El País, 25/X/2026. “Con el fallecimiento de Joan Piqué Vidal desaparece un penalista de referencia entre banqueros y financieros, que blanqueó dinero del tráfico de cocaína y extorsionó a empresarios.”
Las togas de oro era un selecto grupo de abogados penalistas de finales del pasado siglo en Barcelona. Su clientela era escogida: banqueros, empresarios y políticos. Contratarlos era un signo de estatus social. Joan Piqué Vidal, fallecido el pasado 7 de octubre a los 93 años, era un sobresaliente miembro de ese exquisito club de letrados, que alcanzó notoriedad con la defensa de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana (1984).
Piqué articuló la estrategia que condujo a la exculpación del entonces president. El caso debía estar tan claro que solo una docena de los 41 jueces del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona leyeron el resumen sumarial de menos de 80 folios sobre el caso. Al guardarse esa preciada síntesis bajo llave, se pudo comprobar las ocasiones en que fue requerida. Escaso interés por la lectura de sus señorías y éxito de Piqué.
Su fama creció, su bufete llegó a tener más de 40 abogados y su grado de simbiosis con el pujolismo se consolidó. En 1990, cuando estalló el Caso Casinos de financiación de Convergència Democràtica, Piqué era secretario y accionista de la sociedad propietaria, Inverama. Aunque se hablaba de un “desvío” de mil millones de pesetas, el caso fue archivado en 1997, pues la financiación irregular no era constitutiva de delito. Se movía como pez en el agua en la milla de oro del pujolismo.
Incluso compartió intereses con Javier de la Rosa, declarado en febrero de 1994 por Pujol “empresario modelo, justo unos meses antes de que el financiero ingresara en prisión.
En la primavera de 2005, y en una operación dirigida por la DEA, Piqué fue imputado por montar un entramado para el Cártel de Sinaloa por el que blanqueó y envió a México 80 millones de euros procedentes de la venta de cocaína en España. Ese mismo año llegó la sentencia del caso Estevill. El juez Luis Pascual Estevill –que fue enviado como vocal al Consejo General del poder Judicial a propuesta de CiU– y Piqué Vidal habían articulado una joint venture por la que perseguían y chantajeaban a empresarios defraudadores. “Estevill era el perro, pero quien lo soltaba para morder era el abogado Piqué Vidal”, explicó José Felipe Bertrand de Caralt, que fue presidente de la Cementera Asland y quien destapó el caso al negarse a pagar los 50 millones de pesetas de mordida.
A Piqué nunca le fue mal con la justicia. Fue condenado a siete años por el caso Estevill. Cumplió tres. En 2009 ya salía de la cárcel de Brians para realizar trabajos sociales para Cáritas. El camino hacia su fugaz reinserción resultó empañado cuando llegó la condena por blanqueo para el Cártel de Sinaloa. Pero en 2015 alcanzó un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable y la petición de nueve años pasó a ser sólo uno, que no cumplió. Su fallecimiento ha dejado en el tintero un presunto delito de estafa por unas inversiones en Panamá, en las que también participó el primogénito de Pujol. La sombra alargada del clan nunca anduvo lejos.
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