“Vivienda o morienda” por Miguel Candel Sanmartín

Antes de que el amigo lector pierda miserablemente el tiempo buscando el significado del segundo sustantivo de nuestro título en el DRAE, el María Moliner, el Casares o esa madre nutricia de la IA llamada Google, adelantaré que dicho palabro es sólo un invento del firmante, cuyo significado es el que se le va a dar a lo largo de este texto.

¿Con qué fin? No precisamente el de enriquecer el vocabulario de nuestra(s) lengua(s) (se adapta igual al léxico castellano que al catalán), sino el de llamar la atención sobre una conexión que quizá se le escapa a mucha gente ahora que el triste caso del desahucio de una anciana moribunda ha actuado como chispa sobre la mucha pólvora de malestar acumulada en torno al problema de la vivienda en España (y, por lo visto, no sólo aquí: otros países europeos parecen sufrir situaciones parecidas, lo que sin duda explica el éxito electoral de partidos de izquierda que han sabido recoger el sentir popular sobre el tema en ciudades como Linz o Salzburgo en Austria y Berlín en Alemania).

El problema de la vivienda, que siempre ha sido importante, ha adquirido en los últimos lustros rasgos de perentoriedad, sobre todo para las generaciones más jóvenes. La mayoría opinante sobre el asunto se limita, según parece, a señalar sus aspectos técnicos, eludiendo los propiamente políticos. (Parece una constante el hecho de que las ideologías partidarias del mantenimiento del statu quo, tradicionalmente consideradas «de derechas», tiendan a reducir todos los problemas sociales a cuestiones técnicas, mientras que las llamadas ―a menudo inmerecidamente― «de izquierdas» caigan en el reduccionismo opuesto, siendo así que ambos aspectos del problema están estrechamente entrelazados).

Al menos en el caso de España es obvio que se trata de un problema multifactorial. Un aumento de la población (sobre todo vía inmigración) que no se corresponde con el aumento de la oferta de vivienda asequible (en lo que también tiene mucho que ver el insuficiente aumento de los salarios). Un excesivo peso del sector privado en el mercado inmobiliario que la política gubernamental en la materia, lejos de corregir, agrava, al limitarse a poner topes al precio de los alquileres en lugar de entrar directamente en el mercado con una oferta de vivienda pública suficiente para inclinar la balanza entre oferta y demanda a favor del inquilino y del comprador para uso propio (es harto conocido el efecto contraproducente de los topes a los alquileres, que lleva a buen número de propietarios a retirarse del mercado del alquiler para pasar al de la compraventa; además los topes, por economías de escala, perjudican más a los pequeños que a los grandes propietarios, cuya fuerza a la hora de hacer subir los precios reduciendo la oferta es mucho mayor). Este último factor, el del poder de los grandes tenedores, particularmente los llamados fondos «buitre» (¡es el capitalismo, estúpido!), sólo admite, hoy por hoy, intervenciones correctoras en el ámbito fiscal, por ejemplo mediante una fiscalidad progresiva en función del número de viviendas poseídas, frenando así la concentración excesiva de la propiedad inmobiliaria. Dichas medidas fiscales deberían, por supuesto, ser más audaces por parte del gobierno (no cayendo, por ejemplo, en el craso error de subvencionar parte del alquiler a familias de bajos ingresos, lo que implica una socialmente regresiva transferencia de fondos públicos al sector privado). Pero está bastante claro, más allá de algunos alardes retóricos y brindis al sol, que la naturaleza de nuestros gobiernos en este asunto está más cerca del olmo que del peral.

En cualquier caso, y aun a riesgo de verse reducido a la patética condición de vox clamans in deserto, no puede uno dejar de recordar, como se adelantó unos renglones más arriba, que en un contexto capitalista tan desenfrenado como el nuestro cualquier medida para introducir correcciones en el mercado inmobiliario nunca podrá pasar del nivel de lo meramente paliativo. Es decir que sólo una economía guiada por la justicia social y no por la maximización del beneficio, que incluya la vivienda en el mismo capítulo de políticas públicas que la educación y la sanidad, por ejemplo, podría dejar de ser un parche tan expuesto a generar efectos secundarios perniciosos como las políticas de vivienda conocidas hasta la fecha.

Pero, recordando la segunda parte de nuestro título, tampoco hay que perder de vista un factor que también está incidiendo, aunque (aparentemente) de manera indirecta, en las dificultades de la gente para acceder a la vivienda, al incidir de manera negativa en el gasto social que pueden permitirse los Estados. Me refiero, como es obvio, a las políticas de rearme y consiguiente fomento de la industria armamentística a base de cebarla con colosales dispendios de dinero público: sin ir más lejos, ¡800.000 millones en una Alemania que parece haber olvidado el aspecto que ofrecían sus ciudades en 1945! (Si quisieran recordarlo, quizá les bastaría echar un vistazo al estado actual de muchas ciudades ucranianas y neorrusas…)

Porque, como no se cansan de repetir todos los gobiernos UEuropeos sin excepción (en todo caso, con excepcional fuerza retórico-demagógica por parte de algunos de ellos), se supone que debemos prepararnos para una «inevitable» guerra con la Federación Rusa. De modo que toca apretarse el cinturón (seguramente para soportar mejor el peso de las cartucheras sin que se nos caigan los pantalones). Y, obviamente, se tratará de una guerra justa justísima, porque se tratará de defendernos de la pérfida agresión rusa, que una vez se haya zampado lo que queda de Ucrania seguirá, como mínimo, hasta Dunkerque (y no estamos seguros de que esta vez los británicos tengan barcos suficientes para evacuarnos a todos como en 1940, que para algo hicieron su Brexit).

Pues bien, para apretarse el cinturón hay que comer menos, cosa que nuestros beneméritos gobiernos ya se ocupan de garantizar apoyando a Zelenski con los centenares de miles de millones que podrían servir, en vez de para esa noble y generosa tarea, para la vulgar y rastrera de subvencionar el diésel que consumen los agricultores y los transportistas europeos. Porque, claro, lo que tampoco podemos dejar de hacer es apoyar al USIS (Estados Unidos + Israel) en su defensa de (la cartera de) los valores occidentales en Asia Occidental (denominación mucho más correcta, por cierto, que la parroquialmente anglosajona de Oriente Medio).

Pero, ojo, no basta con estar dispuestos a adelgazar (cosa, por otro lado, que a muchos nos convendría): como nos recuerdan desde Londres, hay que estar también dispuestos a morir (por la patria o por la matria, según el gusto y la orientación sexual de cada uno/a). Sospechamos que a más de un alemán, visto el «clamoroso» éxito cosechado hasta ahora por el llamamiento a alistarse voluntarios en la flamante nueva Wehrmacht, perdón, Bundeswehr de 300.000 efectivos (menos de 300 inscritos en el primer trimestre de la convocatoria), a más de un tudesco, digo, cuando oiga «patria» le parecerá entender Rhein Metall. Y, claro, nombre tan prosaico es difícil que eleve el fervor patrio (o matrio) hasta las cotas imprescindibles para que la gente esté dispuesta morir por la causa.

En España no sabemos bien cómo irá la cosa. Es probable que el probable nuevo gobierno actúe sin tantos tapujos como el actual a la hora de comprometerse en la cruzada contra la tercera Roma. Pero con tapujos o sin ellos, a no ser que un improbable arrebato de cordura se apodere de los indigeribles dirigentes del Occidente (o mejor, Accidente) colectivo, lo más probable es que a más de uno y de dos (añada usted los ceros que le parezca) le toque palmar antes de hora (sin necesidad de que lo desahucien).

https://www.cronica-politica.es/vivienda-o-morienda/.

Autor: admin

Profesor jubilado. Colaborador de El Viejo Topo y Papeles de relaciones ecosociales.

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