casos, este giro hacia la legitimidad pre-socialista ha ido mucho más allá del período de entreguerras y ha llegado a la creación de mitos premodernos. La Constitución croata basa la contemporaneidad del Estado en la «identidad nacional milenaria» de la nación croata, remontándose a la formación de los principados croatas en el siglo VII (¡!). No se trata de una excentricidad, sino de una señal política. Cuando la legitimidad se ancla en una profundidad mítica del tiempo en lugar de en la lucha social moderna, el antifascismo se vuelve prescindible, la responsabilidad histórica se vuelve negociable y el comunismo emerge como la principal amenaza, no por lo que hizo, sino por lo que todavía representa: un desafío moderno y materialista a la continuidad etnonacional.

La intensidad de este giro no se distribuye de manera uniforme en todo el antiguo mundo socialista. El endurecimiento legal del anticomunismo ha sido liderado sobre todo por los Estados miembros possocialistas de la UE en Europa Central y Oriental, especialmente los Estados bálticos y Chequia, con Polonia y Hungría representando casos más desiguales y controvertidos, y por Ucrania, donde la construcción de la nación, la alineación geopolítica y una política de memoria securitizada hacen de la «descomunización» un proyecto estatal más que una preferencia cultural.

Por el contrario, la «vieja Europa» ha sido en general más tolerante en la práctica, no porque el capitalismo occidental sea menos hostil al comunismo como idea, sino porque los partidos comunistas y las tradiciones marxistas nunca fueron expulsados por completo de la política legítima y a menudo permanecieron arraigados en la vida parlamentaria, los sindicatos y la cultura intelectual.

Los Balcanes Occidentales se sitúan en gran medida en un registro diferente: las guerras históricas y las políticas nacionalistas de rehabilitación son intensas, pero las prohibiciones legales explícitas de la ideología comunista han sido mucho menos importantes para la legitimidad del régimen, en parte porque el partidismo antifascista siguió siendo un punto de referencia fundamental, durante más tiempo que en la periferia oriental de la UE.

Y en gran parte de la Asia Central postsoviética, donde el control político se logra mediante el registro de partidos, la vigilancia policial y la oposición controlada, en lugar de la «ley de la memoria», no hay ninguna necesidad de recurrir al teatro europeo de la equivalencia: los regímenes no tienen que criminalizar el comunismo para neutralizar la política.

En ese contexto, el enemigo ideológico podía y debía ser reasignado. Lo que volvió a primer plano no fue el fascismo, sino el comunismo. A diferencia del fascismo, el comunismo no era un enemigo externo derrotado. Era la única tradición intelectual que había gobernado estas sociedades durante décadas y la única alternativa teórica coherente al capitalismo arraigada en su experiencia histórica. Y, a diferencia del liberalismo o el conservadurismo, conservaba la peligrosa cualidad de ser sistémico.

Sin embargo, la prohibición total del comunismo planteaba un problema. Criminalizar explícitamente una amplia tradición política suponía el riesgo de entrar en conflicto con las garantías constitucionales, las normas internacionales y la imagen que estos Estados tenían de sí mismos como democracias liberales. La Comisión advirtió repetidamente contra las prohibiciones vagas de ideologías y las restricciones excesivas a la expresión política. En otras palabras, la represión directa parecía políticamente incómoda y jurídicamente vulnerable.

La solución fue conceptualmente elegante y políticamente eficaz: la equivalencia. Al situar al comunismo y al nazismo en la misma categoría jurídica y moral que las ideologías «totalitarias» o «extremistas», los Estados podían presentar la represión como neutralidad. El comunismo no se prohibió como comunismo, sino como una mitad de una ecuación moral simétrica. Esta medida permitió a los gobiernos luchar contra el comunismo mientras afirmaban no tomar partido por ninguno de los bandos. Lo que se prohibió no fue una ideología, sino el «extremismo».

Esta equivalencia hizo más que proporcionar una cobertura legal. Reescribió la historia de la posguerra. El antifascismo, que en su día fue el principal recurso legitimador del régimen comunista, quedó vaciado de contenido y se volvió contra el propio comunismo. La misma lucha que había legitimado a los regímenes socialistas se convirtió en prueba de su supuesta equivalencia moral con el enemigo al que habían derrotado. En este giro, la historia no se niega, sino que se reorganiza.

Así es como llegaron hasta allí. No a través de un giro autoritario repentino, sino a través de una lenta transformación de la legitimidad: del antifascismo al nacionalismo, a la europeización y, finalmente, a un marco jurídico en el que el comunismo puede ser neutralizado sin nombrar nunca al capitalismo como su beneficiario.

Por qué es importante

La creciente criminalización de los símbolos, el lenguaje y la tradición comunistas es importante por dos razones. La primera es político-histórica: una vez que el comunismo se recodifica legalmente como moralmente equivalente al nazismo, la historia antifascista que dio forma al siglo XX europeo se vacía silenciosamente de contenido. Si el comunismo es «el mismo tipo de mal», entonces quienes lucharon contra los comunistas pueden presentarse, por implicación, como ocupantes del «lado correcto» de la historia.

Esto no requiere que nadie elogie explícitamente el nazismo. Funciona a través de un mecanismo más suave y eficaz: la reorganización moral. El antifascismo deja de ser el lenguaje fundacional de la Europa de la posguerra y se convierte, en el mejor de los casos, en una narrativa partidista discutible. En ese momento, la política de rehabilitación ya no parece rehabilitación. Parece «equilibrio», «dignidad nacional» o «contexto». Como dijo Slavoj Žižek, el mero intento de «comparar racionalmente los dos totalitarismos» tiende a llevar a la conclusión, explícita o implícita, de que el fascismo fue el mal menor y una «reacción comprensible» a la amenaza comunista.

No se trata solo de un riesgo teórico. En Antisemitism: Here and Now, Deborah Lipstadt describe lo que ella denomina una especie de «negación blanda» a nivel nacional en algunas partes de Europa del Este: esfuerzos deliberados por reordenar la historia de la guerra de manera que se rehabilite a los colaboradores nacionalistas, se minimice o relativice la participación local en los crímenes nazis y se reenmarque la resistencia antinazi (especialmente cuando estaba vinculada a la Unión Soviética) como traición en lugar de liberación. Señala otra consecuencia aún más desagradable: puede que estos proyectos no siempre estén impulsados por el antisemitismo como intención, pero las insinuaciones antisemitas pueden acabar siendo uno de sus «resultados» políticos, precisamente porque la vieja asociación de «los judíos con el comunismo» se reactiva con facilidad una vez que el anticomunismo se convierte en credo estatal.

Esta lógica se puede observar en la forma en que algunas partes de Europa del Este han institucionalizado la costumbre de emparejar las historias nazi y soviética como un único objeto moral, un patrón que a menudo se justifica mediante la retórica del «doble genocidio» que, como ha argumentado Rupen Savoulian en el contexto báltico, tiende a minimizar la criminalidad nazi y a reclasificar el período soviético como un «genocidio» equivalente para ocultar o suavizar la responsabilidad local por la colaboración y la participación en las atrocidades cometidas durante la guerra.

Las recurrentes controversias en Letonia en torno a las conmemoraciones de las formaciones Waffen-SS de la Segunda Guerra Mundial muestran la rapidez con la que «lucharon contra los soviéticos» se convierte en una coartada moral, incluso cuando el simbolismo y las asociaciones son obvios y controvertidos a nivel internacional. Estonia ha tenido disputas similares en torno a las concentraciones públicas en honor a los veteranos de las Waffen-SS, y los críticos advertían que la línea entre el «recuerdo antisoviético» y el blanqueo de la colaboración fascista se vuelve políticamente porosa cuando el anticomunismo se trata como una virtud casi absoluta.

Nada de esto significa que estos Estados sean «nazis». Significa algo más banal y más peligroso: cuando el comunismo se convierte en el crimen supremo, la colaboración y el ultranacionalismo pueden reformularse como una «defensa» desafortunada pero comprensible, y la jerarquía moral del siglo XX se vuelve negociable. La ironía histórica aquí es clara: la historiografía seria ha destacado que el anticomunismo no fue simplemente algo a lo que reaccionó el fascismo, sino uno de sus determinantes organizativos y consignas de movilización, incluso en su forma más extrema.

Ucrania ilustra esta dinámica en su forma más aguda porque la ley no se refiere solo al pasado, sino también al presente: fusiona la memoria, la seguridad y la construcción de la nación. El paquete de descomunización de 2015 no solo condenaba los regímenes comunista y nazi y restringía la propaganda y los símbolos, sino que se adoptó junto con una legislación que honra legalmente a los «luchadores por la independencia de Ucrania en el siglo XX», una categoría políticamente explosiva precisamente porque incorpora las formaciones nacionalistas de la época de la guerra a una narrativa de legitimidad patrocinada por el Estado. Un análisis jurídico serio (realizado por la Comisión de Venecia) ha señalado que este tipo de redacción de «democracia militante» corre el riesgo de ser imprecisa, amplia y tener efectos disuasorios, y que la lógica de la ley puede imponer una interpretación positiva de la historia controvertida bajo una sanción implícita.

Las consecuencias de este reajuste moral son visibles en el espacio público. En Ucrania, las marchas con antorchas anuales en honor a Stepan Bandera se han convertido en una característica habitual de la movilización nacionalista, a pesar de su legado bélico profundamente controvertido y de que su designación como «Héroe de Ucrania» fue anulada por una decisión judicial en 2011. En la misma línea, se han celebrado conmemoraciones públicas de la División «Galicia» de las Waffen-SS bajo la bandera de la «resistencia antisoviética», lo que ha provocado repetidas condenas por parte de organizaciones judías, instituciones polacas y observadores internacionales. Una vez que el Estado define el comunismo como una amenaza para la seguridad y lo deslegitima como categoría, resulta más fácil legislar la inocencia nacional y disciplinar el debate histórico mediante la ley.

La segunda razón es más importante y constituye el verdadero núcleo de toda la tendencia: el legalismo anticomunista no se refiere principalmente a la protección de la democracia frente a la dictadura. Se trata de proteger el capitalismo frente a una alternativa. El comunismo no es simplemente «una mala experiencia histórica». Es la única tradición política moderna que apunta explícitamente a los cimientos del poder capitalista: la propiedad privada de los medios de producción y el orden social construido en torno a ella.

Es precisamente por eso que el marco contemporáneo de «igualdad» es tan útil. Una prohibición total de la ideología comunista resulta incómoda en sociedades que aún se promocionan como pluralistas. Por lo tanto, la solución es introducir la prohibición de forma encubierta a través de la simetría moral: declarar que el nazismo y el comunismo son igualmente extremistas, igualmente odiosos, igualmente inaceptables, y luego tratar la supresión del discurso comunista como un acto de higiene democrática.

Lo que hace que la enmienda checa sea especialmente reveladora es que no solo se basa en esa simetría moral. Extiende silenciosamente la lógica del «odio» al ámbito en el que realmente se desarrolla la política comunista: el antagonismo de clases. En la propia redacción de la disposición, los movimientos prohibidos se definen no solo como aquellos que suprimen derechos o incitan al odio racial, étnico, nacional o religioso, sino también aquellos que defienden el «odio de clase». Esa adición no es un detalle técnico. Es el eje central.

La política comunista no se organiza en torno al odio hacia una etnia o una nación, sino en torno a la oposición a un orden social basado en la propiedad privada y la explotación. Al incluir la «clase» en el mismo registro penal que la raza y la nación, la ley ofrece una traducción ya preparada del conflicto laboral a la intención criminal: la lucha colectiva contra el dominio capitalista puede describirse como «odio» hacia un grupo social.

Así es como la ley limita el futuro de una manera muy concreta. No se limita a convertir el debate sobre las alternativas al capitalismo en un riesgo legal en teoría, sino que proporciona a los fiscales un vocabulario para tratar la lucha de clases en sí misma como extremista. Y dado que el poder de clase en la sociedad capitalista no es simétrico, el efecto es estructuralmente unilateral.

Los trabajadores que se movilizan contra la explotación son los objetivos obvios del marco del «odio». El capital no marcha en masa contra el trabajo; disciplina al trabajo a través de las instituciones, la propiedad y el Estado. El resultado es una inversión perversa: el lenguaje de la emancipación se recodifica como incitación, mientras que la coacción cotidiana que mantiene a los trabajadores encerrados en relaciones sociales desiguales sigue sin cuestionarse como «orden normal».

Este es precisamente el cambio que Sofija Kordić captura en el caso checo: lo que antes se libraba en el ámbito de la política y la interpretación pública, ahora se traslada a los tribunales. Como señala la información contemporánea sobre la enmienda checa, la novedad clave no es que antes no se pudiera procesar a los movimientos extremistas, sino que ahora el «comunismo» se nombra explícitamente junto al nazismo en el marco del derecho penal, y el efecto práctico dependerá de la interpretación fiscal y judicial de lo que se considera «promoción». La ley se convierte menos en una declaración sobre la historia que en una herramienta para disciplinar el presente a través de la ambigüedad, la disuasión y la amenaza creíble de una aplicación selectiva.

Este es también el punto en el que la «democracia liberal» comienza a rimar con el estado de seguridad autoritario de Rusia de una manera que a ninguna de las dos partes le gusta admitir. Putin trata los desafíos a su gobierno como ilegítimos por definición. La lógica se expresa a veces con una claridad casi cómica. En una reunión televisada con profesores de escuela galardonados, Putin preguntó a un profesor de historia cuál fue el mayor error de los decembristas. Los decembristas eran oficiales aristocráticos que se rebelaron contra la autocracia en diciembre de 1825 en nombre de la reforma constitucional; el levantamiento fue aplastado y sus líderes ejecutados o exiliados. El profesor comenzó a responder en términos de condiciones sociales y requisitos políticos previos. Putin le interrumpió: su verdadero error, dijo, fue que violaron su solemne juramento al zar. En esa visión del mundo, la rebelión no es incorrecta porque fracase o porque malinterprete la historia. Es incorrecta porque rompe la fidelidad en sí misma.

Mientras tanto, los regímenes liberales de Europa del Este tratan cada vez más los desafíos a las relaciones de propiedad capitalistas como ilegítimos, renombrándolos como «extremismo», «odio» o «propaganda». Es precisamente por eso por lo que se señala a las ideas comunistas. Marx no ofrece una crítica reformista educada; aboga por lo que describió famosamente como una «crítica despiadada de todo lo que existe», una crítica que no teme a sus conclusiones ni al «conflicto con los poderes fácticos».

En un sistema en el que la propiedad es sagrada y la autoridad estatal es alérgica a que se la cuestione, ese tipo de tradición intelectual es peligrosa incluso antes de que organice a nadie. Es «inaceptable» no porque incite al odio étnico, sino porque denuncia la explotación, apunta a la propiedad privada como fundamento del poder y trata el orden existente como algo históricamente contingente y no como algo moralmente intocable.

Si esto suena como una peculiaridad meramente checa, no lo es. Los politólogos y los historiadores de la política de la memoria han rastreado cómo las narrativas de «dos totalitarismos» funcionan como un dispositivo legitimador en la Europa posterior a 1989, especialmente en la antigua periferia socialista. El trabajo de Maria Mälksoo sobre «convertirse en europeo», por ejemplo, muestra cómo los Estados de Europa del Este impulsaron su agenda mnemónica en la UE elevando la experiencia soviética a la historia moral central de Europa, a menudo a través de la simetría con el nazismo.

Kristen Ghodsee sostiene de forma más contundente que el marco de los «dos totalitarismos» ha funcionado como una narrativa de crisis del propio capitalismo, desviando la ira por la desorganización posterior a la transición de la propiedad y la desigualdad hacia el consenso moral anticomunista. Jelena Subotić, que analiza la política de la memoria del Holocausto tras el comunismo, muestra cómo los «crímenes» comunistas se integran con frecuencia en una economía moral de la memoria de formas que sirven a los proyectos de legitimidad contemporáneos y reducen el espacio de la política aceptable.

Esto nos lleva de vuelta a un punto que he señalado anteriormente: deslegitimar la tradición revolucionaria no consiste simplemente en condenar el pasado. Se trata de reducir lo que se considera políticamente pensable hoy en día, convirtiendo la idea de una alternativa sistémica en un tabú moral y, cada vez más, en un riesgo legal. Por eso la deriva anticomunista está tan obsesionada no solo con los regímenes y los crímenes, sino también con los símbolos, los libros, las canciones, las organizaciones y la propia comunicabilidad de una idea.

En este punto, la primera línea del Manifiesto Comunista se convierte menos en un eslogan que en una descripción: un «espectro» que acecha a Europa y una «santa alianza» de potencias respetables formada para exorcizarlo. El esfuerzo no consiste en refutar el comunismo, sino en hacerlo legal y moralmente indecible. El espectáculo consiste en que se invocan los «valores democráticos» para justificar la vigilancia de una tradición que, independientemente de lo que se piense de sus resultados históricos, pone de manifiesto una contradicción central de la sociedad capitalista: la acumulación privada de la riqueza social.

Todo el guion de los «dos totalitarismos» funciona porque sustituye un argumento sobre la propiedad y el poder por un sermón sobre la moralidad. Convenientemente, los sermones no requieren pruebas, solo conformidad.

No son dos «extremismos», sino lógicas morales y sociales opuestas

En algún momento, esto deja de ser un argumento sobre la memoria histórica y se convierte en un argumento sobre la honestidad intelectual. El nazismo y el comunismo no son «extremismos» comparables que casualmente se sitúan en extremos opuestos de un espectro. Se basan en lógicas morales y sociales opuestas, y el intento de forzarlos a simetría no es una aclaración. Es una distorsión.

El nazismo es una ideología de exclusión. Robert Paxton argumentó que el fascismo no se define por una teoría social coherente, sino por la jerarquía y la movilización mítica contra enemigos imaginarios. El nazismo representa esta lógica en su forma más extrema. Su proyecto político depende de la jerarquía: divide a la humanidad en rangos de valor, asigna culpa colectiva por nacimiento y legitima la dominación como destino. Su núcleo ideológico no es una teoría social seria, sino un repertorio de pseudociencia y geopolítica mítica: jerarquía racial, nacionalismo de sangre y suelo, y la fantasía del Lebensraum. Incluso cuando toma prestado el lenguaje de la modernidad, lo hace para organizar la conquista, la esclavitud y el exterminio en interés de una nación «superior».

El comunismo, independientemente de lo que se piense de sus resultados históricos, parte de una premisa opuesta a la del nazismo. Su tema declarado no es una raza o una nación, sino la mayoría trabajadora, y su horizonte es la emancipación universal. Marx y Engels insistieron en su famosa frase: «Los trabajadores no tienen patria. No podemos quitarles lo que no tienen».

Incluso uno de los críticos «burgueses» más agudos del marxismo, Max Weber, enmarcó los objetivos declarados del comunismo en términos universalistas: el intento de realizar los ideales comunistas, señaló, buscaba «la abundancia material universal y la emancipación de la dominación», aunque argumentaba que tal proyecto probablemente intensificaría el dominio burocrático en lugar de disolverlo.

El marxismo se basa en una crítica socioeconómica de la sociedad capitalista y en una teoría de la explotación y la crisis. No es un culto a la sangre o al territorio, sino un intento de explicar cómo se produce la riqueza, cómo se apropia y por qué la propiedad privada de la producción social genera desigualdad sistémica y catástrofes periódicas. Se pueden rechazar sus prescripciones, criticar su historial o discutir sus conclusiones. Pero es una tradición de análisis, no una mitología del destino biológico.

Por eso también la intervención de Slavoj Žižek es útil como marcador final de la diferencia. En su crítica de «los dos totalitarismos», admite que el fascismo surgió efectivamente como reacción a la ruptura emancipadora abierta por Octubre, pero insiste en que lo que cambia en el paso del comunismo al nazismo no es solo el «contenido», sino la forma.

El fascismo no se limita a «oponerse» al comunismo. Mistifica lo que el comunismo nombra: desplaza un conflicto estructural interno de la sociedad capitalista a una lucha racial inventada, naturalizando la política como biología y traduciendo el antagonismo de clases en la fantasía de un contaminante extranjero dentro de la comunidad nacional. El enemigo pasa de ser una relación social explotadora a un cuerpo supuestamente ajeno. Ese cambio es precisamente donde reside el fraude ideológico nazi.

Esta diferencia es importante porque el marco de equivalencia contemporáneo no es un inocente error de categorización. Es una técnica política. Toma una doctrina de dominación racial y una doctrina de emancipación social, las declara iguales como contaminantes morales y luego utiliza el lenguaje de la higiene democrática para controlar la que todavía supone una amenaza intelectual para el capitalismo. Por eso el enfoque legal se desvía tan rápidamente de los delitos concretos a los símbolos, los textos y la «propaganda». El objetivo no es comprender la historia, sino gestionar lo que se puede imaginar.

Por eso el Manifiesto Comunista sigue teniendo una precisión incómoda: un «espectro» que acecha a Europa y una «santa alianza» que se forma para exorcizarlo. El verdadero temor no es el regreso de los regímenes del siglo XX. Es el regreso de una simple pregunta que el capitalismo liberal prefiere tratar como ilegítima: si la economía es social en su producción, ¿por qué es privada en su propiedad?

Así que cuando la ley checa coloca «nazi» y «comunista» en la misma sentencia penal, no solo está reescribiendo el pasado. Está limitando el futuro. El día de Año Nuevo, un puñado de jóvenes socialdemócratas marcaron esa limitación con un acto pequeño pero perfectamente sincronizado: A las 11:55, frente al Ministerio de Justicia de Praga, cinco minutos antes de la medianoche, bajo la pancarta «Primero vinieron a por los comunistas…». Entendieron lo que los defensores de la nueva ley fingen no entender: una vez que la política se traslada a los tribunales, estos no se limitan a actuar con cortesía. Al igual que hace 85 años, bajo el Protectorado nazi de Bohemia y Moravia, el comunismo es ilegal en Chequia.

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2. Irán, Venezuela y el petróleo.

Irán y Venezuela tienen algo en común: petróleo. Y ante el ataque estadounidense, no es fácil decidir cómo gestionarlo.

https://peoplesdispatch.org/2026/02/03/venezuela-and-iran-oil-and-survival/

Venezuela e Irán: petróleo y supervivencia

Enero de 2026 confirmó lo que se venía insinuando desde hacía tiempo en los análisis: Estados Unidos necesita tomar el control, por cualquier medio posible, de los recursos petroleros de Venezuela e Irán.

3 de febrero de 2026 por Carmen Navas Reyes

Venezuela, amenazada tras los ataques del 3 de enero, y en perspectiva junto al espejo histórico que es Irán, nos permite estudiar los modelos de nacionalismo petrolero clásico y resistencia pragmática. Pero más allá de la economía, algunos analistas han planteado la teoría de que el petróleo venezolano e iraní no es solo un negocio, sino munición vital en el escenario bélico que propone Estados Unidos.

La reforma de 2026: ¿privatización o salvavidas táctico?

Para entender la actual reforma, hay que fijarse en las cifras rojas. En 2014, Venezuela tenía unos ingresos anuales por petróleo cercanos a los 40 000 millones de dólares. Tras las sanciones estadounidenses y el bloqueo financiero, esa cifra se desplomó hasta apenas 740 millones de dólares en 2020. El Estado, propietario del recurso, se quedó sin capacidad para extraerlo y sin bancos para cobrarlo.

La respuesta fue la Ley Antibloqueo de 2020, que dio lugar a los Contratos de Participación Petrolera (CPP). Según las aportaciones de la reciente reunión de alto nivel, los CPP no son concesiones tradicionales. Se trata de acuerdos de servicios en los que el sector privado invierte y opera, cobrando su inversión directamente a través de la producción física (barriles), lo que elimina la transacción financiera que Estados Unidos podría bloquear.

El Gobierno defiende el éxito del modelo: los ingresos en cinco años aumentaron hasta alcanzar un récord de 14 000 millones de dólares en 2025, lo que, aunque lejos de los ingresos históricos, fue considerablemente superior a los 740 millones de dólares en el peor momento de 2019. La reforma pretende ahora dotar de carácter legal a este mecanismo, sacándolo del ámbito de la excepcionalidad, que a menudo situaba al Estado venezolano en desventaja. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, lo resume como una «flexibilización de las tarifas» en la que el sector privado aporta el capital y el Estado mantiene la soberanía sobre el yacimiento petrolífero. Mientras Caracas debate la nueva base jurídica para adaptarse a las nuevas condiciones de las relaciones energéticas con Estados Unidos, Donald Trump envió un mensaje desde Washington el 23 de enero en el que confirmaba el cambio de postura del presidente estadounidense sobre la geopolítica del petróleo: «Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo… mayores que las de Arabia Saudita», lo que sugiere que Estados Unidos podría ganar «mucho dinero» con esta relación pragmática.

El choque de visiones y las críticas internas

La reforma ha suscitado algunas críticas. El exministro de Petróleo Rafael Ramírez, acusado de corrupción en Venezuela, describió la medida el 27 de enero como una «derogación de la nacionalización de 1976». Para quienes han defendido históricamente el nacionalismo petrolero, los CPP, en el marco de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, ceden el control operativo (que consideran el valor real) a las empresas transnacionales.

El Gobierno responde con «pragmatismo bélico»: el modelo de 2006 (con el 90 % de los ingresos destinados al Estado) era ideal en tiempos de paz, pero inviable en situación de asedio. El nuevo esquema garantiza entre el 65 % y el 70 % de los ingresos y, lo que es más importante, mantiene viva la industria. Esto representa una retirada forzada por las circunstancias para evitar la asfixia total.

La nueva Guerra Fría: el factor China

Aquí es donde entra en juego la dimensión global. ¿Por qué Donald Trump y Washington muestran ahora una tolerancia tácita hacia este modelo venezolano (como se ve en las licencias concedidas a Chevron) mientras mantienen su dura retórica? La respuesta puede estar en el objetivo de contener a China.

Varios análisis, incluidos los de conservadores como Tucker Carlson, han planteado una tesis que resuena en los medios de comunicación y los think tanks geopolíticos: Estados Unidos se está preparando para un conflicto cinético o comercial a gran escala con China. En este escenario, el control de las reservas petroleras venezolanas deja de ser una cuestión de mercado y se convierte en una cuestión de pura seguridad nacional.

Carlson advierte que la administración Trump considera inaceptable que las mayores reservas del mundo (Venezuela) y una de las claves del Golfo Pérsico (Irán) estén abasteciendo a China. «El petróleo va a China… debería venir a nosotros», es la interpretación subyacente de la nueva doctrina de Washington.

Desde esta perspectiva:

Cortar los recursos al enemigo: El objetivo ya no es solo «cambiar el régimen» en Caracas por razones «democráticas», sino desvincular a Venezuela de China. Si los CPP y las licencias permiten que el crudo venezolano fluya hacia el Golfo de México (EE. UU.) en lugar de hacia Shanghái, Washington gana una batalla estratégica sin disparar una sola bala.

El caso iraní: Con Irán, la situación es más volátil. Carlson sugiere que la hostilidad hacia Teherán busca cortar la principal arteria energética segura de China en Oriente Medio. Controlar o neutralizar el petróleo iraní deja la maquinaria industrial y militar de China vulnerable a un bloqueo naval. Y, al mismo tiempo, controlar las rutas de suministro.

Esta «nueva Guerra Fría» explica la paradoja actual: Estados Unidos, mientras convierte el Caribe en una gran base militar, permite que Venezuela respire económicamente (a través de Chevron y, en el futuro, de la participación de otras grandes empresas estadounidenses), porque prefiere una Venezuela pragmática que venda al Norte, en lugar de una Venezuela no alineada que sea un proveedor energético seguro para China y que, financieramente, contribuya a poner el clavo en el ataúd del dólar como moneda global.

El espejo histórico: Irán y Venezuela (El «Petroleumscape»)

Esta dinámica no es nueva. Venezuela e Irán comparten un «paisaje petrolero» histórico. Ambos sufrieron golpes de Estado orquestados por Occidente cuando intentaron nacionalizar sus recursos (1948 y 1953). Ambos fundaron la OPEP en 1960 para defenderse.

En los últimos años, la alianza entre Caracas y Teherán ha sido existencial. Irán enseñó a Venezuela cómo sortear las sanciones (flotas encubiertas, reparaciones de refinerías, entre otras). Ahora, ambos países se encuentran en el vórtice de la disputa entre Estados Unidos y China. La reforma legal en Venezuela es, en esencia, una maniobra para sobrevivir en este tablero de ajedrez: garantizar su propio flujo de caja para aliviar la amenaza estadounidense, aunque la gravedad geopolítica empuje inevitablemente a una mayor presión de Washington sobre ambos países.

Esta historia lleva más de 100 años.

La reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos es mucho más que un ajuste técnico; es un acto de supervivencia en vísperas de un gran conflicto mundial. Venezuela está sacrificando parte de sus ingresos y control operativo (lo que ya estaba haciendo a través del CPP con la Ley Antibloqueo) para reinsertarse en el mercado occidental e intentar eludir el bloqueo.

En última instancia, en la guerra por la hegemonía mundial librada por Washington, que ve a Pekín como su principal rival, el petróleo venezolano e iraní son los trofeos estratégicos definitivos. Venezuela y sus 100 años de historia petrolera, como comenzamos a estudiar, es uno de los campos de batalla.

Carmen Navas Reyes es una politóloga venezolana con una maestría en Ecología para el Desarrollo Humano (UNESR). Actualmente cursa un doctorado en Estudios de Nuestra América en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Rómulo Gallegos (CELARG) en Venezuela. Es miembro del Consejo Asesor Internacional del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Este artículo fue escrito por Globetrotter.

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3. Los EAU en África.

Un repaso, país por país, del ascenso, y ahora parece que caída, de los Emiratos Árabes Unidos en África.

https://thecradle.co/articles/uaes-imperial-pivot-hits-african-wall-riyadh-pulls-the-rug

El giro imperial de los Emiratos Árabes Unidos choca contra el muro africano: Riad tira de la alfombra

A medida que las ambiciones de Abu Dabi se desmoronan en todo el continente, las alianzas respaldadas por Riad están expulsando al pequeño país del Golfo Pérsico de África y aprovechando su economía de guerra en el proceso.

Aidan J. Simardone

3 DE FEBRERO DE 2026

Durante años, los EAU invirtieron dinero, armas y mano de obra en África, persiguiendo una fantasía imperial que no les correspondía. Desde los puertos del Mar Rojo hasta las minas de oro, pasando por los ejércitos mercenarios y las milicias clientelares, Abu Dabi lo financió todo. Pero su arrogancia imperial encontró resistencia. Y ahora, una tras otra, las naciones africanas están cerrando la puerta a la injerencia emiratí.

¿Qué desencadenó este dramático cambio de rumbo? Lo mismo que desencadenó su humillación en Yemen: un enfrentamiento con su antiguo socio del Golfo. Cuando las fuerzas respaldadas por los EAU en Yemen atacaron a los aliados saudíes, Riad respondió con contundencia. No solo expulsó a Abu Dabi de Yemen, sino que también actuó discretamente para socavar su control en África.

El dominio del Mar Rojo se desmorona

Con el declive de la hegemonía occidental, África ha tendido la mano a otros países, como China, Rusia y Turquía. Aprovechando esta oportunidad, los EAU invirtieron en África Oriental para asegurar el Mar Rojo y apoyar su guerra en Yemen.

Se construyeron puertos o bases en Doraleh (Yibuti); Assab y Massawa (Eritrea); Barawe y Berbera (Somalilandia); Bosaso, Kismayo y Mogadiscio (Somalia). Algunas ubicaciones tenían fines comerciales, mientras que otras eran fundamentales para las guerras en toda la región.

El puerto de Assab, por ejemplo, se convirtió en un importante centro logístico, con Eritrea proporcionando 400 soldados a los EAU, una fuerza que resultó decisiva en el campo de batalla. En Mogadiscio, los EAU proporcionaron entrenamiento a las tropas somalíes para luchar contra la milicia extremista Al-Shabaab.

Pero ya estaban apareciendo grietas. En 2017, las relaciones entre Somalia y los EAU se deterioraron durante la guerra diplomática entre Arabia Saudí y Catar. Los EAU se pusieron del lado de los saudíes, pero Somalia se mantuvo neutral, ya que su aliado más cercano, Turquía, apoyaba a Doha.

En 2018, la situación empeoró cuando los EAU firmaron un acuerdo con Somalilandia, una región separatista que Somalia reclama como su territorio. En respuesta, Somalia suspendió toda cooperación militar con los EAU. Pero su alcance fue limitado, ya que regiones como Puntlandia y Somalilandia ignoraron el decreto del Gobierno federal.

Ese mismo año, Yibuti reclamó el puerto de Doraleh, gestionado por los EAU, acusando a Abu Dabi de sobornar a funcionarios. Pero la verdadera razón fue la presión indebida de los EAU sobre Yibuti para que abriera una base militar y la construcción de un puerto en Somalilandia que socavaría la competitividad de Yibuti. Tres años más tarde, Eritrea siguió su ejemplo y desmanteló algunas de las bases militares de los EAU.

Aun así, Abu Dabi se mantuvo. Amplió su presencia en Somalia y mantuvo operativos los emplazamientos estratégicos en Eritrea, lo suficiente, según EmiratesLeaks, para ayudar a Israel durante la Operación Al-Aqsa Flood de Hamás, que comenzó el 7 de octubre de 2023, si fuera necesario.

Esa resistencia se está derrumbando ahora. En enero, Somalia expulsó a los Emiratos Árabes Unidos de territorios que ni siquiera están bajo el control de Mogadishu: Puntlandia y Somalilandia. Los Emiratos Árabes Unidos acataron la orden, una retirada que sorprendió a los observadores. Pero la medida no fue solo obra de Somalia, sino que contó con el respaldo de Arabia Saudí.

Riad está construyendo ahora un eje militar con Egipto y Somalia. El presidente Abdel Fattah el-Sisi ha «alineado plenamente» El Cairo con los esfuerzos saudíes para marginar a los EAU en Sudán y Yemen. Esto se produce después de que Egipto se negara en diciembre de 2025 a vender una participación de su puerto de Alejandría a los EAU. El ejército libio liderado por Khalifa Haftar está bajo presión para romper sus lazos con Abu Dabi. Y Yibuti, tras una reciente victoria legal contra los EAU, cedió las operaciones portuarias a Egipto.

Incluso Eritrea, que en su día fue un socio incondicional, está cambiando de bando. El presidente Isaias Afwerki acusa a los EAU de ser el «principal actor desestabilizador» en Sudán. Y Arabia Saudí se ha comprometido a aportar 1000 millones de dólares para rehabilitar el puerto de Assab, el mismo puerto que en su día dominó Abu Dabi. El mes pasado, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (MbS) y Afwerki se reunieron en Riad.

El colapso de la economía de guerra

Sin su línea de vida en el mar Rojo, toda la economía de guerra de los EAU en África está en peligro. En Sudán, había respaldado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que se apoderaron de gran parte del país y de sus minas de oro. A cambio, los EAU han estado recibiendo 16 000 millones de dólares anuales en oro, junto con grandes cantidades de productos agrícolas. Etiopía comenzó a entrenar a combatientes de las RSF.

Para mantener a las RSF, los EAU dependían de escalas en Somalia/Somalilandia (Berbera y Bosaso), Chad (Amdjarass) y Libia (Kufra), controladas por el Ejército Nacional Libio (LNA), respaldado por los EAU.

Pero ahora, las líneas de suministro están fallando. Chad, que en su día fue el aliado más fuerte de los EAU en África, ha reducido su cooperación con Abu Dabi después de que las fuerzas de la RSF mataran a varios de sus soldados. Guinea se apoderó de una mina de aluminio emiratí valorada en 1400 millones de dólares, lo que desencadenó una demanda judicial. Somalia cerró los puntos de transbordo. Y con la creciente presión de Arabia Saudí y Egipto, Libia podría cerrar pronto las puertas.

Las Fuerzas Armadas de Sudán ya han rompido el asedio de las RSF a Dilling, una ciudad del estado de Kordofán del Sur, en Sudán. Los representantes de los EAU están perdiendo terreno «rápidamente».

Cuando no es posible la guerra, los Emiratos Árabes Unidos utilizan la inversión para extraer recursos. En 2023, firmaron un acuerdo de 1900 millones de dólares con la República Democrática del Congo para acceder al cobalto, el cobre y el estaño; invirtieron 1100 millones de dólares en Zambia para adquirir una participación mayoritaria en una mina de cobre; y gastaron 1400 millones de dólares en Guinea en un proyecto de aluminio. Para transportar estos recursos, construyó puertos en Argelia, Angola, la República Democrática del Congo, Egipto, Guinea, Kenia, Mozambique, Senegal, Somalia y Tanzania.

Muchos de ellos también sirven como infraestructura militar: el puerto de Berbera se utilizó para suministrar armas a Yemen. Algunos, como el puerto de Dakar en Senegal, valorado en 1200 millones de dólares, sirven tanto para el comercio como para la coacción.

^{Mapa que muestra el estado reciente de las relaciones entre los EAU y los países africanos.}

De socios a acusadores

En un país tras otro, Abu Dabi está siendo acusado de subversión, traición y extralimitación neocolonial. Argelia, que en su día acogió las operaciones portuarias de los EAU, ahora acusa a este país de apoyar a los separatistas de Cabilia y de socavar Libia. Algunos incluso sugieren que Argelia podría romper relaciones diplomáticas con los EAU.

Esto se produce en un momento en que Argel está cada vez más frustrado por la intromisión de los EAU en Libia y su creciente alianza (junto con Israel) con Marruecos, enemigo de Argelia. En respuesta, Argelia ha profundizado sus vínculos de seguridad con Arabia Saudí.

Como se ha mencionado anteriormente, Chad y Arabia Saudí también tienen relaciones tensas con Abu Dabi. Hasta hace poco, Chad proporcionaba un amplio apoyo a las RSF, incluyendo un centro de logística de armas y acceso a su territorio para maniobrar con tropas. Pero el apoyo se ha convertido en hostilidad, ya que la RSF sigue atacando al pueblo zaghawa tanto en Sudán como en Chad. En diciembre de 2025, dos soldados chadianos fueron asesinados por la RSF, seguidos de otros siete en enero.

Arabia Saudí, por su parte, también está recogiendo los pedazos. Bloqueó una oferta de los Emiratos Árabes Unidos para adquirir acciones del puerto de Alejandría, está financiando proyectos portuarios rivales en Eritrea y Egipto, y está atrayendo a su seno a Estados que antes eran neutrales, como Yibuti.

El cambio de rumbo de Abu Dabi es asombroso. Hasta hace poco, era el cuarto mayor inversor de África. Invirtió miles de millones en minería, agricultura y puertos, empresas que servían también como influencia política y centros logísticos militares.

Ahora, Riad ha dado un giro al guion. Con la guerra de Sudán como eje, Arabia Saudí está reuniendo a las naciones africanas en una coalición informal que corta el acceso de los Emiratos Árabes Unidos en todo momento.

De la extralimitación imperial a la realineación

Pero a medida que los Emiratos Árabes Unidos salen de algunos países, están encontrando otros socios. Han reforzado sus lazos con casi todos los países africanos, desde las menos pobladas Seychelles hasta las más pobladas Nigeria. Estos vínculos siguen siendo principalmente económicos, por ahora, pero podrían evolucionar hacia alianzas de seguridad.

Etiopía se ha convertido en la nueva escala para el envío de armas a la RSF, les proporciona entrenamiento y podría convertirse en un nuevo frente en la guerra de Sudán. Las alianzas militares e industriales de Adís Abeba y su posición geográfica la han convertido en indispensable para mantener operativa a la RSF.

Marruecos, otro signatario de los Acuerdos de Abraham y, por lo tanto, aliado de Israel, está en condiciones de convertirse en un nuevo punto de anclaje.

Pero la fantasía de Abu Dabi de un dominio indiscutible se ha desvanecido. Su extralimitación ha provocado una reacción adversa. Lo que antes era una alternativa a la hegemonía occidental ahora parece otro proyecto colonial. África, con sus lazos cada vez más profundos con China, Rusia y Turquía, tiene más opciones.

Están surgiendo dos ejes. Uno está liderado por Arabia Saudí, con el respaldo de Egipto, Argelia y Somalia. El otro está liderado por los Emiratos Árabes Unidos, con el apoyo de Israel, Etiopía y Marruecos.

El eje Emiratos Árabes Unidos-Israel está creciendo hasta incluir no solo a Etiopía y Marruecos, sino también a Bahrein y India. Arabia Saudí ha ido más allá, desarrollando un pacto de defensa mutua con Pakistán y, hasta hace poco, posiblemente buscando otro con Turquía.

Al igual que en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, las alianzas que en su día se crearon para contener los conflictos pueden, en cambio, afianzarlos.

La red de alianzas de Europa en la década de 1910 solo necesitó un disparo para iniciar una guerra mundial. Del mismo modo, un solo conflicto renovado, como otra guerra entre India y Pakistán, podría involucrar a Arabia Saudí y a sus aliados africanos, lo que provocaría la respuesta de los Emiratos Árabes Unidos y sus socios. Lo que comienza como un enfrentamiento local se convertiría rápidamente en un conflicto global.

Para los Estados africanos, el cambio es oportuno. Décadas de dictados unipolares han dado paso a una nueva influencia. Con la multipolaridad, África no necesita seguir vinculada a los Estados Unidos, ni a los Emiratos Árabes Unidos, por lo demás.

Los líderes que antes se veían obligados a someterse o arriesgarse a la marginación ahora actúan de forma independiente. Abu Dabi llegó a África con chequeras y contratistas. Ahora se limita a observar cómo otros ocupan su lugar.

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4. Dossier del Tricontinental: drogas y campesinado.

Aunque en el dossier se habla de las drogas en general, más bien está centrado en el cultivo de la coca, y cómo lo ven y lo viven los campesinos latinoamericanos.

https://thetricontinental.org/es/dossier-guerra-contra-los-pobres/

Dossier Nº 97

La guerra contra los pobres: drogas, campesinado y capitalismo

Lejos de combatir el narcotráfico, la guerra contra las drogas es una herramienta imperial para disciplinar gobiernos rebeldes y promover agendas contrarrevolucionarias. El campesinado y la clase trabajadora pagan el precio, el capital se lleva los beneficios.

3 de febrero de 2026

Foto: Confrontación entre comunidades campesinas y el ejército nacional con varias personas heridas, en el marco de un proceso de erradicación forzada. Cajibío, Cauca. Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Las ilustraciones de este dossier son intervenciones artísticas que combinan fotografías de la Comisión de Comunicaciones del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC). El PUPSOC articula organizaciones que defienden los territorios y derechos de comunidades del suroccidente colombiano, una región fuertemente golpeada por la “Guerra contra las Drogas” impuesta por el imperialismo estadounidense en alianza con los intereses del capital. Esta política ha servido para militarizar territorios, criminalizar al campesinado y profundizar el despojo, afectando la soberanía alimentaria y la autonomía rural. Las intervenciones artísticas hechas por el Instituto Tricontinental representan cómo el imperialismo y el capital orquestan esta violencia a través de diagramas, mapas y números, mientras que las fotografías retratan a un pueblo que permanece en resistencia organizada, en defensa de la vida, la tierra y la dignidad.

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Agradecimientos

Este dossier se basa en parte en nuestro proyecto Adictos al imperialismo, para el cual hemos publicado varios textos en español (Tricontinental, 2025).

También quisiéramos agradecer a:

• La Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), quienes, con su historia de lucha y resistencia, continúan defendiendo los derechos del campesinado y construyendo alternativas frente a la criminalización de lxs agricultorxs de estos cultivos en Colombia.
• El Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), quienes llevaron a cabo parte de la investigación para nuestro proyecto Adictos al imperialismo y recopilaron testimonios de los territorios que reflejan la realidad vivida por el campesinado colombiano.
• La Comisión de Comunicación del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) por el material fotográfico que acompaña este dossier. Su trabajo, arraigado en la lucha y la organización junto a las comunidades, nos han permitido ilustrar la realidad cotidiana de la vida campesina y la resistencia con imágenes de sus territorios.
• El Transnational Institute por su proyecto de larga data de investigación y análisis del narcotráfico desde la década de 1990, como por ejemplo sacar a la luz el informe suprimido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la cocaína (Transnational Institute, The WHO Cocaine Project, 1995). Otros informes incluyen 10 Years Review: TNI Drugs and Democracy Programme, 1998-2008, 2008; Global Commission on Drug Policy Report, 2011; y Ernestien Jensema, Martin Jelsma y Tom Blickman, Bouncing Back: Relapse in the Golden Triangle, 2014.

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Hace cientos de años, lxs bandidxs del capitalismo temprano afirmaban que habían llegado a las tierras “salvajes” para traer la “civilización”. Pero lo que vinieron a hacer fue saquear: apoderarse de tierras, explotar la mano de obra y extraer lingotes de oro de África, Asia y América. A lo largo de las generaciones, este bandolerismo se transformó en algo estructural, incorporado a las plantaciones, las minas y las compañías comerciales que drenaron esa riqueza hacia la “gloria eterna” de Europa. Con el tiempo, lxs descendientes de estxs bandidxs se vistieron con trajes impecables y sugirieron que la maldad del pasado no era su herencia, que sus fortunas eran producto de su diligente espíritu empresarial. Pero debajo de ellxs, en las cloacas de la actividad comercial, se encontraban las otras ramas organizadas de los negocios: la mafia, lxs narcotraficantes, lxs traficantes de armas, lxs contrabandistas, lxs traficantes de personas, lxs cibercriminales, lxs usureros, lxs cazadorxs furtivxs de animales, lxs traficantes de órganos y quienes dirigen las granjas de estafas y los complejos de cibercrimen (Fenstein, 2011; Naím, 2006; Ramos, 2018; Botte, 2000; Franceschini et al., 2025). Lxs capitalistas de la superficie y lxs de las profundidades están unidxs por la circulación de grandes cantidades de dinero sucio y líquido. Estos fondos ilícitos fluyen desde abajo para ser blanqueados por los de arriba. Se elimina el olor del dinero, se planchan y doblan los billetes y luego se ponen en circulación, con un pequeño descuento, como el volumen necesario de dinero que es convertido en capital limpio para uso lícito.

Este dossier busca socavar la narrativa dominante que presenta la “guerra contra las drogas” como una auténtica cruzada moral de los Estados capitalistas para prohibir la circulación de narcóticos ilícitos. Esta narrativa se basa en la afirmación de que el narcotráfico está de alguna manera separado del capitalismo “legítimo”. Sostenemos, por el contrario, que la guerra contra las drogas es simplemente un intento de los Estados capitalistas de garantizar que estos circuitos de narcóticos permanezcan clandestinos para que el dinero extraído del comercio ilegal pueda continuar dando liquidez a un sistema bancario que no funcionaría sin él. Por otra parte, más allá del lavado de dinero de las ganancias delictivas y de la guerra de clases contra el campesinado, la guerra contra las drogas se ha convertido en una herramienta imperial flexible para disciplinar a gobiernos desafiantes, promover agendas contrarrevolucionarias y abrir territorios al capital. Si bien esta guerra es un régimen global, este dossier se centra en la economía de la coca y la cocaína de Colombia como lente a través del cual examinar su economía política.

Nuestro texto se basa en investigaciones históricas sobre las últimas décadas de la guerra contra las drogas, documentos clave de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y nuestro propio trabajo con organizaciones campesinas en Colombia.

Desde su posición en la base de la cadena de productos básicos, el campesinado tiene una comprensión clara de las estructuras que sostienen el comercio ilícito. Sus organizaciones han mapeado el capitalismo paralelo que explota a lxs productorxs rurales y sus familias, así como a las comunidades de clase trabajadora en las naciones más ricas, donde el desempleo estructural empuja a muchxs a esta economía como vendedorxs o consumidorxs de bajo nivel.

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Foto: Movilización de la Minga Social y Comunitaria hacia Bogotá, 2020.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

No podemos abandonar esta parte del tema sin señalar una flagrante autocontradicción del gobierno británico, que pregona el cristianismo y promueve la civilización. En su capacidad imperial, finge ser completamente ajeno al comercio de contrabando de opio e incluso firma tratados que lo proscriben. Sin embargo, en su capacidad india, impone el cultivo de opio en Bengala, en gran perjuicio para los recursos productivos de ese país; obliga a una parte de los ryots [cultivadores campesinxs] indios a dedicarse al cultivo de amapola; incita a otra parte a lo mismo mediante anticipos de dinero; [y] mantiene la fabricación al por mayor de la droga nociva como un monopolio cerrado en sus manos… La caja que le cuesta al gobierno británico alrededor de 250 rupias se vende en el mercado de subastas de Calcuta a un precio que oscila entre 1.210 y 1.600 rupias. Pero, aún no satisfecho con esta complicidad de hecho, el mismo gobierno, hasta el día de hoy, lleva cuentas expresas de ganancias y pérdidas con los comerciantes y armadores que se embarcan en la peligrosa operación de envenenar un imperio.

Las finanzas indias del gobierno británico han llegado a depender, de hecho, no solo del comercio de opio con China, sino del carácter de contrabando de ese comercio… Mientras predica abiertamente el libre comercio del veneno, defiende en secreto el monopolio de su fabricación. Siempre que observamos de cerca la naturaleza del libre comercio británico, generalmente encontramos el monopolio en el fondo de su “libertad”.

Karl Marx, Free Trade and Monopoly [Libre cambio y monopolio], 25 de septiembre 1858

Parte 1: La economía política de las drogas ilícitas

A partir de la década de 1830, el opio cultivado en India se introducía de contrabando en la China Qing en cantidades cada vez mayores. Producido bajo el monopolio del opio de la Compañía Británica de las Indias Orientales en India y vendido en subasta a comerciantes privados, se transportaba a través de redes de contrabando a lo largo de la costa china. Tras las dos guerras del opio libradas entre Gran Bretaña y el imperio Qing (1839-1842 y 1856-1860, con la participación de Francia en la segunda), el comercio se afianzó y su alcance se amplió, inundando el mercado chino con opio.¹ Esto permitió a Gran Bretaña usar la plata que recibía de las ventas de opio en China para financiar sus compras de té, revirtiendo la salida de lingotes y haciendo rentable el comercio con China. La adicción generalizada, incluso entre los funcionarios y las tropas imperiales, profundizó la corrupción y debilitó el Estado Qing. La entrada del opio a China generó fortunas fabulosas para las nuevas familias adineradas, muchas de las cuales son ahora nombres legendarios en el capitalismo legítimo como los Astor, los Forbes, los Delano (de quienes desciende el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt), los Jardine, los Matheson y los Sassoon (Downs, 1972). Estas fortunas también contribuyeron a establecer bancos poderosos, como el Hong Kong and Shanghai Banking Company (HSBC), fundado en 1865. Las ganancias del opio contribuyeron a la acumulación de capital para construir la infraestructura de los centros imperiales, incluidos los ferrocarriles en Estados Unidos, construidos a mediados y finales del siglo XIX, que dependían en gran medida de la mano de obra migrante china. El capital acumulado en el comercio con China también fluyó hacia las empresas estadounidenses a través de las inversiones de importantes comerciantes chinos como Wu Bingjian (Houqua) (Wong, 2016).

A finales del siglo XIX, las consecuencias del opio altamente rentable y fácilmente disponible, ya no se limitaban a China. La droga había llegado a los centros imperiales, con tasas de adicción en aumento en los Estados del Atlántico Norte. Lxs reformadorxs sociales en estas partes del mundo intensificaron las campañas para prohibir la entrada del opio, pero lo único que lograron fue empujar a toda la industria a los brazos de organizaciones criminales cada vez más poderosas. El período de prohibición del alcohol en Estados Unidos entre 1920 y 1933 marcó un cambio profundo en la economía política de las drogas. La prohibición del alcohol, junto con controles más estrictos sobre los narcóticos, impulsaron el crecimiento exponencial de la economía ilícita, dotando a las organizaciones criminales de recursos e influencia sin precedentes. Las pandillas locales se transformaron en sindicatos nacionales, extendiendo su alcance a las instituciones políticas. Cuando se derogó la prohibición del alcohol en 1933, la heroína y otras drogas siguieron siendo la principal fuente de ingresos para esta floreciente infraestructura criminal y una importante fuente de liquidez para la estructura bancaria legal. Las ganancias de las empresas ilegales, aunque eran enormes, se convirtieron en la fuente de una inyección constante de efectivo en la economía legal.

El saqueo colonial de monedas, tierras y mano de obra, junto con el acaparamiento de los bienes comunes en Inglaterra entre 1750 y 1860, sentó las bases de lo que Marx llamó ursprüngliche Akkumulation, o acumulación “originaria”, en El Capital, volumen 1. No había ninguna preocupación por la legalidad. Todo el proceso de acumulación estuvo bañado en sangre: la conquista de inmensos territorios, la captura de pueblos enteros y el comercio de cualquier cosa que pudiera comprarse y venderse, incluidas las drogas más mortíferas y los seres humanos. Así es como nació el capitalismo, ciertamente, pero también es así como sobrevive. La acumulación originaria no es un preludio único que pone en marcha una máquina de movimiento perpetuo. Puede entenderse como algo periódico: la acumulación originaria se reanuda una vez más cuando el capital, hambriento de liquidez, busca nuevas reservas para satisfacer sus necesidades, al igual que un vampiro busca sangre fresca para su sustento.

La economía de las mercancías ilícitas, ya sea el tráfico de drogas o de personas, tiene una lógica peculiar que la diferencia de la economía de los productos legales. Una vez que el Estado designa un producto como ilegal, sale del aparato regulador. Quienes trabajan en su producción, desde su etapa primaria (el campesinado que cultiva la hoja de coca, por ejemplo) hasta su etapa final (los traficantes que venden cocaína en sus diversas formas), carecen de protección legal y, por lo tanto, son vulnerables a una superexplotación a niveles inimaginables.² Los productos primarios tienen precios tan inferiores a su valor en la calle que generan enormes cantidades de efectivo para quienes controlan la cadena de suministro desde la compra en el origen hasta la venta en la calle. La cadena de producción de cocaína se ilustra a continuación:³

1. Cultivo de hoja de coca
   1. Proceso: La hoja de coca se cultiva principalmente en la región andina (Bolivia, Colombia y Perú). Lxs raspachines (recolectorxs contratadxs de hoja de coca) la cosechan varias veces al año y la venden en la misma finca (directamente del productor, antes del transporte o procesamiento) a intermediarios. Una parte de la hoja de coca se usa legalmente (para masticar tradicionalmente, o mambeo, y para hacer té). El resto se destina al procesamiento ilícito para obtener cocaína.
   2. Precios: En Colombia, que ha sido el mayor cultivador de coca del mundo en los últimos años, el precio en origen de la hoja de coca se ha desplomado en muchas regiones. Un informe reciente muestra que entre 2022 y 2023, el precio de una arroba (un bulto de 12,5 kilogramos) cayó de 20 a 7 dólares en Nariño y de 17 a 9 dólares en Argelia (Cauca) (Isacson, 2023).
   3. Propósito: Lxs campesinxs venden en la base de una cadena que no controlan. La ilegalidad elimina las protecciones y crea un mercado favorable a lxs compradorxs en la finca.

2. Procesamiento de pasta base (pasta de coca)
3. 1. Proceso: En pequeños laboratorios clandestinos, lxs trabajadorxs maceran la hoja de coca a mano, utilizando destilados de petróleo para extraer los alcaloides de la hoja. A continuación, este material se seca para producir pasta de coca.
   2. Precios: Los precios de la pasta de coca varían en toda la región, pero una cifra indicativa es que en Colombia un kilogramo de pasta de coca se podía vender en el laboratorio por entre 450 y 600 dólares en los últimos cinco años.
   3. Propósito: Lxs intermediarios convierten la hoja en un concentrado, y con la concentración viene el primer gran margen de ganancia: valor que no revierte a lxs agricultorxs.

3. De la pasta de coca al clorhidrato de cocaína (cocaína en polvo)
4. 1. Proceso: Algunos procesos usan ácidos minerales para cambiar la forma química de los alcaloides extraídos. Lxs trabajadorxs luego usan sustancias alcalinas para cambiar la solubilidad de los alcaloides durante el procesamiento. Otros pasos pueden involucrar el uso de agentes oxidantes o solventes para purificar el producto. Estos productos químicos, a menudo fácilmente disponibles debido a su uso en la agricultura y la industria, son manipulados y mezclados por trabajadorxs que usan métodos extremadamente inseguros, incluyendo manos desnudas y palos.
   2. Precios: A la salida de este sitio de procesamiento, el precio sube a más de 1.000 dólares por kilogramo, aunque hoy puede alcanzar varios miles de dólares dependiendo de la calidad del clorhidrato de cocaína.
   3. Propósito: El refinamiento estandariza la droga para los mercados mayoristas, convirtiéndola en una mercancía de alto valor que puede moverse como el dinero.

4. Tráfico mayorista y minorista

4. 1. Proceso: Posteriormente, el polvo de cocaína es transportado desde los países andinos a centros de tránsito, especialmente en América Central, el Caribe, Brasil y África Occidental, por grupos armados y organizaciones criminales. El producto de alta pureza se vende a granel entre las redes de tráfico (UNODC, 2023a). Lxs traficantes luego transportan la droga a los países consumidores (principalmente Estados Unidos y Europa Occidental) donde el producto se corta, reempaqueta y distribuye a pequeños mayoristas (principalmente pandillas) antes de llegar a las calles a través de vendedorxs minoristas.
   2. Precios: Datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) sobre precios durante la última década en México sugieren que el precio de tránsito es aproximadamente 12.000 dólares por kilogramo. En Panamá, el precio registrado es de 30.000 dólares por kilogramo. El precio al por menor en Kenia varía ampliamente, con una estimación que lo sitúa en 90 dólares por gramo con una pureza de alrededor del 56% y un precio al por mayor de 44.580 dólares por kilogramo con una pureza de entre 40% y 50% (2004).
   3. Propósito: Las ventas al por mayor y menor generan la mayor parte de las ganancias en efectivo, que luego se lava y reinvierte, proporcionando liquidez a la economía formal.

En conjunto, las cifras anteriores muestran cómo el valor aumenta en órdenes de magnitud desde la hoja de coca en la finca en Colombia, con un precio de entre 0,56 y 0,72 dólares por kilogramo, hasta la cocaína al por mayor en Kenia, por ejemplo, a 44.580 dólares por kilogramo: un aumento de precio de aproximadamente 62.000 a 80.000 veces (alrededor del 6,2 a 8,0 millones por ciento).

La naturaleza de las mercancías ilícitas como la cocaína es tal que la demanda es en gran medida inelástica en cuanto al precio (lo que significa que el consumo cambia poco incluso cuando los precios aumentan), especialmente entre lxs usuarixs dependientes, ya que la adicción hace que lxs usuarixs sigan consumiendo independientemente del precio. En algunos casos, los aumentos de precio empujan a lxs usuarixs a cometer pequeños hurtos u obtener otros ingresos informales para para cubrir esos costos. La violencia en el paso de la droga desde las fincas hasta las calles, y la violencia de las sobredosis, rara vez interrumpen la producción o el mercado, ya que el desempleo y la precariedad garantizan un ejército de reserva de mano de obra que puede incorporarse al comercio cuando otrxs son asesinadxs, encarceladxs o expulsadxs.

De esta manera, se pueden sacrificar vidas sin interrumpir el proceso de acumulación de capital en la economía formal. Los pueblos desindustrializados con altas tasas de desempleo proporcionan convenientemente un grupo de reclutas y consumidorxs para una economía de drogas que emplea a sectores de la población, crea muchas personas adictas y luego permite la represión coercitiva por parte de las fuerzas estatales en nombre de la guerra contra las drogas (González, 2014; Labate y Rodrigues eds., 2018; Reding, 2009). La economía de las mercancías ilícitas, por lo tanto, sobreexplotando a lxs trabajadorxs, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial.

El vínculo entre narcóticos y capitalismo no se limita al mundo del hampa: las mismas plantas y moléculas que recorren los circuitos ilícitos también abastecen a industrias perfectamente legales. Las amapolas de opio alimentan el mercado farmacéutico mundial con analgésicos y sedantes. Las hojas de coca se transforman en aromatizantes y productos médicos descocainizados. Los opioides sintéticos como el fentanilo los fabrican bajo licencia las principales compañías farmacéuticas. En cada caso, los Estados diseñan regímenes regulatorios y comerciales que protegen las ganancias corporativas mientras criminalizan los circuitos informales paralelos. La frontera entre las drogas “legales” e “ilegales”, por lo tanto, no es química sino política, trazada de manera que favorece la acumulación de capital en los centros imperiales y expone al campesinado y a lxs consumidorxs pobres en las periferias a la criminalización y la violencia.

Los cuantiosos volúmenes de dinero líquido que pasan por las manos de los cárteles criminales y se lavan en los bancos suponen una enorme tentación para los gobiernos: usar ese dinero para operaciones encubiertas extrapresupuestarias. En la práctica, esto a menudo toma la forma de alianzas encubiertas con fuerzas proxy —que incluyen protección, entrenamiento, armas y logística—, que operan dentro de las narcoeconomías y se financian a sí mismas mediante el cobro de impuestos al cultivo, el procesamiento y el tránsito. De esta manera, los ingresos ilícitos pueden subsidiar guerras por delegación al tiempo que se protege al gobierno patrocinador de la supervisión pública. Estos son los tipos de circuitos utilizados por Estados Unidos para financiar fuerzas contrarrevolucionarias contra los movimientos de izquierda o comunistas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los ejemplos incluyen los restos del Kuomintang (KMT) en Birmania y el norte de Tailandia (principios de la década de 1950-1960), movilizados contra la República Popular China y las fuerzas comunistas a lo largo de la frontera en el norte de Myanmar y Tailandia. El Ejército Secreto Hmong bajo el General Vang Pao en Laos (c. 1960-1973), movilizado contra el Pathet Lao y las fuerzas norvietnamitas. Las fuerzas armadas survietnamitas (1955-1975), movilizadas contra el Frente de Liberación Nacional (Viet Cong) y Vietnam del Norte. Lxs muyahidines afganxs (finales de la década de 1970-1980), movilizadxs contra el gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) respaldado por los soviéticos en Afganistán y, después de la intervención soviética, contra las fuerzas soviéticas. Lxs contras nicaragüenses (década de 1980), movilizadxs contra el gobierno sandinista. Los paramilitares colombianos, notablemente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, 1997-2006), movilizadas contra las FARC-EP⁴ y la izquierda en general (McCoy, 1972; Webb, 1998; Grillo, 2016).⁵

Un Estado securitista que trata al mundo de las drogas ilegales como un banco para sus propias operaciones encubiertas tiene pocos incentivos para desmantelar estos circuitos. Existe amplia evidencia de que los propios cárteles utilizan sus contactos dentro de los servicios de seguridad para eliminar a sus rivales y así poder expandir sus operaciones a nuevos territorios. La relación simbiótica entre pandillas ilegales y las agencias encubiertas paralegales del Estado está bien documentada (Valentine, 2017; CIA, 1998).⁶

El paradigma de la guerra contra las drogas ha permitido a Estados Unidos, el principal arquitecto de esta campaña, señalar a cualquiera de sus adversarios como narcotraficantes y usar su inmenso poder militar y financiero contra ellxs. La base del Plan Colombia (lanzado en 2000 como una iniciativa estadounidense-colombiana) era utilizar los fondos antinarcóticos para armar al ejército colombiano, cuyo foco principal de atención no eran lxs narcotraficantes, que habían infiltrado el aparato estatal y de seguridad, ni los paramilitares de derecha, que trabajaban estrechamente con lxs narcotraficantes, sino grupos revolucionarios como las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Rojas, 2015). En la práctica, la arquitectura antinarcóticos del Plan Colombia también operaba como un proyecto de contrainsurgencia y recaptura territorial destinado a reafirmar el control estatal en regiones productoras de coca (las propias FARC-EP surgieron de comunidades campesinas de autodefensa y extrajeron gran parte de su base social de la Colombia rural).

Más recientemente, la retórica de la guerra contra las drogas se ha utilizado para intensificar la presión sobre países de toda la región cuyos gobiernos se niegan a ser sumisos ante Estados Unidos (principalmente Venezuela, Colombia y México). En agosto de 2025, Washington comenzó a intensificar este encuadre contra Venezuela al designar al supuesto Cártel de los Soles como un “grupo terrorista transnacional” con supuestos vínculos con el presidente Nicolás Maduro. A pesar de no ofrecer ninguna evidencia de la conexión (o incluso de la existencia de este “cártel”), Estados Unidos se ha comprometido en una campaña violenta contra la Revolución Bolivariana que incluye, más recientemente, ataques extrajudiciales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe (asesinando a más de 100 personas a fines de 2025), un bloqueo naval de buques petroleros venezolanos sancionados y el 3 de enero, el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en un tribunal de Nueva York por cargos infundados que incluyen y están relacionados con el “narcoterrorismo” (Tricontinental, 2025; Arlacchi, 2025). Vale la pena señalar que, a los pocos días del secuestro de Maduro y Flores, el Departamento de Justicia retiró “la afirmación de que el ‘Cártel de los Soles’ de Venezuela es un grupo real”, como lo expresó un artículo de The New York Times (Savage, 2026).

Esta narrativa se sustenta en una guerra de información basada en exageraciones, desinformación y mentiras descaradas. Según la propia Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés), Colombia sigue siendo el principal lugar de cultivo de coca y el principal país de origen de la cocaína incautada en Estados Unidos. Además, la mayor parte de la cocaína destinada al mercado norteamericano sale de Colombia por el Pacífico y se mueve a través de Centroamérica y México; Venezuela representa solo el 5% de las drogas transportadas a través de Colombia (DEA, 2025; Tricontinental, 2026). Aunque Venezuela es responsable de una cantidad insignificante del narcotráfico mundial, sigue siendo en este momento un objetivo principal de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Esto no solo es un desprecio flagrante de los hechos, sino también una violación del derecho internacional y un claro ejemplo de cómo se usa la narrativa de la guerra contra las drogas para disciplinar a las fuerzas de izquierda en la región y drenar riqueza del Sur al Norte.

Foto: Un homenaje a las y los compañeros que perdieron sus ojos debido a la represión policial en el marco de las movilizaciones del estallido social. Popayán, Cauca, 2020.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Según una estimación, en 2015 el intercambio desigual de bienes y servicios entre el Norte Global y el Sur Global totalizó entre 10,8 y 14,1 billones de dólares (suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces) (Hickel et al., 2022: 1, 6). Esta cifra enorme que no ha sido completamente asimilada por quienes dan forma a las políticas, significa que cada año, más de 10 billones de dólares de riqueza son drenados del Sur al Norte, en su mayoría legalmente. La fuga ilícita de capitales no es tan elevada, aunque las cinco principales áreas de ilegalidad son asombrosas, incluso con estimaciones conservadoras: el comercio ilegal de armas pequeñas (3.500 millones de dólares), el narcotráfico (32.000 millones), la minería ilegal (48.000 millones), la trata de personas (150.000 millones) y la falsificación (467.000 millones) suman en conjunto alrededor de 700.500 millones de dólares al año (Vásquez et al., 2025: 2; UNODOC, 2012; FATF, 2021: 10; OIT, 2014; OCDE, 2025). Lo más destacable sobre el comercio ilegal es que genera un volumen enorme de efectivo. En 2011, UNODC publicó un informe importante sobre los flujos financieros ilícitos del dinero de las drogas (2011: 7, 10). Vale la pena reflexionar sobre los hallazgos principales, ya que no hay datos globales actualizados sobre estos temas:

1. Una gran parte, hasta el 70%, de las ganancias del crimen organizado transnacional se estima (con alta incertidumbre) que se lava a través del sistema financiero.
2. La mejor estimación del informe sobre el total de ingresos ilícitos disponibles para el lavado de dinero es del 2,7% del PIB mundial, o 1,6 billones de dólares en 2009.
3. Se estima que el comercio ilícito de drogas es el mercado de crimen organizado transnacional más grande, que representa alrededor del 20% de todos los ingresos del crimen internacional.
4. La tasa de interceptación es sorprendentemente baja: solo alrededor del 1% (probablemente alrededor del 0,2%) de los ingresos procedentes de las drogas son incautados o congelados.

Un informe más reciente de UNODC, de 2023, sostiene que en varios países, los flujos financieros ilícitos (FFI) relacionados con el dinero de las drogas son comparables a los flujos transfronterizos legales y en algunos casos los superan (2023b). En Colombia, por ejemplo, el informe estima (mediante modelos) que los FFI anuales relacionados con el tráfico de cocaína oscilaron entre 1.200 y 8.600 millones de dólares entre 2015 y 2019. En comparación, de acuerdo con informes preliminares del Gobierno, las entradas de inversión extranjera directa en Colombia en 2024 fueron de unos 14.200 millones de dólares (Oficina de la Presidencia de Colombia, 2025). En México, los FFI entrantes relacionados con el tráfico de heroína, cocaína y metanfetamina totalizaron entre 8.000 millones y 17.000 millones de dólares al año de 2015 a 2018, aproximadamente comparable a sus ganancias promedio de exportación agrícola durante el mismo período (12.600 millones de dólares). Estas cifras deben leerse como indicativas, ya que la mayoría de los países no recopilan estadísticas nacionales confiables sobre FFI.

Las redes de lavado de dinero y lxs intermediarixs financierxs usan una variedad de medios para mover efectivo y valor. Entre ellxs se encuentran sistemas informales de transferencia de efectivo (como hawala and hundi)⁷, criptoactivos y servicios digitales, además de la explotación de canales de migración y remesas para mover efectivo fuera del ojo regulatorio del Estado. Aunque la ONU ha elaborado una nueva metodología para medir las finanzas ilícitas, no compensa el mundo sombrío del mercado negro (UNODC y UNCTAD, 2020). Por esa razón, el informe de UNODC de 2011 señaló: “las estimaciones monetarias finales deben tratarse con precaución” (2011: 5).

Ocasionalmente, hay un escándalo por la participación de un banco en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El caso más prominente involucró a HSBC, que surgió del comercio de opio para convertirse en uno de los bancos más grandes del mundo, con más de 3 billones de dólares en activos totales a partir de 2025 (HSBC, 2025). En 2012, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que HSBC había lavado alrededor de 881 millones de dólares para cárteles de droga colombianos y mexicanos entre aproximadamente 1996 y 2006. El banco acordó pagar 1.900 millones de dólares en multas en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, pero no fue cerrado y ningún ejecutivo de HSBC fue procesado penalmente como parte del acuerdo (Blackhurst, 2023). Dado que solo se detecta una pequeña parte de estos crímenes, se puede asumir que la multa fue modesta en relación con las ganancias.

Mientras tanto, los bancos más pequeños han sido cerrados cuando se han llevado a cabo investigaciones similares (por muy poco frecuentes que sean). En octubre de 2015, el Banco Continental de Honduras fue obligado a la liquidación después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos lo designara al banco como un “narcotraficante especialmente designado” (la cantidad presuntamente lavada nunca se reveló). Tales acciones aparentemente equivalen a juicios espectáculo para mostrar la ira de los organismos reguladores que de otro modo son indulgentes cuando el objetivo es un banco estadounidense o transnacional. El sistema es intocable, y no puede haber reforma de todo el podrido sistema bancario (incluidos los paraísos fiscales ilícitos que albergan billones de dólares).

El Grupo de Acción Financiera Internacional mundial, establecido en 1989 por el G7, se supone que proporciona un marco contra el lavado de dinero (FATF, 2012-2025). Sin embargo, como señala un estudio reciente, su fracaso “para reducir los delitos subyacentes que generan grandes ingresos criminales o el volumen de lavado de dinero es indiscutible” (Nazzari y Reuter, 2025). Cada año, las estimaciones de la ONU sugieren que tanto las sumas lavadas como la actividad ilegal que las genera continúan aumentando (UNODC, 2024).

Tanto si se trata de drogas de origen vegetal (cocaína) como sintéticas (metanfetamina), su producción se traslada a zonas rurales y periféricas donde las personas viven en la pobreza o cerca de ella. A continuación, los cárteles transportan la droga a grandes distancias hasta los mercados consumidores, donde jóvenes empobrecidxs la venden por salarios que superan lo que podrían ganar en la economía uberizada y precaria, pero que siguen siendo modestos en comparación con los valores que mueven. Lxs jefes de los cárteles, mientras tanto, obtienen vastas cantidades de riqueza del comercio, pero sus vidas suelen ser cortas y violentas. El sistema bancario formal, que recibe grandes cantidades de dinero en efectivo que se desvían de la cadena de mercancías, termina beneficiándose enormemente sin sufrir apenas consecuencias. A largo plazo, los riesgos como violencia, encarcelamiento, despojo se concentran entre el campesinado y lxs pobres urbanxs, mientras que el excedente es absorbido y reinvertido a través de las instituciones del capitalismo “legítimo”.

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Foto: Reforestación de la cuenca del Río Cauca por la ecoaldea Estrella Roja y el Comité Ambiental del Humedal La Orquídea.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes, y los océanos.

Allí en esas selvas, se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2, entre millones de especies, es una de las más perseguidas de la tierra. A cómo dé lugar, se busca su destrucción: es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas.

Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo, destruida.

Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Destruyan la planta que mata, gritan desde el norte, pero la planta no es sino una planta más de los millones que perecen cuando desatan el fuego sobre la selva.

Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen Estados y negociantes. No importa el grito de los científicos bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más.

Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva.

La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir.

El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión.

No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera.

Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 77º período de sesiones, 20 de septiembre de 2022 (Eljuri, 2022)

Parte 2: Cómo el campesinado ve la “guerra contra las drogas”

La acusación de Petro nombra lo que medio siglo de política de drogas ha intentado ocultar: que esta “guerra” se ha librado no contra los narcóticos, sino contra las personas y la naturaleza. La arquitectura moderna de esta “guerra” se remonta al 17 de junio de 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon dijo a lxs reporterxs que “el enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de drogas” (1971). “Para combatir y derrotar a este enemigo”, continuó, “es necesario lanzar una nueva ofensiva total”. El anuncio llevó a los medios estadounidenses a acuñar el término “guerra contra las drogas”. Inicialmente, Nixon dijo que el objetivo de la guerra sería el “traficante”, o el vendedor de drogas. El lenguaje bélico apenas se preocupaba por abordar la adicción a las drogas generada por la guerra de Estados Unidos en Vietnam, una guerra que ayudó a producir la crisis que la guerra contra las drogas pretendía combatir. En lugar de centrarse en la adicción y en la industria que se aprovecha de las personas adictas, Estados Unidos muy pronto usó la “guerra contra las drogas” para perseguir no solo a lxs pobres dentro de sus propias fronteras, sino también al campesinado empobrecido en América Latina y Asia que no tenía más opción que producir drogas, condiciones que Estados Unidos mismo había contribuido a crear. No iba a haber una verdadera guerra contra la adicción o el sistema que la produce, sino solo una guerra contra el campesinado y contra las organizaciones revolucionarias que trabajaban entre ellxs.

El instrumento legal que Europa y Estados Unidos necesitaban para librar esta guerra ya estaba disponible: la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961 (1961). Presentada como un marco internacional de salud pública, sometió a plantas como la coca, el cannabis y la amapola al control internacional y obligó a los Estados a limitar su producción y uso a fines médicos y científicos. La convención también exigía la abolición del mascado de hoja de coca tras un período “transitorio”, criminalizando una práctica indígena milenaria en nombre del “orden” mundial. No se trataba de una clasificación neutral: fue una decisión política tomada en un sistema internacional dominado por el Norte que convirtió ciertas plantas y las personas cuyas vidas y culturas están entrelazadas con ellas, en objetos de control.

El caso colombiano es paradigmático para comprender los efectos concretos de la prolongada guerra contra las drogas, precisamente porque hace visibles los vínculos entre cultivos, subdesarrollo rural y conflicto armado: un marco de políticas que hoy se está reeditando y reciclando una vez más. Como discutimos en el cuaderno nº 1 de nuestro proyecto de investigación Adictos al imperialismo, “la producción de hoja de coca en Colombia tiene algunas características únicas que se relacionan con la conexión entre cultivos, falta de desarrollo rural y conflicto armado” (Gutiérrez, 2024: 11). Lejos de lo que los medios nos harían creer, y lejos de ser el resultado de una “asociación delictiva” entre grandes cárteles de droga y comunidades campesinas, la economía de la coca en Colombia tiene sus raíces en el desarrollo histórico del país y la evolución de su conflicto armado. Ese conflicto, que involucra fuerzas estatales, insurgencias guerrilleras de izquierda (incluidas las FARC-EP y el ELN) y los paramilitares de derecha, tiene profundas raíces en la desigualdad de la tierra y la exclusión política, en las que, como era de esperar, Estados Unidos ha desempeñado un papel protagónico.

A pesar de su temprana relevancia como un importante centro de comercio colonial y sede del virreinato de Nueva Granada del imperio español, durante gran parte de su historia Colombia siguió siendo un país eminentemente rural con una economía agraria. Desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, las exportaciones de tabaco, caña de azúcar, banano y café hicieron rentable al país, pero también eran rentables la extracción de oro y esmeraldas. Aunque la balanza comercial ha cambiado, Colombia sigue siendo un exportador de productos agrícolas (como café, aguacate, aceite de palma, además de coca y cocaína) y energía (principalmente petróleo y carbón). Este orden exportador-extractivo descansa sobre la concentración de la tierra y la fuerza coercitiva, produciendo conflictos rurales recurrentes. La intensa lucha de clases en el campo se ha recreado generación tras generación, desde la Masacre de las bananeras, cuando los esbirros de la United Fruit Company abrieron fuego contra lxs trabajadorxs en huelga y sus simpatizantes en Ciénaga en diciembre de 1928 (matando a un estimado de 1.000 personas), hasta la masacre de Mapiripán de 1997 en el Meta, cuando paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron y “desaparecieron” a aproximadamente 49 civilxs en una campaña contrainsurgente para apoderarse del territorio y asegurar rutas de narcotráfico (Comisión de la Verdad, 2025; CNMH, 2018).

En los últimos años, la violencia se debe en gran medida al desarrollo de nuevas formas de inversión de capital y extracción de materias primas en el campo. Se movilizan ejércitos paramilitares para expropiar grandes extensiones de tierra para la producción ganadera, el monocultivo a gran escala de sorgo, soya, trigo, palma, algodón, maíz y arroz, y para proyectos puramente extractivos de minería y agroindustriales vinculados a las élites domésticas y al capital transnacional. La mera existencia del campesinado plantea un problema para estas operaciones. El campesinado es atacado directamente mediante procesos de despojo violento, pero también a través de las condiciones estructurales que se les imponen: la deflación de los precios de los cultivos de pequeñxs propietarixs (impulsada por la liberalización del comercio, el poder de lxs compradorxs y la ausencia de medidas de apoyos a los precios) y el desgaste de los sistemas de bienestar social. Ambos profundizan la pobreza (Le Grand, 1988; Machado, 2017; Reyer, 2010). Cuando este despojo tiene éxito, lxs campesinxs se concentran en las periferias de las áreas urbanas, o se convierten en carne de cañón para las vastas redes de narcotráfico y otras mercancías ilegales controladas por los mismos grupos que lxs expulsan de la tierra. Estas organizaciones criminales establecen nuevas dinámicas rurales y urbanas de control territorial mientras al mismo tiempo ofrecen oportunidades económicas precarias para lxs trabajadorxs rurales (Ramos, 2021).

Foto: Un pescador del Atlántico, uno de los campesinos denominados anfibios, que producen en la tierra, en el agua, en los ríos. Santa Marta, Colombia.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Lo que es evidente en Colombia también está sucediendo en toda América Latina: la profundización del modelo neoliberal en la agricultura ha acelerado la extinción de lxs pequeñxs agricultorxs. El campesinado enfrenta falta de acceso y tenencia de la tierra, así como exclusión social y económica, desempleo, opresión y marginación, lo que se ve agravado por la debilidad de las políticas públicas, salud y educación rurales inadecuadas, y la imposibilidad de acceder a vivienda digna. En Colombia, la crisis se intensifica aún más por el acaparamiento de tierras, la usurpación y la legalización, la “regularización” de tierras ilegalmente despojadas, llevada a cabo a través de un modelo paramilitar con financiamiento y consentimiento estatal al servicio de grandes corporaciones transnacionales. La concentración de la tierra es extrema: lxs grandes terratenientes controlan la mayor parte de las tierras productivas, el 1% de las propiedades más grandes (fincas de más de 100 hectáreas) representan el 81% de las tierras agrícolas (DANE, 2014).

En conjunto, estas dinámicas reproducen una larga historia de despojo que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a América. En Colombia, sectores del aparato estatal se confabulan con narcotraficantes y grupos paramilitares para arrebatar violentamente la tierra al campesinado y despojarlos de los medios para reproducirse. Al mismo tiempo, los acuerdos de libre comercio y la competencia de importaciones socavan los cultivos lícitos, empujando a lxs agricultorxs hacia cultivos ilícitos más rentables. Aunque la coca es nativa de los Andes y tiene un profundo significado espiritual y cultural para los pueblos indígenas que la han usado durante miles de años, la mayoría de lxs agricultorxs ahora se ven obligadxs a cultivar coca bajo el mismo sistema neoliberal que luego se da vuelta e intenta erradicar el cultivo en nombre de la guerra contra las drogas.

La producción de coca somete a los hogares a una dependencia económica y a un trabajo altamente informal durante todo el año, ya que la hoja de coca madura se cosecha cada dos meses. Además, logra una producción rápida a bajo costo, una comercialización rápida y un ingreso neto mensual promedio estimado en alrededor del 56% del salario mínimo colombiano (en 2018) por hectárea cultivada (UNODC, 2018b: 33). No obstante, esta cifra enmascara una amplia variación y no refleja cómo la coerción, lxs intermediarixs, los cuellos de botella en el transporte y la volatilidad de los precios pueden reducir aún más los ingresos de lxs cultivadorxs. Nuestra investigación conjunta con la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) encontró que no solo la producción es intensiva en mano de obra y consume mucho tiempo, sino que la tasa de rendimiento para el campesinado es insignificante. Según un líder de la COCCAM:

Cuando ya terminamos de hacer todo el proceso prácticamente ya estamos para iniciar nuevamente. Entonces es constante. Se siembra la coca y a los seis meses ya está para la primera raspa y la sigue raspando cada dos meses, es decir, que cada dos meses hay producto.

Otro miembro de la COCCAM, un cultivador de 26 años dijo:

Puede que por hectárea vayas a necesitar entre seis y diez obreros. Eso hay que recalcar, porque la hoja de coca genera muchísimo empleo. Hay fincas donde nunca paran las raspas y hay sesenta a ochenta obreros diarios. Eso prácticamente, durante el año, descansará un mes (Gutiérrez, 2024: 68).

Además, las zonas de cultivo de coca están entre las más pobres y aisladas de Colombia, con un acceso a bienes y servicios públicos marcadamente menor que el resto del país. Una encuesta de hogares de UNODC de 2018 de 6.350 familias en 29 municipios participantes en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) de Colombia detectó que el 57% de los hogares estaban en pobreza monetaria y el 47% eran multidimensionalmente pobres (OPHI, s/f). UNODC calcula su índice de pobreza multidimensional en cuatro dimensiones: educación, salud, infancia y adolescencia, y condiciones de vivienda, y clasifica a un hogar como multidimensionalmente pobre cuando está privado en al menos un tercio de los indicadores ponderados. La misma encuesta señala el trabajo infantil generalizado (el 92% de lxs niñxs de 6 a 9 años están trabajando), la baja asistencia escolar (el 68% de la población en edad escolar no asiste) y los graves déficits de servicios (solo el 3% reporta acceso a un hospital o centro de salud, mientras que solo el 63% declara tener acceso a electricidad) (UNODC y Fundación de Ideas para la Paz, 2018a).

Los efectos en la salud asociados a las tareas realizadas en los cultivos ilícitos superan los asociados al trabajo agrícola. A esto se suman los daños causados por los productos utilizados para tratar las plantaciones y por las medidas institucionales de erradicación (como la fumigación indiscriminada de glifosato sobre territorios campesinos), así como los impactos de la deforestación para expandir la frontera agrícola. En todos estos territorios, la informalidad laboral es casi universal y el hacinamiento está generalizado. Además, las tasas de natalidad son altas y la migración de adultxs es común: dinámicas que los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo rara vez toman en cuenta (Gutiérrez, 2024: 72). Estas son condiciones de abandono estatal que sostienen y son reforzadas por la economía de la coca y las estructuras coercitivas que la rodean.

Estas condiciones son centrales para entender por qué el campesinado vende su mano de obra en la economía ilícita de la coca: es una de las pocas fuentes viables de ingresos en efectivo. Como lo expresó un líder de la COCCAM:

El campesinado ha sido juzgado y catalogado como el que ha querido cultivar la hoja de coca, cuando han sido las circunstancias, la falta también de involucrarse los gobiernos locales y nacionales en el territorio (…). La carencia de esa institucionalidad ha provocado buscar alternativas con economías ilegales para alimentar, mantener y sostener a las familias. Esto se produce por no tener unas buenas vías de acceso, centros de comercialización e impulsar iniciativas productivas (Gutiérrez, 2024: 70).

Aunque las actividades ilícitas en torno a la hoja de coca comenzaron décadas antes, el surgimiento de Colombia como un nodo central del comercio mundial de cocaína tomó forma en la década de 1970, cuando la creciente demanda internacional llevó al país al procesamiento y exportación a gran escala (Gootenberg y Dávalos eds., 2021). A finales de la década, Colombia era uno de los principales exportadores mundiales de cocaína y marihuana, lo que generó una afluencia de capital que transformó la economía y la política del país, una transformación que continúa en la actualidad. En la década de 1980, el tráfico de cocaína se consolidó a expensas de otras drogas y el cultivo se expandió a más regiones del país, incluso cuando disminuyó en Perú y Bolivia. Esta trayectoria se aceleró en la década de 1990: entre 1995 y 2000, la superficie dedicada al cultivo de coca en Colombia aumentó de aproximadamente 50.900 a 136.200 hectáreas, lo que representa aproximadamente entre el 0,1% y el 0,3% de las tierras agrícolas del país (UNODC, 2001).⁸

Entre 1994 y 2005, la expansión de la producción de coca intensificó el conflicto interno, llevó a la expansión de la frontera agrícola, alteró los patrones de crecimiento demográfico y profundizó la desigualdad. También impulsó cambios culturales relacionados con la transformación de las relaciones entre el campo y la ciudad, la migración interna y cambios en la siembra y producción de cultivos. A lo largo de este período, menores fueron cada vez más atraídxs al conflicto armado entre grupos insurgentes y los ejércitos legales e ilegales del Estado colombiano, a través del reclutamiento y la coerción por parte de actores armados, tanto como combatientes como en funciones de apoyo. La expansión de la coca también remodeló los patrones de asentamiento, atrayendo a migrantxs internxs (incluidas familias desplazadas) a las zonas fronterizas y convirtiendo a los centros urbanos existentes en centros de comercio y servicio (Gutiérrez, 2024: 23).

Durante las décadas de 1980 y 1990, surgieron grandes cárteles de droga en Medellín y Cali, que construyeron grandes imperios de riqueza y poder territorial. Aunque estos imperios tenían su sede en estas capitales departamentales, el negocio de la producción y el procesamiento se llevaba a cabo en otras partes del país, particularmente en el sur, el suroccidente y en el oriente y nororiente. En la práctica, la persecución de los cárteles por parte de los gobiernos colombiano y estadounidense se convirtió en una cacería de brujas para criminalizar al campesinado agricultor y a las organizaciones políticas armadas presentes en estas regiones del país, lo que proporcionó un telón de fondo ideal para el desarrollo del Plan Colombia. Este plan condujo a una intensificación de la violencia política en el país, con financiamiento estadounidense directo para la guerra contra las drogas, lo que finalmente resultó en una mayor militarización y allanó el camino para una sucesión de presidentes de derecha que instrumentalizaron la guerra contra las drogas para profundizar su control sobre la sociedad: Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque Márquez (2018-2022).

La economía de la coca en Colombia se ha afianzado en regiones donde la presencia del Estado ha sido militarizada durante mucho tiempo mientras las instituciones civiles y los servicios públicos siguen siendo débiles. En estos territorios, el conflicto por la tierra se agudiza por la inseguridad de la tenencia y las reclamaciones superpuestas, y por actores armados, legales e ilegales, que extraen recursos de las familias campesinas cuyo sustento depende de la coca como cultivo comercial. Como explicó un líder regional de la COCCAM:

Actualmente, no existen garantías para quienes intervienen en el cultivo de hoja de coca. La situación de concentración se ha vuelto con el paso de los años más crítica en las regiones (…) Además, los actores armados ilegales y legales, se aprovechan de la situación del campesinado, más de uno ha pedido recursos, que el campesino accede entregar para evitar de que se le arranque la mata, que es su único medio de sustento (Gutiérrez, 2024: 74).

Sin embargo, estas mismas condiciones han alimentado generaciones de lucha organizada. El campesinado colombiano tiene una larga tradición de organización política en torno a sus derechos, la tierra, la producción y la defensa del territorio. No es casualidad que, históricamente, las y los campesinos hayan estado al frente de las luchas contra la expansión de los latifundios y las prácticas depredadoras del capital nacional y extranjero, desde la creación de las organizaciones guerrilleras en la década de 1960 hasta las formas más recientes de organización en torno al trabajo agrícola. Estas luchas se han trasladado repetidamente del campo a las calles y carreteras, a pesar de la represión policial, la criminalización, los asesinatos y el abandono del Estado.

El movimiento campesino en Colombia también ha construido herramientas para organizarse en territorios donde se cultiva coca. Notables son las marchas campesinas de 1994 durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), lideradas por cultivadorxs de coca en los departamentos de Caquetá, Putumayo y el Guaviare contra las políticas de fumigación con glifosato del gobierno. Cuando el Estado no cumplió con los acuerdos resultantes, campesinxs, raspachines, recolectorxs, comerciantes, agricultorxs asentadxs y jornaleros lanzaron una nueva ola de movilizaciones en 1996, que se convirtió en una característica definitoria de las luchas sociales de la década.

Las conversaciones de paz de San Vicente del Caguán (1998-2002), negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, colocaron a los territorios cultivadores de coca en el centro del debate nacional, no solo como lugares de narcotráfico y conflicto armado, sino también como lugares donde grandes poblaciones civiles dependían de la economía de la coca para sobrevivir. En territorios como el Guaviare, Putumayo, Caquetá, el Meta, Catatumbo y Cauca, esta economía sostenía a una población de alrededor de un millón de personas cultivadoras, raspachines, recolectoras, cocineras y otras que sobreviven en medio de la disputa constante entre actores armados y condiciones de vida precarias. Estas comunidades no eran nuevas, pero fueron tratadas cada vez más como un sujeto político distinto, el campesinado cultivador de coca, formado en parte por la migración interna hacia zonas agrícolas de frontera. Debido a que el cultivo de coca fue considerado como una economía enemiga, estas comunidades se enfrentaron a una represión cada vez más fuerte a medida que se intensificaba el conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, junto con disputas territoriales y la cooptación del poder político por parte de narcotraficantes. Para empeorar las cosas, el Estado ha abordado esto durante mucho tiempo como una cuestión de orden público, erradicación y militarización, en lugar de una cuestión de políticas públicas como la garantía de los derechos sobre la tierra, la inversión rural y los medios de vida del campesinado.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, el Estado reconoció formalmente la necesidad de una solución definitiva e integral al problema de las drogas ilícitas, que trate al campesinado como sujetos de derechos y promueva políticas públicas mediante enfoques diferenciales. A principios de 2017, se creó la COCCAM, que reúne a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de toda Colombia para discutir la situación de cultivadorxs y recolectorxs y exigir participación en la erradicación y sustitución (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016).

Las manifestaciones masivas de 2019, incluido el paro nacional en noviembre, ayudaron a consolidar un amplio bloque popular que luego se unió en la coalición electoral Pacto Histórico, que reunió fuerzas como Colombia Humana y Unión Patriótica, entre otras. Este bloque rompió el consenso de la derecha y llevó a Gustavo Francisco Petro Urrego a la presidencia en 2022.

Petro ha argumentado que la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos ha fracasado y ha pedido que se cambie la política de criminalización del campesinado cultivador de coca y se centre en toda la estructura de la economía ilícita. Este cambio marca el comienzo de una ruptura. Una ruptura más profunda requeriría un ataque a todo el sistema bancario, que se alimenta de la acumulación originaria de la economía ilícita, una confrontación que alcanzaría el corazón mismo del capitalismo.

Conclusiones

Durante los últimos años, nuestro trabajo con organizaciones campesinas de todo el mundo —particularmente la COCCAM en Colombia— nos ha permitido examinar la economía de las drogas no como un asunto de crimen y seguridad, sino como una ventana a las estructuras más profundas del capitalismo contemporáneo. El campesinado sabe que la economía ilícita de la coca no es la causa de la crisis de Colombia, sino uno de sus síntomas. Estxs agricultorxs se incorporan a la economía ilícita no por elección, sino porque todas las demás vías de subsistencia digna han sido bloqueadas por el despojo de tierras, el colapso de los precios agrícolas, el retroceso del Estado y la expansión del poder paramilitar y corporativo.

Desde el punto de vista de estas comunidades, la narrativa dominante de la guerra contra las drogas se revela como un profundo diagnóstico erróneo. El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a lxs pobres rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales lxs acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal.

Si el objetivo es terminar con la violencia y la dependencia económica del cultivo de coca, entonces el punto de partida no debe ser ni la militarización ni la erradicación, sino la reconstrucción de la vida rural: reforma agraria, precios garantizados para cultivos lícitos, infraestructura, servicios públicos y derechos políticos para quienes cultivan la tierra. Sin transformar las condiciones sociales y económicas que empujan a las familias a la agricultura ilícita, el ciclo simplemente se reproducirá. Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista.

Este no es un texto que interviene en las políticas públicas desde el punto de vista de la seguridad o la adicción a las drogas. Nuestro punto de partida es el bienestar de los millones de trabajadorxs que son empujadxs a cultivar coca, procesarla para convertirla en cocaína y transportar y vender el producto. Ningunx de estxs trabajadorxs se beneficia de los miles de millones de dólares que circulan en el narcotráfico y dan liquidez al sistema bancario internacional. Tratar al narcotráfico como algo ajeno a la economía lícita es un enorme error de categorización, ya que oculta la función del dinero de las drogas dentro del propio sistema capitalista. La erradicación, la criminalización y la militarización no pondrán fin a la producción de coca ni a la economía ilícita.

El campesinado conoce esta verdad íntimamente. Su experiencia demuestra que la economía de la droga persiste no por la hoja de coca en sí, sino porque el capitalismo requiere la reposición constante de nuevas reservas de riqueza, lícitas o ilícitas, para sostenerse. Por lo tanto, cualquier solución genuina debe comenzar con lxs campesinxs y con el reconocimiento de que la frontera entre el capitalismo legal y el ilegal es mucho más delgada, y mucho más útil políticamente, de lo que los arquitectos de la guerra contra las drogas están dispuestos a admitir.

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Foto: Vigilia en Monterredondo en apoyo al proceso de paz, cuando las y los firmantes del Acuerdo llegaron a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Miranda, Cauca.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Notas

¹La historia definitiva en chino es obra de Haijian, 2005, una excelente síntesis en inglés es obra de Lovell, 2011.

²Para el concepto de “superexplotación”, véase Marini, 1973: 91-99.

³A menos que se indique lo contrario, las cifras proceden de los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de los últimos 20 años en varios países y niveles de mercado. Son valores indicativos de esos momentos, no precios actuales.

⁴

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) surgieron a mediados de la década de 1960 como una organización guerrillera marxista-leninista arraigada en la autodefensa campesina y las luchas por la tierra. Su programa se centraba en la reforma agraria y en un proyecto más amplio de transformación política y social en un país marcado por la extrema concentración de la tierra y la exclusión política. Se convirtió en una de las principales fuerzas insurgentes del conflicto armado interno de Colombia, en el que también participaron las fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares de derecha.

⁵Para consultar documentación desclasificada sobre la relación entre los cárteles y el estado belicista, véase Kornbluh y Byrne, eds., 1993.

⁶Además, una lectura clave es: Cockburn y Saint Clair, 1999.

⁷Hawala y hundi se refieren a sistemas informales de transferencia de valor en los que los intermediarios (hawaladars) mueven dinero a través de las fronteras mediante redes de contrapartes y no a través de transferencias bancarias formales. El remitente entrega los fondos a un intermediario en un lugar y otro intermediario asociado paga al destinatario en otro lugar; posteriormente, los intermediarios liquidan las cuentas mediante transacciones de compensación (facturas comerciales, mensajeros de efectivo u otros acuerdos de compensación). Estos sistemas se utilizan ampliamente para remesas legítimas en lugares donde la banca formal es limitada, pero también pueden utilizarse para evadir los controles de capital y la fiscalización contra el lavado de dinero.

⁸Según la definición de tierras agrícolas del Banco Mundial (tierras cultivables + cultivos permanentes + pastizales permanentes), Colombia contaba con aproximadamente 448.590 km² de tierras agrícolas en 2000 (es decir, 44.859.000 hectáreas).

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5. Algunas cosas que podríamos aprender de China.

Un repaso de Pascual Serrano de cómo se afrontan en China algunos problemas que también nos afectan a nosotros.

https://globalter.com/miremos-como-enfrenta-china-algunos-problemas-que-tenemos-aqui/

Miremos cómo enfrenta China algunos problemas que tenemos aquí

PASCUAL SERRANO

La visión generalizada en la población española, sin duda condicionada por el discurso monocorde de los medios de comunicación y líderes políticos, es que China es una indeseable dictadura de la que no debemos tomar nota ni ejemplo. Sin embargo, creo que puede ser un buen ejercicio de modestia y aprendizaje observar cómo abordan cuestiones que aquí siguen siendo un grave problema.

Voy a repasar algunos asuntos de actualidad que generan polémica en nuestro país, de los que estamos necesitados de soluciones y, a continuación, observemos cómo los afrontan en China.

Influencers

En nuestras sociedades los influencers en la redes sociales tienen más crédito y autoridad en los ciudadanos, y especialmente en los jóvenes, que los científicos, los educadores, los líderes políticos o los juristas. Imaginemos que se legislase para impedir que los influencers que traten en sus redes de temas profesionales como medicina, derecho, educación o finanzas, tengan la titularidad académica que acredite sus conocimientos. Creo que la gran mayoría de la población estaría de acuerdo.

El gobierno chino, mediante la Administración Nacional de Radio y Televisión de China (NRTA), anunció un paquete de regulaciones que busca ordenar la pujante industria del live-streaming, uno de los sectores más lucrativos del país. A partir de ahora, los influencers y anfitriones de transmisiones en vivo deberán demostrar que cuentan con las «calificaciones adecuadas» si quieren hablar sobre temas profesionales como medicina, derecho, educación o finanzas. Según el documento oficial, los anfitriones «asumen responsabilidades importantes» al difundir conocimiento científico y cultural, por lo que deberán acreditar su formación para ofrecer información fiable.

El nuevo reglamento no sólo establece requisitos académicos. También enumera 31 prácticas prohibidas para los creadores de contenido. Entre ellas, promover el juego, la violencia o las drogas; y mostrar conductas de derroche o consumo extremo, como las populares transmisiones mukbang, en las que los anfitriones comen grandes cantidades de comida frente a la cámara.

Onlyfans

La plataforma Onlyfans se ha revelado no solo como un lugar de pornografía, sino como algo pernicioso para muchos jóvenes que perciben que mostrar su cuerpo o sus relaciones sexuales puede ser un método de lucro más beneficioso que trabajar en cosas productivas.

Muchos de los que publican ahí no son conscientes de que cuando un creador de contenido decide publicar una foto o un vídeo en la plataforma, debe saber que deja de ser exclusivamente suyo. Los términos de servicio de la página dejan claro que el creador “acepta otorgarnos una licencia bajo todo su contenido para realizar cualquier acto restringido por cualquier derecho de propiedad intelectual (incluidos los derechos de autor)”.

OnlyFans ha sido protagonista de muchos titulares. Y ninguno bueno. Desde los bochornosos –y peligrosos– retos sexuales de Lilly Phillips y Bonnie Blue, con sus retos sexuales de acostarse con centenares de hombres un mismo día, hasta las investigaciones del regulador británico Ofcom para prevenir el acceso de menores a contenido adulto. En enero, fallecía la modelo de OnlyFans Anna Polly al caer desde un balcón mientras rodaba un trío sexual. En septiembre del año pasado, era otra compañera suya brasileña la que aparecía muerta después de una fiesta en un yate.

Son muchas las voces en nuestros países que reclaman actuar legalmente sobre ello, que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. El gobierno español lo ha insinuado pero no se ha confirmado nada.

El pasado mes de julio, China volvió a bloquear OnlyFans, que estuvo accesible en un breve periodo de tiempo gracias a redes privadas virtuales, conocidas también como VPN. China se reafirma con su política de estricta regulación contra la pornografía en línea. Mantiene así su «tolerancia cero» contra este tipo de contenido.

Aunque OnlyFans no estaba disponible oficialmente en China, algunos usuarios accedían a través de VPN y sistemas de pago de terceros. La prohibición ahora elimina esas soluciones alternativas, restringiendo el acceso tanto para los creadores como para los usuarios.

Las autoridades chinas habían percibido que para un sector de la juventud OnlyFans estaba empezando a ser considerado como una posible ventana de ingresos.

Según las autoridades, esta plataforma de contenido para adultos representa lo que ellos llaman una “enfermedad corrupta estadounidense” que atenta contra los valores culturales y sociales del país.

Protección de menores

El uso excesivo de móviles en menores causa problemas de salud mental (ansiedad, depresión, baja autoestima por comparación en redes), desarrollo cognitivo (déficit de atención, lenguaje) y físico (problemas de sueño por melatonina, sedentarismo, fatiga visual), además de riesgos de ciberacoso, exposición a contenido inapropiado y desconexión social, afectando el rendimiento académico y las habilidades interpersonales.

En cuanto a las redes sociales, los pediatras piden limitar su acceso a menores de 16 por su impacto en la salud mental. Algo en lo que coincide el Parlamento Europeo.

El gobierno español tiene previsto tramitar una ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, pero actualmente no existe ninguna legislación más allá de las recomendaciones.

Se plantea subir la edad mínima para acceder y registrarse en redes sociales de los 14 años actuales a los 16, pero no hay establecido un mecanismo de vigilancia o sanción a las redes sociales.

Actualmente, la media de edad en España de acceso al primer móvil son los 11 años y el 98% de los adolescentes tienen algún tipo de interacción en las redes sociales.

China ha establecido por ley límites al uso de móviles por los menores. Desde 40 minutos a 2 horas diarias, según edad, y prohibición de uso nocturno para combatir adicciones y miopía.

También se exige a las plataformas implementar modos especiales para niños, con restricciones en transmisiones en vivo y redes sociales para menores de 16 años sin consentimiento parental, y protección de datos personales.

Las compañías de tecnología tendrán que ajustarse a las pautas establecidas por la Administración del Ciberespacio de China (CAC) para permitir la implementación del «modo para menores». Esto podría significar un cambio en la forma en que diseñan y desarrollan aplicaciones y plataformas, centrándose en la seguridad y el bienestar de los usuarios más jóvenes.

En cuanto a los juegos online, está prohibido jugar entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana y se exige un sistema de autenticación de identidad para controlar el acceso.

Corrupción

Según las encuestas el 93,4% de los españoles admite que la corrupción le genera bastante o mucha inquietud. El 83,1% cree que es necesario una ley estatal que regule a los grupos de presión.

La percepción generalizada en la Unión Europea es que la corrupción no está castigada lo suficiente, una percepción que aumenta en el caso de España.

En España, solo el 28% cree que las personas y los negocios pillados por corrupción menor reciben un castigo apropiado.

Aunque la mitad (53%) sí apoya la idea de que las personas y empresas involucradas en delitos de corrupción serían procesadas e irían a juicio, luego el 66% piensa que sería improbable que recibieran fuertes multas o fueran encarcelados.

La impunidad ante la corrupción es aún más grande cuando se habla de sobornar a funcionarios de alto rango. Sólo el 11% de las empresas declara que las personas y negocios involucradas en estas prácticas recibirían un castigo apropiado.

China inició en una campaña anticorrupción tras la conclusión del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCCh) en 2012. Iniciada por el secretario general del PCCh, Xi Jinping, la campaña se convirtió en el esfuerzo anticorrupción más extenso y sistemático en la historia de la gobernanza del PCCh. En los primeros diez años el Partido Comunista de China (PCCh) informó que investigó y sancionó alrededor de cinco millones de personas por delitos relacionados con corrupción.

A partir del 1 de marzo de 2024, China modificó su Ley Penal para imponer sanciones más altas a los sobornadores y a las entidades que aceptan sobornos. Las enmiendas imponen sanciones más severas a los implicados, tanto individuos como entidades. La entidad que realice un soborno a un funcionario o empleado público podría ser multada y sus responsables encarcelados hasta siete años, y los empleados de la entidad responsable por cometer el delito podrían enfrentar hasta diez años de prisión más multas individuales.

En enero de 2025, la agencia china Xinhua informaba que en la campaña anticorrupción lanzada en abril de 2024, 433.000 funcionarios de bajo rango fueron sancionados y 14.000 fueron procesados.

Logró traer al país a 1.306 fugitivos corruptos que habían huido al extranjero y también ha recuperado activos ilícitos por un total de unos 2.100 millones de dólares entre enero y noviembre de 2024.

En los tres primeros trimestres de 2024, los organismos de control anticorrupción investigaron a 19.000 personas por ofrecer sobornos y remitieron a 2.972 para su enjuiciamiento.

Evidentemente las soluciones o medidas que se toman en un país no necesariamente son válidos o extrapolables a otros, pero si en nuestros países occidentales fuésemos un poco más modestos y humildes, quizá podríamos apreciar cómo en China han solucionado problemas como los que tenemos aquí y, quizá, aprender. Pero para eso será necesario dejar de pensar que nuestro sistema político es mejor, nosotros somos más democráticos, nuestros políticos son mejores y nuestras leyes más avanzadas. Cuando dejemos de pensarlo, podremos empezar a aprender de China.

Pascual Serrano es periodista y escritor. Su último libro es “Prohibido dudar. Las diez semanas en que Ucrania cambió el mundo”

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6. Trabajadores tailandeses en Israel.

Supongo que una de las cosas que más nos extrañó del 7 de octubre, fue la cantidad de trabajadores tailandeses que se vieron implicados. En Historical materialism publican ahora la reseña de un libro sobre cómo llegaron allí esos trabajadores.

https://www.historicalmaterialism.org/on-zionism-capitalism-and-labour-a-review-of-matan-kaminers-capitalist-colonial/

Sobre el sionismo, el capitalismo y el trabajo: una reseña de Capitalist Colonial, de Matan Kaminer

Heba Taha

Matan Kaminer, Capitalist Colonial: Thai Migrant Workers in Israeli Agriculture (Colonialismo capitalista: trabajadores migrantes tailandeses en la agricultura israelí), Stanford University Press, 2024.

Reseña de Heba Taha

A medida que el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza seguía intensificándose, muchas personas se sentían oprimidas por la maquinaria bélica imperialista o se entregaban a ilusiones sobre su inminente colapso. Aunque se han producido movilizaciones notables y significativas para lograr este cambio, desde huelgas hasta actos de sabotaje y manifestaciones masivas en Occidente, donde Israel sigue contando con un importante apoyo de los gobiernos, el genocidio ha durado dos años, las matanzas continúan y la maquinaria bélica parece intacta. Esto no se debe a la invencibilidad del sionismo, sino que es una indicación de la posición privilegiada de Israel en un sistema global de imperialismo y capitalismo, en el que el genocidio se ha convertido en un mecanismo de obtención de beneficios.[1]

Para perturbar y organizarse contra la maquinaria bélica genocida, es necesario comprender los mecanismos internos de la violencia israelí, que abarcan la Palestina histórica y están entrelazados con el sistema capitalista global. Esto incluye las relaciones del Estado israelí tanto con el capital como con la mano de obra. El libro de Matan Kaminer, Capitalist Colonial: Thai Migrant Workers in Israeli Agriculture (Colonialismo capitalista: los trabajadores migrantes tailandeses en la agricultura israelí), ofrece una forma de comprender una serie de cuestiones clave relacionadas con la economía política israelí contemporánea. ¿Cómo ha tratado Israel de protegerse del potencial disruptivo de los trabajadores palestinos? ¿Cómo se reproduce la dinámica de la racialización en las estructuras laborales bajo el colonialismo israelí? ¿Cuál es la relación entre la dinámica desenfrenada y aparentemente mundana de la explotación y el funcionamiento del capitalismo global?

A los lectores les puede sorprender que un libro que trata sobre los trabajadores migrantes tailandeses en la agricultura israelí pueda contribuir a responder a cuestiones tan amplias sobre los mecanismos económicos del colonialismo. Pero el estudio de Kaminer, que es tanto histórico como etnográfico, aborda cuestiones fundamentales sobre las relaciones entre el sionismo y el capitalismo, y las tensiones que supone la puesta en práctica de las ideologías asociadas al movimiento sionista de colonización laboral. Al examinar el asentamiento agrícola de Wadi ‘Arabah (una zona extremadamente seca en el sur del país), Kaminer lo sitúa dentro de una historia política y ecológica más amplia del sionismo. El libro conecta el funcionamiento del trabajo con los imperativos sionistas y capitalistas.

El libro opera en numerosas escalas: el nivel micro de una comunidad en el Arabá y las interacciones diarias entre los trabajadores migrantes tailandeses y sus gerentes judíos israelíes; el nivel estatal, centrándose tanto en Tailandia como en Israel, y sus estrategias y planificación, así como las relaciones bilaterales entre ellos; y, por último, el nivel global, donde la interacción entre el capitalismo y la colonialidad produce un orden internacional injusto. El autor no solo se siente cómodo abordando estas diferentes escalas, sino que también demuestra que la separación entre ellas es artificial y que cualquier distinción analítica de este tipo debería desaparecer.

El enfoque principal en el trabajo se combina con un análisis de la tierra a lo largo del tiempo, y Kaminer deja claro que un análisis de la tierra y el trabajo en Israel no puede separarse de las cuestiones centrales sobre la colonización sionista de Palestina. Si bien los trabajadores palestinos no son el tema del libro, su decidida resistencia al colonialismo de los colonos funciona como punto de partida para gran parte del material empírico de Kaminer:

En el caso sionista, la tenacidad con la que los palestinos indígenas lograron conservar sus tierras hizo que la necesidad de un compromiso de clase entre los colonizadores proletarios y burgueses fuera especialmente pronunciada. Al residir en el centro mismo de la masa continental afroeuroasiática, los palestinos no eran vulnerables a las enfermedades transmisibles que traían consigo los colonos, como lo habían sido los pueblos indígenas de Australia y América. Además, en vísperas de la colonización, los productores agrícolas y ganaderos palestinos ya estaban integrados en las redes comerciales regionales y mostraban una iniciativa considerable a la hora de responder a las presiones y oportunidades que acompañaban a esta integración. Por último, bajo el dominio otomano, y en menor medida pero de forma significativa bajo el mandato británico, los complejos acuerdos comunitarios mediante los cuales los campesinos palestinos regulaban la tenencia de la tierra seguían teniendo fuerza de ley, lo que dificultaba la enajenación de sus propiedades. (p. 30)

El libro se basa en investigaciones que sostienen que las entidades coloniales, incluida Israel, pueden tratar de explotar y eliminar a los pueblos indígenas, según el contexto, y que, por lo tanto, estos procesos deben entenderse dentro de un contexto y una lógica de acumulación capitalista.[2] A través de un estudio empírico de la mano de obra migrante tailandesa en Israel, Kaminer muestra eficazmente cómo Israel ha logrado hacer ambas cosas, más allá de la perspectiva del colonialismo como automáticamente eliminacionista. La historia del libro es, por tanto, mucho más que una simple instantánea de la dinámica de los trabajadores migrantes tailandeses en la Arabá en la época contemporánea; es una historia de la colonización de Palestina por parte de Israel y su continuación en el presente. El libro conecta eficazmente el caso específico de los trabajadores tailandeses en la Arabá con la historia de la colonización de la tierra palestina y con la inclusión y exclusión simultáneas de los trabajadores palestinos. Esto funciona a través de la explotación y la dependencia, que tienen lugar al mismo tiempo que la exclusión del trabajo, la tierra y la vida, mientras los palestinos se enfrentan al despojo y la muerte.

A mediados de la década de 1990, había 20 000 trabajadores tailandeses en Israel. Se les paga regularmente solo alrededor del 70 % del salario mínimo oficial, y sus movimientos suelen ser vigilados y restringidos por los empleadores, que violan constantemente las protecciones legales y las regulaciones que buscan garantizar la dignidad de los trabajadores (pp. 5, 95). La alienación de los trabajadores tailandeses parece ser una condición previa: el único propósito de contratarlos es la suposición de que no pueden reclamar políticamente la tierra que cultivan. Se supone que son una fuerza de trabajo apolítica, aislada y oculta a la vista del público, lo que permite su hiper explotación. El ocultamiento de los trabajadores tailandeses se entrelaza con un motivo ideológico sionista fundamental. En palabras de Kaminer, «este aislamiento también beneficia al sector agrícola, ya que protege su imagen como pilar del proyecto sionista al mantener a la mano de obra migrante fuera de la vista del público y convertirla en políticamente inocua» (p. 5). Oculta la falta de «mano de obra hebrea» que trabaje o «redima» la tierra, un objetivo que fue prioritario para el movimiento sionista desde la segunda ola de colonos a principios del siglo XX (p. 31).

Esta ideología de la «mano de obra hebrea» tiene una larga historia, con importantes consecuencias para los palestinos. Muchos palestinos de 1948, que se encontraron dentro del Estado de Israel tras la Nakba, vieron cómo se expropiaban sus tierras y se enfrentaron a procesos de proletarización, ya que Israel buscaba dar prioridad al empleo judío. [3] La motivación ideológica para excluir a los trabajadores palestinos se combinaría con una justificación de seguridad durante la Primera Intifada, que afectó a los trabajadores palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, colonizadas por Israel en 1967. Los palestinos de estos territorios también se integraron de forma desigual en el mercado laboral, y su movilidad estaba controlada por puestos de control y un régimen de permisos. [4] Además de su exclusión política de la agricultura, los palestinos fueron reclutados estratégicamente en sectores como la construcción y concentrados en trabajos mal remunerados. Así, en diferentes momentos, los sionistas trataron de sustituir o explotar la «mano de obra árabe», considerada tanto barata —es decir, estratégica— como peligrosa —es decir, una amenaza para el proyecto de colonización y la seguridad israelí—. La eliminación de los trabajadores palestinos nunca ha tenido verdadero éxito, y la huelga de la Intifada de la Unidad en 2021 en toda la Palestina histórica atestiguó la continua relevancia y el poder de la mano de obra palestina.[5]

El trabajo de campo de Kaminer se desarrolla entre Arabah e Isaan, la región de Tailandia de donde proviene la inmensa mayoría de los trabajadores. Kaminer demuestra que la selección de trabajadores tailandeses como «invitados» en Israel no es una coincidencia histórica. Es el resultado de una confluencia de factores, como la historia de la agricultura comercial dentro del sistema mundial. Además, Kaminer muestra que este acuerdo entre los gobiernos israelí y tailandés —un acuerdo burocrático de alto nivel— expresa una lógica punitiva hacia las poblaciones «rebeldes» de ambos países. Permite a Israel disciplinar a los palestinos colonizados que siguen rechazando la normalización de la colonización sionista y su sometimiento dentro de ella, una condición que el resto del mundo ha aceptado y respaldado. Pero también permite al Estado tailandés moldear a los isaanitas, con quienes ha chocado en una historia familiar de paternalismo hacia los sujetos rurales considerados inferiores e integrados jerárquicamente en el sistema capitalista. Los isaanitas han estado «expuestos durante varias generaciones a la expoliación ecológica, la discriminación racial y métodos de represión política que van desde el adoctrinamiento coercitivo, pasando por el asesinato, hasta una contrainsurgencia total y el desarrollo económico» (pp. 5-6).

Al llevar a cabo el análisis, el libro presta mucha atención a la agencia de los trabajadores tailandeses dentro de esta estructura opresiva. No son simplemente una mano de obra invisible y anónima importada para sustituir a los palestinos. Aunque Kaminer anonimiza el pueblo en el que realizó el trabajo de campo para proteger a sus interlocutores, el libro contiene ricos relatos de cómo se desarrolla el trabajo, siguiendo lo que sería un día de trabajo típico, pero también cómo los trabajadores realizan el trabajo físico, junto con descripciones detalladas que dan vida al entorno y los paisajes en los que se lleva a cabo el trabajo. Además, a través del trabajo de campo en Isaan, el libro muestra vidas y redes familiares complicadas, negándose a aceptar las descripciones de los trabajadores migrantes como desarraigados o fuera de lugar.

Al igual que el movimiento fluido del libro a través de las fronteras, entre Israel/Palestina y Tailandia, también se mueve a través de diferentes disciplinas. Como antropólogo, Kaminer se toma en serio la cultura, buscando conciliarla con un análisis materialista. El objetivo del libro es unir estos dos mundos aparentemente discretos, el de la antropología y el de la economía política, destacando ante ambos públicos lo que está en juego en esta conversación. Para un público marxista, la fuerza del libro radica en su capacidad para exponer la dominación a nivel micro, pero conectando eficazmente estas historias con las historias más amplias y los procesos en curso del colonialismo y el capitalismo. El libro demuestra que las normas culturales —descritas como «ideologías de interacción»— forman parte de los sistemas de dominación.

En la introducción, Kaminer expone su argumento central: que la explotación capitalista y la dominación colonialista están entrelazadas y deben estudiarse conjuntamente a través de la atención etnográfica a las interacciones cotidianas. El resto del libro se compone de tres capítulos históricos y tres etnográficos, junto con una conclusión.

Los capítulos históricos sitúan la mano de obra tailandesa en Israel en el contexto del movimiento sionista de colonos trabajadores, las relaciones entre Tailandia e Israel y los registros culturales y materiales que estructuran estas relaciones. El primer capítulo proporciona el contexto histórico del asentamiento de la Arabá, mostrando cómo las ideologías sionistas del «trabajo hebreo» chocaron con la dependencia económica de la mano de obra palestina indígena, lo que precipitó este giro hacia Tailandia en busca de mano de obra. El segundo capítulo conecta así la pobreza rural y la marginación política en la región tailandesa de Isaan con el deseo de Israel de contar con nuevos trabajadores para su industria agrícola. Se centra en el surgimiento del corredor laboral tailandés-israelí, a través de fuerzas globales que produjeron un régimen laboral que vinculaba las dos regiones. El capítulo contiene un fascinante debate sobre personas como el general tailandés Pichit Kullavanijaya y su «Proyecto de Asentamiento Fronterizo», para el que solicitó la ayuda del Estado israelí. Aunque el plan no se materializó, estas relaciones personales cobrarían importancia para la diplomacia migratoria e ilustran el trasfondo intelectual en el que se desarrollaban las relaciones políticas. En el tercer capítulo, Kaminer describe el cambio de la «mano de obra hebrea» a la mano de obra migrante durante la década de 1990.

Los capítulos etnográficos siguen las experiencias cotidianas de los trabajadores tailandeses en Israel, mostrando cómo el trabajo agrícola reproduce las diferencias sociales. El capítulo 4 esboza un día típico en el lugar de estudio etnográfico de Kaminer, revelando los encuentros y negociaciones entre los trabajadores racializados y los gerentes. Ilustra que las prácticas corporales cotidianas y el contacto verbal limitado, a través de una lengua pidgin, desempeñan un papel en el proceso laboral. El capítulo nos recuerda que la racialización y la explotación no solo afectan a los palestinos, sino también a otras personas consideradas forasteras en Israel. El capítulo 5 analiza cómo los colonos israelíes tratan de «salvar las apariencias» ocultando su dependencia de la mano de obra migrante, manteniendo una imagen de autosuficiencia, lo que permite la fantasía colonial de «hacer florecer el desierto». El capítulo 6 explora cómo las ideologías de interacción, como la ética tailandesa y las ideas de reciprocidad kármica y deber hacia la familia, moldean el comportamiento de los migrantes y sostienen el sistema laboral.

En la conclusión, Kaminer reflexiona sobre el papel de la antropología a la hora de exponer las estructuras de dominación e imaginar alternativas arraigadas en los mundos morales de los dominados. Aunque solo tiene ocho páginas, es sin duda la parte más impactante del libro, ya que representa la culminación de los argumentos que Kaminer expone a lo largo de la obra. La conclusión está deliberadamente diseñada para inspirar al lector, asumiendo el proyecto político de imaginar una posible descolonización. El libro está motivado no solo por la curiosidad intelectual, sino también por un compromiso ético. Kaminer reflexiona detenidamente sobre los problemas de defender la igualdad de derechos de los tailandeses en Israel: por un lado, los actores políticos con buenas intenciones han destacado que están siendo víctimas de robo de salarios, pero, por otro, siguen adoptando un lenguaje que considera a los trabajadores tailandeses como forasteros.

Kaminer recuerda a los lectores que tenemos la responsabilidad intelectual de no perder de vista el mundo alternativo que nos gustaría que existiera. Señala que podría haber una estructura descolonizada, democrática y socialista que sustituyera a la estructura política actual, que es colonial, racial y capitalista. Sugiere que debemos pensar más allá de las gramáticas existentes del binacionalismo e incluso del Estado-nación, con su fetichismo de la pureza racial. En su lugar, debemos considerar las posibilidades de solidaridad más allá de las diferencias, resistiendo el aislamiento y haciendo hincapié en una lucha interconectada:

¡Imaginemos una Arabah descolonizada, democrática y socialista compartida por beduinos [palestinos], judíos e isaanitas, que incorpore la agricultura, el pastoreo, el turismo y otras actividades, y que se comprometa a garantizar las condiciones a largo plazo para el florecimiento humano, en lugar de las del Estado-nación colonial y racializador o del sistema mundial capitalista! Una intervención tan imaginativa va sin duda más allá de los límites disciplinarios de la antropología tal y como se concibe convencionalmente, y se extiende más allá de los límites de este libro. Pero por muy descabellada que pueda parecer esta visión especulativa, mi argumento es que no tiene por qué surgir de la nada, sino que puede derivarse, a través de una especie de radicalización inmanente, de las mismas ideologías que han contribuido a convertir a la Arabá en lo que es hoy. (p. 175)

¿Cómo podemos imaginar la descolonización cuando pensamos en grupos que no encajan en los binarios dominantes de Israel y Palestina? Y lo que es más urgente, al leer el libro ahora, ¿qué significa esto en la práctica para los palestinos que se enfrentan al genocidio?

Hoy en día, es especialmente importante tomarse en serio este imaginario democrático descolonial. Pero me quedé preguntándome si este proceso puede ser simultáneo al desmantelamiento de la estructura opresiva que lleva a las personas a abandonar sus hogares para convertirse en trabajadores migrantes. Por lo tanto, nuestra imaginación radical debe extenderse a las condiciones que llevan a la presencia de trabajadores tailandeses en Israel/Palestina, una empresa que apenas les permite mantenerse a flote. De hecho, este libro muestra que la profundidad de esta cuestión va más allá de lo que está sucediendo dentro de las fronteras de Palestina/Israel.

Mientras tanto, la imaginación radical descrita en la conclusión puede entrar en conflicto con las descripciones de las posibilidades, o las oportunidades de cambio, a lo largo del libro, que parecen limitadas. En varios momentos, Kaminer parece dar a entender que las cosas no pueden cambiar ahora, que la situación parece estancada en el punto en el que se encuentra actualmente y que, en realidad, no hay mucho margen para el cambio. El libro, como se ha mencionado, tiene en cuenta la capacidad de acción de los trabajadores tailandeses, incluso en condiciones muy opresivas en las que las estructuras de poder están fundamentalmente inclinadas en su contra. Por ejemplo, el autor muestra de forma convincente cómo se aprovechan del sistema de migración laboral para enviar a sus familiares y negociar dentro de los parámetros disponibles (p. 152). Además, esto muestra cómo la relación entre los gerentes israelíes y los trabajadores tailandeses no es una en la que los trabajadores sean impotentes. Su agencia está presente en todas partes, incluyendo, por ejemplo, un caso llamativo en el que un gerente intenta transmitir instrucciones y es ignorado descaradamente (p. 109).

Esto plantea la pregunta de cómo podemos desestabilizar un sistema descrito por el autor, que parece bastante robusto. Por supuesto, debemos imaginar alternativas, pero tal vez también necesitemos una acción más directa, un mayor recordatorio de nuestra propia capacidad de acción y de nuestra capacidad para cambiar sistemas que siempre parecerán omnipresentes y capaces de autorreproducirse. Sin duda, esto está motivado por el momento preciso que estamos viviendo, es decir, las condiciones de violencia genocida israelí contra los palestinos, que, aunque no son inevitables, parecen haber estado siempre latentes bajo la superficie. Aunque el sistema no esté preparado para el cambio, lo cierto es que para muchas personas, para los palestinos, no hay otra opción. Es un sistema que, literalmente, los ha estado matando.

El libro será de interés no solo para aquellos que deseen comprender mejor los mecanismos de dominación israelí, incluido el genocidio, sino también para aquellos interesados en la historia medioambiental y la ecología política, el trabajo y la intersección entre el marxismo y la antropología en general. Atraerá a los lectores interesados en las conexiones entre el trabajo, la migración, el colonialismo y el capitalismo, especialmente a aquellos que aprecian el análisis etnográfico y teóricamente rico. Además de los académicos, el libro es muy adecuado para activistas y organizadores, que también disfrutarán de su crítica fundamentada y su exploración de posibles rupturas dentro de los sistemas de dominación.

Referencias

Albanese, Francesca 2025, «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio». Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/HRC/59/23).

Englert, Sai 2020, «Settlers, Workers, and the Logic of Accumulation by Dispossession» (Colonos, trabajadores y la lógica de la acumulación por desposesión). Antipode 52:6: 1647-1666.

Farsakh, Leila 2005, Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land and Occupation. Routledge.

Jiryis, Sabri 1973, «The Legal Structure of the Expropriation and Absorption of Arab Lands in Israel». Journal of Palestine Studies 2:4: 82-104.

Nabulsi, Jamal 2024, «“Para detener el terremoto”: Palestina y la lógica colonialista de fragmentación». Antipode 56:1: 187-205.

Tatour, Lana 2021, «La “Intifada de la Unidad” y los palestinos del 48: entre lo liberal y lo descolonial».

 

Revista de Estudios Palestinos 50:4: 84-89.

Samed, Amal 1992, «La proletarización de las mujeres palestinas en Israel». Proyecto de Investigación e Información sobre Oriente Medio (MERIP) 50: 10-15+26.

Shalev, Michael 1992, Labor and the Political Economy in Israel. Oxford University Press.

Zureik, Elia 1976, «Transformación de la estructura de clases entre los árabes en Israel: del campesinado al proletariado». Journal of Palestine Studies 6: 39-66.

[1] Albanese 2025.

[2] Englert 2020.

[3] Jiryis 1973, Zureik 1976, Samed 1992, Shalev 1992.

[4] Farsakh 2005.

[5] Tatour 2021, Nabulsi 2024.

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7. Marx y la ética.

Ya hemos visto alguna reseña del libro de Vanessa Wills sobre la ética en Marx, pero ahora es una entrevista con la propia autora.

https://mronline.org/2026/01/30/marxs-ethical-vision-a-conversation-with-vanessa-wills-keywords-morality-alienation-revolution-freedom-humanism/

«La visión ética de Marx»: Una conversación con Vanessa Wills

Publicado originalmente: The Philosopher en 2026 por Vanessa Wills y Olúfẹ́mi O. Táíwò (más de The Philosopher) (Publicado el 30 de enero de 2026)

De The Philosopher, vol. 113, n.º 1 («Marx y la filosofía»)

Olúfẹ́mi O. Táíwò (OT): Hay un impulso ético profundo y duradero bajo los compromisos políticos con los que se asocia el marxismo: el socialismo, el comunismo y la lucha contra el capitalismo. Cuando se pregunta a las personas que nadan en uno de esos mares qué están haciendo y por qué, dan lo que a mí, como filósofo moral con formación analítica, me parecen explicaciones morales: piensan que hay algo malo en el capitalismo, algo inapropiado en la forma en que el sistema trata a las personas. Sin embargo, los marxistas a menudo han rehuido el pensamiento ético explícito sobre el capitalismo. Existe la sensación de que hay una especie de afectación burguesa cada vez que se introduce el pensamiento moral explícito en el debate. Su libro está escrito en parte como respuesta a esa perspectiva. Entonces, en su opinión, ¿qué creían los marxistas y los no marxistas que estaban logrando o evitando al oponerse a las interpretaciones del marxismo cargadas de moralidad y qué lograríamos nosotros al dejar atrás esa interpretación?

Vanessa Wills (VW): Desde la tradición marxista, sin duda, existe la preocupación de que tomarse en serio las cuestiones éticas o ponerlas en primer plano forme parte de un alejamiento de la cientificidad de la teoría marxista o de los aspectos del marxismo que son más operativos a la hora de dotarla de su poder explicativo y, para aquellos de nosotros que pensamos que tiene bastante poder predictivo, también de su poder predictivo. Marx y Engels consideran que el desarrollo humano puede conocerse utilizando las mismas técnicas que son relevantes para otras áreas de la ciencia.

Sin embargo, la preocupación es que, si la existencia humana es realmente cognoscible por las mismas razones que los objetos del mundo natural —es decir, que están sujetos a algún tipo de ley científica que puede determinarse y luego aplicarse para hacer predicciones—, eso entra en tensión con la idea de que los seres humanos son libres y que la vida humana es susceptible de juicio moral.

Así que, si uno se ve obligado a elegir, entonces elige la cientificidad, ¿no? Uno elige la historia económica que ofrece la teoría marxista. Parte de lo que hago en mi libro es demostrar que, en realidad, no tenemos que hacer esta elección. Podemos hacer ambas cosas y, de hecho, gran parte del pensamiento de Marx es un intento de hacer afirmaciones normativas que se derivan de una explicación empírica y científica de la existencia humana.

OT: Partiendo de eso, ¿podría identificar algunas diferencias específicas en las que su proyecto reconstruido difiere de la convención interpretativa, las formas ortodoxas de leer a Marx?

VW: Un punto de partida es el concepto mismo de ortodoxia. ¿Hasta qué punto la sabiduría recibida —el «marxismo ortodoxo»— es realmente un reflejo de lo que pensaba el propio Marx?

Por ejemplo, cuando hablamos de una posición marxista ortodoxa sobre la raza y la clase, la gente empieza a enumerar todo tipo de posiciones, como la noción de que las ideas son meros epifenómenos de la base material y que, por lo tanto, no tenemos que preocuparnos demasiado por las ideas en sí mismas; solo tenemos que llevar a cabo la buena labor de la revolución proletaria y las ideas se resolverán por sí solas como un subproducto necesario de ello. Esta forma de pensar sobre la relación entre la materia y las ideas no existe en ninguna parte de la obra de Marx.

Hay un impulso ético profundo y duradero bajo los compromisos políticos con los que se asocia el marxismo: el socialismo, el comunismo y la lucha contra el capitalismo

Cuando pensamos en lo que a menudo se describe como una posición marxista «ortodoxa» sobre la moralidad, oímos afirmaciones similares. Se afirma que Marx pensaba que la vida humana estaba completamente sujeta a leyes estrictamente mecánicas y deterministas. O que Marx pensaba que el comunismo era inevitable, que no dependía de la elección o la acción humana para llevarlo a cabo. Dado que no disponemos de un lugar en el que Marx exponga su enfoque completo y sistemático de la ética, mi objetivo es identificar lo que considero las características más significativas del método de Marx y utilizarlas para presentar la concepción de la moralidad que surge en el libro.

OT: Quiero retomar específicamente el punto que has planteado sobre la relación entre la materia y las ideas, que es una explicación común de lo que Marx debió de pensar: que las ideas no importan y la materia sí, ¿verdad? ¿Por qué piensa la gente eso? Como la filosofía de Marx se describe como pensamiento materialista, a menudo se contrapone al idealismo y la idea general es que esto implica cierta preocupación no solo por el mundo estructurado por la razón y los pensamientos, sino por la realidad física real. Lo que la gente entiende por eso —y que a su vez es un rechazo burdo de la importancia de la vida intelectual y mental— es que, al fin y al cabo, todo se reduce a las armas, la tierra y el oro.

Entre las muchas razones para rechazar esta visión burda que usted ofrece más adelante en el libro, hay algo peculiar que Marx dice en los Manuscritos de 1844. Concretamente, hay algo muy elevado sobre los órganos sensoriales —su potencial y su realidad— que podríamos haber pensado que íbamos a dejar atrás en una visión sobre la economía, el maíz, el lino y los tipos de cambio, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene todo este discurso sobre los órganos sensoriales y las potencialidades? ¿Por qué un filósofo como Marx, que suele hablar de dólares y mercancías, se adentra en este tipo de territorio metafísico?

VW: Uno de los temas que aparece a lo largo de la obra de Marx es la historicidad de los sentidos humanos. Habla, por ejemplo, de cómo el oído humano se convierte en algo más que su fisiología y arquitectura biológicas, de que la capacidad de oír se produce históricamente a lo largo de generaciones, a lo largo del desarrollo histórico de la música y de las formas de hablar. La sensibilidad del oído a los matices del sonido, la música y la comunicación de todo tipo no viene dada únicamente por su carácter natural, sino por su transformación social. Lo mismo ocurre con los ojos y con todos nuestros sentidos. Además, también habla de un sentido humano: esta actividad de percibir a otros seres humanos y comprenderlos como a nosotros mismos, y reconocer que compartimos nuestras condiciones para prosperar y mi capacidad para responder a las personas que me rodean de esa manera.

Este es el tipo de cosas que Marx cree que solo puede producir una especie que ha emprendido la tarea de transformarse conscientemente, por lo que esta es una de las razones por las que Marx es partidario de la revolución, cuando a menudo es fácil leer a Marx y preguntarse: ¿por qué es revolucionario? ¿Por qué la revolución? ¿Por qué es tan importante esta toma del poder? E incluso la gente podría suponer que la revolución significa violencia y caos, pero para Marx una de las principales cualidades de la actividad revolucionaria es que son los seres humanos los que emprenden el proyecto de abordar su propio desarrollo histórico de forma consciente y racional. Se trata de organizarse con la visión de lo que podría ser una sociedad mejor y de cómo podríamos expresar y realizar plenamente nuestra capacidad de socialidad.

Así que, aunque Marx defiende la abolición de la moralidad, sugerir que esto significa que ahora no necesitamos el pensamiento moral o que no necesitamos una concepción ética de los seres humanos y el desarrollo humano es prematuro. Si pensamos en la teoría moral como una forma de teorizar una brecha, un espacio entre el mundo tal y como es y el mundo tal y como debería ser, entonces, si imaginamos que el mundo podría ser tal y como debería ser, que realmente podríamos crear ese mundo mejor y vivir en él, entonces ese tipo de función de la moralidad desaparece.

Una de las principales cualidades de la actividad revolucionaria es que son los seres humanos los que emprenden el proyecto de abordar su propio desarrollo histórico de forma consciente y racional.

OT: La crítica de Marx a la visión vigente de la moralidad tiene algo que ver con este sentido humano del que hablas. La visión a la que Marx se opone: los famosos expositores de este tipo de visión —de la conexión entre la moralidad y la política— son Locke y Rousseau. Ambos pensadores se preocupan por caracterizar a los seres humanos y a la humanidad de alguna manera esencial y, por lo tanto, a su vez, la actividad humana. Entonces, ¿qué crees que entiende Marx por «naturaleza humana» y por qué le lleva por el camino que acabas de explicar, hacia el pensamiento sobre la revolución y el trabajo, en lugar de por el camino que quizás tiene más en común con la filosofía moral y política, como por ejemplo un contrato social en el sentido de Locke o Rousseau?

VW: En realidad, no es que haya una brecha per se entre el mundo tal y como es y el mundo tal y como debería ser, donde el mundo tal y como debería ser solo puede conocerse a través de la reflexión abstracta, una especie de reflexión conceptual ideal. Más bien —y esto se refiere a la dialéctica de Marx y a su materialismo histórico— el mundo tal y como debería ser ya existe dentro del actual. Así que tenemos estas afirmaciones de Marx de que el comunismo no es un ideal al que la realidad debe ajustarse, sino más bien un movimiento ya existente que supera el estado actual de las cosas, y como es un movimiento ya existente que derriba el estado actual de las cosas, es el tipo de cosa que podemos conocer a través del estudio empírico.

Gran parte de lo que ocurre en Marx y Engels se basa en el intento de comprender históricamente cómo es que los trabajadores han resistido al capitalismo, cómo es que los trabajadores están resistiendo al capitalismo ahora. Ese es el objeto principal de estudio para desarrollar una visión sobre la naturaleza del capitalismo en sí mismo y la probabilidad de producir alguna vez una sociedad diferente. Es algo que él está retomando de las luchas continuas de los oprimidos, los pobres y los trabajadores que luchan contra los estragos del capitalismo y buscan su supervivencia. Y también descubriendo, en la práctica y en la teoría, que la supervivencia de la masa de la humanidad en el planeta requiere que se resistan al capitalismo y produzcan un tipo diferente de sociedad basada en la satisfacción de las necesidades humanas.

OT: Los conceptos de revolución y trabajo implican una forma muy específica de pensar sobre la actividad humana, la actividad humana autodirigida, ¿cómo llegamos a eso en lugar del contrato social?

VW: Como Marx y Engels plantearon en La crítica de la ideología alemana, lo que distingue a los seres humanos de otros animales no humanos es precisamente esta capacidad de transformación, de transformación racional, consciente y orientada a objetivos, de tal manera que los seres humanos son producto de su propia creación. Esta concepción materialista de la historia humana es simplemente el reconocimiento de que, si se quiere comprender algo sobre la vida humana, hay que estudiar la historia, hay que entender cómo es que esto ha llegado a ser así como resultado de la interacción de los seres humanos con su mundo natural y social, y eso no solo se aplica a cosas como el capitalismo en sí, sino también a cosas que podríamos considerar «naturales, indelebles y esenciales», como que los seres humanos son codiciosos, competitivos, racistas o sexistas. Llegamos a ver que, en realidad, hay una historia para cada una de las cosas que acabo de nombrar y podemos aprender esa historia haciéndonos la pregunta: ¿cómo es que los seres humanos se han producido a sí mismos como esto? ¿Cómo es que los seres humanos han producido esta característica del ser social humano?

El proyecto de cambio revolucionario es el proyecto de salir de nuestra «prehistoria». Marx cree que todavía estamos en la prehistoria de la producción de nuestra propia realidad, nuestro propio mundo social, pero sin saber que eso es lo que estamos haciendo, relacionándonos con él como si fuera algo natural y no como algo que nosotros mismos hemos creado y que podríamos convertir en una forma de ser diferente, que es simplemente la revolución, simplemente la especie asumiendo su propia existencia como su proyecto creativo y eligiendo realizarse plenamente.

OT: ¿Puedes comentar la discusión de Marx sobre el fetichismo de las mercancías en El capital?

VW: Es uno de los puntos que miro cuando sacudo la cabeza con asombro —como suelo hacer a menudo— ante la prevalencia de la opinión de que Marx abandona el concepto de alienación. Porque entiendo que el punto central de la historia que se nos cuenta en El capital sobre el fetichismo de las mercancías es que existimos en un mundo en el que parece que las mercancías hacen todo tipo de cosas y que la vida económica funciona por sí sola, pero resulta que lo que estamos viendo es nuestra propia productividad alienada, nuestra propia actividad alienada. Esto sugiere precisamente que a las mercancías se les atribuye un poder que en realidad no tienen, sino que es nuestro propio poder exteriorizado el que se ha vuelto contra nosotros. No somos conscientes de que esto ha sucedido porque producimos de una manera que crea de forma fiable este tipo de relación invertida entre nosotros y nuestros propios productos y actividad productiva.

La teoría marxista en general, el marxismo en general, es un intento de teorizar el mundo desde una perspectiva radicalmente humana

OT: Y tal vez la otra cara de la moneda de lo que decías sobre la posibilidad de una revolución es que, si cambiáramos la sociedad, podríamos acabar en una sociedad en la que realmente hiciéramos lo que hacemos, en la que realmente supiéramos qué es el maíz y qué lo hace valioso, lo cual formaría parte de lo que significa producir maíz a propósito, en contraposición a lo que tenemos ahora estructuralmente bajo el capitalismo, donde el maíz ha llegado a significar algo ajeno debido a la circulación de las mercancías.

VW: Sí, absolutamente. Una forma de pensar en el problema de la alienación o el problema del fetichismo de las mercancías es simplemente que nos relacionamos con el mundo de una manera mediada por estas relaciones oscuras, alienantes y abstractas. Esto es lo que él cree que el trabajo puede llevarnos a conseguir, a un estado de atención constante al mundo mientras estamos en una interrelación activa con él, así es como podemos tener una visión objetiva y precisa de lo que hay a nuestro alrededor y de quiénes nos rodean.

OT: ¿Podría explicar con más detalle la distinción teórica entre la moral o la ética burguesa, frente a la moral proletaria o comunista, y la historicidad de la moral?

VW: Piénselo en términos de punto de vista: es totalmente posible y coherente que un capitalista adopte el punto de vista del trabajo que describe Marx; del mismo modo, no solo es posible, sino bastante común, que los trabajadores tengan una perspectiva burguesa. Como cuestión de punto de vista, no se trata de atribuir una determinada perspectiva a cada miembro real de la clase trabajadora o a cada miembro real de la clase capitalista, sino más bien de atribuir una perspectiva que pertenece a la posición de una clase en su conjunto con respecto al trabajo de producir y reproducir la sociedad. La idea de que el trabajo es potencialmente emancipador y clarificador se debe precisamente a que es el punto de vista de la parte de la sociedad que se dedica al trabajo cotidiano de hacer realmente las cosas que la sostienen y la convierten en la sociedad que es. Esto significa que este grupo de personas también podría potencialmente convertirla en una sociedad mejor.

OT: ¿Cómo se combate o refuta el antihumanismo de gran parte del marxismo contemporáneo y la teoría crítica?

VW: La teoría marxista en general, el marxismo en general, es un intento de teorizar el mundo desde una perspectiva radicalmente humana. Cuando volvemos a la cuestión de la cognoscibilidad del mundo o los límites y posibilidades de la ciencia, no podemos escapar de nuestra subjetividad humana y de que la única perspectiva que podemos tener del mundo es la que está moldeada de todas las formas posibles por las vicisitudes y las idiosincrasias del ser humano. No intento sustituir, superar o trascender esa perspectiva humana del mundo y de los demás.

No tengo ningún argumento para explicar por qué alguien debería preocuparse por lo que le sucede a la humanidad, aparte de la idea de que creo que cualquiera de nosotros que desee la supervivencia humana, nada de eso puede suceder sin asumir la supervivencia humana en general como nuestro objetivo. Esto es, de nuevo, para Marx, lo que distingue a los trabajadores: que las masas de trabajadores, oprimidos, pobres y explotados del mundo no pueden salvaguardar su propia supervivencia sin trabajar por la supervivencia humana en general. Pero yo considero la supervivencia humana como un bien incondicional como persona humana y realmente no tengo nada que ofrecer a nadie que esté confundido al respecto, salvo un abrazo.

OT: Por último, ¿qué debemos decir sobre las opiniones éticas de Marx sobre la emancipación?

VW: Creo que Marx aboga por que los seres humanos intervengan en su propio desarrollo social histórico para emanciparse de las cadenas que ellos mismos han creado. Emprender un proyecto de este tipo implica liberar y desatar su propio potencial creativo, sus propias capacidades productivas. Se trata de un proyecto de libertad, de lo que significa para los seres humanos desarrollar una sociedad en la que puedan manifestarse en la realidad de una manera que se corresponda con su esencia como seres racionalmente productivos que crean sus propias condiciones de existencia.

Marx escribió cartas abiertas durante la Guerra Civil Americana, entre otras a Abraham Lincoln y a la clase obrera blanca estadounidense, como la llamamos, defendiendo la importancia de la emancipación de los esclavos. También se le ve hablando de este tema en La cuestión judía, sobre la importancia de apoyar la emancipación política como un proyecto más amplio de apoyo a la emancipación humana en general.

Vanessa Wills es filósofa política, especialista en ética, educadora y activista afincada en Washington D. C., donde es profesora asociada de Filosofía en la Universidad George Washington. Su monografía de 2024, Marx’s Ethical Vision, ha sido publicada por Oxford University Press.

Olúfẹ́mi O. Táíwò es profesor asociado de Filosofía en la Universidad de Georgetown. Obtuvo su doctorado en Filosofía en la Universidad de California en Los Ángeles. Ha publicado en revistas académicas como Public Affairs Quarterly, One Earth, Philosophical Papers y el boletín de la Asociación Filosófica Americana Philosophy and the Black Experience.

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8. El Sur global en un momento crítico.

Entrevista de Wenhua Zonghen -los chinos que colaboran con el Tricontinental- a Capasso y Alqaisiya sobre los conflictos geopolíticos actuales vistos desde el Sur global.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-dallillusione_umanitaria_alla_resistenza_necessaria_il_momento_critico_del_sud_globale/5496_64993/

 

• 28 de enero de 2026, 09:30

De la ilusión humanitaria a la resistencia necesaria: el momento crítico del Sur global

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Entrevista a Matteo Capasso y Walaa Alqaisiya, del Instituto de Estudios sobre Oriente Medio de la Universidad del Noroeste de China

por Rong Jianxin para Wenhua Zongheng

a cargo de Pasquale Liguori para L’Antidiplomatico

El 20 de enero de 2026 se cumplió el primer aniversario de la toma de posesión de Trump. Tres días antes, el propio Trump amenazó con imponer aranceles aduaneros a ocho países europeos, anunciando que los tipos se incrementarían progresivamente hasta el 10 % y luego hasta el 25 % hasta que se alcanzara un acuerdo sobre la «adquisición completa y total de Groenlandia por parte de los Estados Unidos». Medvédev comentó irónicamente que «hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande» (MAGA) equivale a «hacer que Dinamarca vuelva a ser pequeña y Europa vuelva a ser pobre». Una verdad que, según él, «incluso los idiotas han comprendido por fin».

¿Cómo debemos interpretar sistemáticamente las intervenciones internacionales de alta frecuencia e intensidad del primer año de la presidencia de Trump? Con tres años aún por delante, ¿cómo evolucionará el orden internacional?

En esta entrevista, Matteo Capasso y Walaa Alqaisiya, profesores del Instituto de Estudios sobre Oriente Medio de la Universidad del Noroeste de China, sostienen de manera incisiva que el orden mundial de la posguerra, las instituciones internacionales e incluso los valores «humanitarios» en los que se basa este sistema siempre han sido instrumentos para la búsqueda del beneficio imperialista y no algo que haya caído en desuso bajo Trump. Desde las campañas contra el terrorismo y las drogas hasta el Premio Nobel de la Paz, este marco ha permitido que el intervencionismo estadounidense prospere a nivel mundial: Gaza y Venezuela hoy en día no son más que versiones evolucionadas del Irak y Siria de ayer. Sin embargo, a diferencia de las naciones europeas que aún se aferran a las esperanzas de un orden internacional, los Estados Unidos en declive han reconocido con antelación la legitimidad ya vacilante de estas armas morales, descartándolas decididamente para perseguir en su lugar la consolidación interna y afirmar la hegemonía externa.

Los países del Sur se han alertado a tiempo, pero la mera concienciación no puede detener las bombas. Las fuerzas de resistencia antiimperialistas aún no han comprendido la necesidad de una autorreforma, atrapadas como están entre la clase compradora y las sanciones imperiales. Así, naciones y áreas regionales enteras, a pesar de tener una primacía moral, siguen fragmentándose por falta de capacidad estratégica. Los dos académicos entrevistados subrayan que nos encontramos en un momento crítico de aceleración histórica: los países del Sur necesitan alianzas regionales que, mediante la movilización masiva, superen la dependencia de los regímenes y transformen las palabras en condiciones materiales para la resistencia.

Wenhua Zongheng. Partamos de los hechos más recientes. Aunque la administración Trump es cada vez más descarada al no ocultar sus acciones, sus partidarios y representantes siguen esgrimiendo la retórica humanitaria como arma: Machado, por ejemplo, ha elogiado con fervor el secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos como una contribución «a la libertad del pueblo venezolano». Irónicamente, cuando Trump declaró su intención de asumir el control total de Groenlandia, los países occidentales, en particular los aliados de la OTAN, parecen haberse dado cuenta de repente de la falta de fiabilidad de este sistema. Cuando están en juego los intereses, el llamado orden internacional se convierte en papel mojado. Intentemos reconstruir con ustedes la historia de cómo Estados Unidos ha legitimado el intervencionismo extranjero a través de esa retórica.

Matteo Capasso, Walaa Alqaisiya. Una vez que se comprende que los «derechos humanos» y el «humanitarismo» no son principios universales, sino instrumentos complejos de proyección del poder imperial, las aparentes contradicciones en el discurso estadounidense desaparecen. El uso de esta retórica humanitaria como arma es una forma de humanización selectiva, en la que algunos grupos se consideran dignos de protección, mientras que otros quedan excluidos del universo moral, considerados indignos de derechos.

Esta selectividad opera a través de la estructura lógica de la definición de «humanidad» de las potencias imperiales. Basándose en jerarquías coloniales e imperiales, la modernidad occidental ha trazado históricamente la frontera entre «humano» y «no humano». El término «humano» en el discurso sobre los derechos humanos se refiere específicamente a aquellos grupos que sirven a los objetivos imperiales, mientras que los resistentes son sistemáticamente deshumanizados y, por lo tanto, excluidos de la protección humanitaria, tal y como ocurre con los «bárbaros y terroristas palestinos» en el contexto de Gaza. El pasado mes de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe sobre Derechos Humanos 2024, en el que calificaba las acciones israelíes en Gaza de «operaciones militares legítimas» y condenaba la tecnología de inteligencia artificial de China y los drones de Irán como «amenazas para los derechos humanos globales». Este enfoque revela claramente cómo el discurso humanitario juzga la aceptabilidad en función de la relación entre acciones específicas y los intereses imperiales de Estados Unidos.

Este patrón se vuelve más coherente si se examina cómo ha funcionado este marco discursivo humanitario a lo largo de décadas de intervención estadounidense en Asia occidental. El uso sistemático de los mecanismos de las Naciones Unidas como arma no solo protege las acciones diplomáticas, sino que también condona las operaciones de inteligencia directas y los ataques militares, erosionando fundamentalmente las instituciones internacionales.

Un ejemplo: la administración Bush justificó la invasión de Afganistán en 2001 citando la necesidad de «liberar a las mujeres afganas de la opresión de los talibanes». Laura Bush pronunció discursos radiofónicos sobre los derechos de las mujeres, mientras las bombas estadounidenses destruían las infraestructuras de Afganistán. Mediante el uso sistemático de la retórica feminista, Estados Unidos transformó una intervención puramente estratégica en una «misión civilizadora», creando el marco ideológico para la posterior ocupación que duró dos décadas. Irónicamente, la ocupación estadounidense no logró mejorar concretamente la situación de las mujeres, sino que provocó desplazamientos masivos y víctimas civiles, lo que demuestra que la retórica humanitaria oscureció el problema en lugar de resolver las condiciones materiales que pretendía mejorar.

La estrategia empleada durante la invasión de Irak en 2003 fue diferente, pero también reveló cómo se instrumentalizaron las instituciones de las Naciones Unidas para alcanzar objetivos militares. Las preocupaciones humanitarias relacionadas con la situación de los derechos humanos bajo el régimen de Sadam Husein proporcionaron una justificación parcial para el cambio de régimen, a pesar de que Estados Unidos había apoyado a ese mismo gobierno durante la guerra entre Irán e Irak por sus propios intereses. Un informe del New York Times de 1999 reveló que las agencias de inteligencia estadounidenses se habían infiltrado sistemáticamente en los equipos de inspección de armas de las Naciones Unidas para llevar a cabo actividades de espionaje contra Irak. De hecho, funcionarios estadounidenses confirmaron que la CIA utilizó la cobertura de los inspectores de las Naciones Unidas para recopilar información sobre las instalaciones militares iraquíes y las comunicaciones gubernamentales. Esta infiltración permitió a Estados Unidos recopilar información sobre posibles objetivos militares bajo la legitimidad internacional que le otorgaba la autorización de las Naciones Unidas, transformando misiones aparentemente humanitarias y de desarme en operaciones secretas de inteligencia al servicio de los objetivos estratégicos estadounidenses.

El caso libio demuestra cómo la estrategia aprovecha las instituciones internacionales para proporcionar legitimidad multilateral a la intervención imperial. La intervención de la OTAN en 2011 se autorizó en base al principio de la Responsabilidad de Proteger, aparentemente para evitar una posible catástrofe humanitaria en Bengasi. El comentario celebratorio de Hillary Clinton «We came, we saw, he died» (vinimos, vimos, murió), tras la muerte de Gadafi, puso al descubierto la lógica triunfalista que subyace al intervencionismo humanitario. El país más próspero de África se convirtió entonces en un lugar de mercados de esclavos y guerra civil.

Siria fue testigo de la versión más sofisticada de esta estrategia. La «preocupación humanitaria» por los manifestantes reprimidos por Assad sirvió de justificación para armar a la oposición, prolongando e intensificando el conflicto. La atención centrada en los ataques químicos y las víctimas civiles desvió la atención del objetivo más amplio de Estados Unidos: debilitar la influencia iraní y desmantelar la capacidad del Estado sirio. La amplificación sistemática de las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres y la protección de las minorías creó una presión moral a favor de la intervención; las afirmaciones de «proteger a la población» han ocultado el daño que les ha infligido el prolongado conflicto.

Este patrón persiste aún hoy. En agosto de 2025, los rebeldes hutíes de Yemen (AnsarAllah) irrumpieron en las oficinas del Programa Mundial de Alimentos y UNICEF en Saná. Afirmaron que estas organizaciones humanitarias se utilizaban para recopilar información y colaborar con la coalición liderada por Arabia Saudí que, con el apoyo militar de Estados Unidos, ha devastado Yemen.

El modelo de infiltración de las agencias de las Naciones Unidas utilizado durante la guerra de Irak ha alimentado las legítimas preocupaciones de la opinión pública sobre la posibilidad de que las organizaciones humanitarias sean cooptadas con fines militares. Al igual que ocurrió con las fundaciones humanitarias de Gaza, persisten las sospechas de que estas operaciones puedan ignorar los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.

Por último, el caso iraní ilustra cómo este marco se adapta cuando la intervención militar resulta inviable, convirtiéndose en última instancia en sanciones globales contra la nación y apoyo a los movimientos de oposición. Durante las protestas, Estados Unidos amplificó sistemáticamente las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres locales, instrumentalizando las luchas de las mujeres iraníes para socavar la estabilidad del Gobierno y presentando a Estados Unidos como defensor universal de los derechos humanos, a pesar de que las sanciones causaban daños tangibles a las mujeres y las familias iraníes. El discurso humanitario puede no tener ninguna relación con las preocupaciones reales de las poblaciones que pretende proteger.

Un análisis de las intervenciones históricas revela que el «imperialismo de los derechos humanos» constituye una estrategia global sistemática de Estados Unidos, más que la aplicación coherente de un principio universal. El mecanismo es idéntico en todas las operaciones: amplificar las quejas genuinas, al tiempo que se oculta la forma en que la intervención de Estados Unidos empeora las condiciones de los grupos que pretende proteger; crear crisis humanitarias para justificar intervenciones que sirven a objetivos geopolíticos más amplios; explotar las instituciones internacionales para conferir legitimidad multilateral a intereses imperiales unilaterales, socavando sistemáticamente su neutralidad mediante la infiltración de los servicios secretos y la coordinación militar.

A través de un meticuloso perfeccionamiento iterativo, este marco se utiliza ahora contra China en la era contemporánea. Mediante fraudes metodológicos e investigaciones fabricadas, Adrián Zenz ha inventado sistemáticamente acusaciones falsas contra China, instrumentalizando el discurso humanitario contra el nuevo rival de la hegemonía estadounidense. La respuesta de las instituciones internacionales también revela una fuerte parcialidad: en Gaza, ante pruebas concretas abrumadoras y la conclusión de la Corte Internacional de Justicia de que existen «pruebas creíbles de genocidio», estas instituciones occidentales han dudado, invitando a la moderación en las críticas. Sin embargo, ante investigaciones plagadas de errores matemáticos y defectos metodológicos, estas mismas instituciones han lanzado sin dudarlo acusaciones idénticas contra China.

Wenhua Zongheng. A este respecto, no se puede pasar por alto el Premio Nobel de la Paz 2025. Hace unos días, Machado donó la medalla y el diploma que recibió a Trump, lo que hace que este galardón, ya gravemente desacreditado, se parezca cada vez más a una farsa. De hecho, los críticos denuncian desde hace tiempo este premio como un arma del imperialismo de los derechos humanos. ¿Qué opinan al respecto?

Matteo Capasso, Walaa Alqaisiya. Inventar las «atrocidades» de los adversarios de un imperio para ocultar la verdadera violencia perpetrada por sus aliados: la última y más descarada manifestación de esta estrategia es la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la icónica opositora venezolana María Corina Machado. El Comité Noruego del Nobel la elogió por «promover incansablemente los derechos democráticos», pero ya en 2020 había firmado un acuerdo de cooperación formal con Netanyahu y el partido de derecha israelí Likud. Tras el premio, llamó por teléfono a Netanyahu para elogiar «los esfuerzos de Israel contra Irán» y expresó su apoyo a las acciones del ejército israelí durante el genocidio en Gaza. Como se afirma en una carta abierta al Comité Nobel por parte de la Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, este premio «está manchado de sangre». Los revolucionarios bolivarianos que Machado intenta aniquilar contrastan claramente con su postura. En julio de 2024, durante las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro proclamó «Viva la Palestina libre», mientras que su adversaria Machado había declarado tiempo atrás que «la lucha de Israel es nuestra lucha». Esta divergencia revela su oposición fundamental en cuanto a la actitud hacia el imperialismo y el genocidio, así como sus diferentes interpretaciones del verdadero significado de los «derechos humanos». En 2009, durante la operación israelí «Plomo Fundido», la revolución bolivariana de Chávez rompió relaciones diplomáticas con Israel y condenó sin ambages sus acciones genocidas en Gaza, lo que convirtió a Venezuela en la primera nación latinoamericana en romper relaciones con este Estado colonial y en reconocer las fronteras de Palestina de 1967.

Maduro ha definido constantemente la causa palestina como «la causa más sagrada de la humanidad» y en noviembre de 2024 acogió en Caracas la «Conferencia Internacional de Solidaridad con Palestina». La líder palestina Leila Khaled se dirigió a los delegados de 53 naciones presentes en la conferencia. Maduro apoyó la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, denunció el «silencio cobarde» de la ONU ante las atrocidades israelíes y advirtió que cualquier acuerdo de alto el fuego injusto solo conduciría a una «paz de escombros».

Por lo tanto, el premio Nobel de la Paz opera según una lógica de «humanitarismo al revés»: honra a los defensores indiscutibles del genocidio mientras silencia a quienes se oponen a él; fomenta la solidaridad con los criminales de guerra y condena la unidad de los oprimidos.

Machado se ha comprometido a restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, a trasladar la embajada de Venezuela a Jerusalén y a «reconocer plenamente la soberanía israelí sobre la ciudad», una medida que daría un giro a décadas de principios de solidaridad venezolanos y alinearía a la nación con el proyecto colonial de desmantelamiento de Palestina. Del mismo modo, ha apoyado explícitamente la privatización de la petrolera estatal venezolana (PDVSA), el desmantelamiento de la supervisión pública de la regulación financiera y la aplicación de las políticas de ajuste estructural dictadas por el FMI y el Banco Mundial, un «remedio» neoliberal que ha devastado numerosas naciones del Sur del mundo y enriquecido al capital transnacional.

El Premio Nobel de la Paz actúa como instrumento del poder blando imperialista-capitalista: cooptando a los líderes que se alinean con el consenso imperialista, exagerando la amenaza que representan las «bárbaras» luchas antiimperialistas, erosionando su influencia, consolidando la hegemonía occidental e instrumentalizando el humanitarismo para legitimar el abuso de la fuerza. Este ha sido el modus operandi constante del Premio Nobel de la Paz. En 1994, el premio fue otorgado a Shimon Peres, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, respaldando los Acuerdos de Oslo, un acuerdo que incorporó al movimiento de liberación nacional palestino en el marco de la gestión de la ayuda internacional, oscureciendo su naturaleza antiimperialista y sentando las bases institucionales para el actual genocidio. En 2009, Barack Obama recibió el premio pocos meses después de su toma de posesión. A continuación, amplió rápidamente los asesinatos con drones en Somalia, Yemen y Pakistán, llevó a cabo una guerra híbrida, destruyó Libia y amplió las bases militares en África y Oriente Medio. En 2016, el premio fue otorgado al presidente colombiano Juan Manuel Santos, lo que confería legitimidad internacional a su llamado «proceso de paz», un proceso precedido por la campaña de asesinatos sistemáticos de su gobierno contra los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que finalmente preservó el dominio oligárquico al abrir las puertas de la nación al capital transnacional.

El momento en que se otorgó el premio a Machado también es significativo. Durante la ceremonia de diciembre de 2025, organizaciones pacifistas noruegas organizaron protestas en el exterior, mientras que más de 80 latinoamericanos fueron asesinados en el Caribe por las fuerzas estadounidenses con el pretexto de la «lucha contra las drogas». Cuatro organismos de las Naciones Unidas determinaron que estas acciones de Estados Unidos constituyen «ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional». Machado no solo aprobó el marco operativo de Estados Unidos, sino que también se hizo eco de las acusaciones de la administración Trump, calificando a Venezuela de Estado «narcoterrorista» que requiere una intervención militar. La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad condenó el premio, afirmando que «se ha otorgado a un político que apoya la intervención y defiende las violaciones del derecho internacional, traicionando el propósito mismo del Premio Nobel de la Paz». Sin embargo, esta aparente contradicción se disipa cuando se reconoce que el verdadero propósito del premio nunca ha sido promover la paz, sino legitimar la violencia esencial para sostener la hegemonía imperial.

Si la comunidad internacional no reconoce y se opone a estas prácticas, la retórica humanitaria que en su día legitimó la destrucción de Afganistán, Irak, Libia y Siria (junto con la infiltración sistemática de las agencias de las Naciones Unidas para la recopilación de información y los ataques selectivos) seguirá utilizándose contra cualquier nación que se atreva a seguir un camino independiente. El apoyo abierto de Netanyahu al secuestro militar estadounidense del presidente de Venezuela, junto con el encubrimiento por parte del premio Nobel de la Paz de los aliados ideológicos imperialistas —lo que está ocurriendo hoy en Caracas— demuestra que no se trata de un riesgo hipotético futuro, sino de actualidad. El discurso sobre los derechos humanos, sistemáticamente erosionado, tal y como previeron los estrategas imperialistas, se utilizará inevitablemente contra China, allanando el camino para lo que podría convertirse en el enfrentamiento más significativo entre grandes potencias en la historia de la humanidad hasta la fecha. Por lo tanto, el restablecimiento de principios humanitarios auténticos y de la independencia institucional se ha convertido en un imperativo urgente para el futuro común de la humanidad y para la paz y la justicia globales.

Wenhua Zongheng. Sin embargo, en los conflictos recientes, observamos un claro declive en la aceptación internacional de esta narrativa. Desde la «guerra contra el terrorismo» hasta la «guerra contra las drogas», el enfoque estadounidense tiene cada vez menos eco. ¿Cómo interpretar este cambio de percepción?

Matteo Capasso, Walaa Alqaisiya. Para entender por qué la narrativa de la «guerra contra las drogas» ha perdido su eficacia, primero debemos repasar el contexto histórico de las estrategias de propaganda imperial. Desde la Guerra Fría, Estados Unidos ha utilizado constantemente estas narrativas para justificar sus intervenciones en el Sur del mundo. La «guerra contra las drogas» sigue la misma línea que la «guerra contra el terrorismo»: al crear enemigos abstractos —terrorismo, drogas, migrantes, corrupción— legitima la agresión militar, económica y política contra los Estados soberanos que se resisten a la hegemonía estadounidense.

El modelo de la «guerra contra las drogas» se estableció durante la era Reagan. La «guerra contra el terrorismo» que surgió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 representó una versión intensificada y globalizada de la misma, no una novedad. Ambas operan a través de mecanismos idénticos: se racializa a poblaciones específicas y se las describe como intrínsecamente amenazantes; se militarizan cuestiones que originalmente pertenecían al ámbito social o de la salud pública; las instituciones internacionales se manipulan para proporcionar una legitimidad cambiante a los objetivos imperiales unilaterales; y se destruye, encarcela o elimina a aquellos que el capitalismo neoliberal considera «población excedente» para obtener beneficios. En 1971, la administración Nixon criminalizó el consumo de drogas, utilizándolo a nivel nacional como mecanismo de control racializado; a través de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA), esta lógica se extendió a nivel mundial, convirtiendo a las naciones soberanas en objetivos de la policía imperial. Cuando comenzó la «guerra contra el terrorismo», ya existía un aparato completo que incluía ideología, marcos institucionales y despliegues militares.

Hoy en día, el mundo ve más allá de estas mentiras, ya que la historia del imperialismo está ahora a la vista de todos. La coherencia de este modelo operativo es demasiado evidente como para ser ignorada o malinterpretada. En los últimos dos años, Gaza ha sido escenario del crimen más atroz de este siglo: un genocidio retransmitido en directo por televisión, en el que las fuerzas israelíes han masacrado a más de 64 000 niños, mientras Estados Unidos les proporcionaba munición, cobertura diplomática y apoyo financiero. Asistimos a un contraste escalofriante y estimulante: Trump ha cortejado y elogiado con entusiasmo al actual presidente sirio Ahmad al-Sharaa (alias Abu Muhammad al-Julani), que en su día fue designado terrorista por Estados Unidos; al mismo tiempo, Estados Unidos ha tildado a Nicolás Maduro de «señor de la droga».

Los terroristas se convierten en políticos, los presidentes electos se convierten en delincuentes: estas etiquetas no tienen nada que ver con el hecho de que realmente hayan participado en el terrorismo o el tráfico de drogas. Se parecen más a etiquetas imperiales: impuestas a los resistentes, luego retiradas una vez que se someten.

Antes de 2001, la producción de opio en Afganistán se había reducido diez veces. Posteriormente, durante la ocupación estadounidense, se multiplicó por treinta. Tras la retirada de Estados Unidos, los talibanes prohibieron el cultivo de adormidera, lo que provocó una caída del 95 % en la producción de opio. Según los informes de las Naciones Unidas, Venezuela solo desempeña un papel marginal en el tráfico mundial de drogas, pero se enfrenta a las acusaciones de Estados Unidos de «contrabando de drogas»; mientras tanto, los bancos de Wall Street blanquean dinero para los cárteles de la droga con total impunidad: el Wachovia Bank financió envíos de cocaína por valor de cientos de millones de dólares sin que ningún directivo fuera procesado penalmente; Filadelfia confiscó un barco de JPMorgan Chase cargado de cocaína, pero solo los miembros de la tripulación fueron encarcelados. Ante sus contradicciones internas, esta narrativa propagandística se ha derrumbado hace tiempo.

La mayor parte de la población mundial, en particular la del Sur, ha sido testigo de demasiadas intervenciones históricas como para aceptar esta retórica como válida. Los pueblos latinoamericanos han sido testigos del «Plan Colombia» y la «Iniciativa Mérida», que han invertido miles de millones en militarización, pero los flujos locales de drogas siguen sin cambios, mientras que la violencia contra la población civil aumenta. Sus tierras natales se han convertido en las regiones más violentas del mundo —ocho de los diez países con las tasas de homicidios más altas a nivel mundial se encuentran en América Latina—, una consecuencia directa de la «guerra contra las drogas». Los pueblos de Asia occidental y el norte de África han sido testigos de primera mano de la devastación causada en Irak, Libia, Siria y Afganistán con el pretexto de la «guerra contra el terrorismo», que ha reducido a la ruina a naciones caóticas que antes eran prósperas. El patrón es claro: destrucción continua, consecuencias previsibles, saqueo inevitable de los recursos tras la intervención militar y estrecha relación con las maniobras geopolíticas. . La gente ha aprendido por las malas la dura lección de la «educación basada en la experiencia» del imperialismo.

Wenhua Zongheng. ¿Significa esto que la resistencia al intervencionismo estadounidense se ha convertido en un consenso entre las naciones del Sur? ¿Qué implicaciones podría tener esto para la dinámica internacional actual y futura?

Matteo Capasso, Walaa Alqaisiya. ¿Este creciente escepticismo indica que el intervencionismo estadounidense se enfrenta a una crisis fundamental de legitimidad? Sin duda, pero debemos comprender el momento histórico en el que vivimos y lo que esta crisis puede o no significar.

Hemos entrado en una era de historia acelerada. Se trata de un momento crítico sin precedentes: la situación es compleja y turbulenta, los acontecimientos se aceleran rápidamente y estamos al borde de una explosión. Las grandes transformaciones históricas suelen comenzar así: los factores que precipitan el colapso se acumulan inexorablemente, mientras un imperio moribundo se lanza en todas direcciones, ignorando las reglas, sin ejercer ninguna moderación y abandonando por completo su anterior apariencia de legitimidad.

Trump lo ha dejado claro recientemente de forma inequívoca: «No necesito el derecho internacional». No se trata de un lapsus, sino de una declaración oficial de que el orden internacional existente ya no ofrece ninguna protección, rompiendo por completo la ilusión de que el mecanismo de las Naciones Unidas y las instituciones dominadas por Occidente pueden proteger a los oprimidos de la violencia imperial.

Quien siga creyendo en el sistema actual vive en una peligrosa ilusión al depositar sus esperanzas en el derecho internacional, en las instituciones controladas por los perpetradores de la violencia o en Estados Unidos y sus aliados, que se han autoproclamado protectores de los débiles. El orden imperante nunca se concibió para frenar al imperio, sino para legitimarlo. Trump simplemente ha articulado lo que siempre ha sido cierto. Un imperio en decadencia se vuelve cada vez más salvaje, utilizando la colonización y el genocidio como herramientas, mientras que las mismas instituciones que deberían impedir tales horrores son instrumentalizadas para garantizar su licencia.

Recientemente, Trump publicó imágenes manipuladas por inteligencia artificial en su plataforma «Truth Social», superponiendo la bandera de estrellas y rayas a Canadá, al territorio danés de Groenlandia y a Venezuela.

La cuestión crucial es que, aunque la legitimidad está disminuyendo, Estados Unidos e Israel no se han detenido ni han dado marcha atrás. Se han consolidado internamente. Tras descubrir el fracaso de los antiguos mecanismos de consenso, han comenzado a reestructurarse, recurriendo por completo a medios coercitivos; esto requiere un mando unificado y centralizado, no instituciones fragmentadas que sigan preocupadas por la legitimidad y la imagen.

Trump ha comprendido todo esto con un instinto de gánster, si se niega a reconocerlo como estratega. Ha marginado sistemáticamente a todas las instituciones que podían limitar el poder ejecutivo: la cautela del Pentágono, las consideraciones diplomáticas del Departamento de Estado, las objeciones procedimentales de las agencias de inteligencia. Los liberales lamentan el declive de las normas democráticas, pero desde el punto de vista de la consolidación imperial, esto representa una necesaria eliminación de obstáculos. El «Estado profundo» denunciado por Trump no es una camarilla conspiradora, sino más bien los residuos institucionales acumulados desde los albores de la hegemonía estadounidense, una época en la que el dominio de Estados Unidos era seguro y podía soportar niveles de deliberación cautelosa. Esa época ha terminado irrevocablemente. La contribución de Trump consiste en adaptar el aparato de poder estadounidense a las exigencias del declive imperial: acción rápida, ejecución despiadada e impulso imparable sin obstáculos por parte de la disidencia interna.

Netanyahu ha replicado este enfoque dentro del establishment sionista. Después del 7 de octubre de 2023, se enfrentó a una intensa oposición interna: protestas que exigían su dimisión, funcionarios militares y de los servicios secretos que cuestionaban su liderazgo, familias de los rehenes que pedían negociaciones. Los ignoró a todos. Netanyahu marginó a las agencias de seguridad que no lograron organizar la resistencia, reprimió a los opositores políticos y concentró todo el poder de decisión en un gabinete de guerra que operaba completamente al margen de las restricciones institucionales. Antes de llevar a cabo el genocidio, resolvió de forma preventiva todos los conflictos internos que podrían haberlo limitado. La lección es clara: cualquiera que logre la cohesión interna puede actuar externamente sin restricciones.

Por lo tanto, a pesar de que existe una crisis de legitimidad, la capacidad del imperio permanece intacta. La narrativa está fallando, pero solo era una herramienta para la «fase de consenso»; el pretexto ha sido desenmascarado, pero esto solo importa mientras el imperio siga buscando validación. La opinión pública internacional se ha vuelto claramente contra Estados Unidos e Israel, pero la opinión pública solo limita a aquellos que aún esperan que las masas acepten los mecanismos de funcionamiento hegemónico. El Sur del mundo ya no cree en la propaganda del imperio, ni al imperio le importa.

Estados Unidos ha bombardeado Venezuela sin consecuencias. Sigue financiando a Israel, proporcionándole armas para el genocidio, ignorando las sentencias de la Corte Internacional, las resoluciones de la ONU o el terrorismo cotidiano del que son testigos miles de millones de personas. Trump declaró que no necesitaba el derecho internacional y ha cumplido su promesa. La maquinaria imperial se ha liberado de las restricciones institucionales de su hegemonía y ahora opera con pura coacción. Ya no necesita la confianza de la opinión pública: basta con la ausencia de un poder contrario eficaz. El mundo ve a través de las mentiras, pero eso por sí solo no es suficiente para detener las armas.

Wenhua Zongheng. De hecho, podemos observar que, con la pérdida de legitimidad de las viejas máscaras, Estados Unidos ya no intenta ocultar sus verdaderas intenciones. Muchos sostienen que la política internacional contemporánea ha entrado en una era en la que «la fuerza es la razón», sin un orden internacional eficaz que equilibre o limite este poder incontrolado. ¿Qué opinan al respecto? ¿Se convertirá esto en el tema central de los asuntos internacionales en los próximos años?

Matteo Capasso, Walaa Alqaisiya. Para responder a esta pregunta, tomaremos prestadas las ideas de dos importantes pensadores marxistas. Antonio Gramsci observó en una ocasión: «El viejo mundo está muriendo, el nuevo mundo tarda en nacer: ahora es la era de los monstruos», describiendo con precisión la regresión del mundo hacia la «ley del más fuerte» como una crisis de transición. En su discurso del Día de la Victoria, el presidente Xi Jinping destacó que «la humanidad se enfrenta una vez más a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, la cooperación beneficiosa para todos o los juegos de suma cero», revelando la naturaleza dialéctica de nuestra realidad histórica: las contradicciones están unificadas, son mutuamente permeables y pueden transformarse unas en otras en condiciones materiales específicas.

El colapso del sistema internacional representa una contradicción crucial entre dos modos de reproducción social fundamentalmente opuestos. El imperialismo liderado por Estados Unidos ha evolucionado hacia un sistema de «acumulación a través del despilfarro», en el que, en condiciones de monopolio financiero, la destrucción sistémica se ha convertido en el principal medio del capitalismo para la creación de valor y el control político. Este orden moribundo no cederá simplemente el paso a un sistema multipolar: intensifica sus inversiones en la violencia organizada, ya que esta sigue siendo el único medio viable para mantener la hegemonía. La estabilidad superficial de las sociedades occidentales se basa en la continua inestabilidad de las regiones periféricas: el orden internacional «pacífico» ensalzado por los institucionalistas liberales se basa en las prolongadas intervenciones violentas de Occidente en Asia occidental y América. La base material de esta «paz» es la guerra perpetua del Sur del mundo; no se trata de simples dicotomías, sino de realidades que coexisten desde hace tiempo en el sistema global actual.

Oriente Medio actúa como punto de convergencia de estos dos sistemas, donde estallan las contradicciones. Gaza encarna el modelo arquetípico de la «acumulación por destrucción», mientras que el eje más amplio de la resistencia ha estimulado una mayor conciencia antiimperialista entre las poblaciones semiproletarizadas. El conflicto prolongado tiene múltiples funciones: resuelve las crisis de sobreproducción capitalista mediante el gasto militar, elimina los grupos potenciales de resistencia, desmantela las economías nacionales competidoras y crea nuevos mercados para la reconstrucción. Al mismo tiempo, las contradicciones generadas por el propio conflicto fragmentan los movimientos de resistencia.

El llamado «monstruo» de Gramsci surge precisamente cuando ni el antiguo ni el nuevo orden logran una victoria decisiva. El retorno de la ley del más fuerte marca el agotamiento, no el triunfo, de los mecanismos imperiales tradicionales. Incapaz de mantener su dominio mediante la integración económica o la legitimidad política, el sistema imperial depende cada vez más de la violencia directa y la destrucción sistemática. El énfasis del presidente Xi Jinping en la «elección» significa que la acción humana debe operar dentro del marco de la contradicción, no trascenderla. Las crecientes tensiones de la situación actual están generando al mismo tiempo su antítesis: optar por la paz, el diálogo y la cooperación mutuamente beneficiosa no solo es moralmente superior, sino que se ha convertido en una necesidad histórica para la supervivencia humana. China ha trazado una vía de desarrollo alternativa y el poder organizativo de los movimientos populares del Sur global debe unirse dialécticamente a ella. Esto no representa ni la paz pura ni la guerra pura, sino un proceso de transformación en el que la lucha misma crea posibilidades completamente nuevas para la regeneración de las relaciones sociales. No nos enfrentamos a una regresión permanente, sino a una apuesta de alto riesgo para la civilización, cuyo resultado sigue siendo incierto. A medida que los mecanismos tradicionales de explotación se acercan a sus límites, las potencias imperiales podrían recurrir cada vez más a la matanza y la violencia. Comprender la dialéctica entre la paz y la guerra revela por qué este período de transición parece tan caótico, ya que encierra posibilidades sin precedentes de transformación sistémica más allá de la lógica de la destrucción organizada. La pregunta fundamental ahora es si las fuerzas transformadoras pueden intervenir de manera decisiva antes de que los mecanismos imperialistas de destrucción destruyan las bases materiales sobre las que se asienta la civilización humana.

Wenhua Zongheng. En el Sur del mundo, en particular, surge otra tendencia. Por un lado, naciones como Sudáfrica, Cuba y Colombia suelen expresar una oposición más firme a estas injusticias que las principales potencias occidentales. Por otro lado, sin embargo, la capacidad del Sur del mundo para influir de manera concreta en estas dinámicas sigue siendo muy limitada.

Matteo Capasso, Walaa Alqaisiya. Esta contradicción está en el centro de la política contemporánea. No basta con desenmascarar las mentiras; el factor crucial reside en la capacidad de traducir esta claridad moral en acciones concretas. Cerrar la brecha entre la conciencia y la práctica que atrapa a los pueblos del Sur del mundo es la tarea urgente que nos espera.

En primer lugar, debemos reconocer la existencia de esta brecha. Sudáfrica, basándose en su legado antiapartheid, ha demostrado un extraordinario coraje moral al iniciar un proceso por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Bajo el liderazgo de Lula, Brasil ha retirado a su embajador y condenado las acciones de Israel. Colombia, bajo Petro, ha apoyado públicamente a Palestina y ha roto relaciones diplomáticas con Israel. México también se ha sumado al proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Esto demuestra que una parte significativa de la humanidad se niega a aceptar el consenso moral y la normalización de la violencia impuesta por la hegemonía imperialista. Sin embargo, estas posiciones de principio no han detenido ni una sola bala, ni han puesto fin al genocidio, ni han resuelto la hambruna, ni han obligado a las potencias interesadas a abrir corredores humanitarios. La contradicción es evidente: el Sur del mundo está alzando la voz, mientras que el imperialismo hace oídos sordos.

¿Por qué? Porque las fuerzas antiimperialistas no se han reconfigurado para este momento, a diferencia de las potencias imperialistas.

Como ya se ha señalado, Trump y Netanyahu han comprendido que las organizaciones fragmentadas en su interior no pueden emprender luchas a muerte en el exterior. Por lo tanto, han resuelto las contradicciones internas, marginado a las fuerzas de la oposición y consolidado órganos de decisión capaces de actuar sin restricciones (fascismo y autoritarismo). El Sur del mundo, sin embargo, no ha experimentado una reconfiguración comparable. Los gobiernos progresistas siguen operando dentro de estructuras estatales diseñadas para la dependencia. Las organizaciones regionales siguen siendo débiles o se han derrumbado: el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) existe solo de nombre, la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) está gravemente debilitada y la Unión Africana sigue encadenada a los sistemas económicos neocoloniales. Incluso la burguesía nacional nominalmente progresista sigue indisolublemente ligada al capital transnacional, lo que limita enormemente su margen de maniobra. El resultado neto es que las naciones del Sur tienen una posición moral, pero carecen de capacidad estratégica.

Sin embargo, persiste una cuestión más profunda. Lejos de unirse, el Sur del mundo se enfrenta a una activa fragmentación interna.

Como observa el marxista árabe Adel Samara, lo que estamos presenciando puede definirse como «una tercera ola de nacionalismo». A diferencia de la primera ola (el nacionalismo burgués europeo, que consolidó los Estados-nación mientras se dedicaba al saqueo colonial global) y de la segunda ola (los movimientos de liberación anticolonial de mediados del siglo XX), esta tercera ola de nacionalismo es un proyecto orquestado por el imperialismo y diseñado para desmantelar las naciones recién independizadas surgidas de la descolonización. Funciona a través de un mecanismo preciso: las potencias imperialistas se alían con la burguesía compradora, cuyos intereses están más en consonancia con las exigencias hegemónicas del dominio externo que con el desarrollo interno. Posteriormente, estas élites locales son explotadas para fragmentar las naciones existentes según criterios étnicos, sectarios o regionales. Al final, surgieron una multitud de entidades micropolíticas dependientes: estas se convirtieron en puestos avanzados imperiales permanentes, provocando continuamente guerras en sus países de origen y en sus regiones bajo la bandera de la autodeterminación.

Observen los acontecimientos que se están desarrollando en el mundo árabe y en el Cuerno de África. Los Emiratos Árabes Unidos (un Estado gobernado por una familia cuya riqueza proviene íntegramente de los ingresos del petróleo y el gas, con una orientación estratégica totalmente subordinada a los intereses estadounidenses e israelíes) se han convertido en uno de los principales instigadores de la fragmentación regional. Arman y financian a las fuerzas separatistas en el sur de Yemen, ya que perciben un Yemen unificado como una amenaza, mientras que un régimen títere fragmentado sigue siendo manipulable. Apoyan a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, convirtiendo una crisis política inicial en una catástrofe civil que ha provocado el desplazamiento de millones de personas y ha puesto en peligro el futuro de Sudán como Estado unificado. La misma lógica se está aplicando en Somalilandia: no hay ninguna justificación legítima para reconocer esta entidad separatista, cuyo único objetivo es debilitar a Somalia, establecer otro puesto imperial en el Mar Rojo y demostrar al mundo que la soberanía africana no tiene valor cuando los Estados del Golfo proporcionan financiación y los imperios occidentales dan su permiso.

En Siria, una alianza de regímenes árabes, monarquías del Golfo, potencias occidentales, Turquía e Israel ha pasado décadas financiando, armando y proporcionando cobertura diplomática para la destrucción del Gobierno del país. Después de que Ahmad al-Sharaa fuera investido presidente, Israel invadió inmediatamente el territorio sirio, desmantelando sistemáticamente las infraestructuras militares de la nación. El lema de la República Árabe Siria era «Unidad, libertad, socialismo»: precisamente por eso la coalición tenía que destruir esta nación que defendía con firmeza su independencia y autosuficiencia. Estas tres palabras representan los valores que el Sur del mundo debe defender ahora.

Cada desintegración regional exitosa —desde Sudán del Sur, Kosovo, Somalilandia, Libia hasta Yemen— debilita la fuerza colectiva de las naciones marginadas para resistir al poder imperial. Estos micro-regímenes emergentes son intrínsecamente dependientes, sus líderes compradores están respaldados exclusivamente por financiadores externos, sus economías están estructuradas para la extracción de recursos y sus ejércitos están entrenados para atacar a sus vecinos en lugar de a las amenazas externas. Las élites miopes, embriagadas por el falso encanto del poder, sirven a los intereses imperiales en detrimento de su propio pueblo, y así el mundo marginal se precipita hacia la autodestrucción.

Wenhua Zongheng. Como se puede observar, liberarse subjetivamente de la dependencia ya es extremadamente difícil. Objetivamente, sin embargo, las naciones que persisten en la resistencia suelen convertirse en objetivos primarios de sanciones o ataques. Ante esta contradicción, ¿dónde ve la clave para que el Sur del mundo supere su difícil situación actual?

Matteo Capasso, Walaa Alqaisiya. Irán y Venezuela son ejemplos claros: su compromiso con la independencia los ha expuesto a ataques imperialistas a gran escala. Irán se enfrenta a una serie de acciones abiertas destinadas a cambiar el régimen, entre las que se incluyen bloqueos económicos, disturbios sociales orquestados, asesinatos israelíes y amenazas directas por parte de Estados Unidos. El Eje de la Resistencia ha demostrado en el pasado lo que pueden lograr las fuerzas antiimperialistas organizadas, pero hoy en día esta red se encuentra gravemente debilitada e Irán aún tiene que reconstruir su marco estratégico. En el hemisferio occidental, los esfuerzos antiimperialistas fundamentales de Venezuela han sufrido una agresión militar directa: con el pretexto de «combatir el tráfico de drogas», su presidente ha sido secuestrado, sus pescadores bombardeados y su soberanía nacional completamente ignorada. La revolución bolivariana ha demostrado la posibilidad de un camino alternativo de desarrollo, pero ahora su propia supervivencia se ve puesta a prueba. Ambas revoluciones se enfrentan a retos estructurales idénticos: una organización interna fragmentada o unas medidas poco incisivas resultan inadecuadas frente a ofensivas de tal magnitud; ninguna nación puede resistirlas por sí sola. La solidaridad regional es el requisito previo para la supervivencia.

El Sur del mundo debe revivir el espíritu de Bandung, pero esta vez a través de la alianza, no de la no alineación. El Movimiento de Países No Alineados nació en un momento histórico específico, en el que la navegación entre las superpotencias podía crear espacio para las naciones recién independizadas. Los tiempos han cambiado. Hoy en día, la no alineación se ha convertido en equivalente a una alineación tácita con las potencias imperialistas, que explotan la neutralidad en lugar de respetarla. El Sur del mundo necesita alianzas internas para oponerse colectivamente al sistema capitalista imperialista de Occidente, forjando un nuevo internacionalismo que ponga en común los recursos materiales en lugar de limitarse a declarar posiciones en el discurso.

Estas nuevas alianzas deben comenzar con el desmantelamiento de las estructuras existentes. ¿Por qué la sede de las Naciones Unidas sigue estando en Nueva York? Aquí, Estados Unidos puede secuestrar arbitrariamente a cualquier líder extranjero, activista o disidente que pise su suelo. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia se encuentra en La Haya, una ciudad en territorio de la OTAN y en el corazón imperial?

Esos acuerdos, aunque en su momento estuvieron justificados, solo fueron viables durante el breve período posterior a la Segunda Guerra Mundial, antes de que se desvelara por completo la ilusión de un «orden basado en normas». Ahora que la ilusión se ha desvanecido, el Sur del mundo debería al menos pedir el traslado de las instituciones internacionales al Tercer Mundo, o emprender acciones más radicales y necesarias para establecer instituciones paralelas cuyos estatutos no sean redactados por las potencias occidentales y cuyas operaciones no estén sujetas al veto occidental.

China está haciendo todo lo posible. La iniciativa Belt and Road constituye la infraestructura fundamental para la vía de desarrollo alternativa más significativa de la historia de la humanidad. La Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global son marcos concretos para organizar el mundo en torno a la construcción en lugar de la destrucción, al diálogo en lugar de la coacción y al beneficio mutuo en lugar del saqueo imperial. China ha demostrado que es posible un desarrollo rápido fuera del control occidental y que una civilización puede modernizarse sin someterse a la hegemonía atlántica. Sin embargo, China no puede lograr este objetivo por sí sola. El Sur global debe emprender la ardua tarea de la «desvinculación»: reducir la dependencia del dólar estadounidense, establecer mecanismos de pago alternativos y profundizar el comercio Sur-Sur que eluda los puntos de estrangulamiento occidentales. El BRICS es un comienzo, pero solo un comienzo; debe evolucionar aún más o ser sustituido por mecanismos organizativos capaces de acciones más decisivas.

Sin embargo, las naciones no alcanzarán este objetivo automáticamente. Demasiadas clases dirigentes del Sur del mundo ya se han reconciliado con el imperialismo. Estas burguesías compradoras, que se benefician de la subordinación, no actuarán si no se les obliga. Por lo tanto, la movilización masiva es fundamental: el pueblo debe obligar al Estado a actuar cuando es prisionero de los intereses compradores, defender a los gobiernos progresistas de la subversión imperial y crear las condiciones políticas que permitan las alianzas. La movilización masiva antiimperialista debe surgir a todos los niveles, desde las calles hasta el Estado, desde lo local hasta lo regional, porque la historia no espera a nadie que no esté preparado. Rosa Luxemburg, desarrollando la teoría de Marx, observó de manera incisiva: socialismo o barbarie. Hoy en día, esta ya no es una elección abstracta. Estamos asistiendo a una barbarie desenmascarada: en Gaza, en el Caribe, en los procesos de fragmentación que afectan a todas las naciones que afirman su independencia. El siglo XX demostró que es posible resistir al colonialismo; el siglo XXI solo ofrece dos resultados: o el triunfo de la resistencia o la capitulación total. No existe una zona gris y la rendición significa el fracaso de la propia humanidad. La respuesta definitiva depende por completo de la capacidad del Sur del mundo para transformar las posiciones morales en condiciones materiales, unir los discursos en una subversión institucional y fusionar la resistencia fragmentada en una fuerza coordinada de oposición.