NachDenkSeiten, 4 de noviembre de 2026
Desde el 27 de abril de 2026 se juzga en Stuttgart-Stammheim a los denominados «cinco de Ulm», acusados de haber entrado en septiembre de 2025 en la sede de Ulm de la empresa armamentística israelí Elbit Systems Deutschland y haber causado daños materiales por alrededor de un millón de euros. Los cinco acusados permanecen en prisión preventiva desde septiembre de 2025, por supuesto riesgo de fuga, en distintas cárceles de Baden-Wurtemberg, durante meses en condiciones próximas al aislamiento. Comentario de Annette Groth.
Los grandes medios apenas informan sobre el proceso, de modo que incluso los activistas por la paz desconocen muchos aspectos de un juicio que una abogada defensora calificó recientemente de «farsa». Pese a ese silencio mediático, personas solidarias con Palestina se reúnen frente al tribunal cada día de audiencia para recibir con aplausos y consignas a los detenidos cuando llegan en vehículos penitenciarios desde las distintas cárceles.
La sala también suele estar llena. Allí los acusados, conducidos esposados, reciben fuertes aplausos y canciones. Esa solidaridad es de enorme importancia para quienes se autodenominan los «cinco de Ulm», como subrayan las madres presentes. También agradecen las cartas, especialmente durante el aislamiento, pues son manifestaciones fundamentales de solidaridad en la monotonía de la vida carcelaria.
Los cinco defensores de los derechos humanos, de nacionalidades irlandesa, británica, española y alemana, protestaron con su acción contra el genocidio en Gaza y la complicidad del Gobierno alemán, que sigue exportando armas a Israel pese a las sospechas de genocidio. Ellos mismos grabaron su acción en vídeo y se dejaron detener sin resistencia en el lugar.
En sus declaraciones explicaron que desde octubre de 2023 habían agotado todas las formas legales de protesta contra el genocidio en curso, de modo que solo veían una posibilidad: entrar en las instalaciones de Elbit para dificultarlo o impedirlo.
Uno de los acusados, el filósofo y neuropsicólogo irlandés Daniel Tatlow-Devally, justificó así ante el tribunal su participación:
«Mis actos en las instalaciones de Elbit en Ulm estuvieron motivados exclusivamente por razones humanitarias urgentes. Se basan en la convicción de que la apropiación israelí de los territorios palestinos, el sometimiento de una población a leyes de apartheid, el encarcelamiento de niños sin cargos y la práctica generalizada de violencia sexual contra los presos palestinos constituyen, en su conjunto, una injusticia. Y de que es incorrecto apoyar esas prácticas material y diplomáticamente. (…) Numerosos organismos internacionales, entre ellos una comisión independiente de investigación de la ONU, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza cumplen varios criterios constitutivos de genocidio, cada uno de los cuales bastaría por sí solo para concluir que está ocurriendo. Entre ellos figuran el asesinato sistemático de integrantes de un grupo protegido, la destrucción sistemática de las condiciones necesarias para sobrevivir, la supresión de todo acceso a la atención durante el embarazo y el parto y la privación de alimentos y ayuda que favorece una hambruna provocada artificialmente.
»Mirar hacia otro lado cuando se produce un genocidio es reprobable; suministrar los medios para llevarlo a cabo es todavía peor. Ante las crecientes pruebas del genocidio de Israel en Palestina, Alemania decidió no solo seguir abasteciendo y apoyando a las fuerzas armadas israelíes, sino aumentar drásticamente sus entregas de armas y material militar al ejército israelí de ocupación e invasión. Hay muchas cosas que amo de Alemania, mi país de adopción. Pero el apoyo material inquebrantable que Alemania ha prestado a la matanza de la población de Gaza y el anuncio de altos cargos políticos de que ignorarían las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional contra sospechosos de crímenes de lesa humanidad me conmocionaron y siguen rompiéndome el corazón. (…) Por esas razones me sentí obligado a hacer algo inseparable de la vida democrática y esencial para ella, aunque raras veces se reconozca su importancia: recurrí a la acción directa. Al dañar la producción armamentística de Elbit Systems en Ulm pretendía detener en la mayor medida posible su apoyo material a los crímenes de Gaza, porque constituye complicidad en un genocidio. Lo hice con la esperanza de perturbar, al menos, la continuidad de los suministros a las fuerzas israelíes. También quise denunciar públicamente que el Gobierno alemán y las empresas de armamento instaladas en Alemania apoyan activamente la guerra contra Gaza y obtienen beneficios de ella».
Daniel también describió sus condiciones de reclusión y destacó que, «por un error administrativo», durante cinco meses solo pudo ver a sus familiares a través de una mampara de plexiglás.
Al referirse al escrito de acusación, en el que el fiscal intenta presentar a los cinco como antisemitas, Daniel expresó su indignación:
«Es vergonzoso presentar la resistencia a la ocupación y al asesinato masivo como antisemitismo. Por eso fue alentador, conmovedor e incluso divertido contrastar esa retórica alemana de acusaciones de antisemitismo con la cálida solidaridad de muchos miembros judíos de mi familia. Quiero destacar especialmente la profunda solidaridad que mi padrastro judío me ha mostrado durante estos meses. Su brújula moral, su bondad y su resiliencia me han marcado desde mi primera infancia».
No está claro si esas palabras dieron algo en qué pensar al fiscal y a la jueza.
Zo Hailu, una acusada de nacionalidad británica, señaló en una declaración leída ante el tribunal a principios de septiembre de 2026 posibles vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en particular del artículo 3 (prohibición de la tortura), el artículo 5 (derecho a la libertad y a la seguridad), el artículo 6 (derecho a un juicio justo) y el artículo 8 (respeto de la vida privada y familiar). Zo relató que durante un período compartió con otra persona una celda de unos ocho metros cuadrados sin un retrete separado; según el organismo nacional alemán de prevención de la tortura, semejantes condiciones serían indignas.
Zo recordó a las 25.000 personas palestinas detenidas en Cisjordania ocupada desde que comenzó el genocidio en octubre de 2023 y preguntó retóricamente por sus «derechos a la vida, la libertad y la seguridad, y a la protección contra la discriminación y la tortura».
Denunció las exportaciones de armas a Israel, cuyo valor desde octubre de 2023 asciende a 1.400 millones de euros según datos de Forensic Architecture.
Solo en la primera mitad de 2026, el Gobierno alemán autorizó exportaciones militares a Israel por casi 800 millones de euros. Esas exportaciones también motivaron la demanda de Nicaragua contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por complicidad en genocidio.
Además de daños materiales y presunta entrada ilegal, los cinco de Ulm están acusados de pertenecer a una organización criminal conforme al artículo 129 del Código Penal alemán. Supuestamente habrían actuado como miembros de un grupo denominado «Palestine Action Germany». Debido a esa «clasificación», el proceso se celebra en Stuttgart-Stammheim y evoca los juicios contra la Fracción del Ejército Rojo (RAF). Como entonces, los acusados se sientan detrás de una mampara de vidrio, separados de sus abogados, y comparecen esposados. Los visitantes no pueden tomar notas porque llevar bolígrafos se considera un «riesgo de seguridad».
La controvertida disposición de los asientos llegó incluso al Parlamento Europeo. En septiembre de 2025, el comisario europeo de Justicia Michael McGrath señaló que «la realización de procedimientos conformes con el Estado de derecho corresponde a los Estados miembros». Pero recordó expresamente que las personas sospechosas o acusadas no pueden ser «presentadas como culpables» en la sala o ante el público mediante su inmovilización física. Las excepciones solo se justificarían por motivos concretos del caso, como graves preocupaciones de seguridad, explica Benjamin Düsberg, uno de los once abogados defensores [1].
El diputado irlandés Richard Boyd Barrett visitó Bruselas y Stuttgart en julio de 2026 y explicó así su viaje:
«Colaboré en la organización de esta visita multipartidista para observar el proceso contra el ciudadano irlandés Daniel Tatlow-Devally, cuya familia vive en mi circunscripción, y contra los cinco de Ulm en Alemania. Todos los informes sobre el trato que reciben y el desarrollo del procedimiento sugieren que no se les está garantizando un juicio justo y que asistimos a un fracaso de la justicia. Me parece profundamente indignante que los cinco sean tratados y juzgados en condiciones inhumanas, con leyes y procedimientos normalmente reservados a terroristas y miembros del crimen organizado. Los acusados no niegan haber cometido un acto de desobediencia civil, pero no suponen ningún peligro para nadie. Protestaron contra una empresa de Alemania que produce armas utilizadas por Israel en una campaña que el propio Gobierno irlandés ha calificado de contraria al derecho internacional y genocida contra Gaza y el pueblo palestino. El Gobierno irlandés debe defender los derechos de un ciudadano irlandés y el derecho fundamental a un juicio justo» [2].
Barrett quiere convencer al Gobierno irlandés de que envíe observadores a las próximas audiencias, programadas hasta finales de febrero de 2027, y presione a las autoridades alemanas para garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo.
Los cinco diputados de Die Linke que asistieron al juicio el 30 de octubre también deberían ejercer esa presión. Deben discutirse las condiciones de detención, la dirección del proceso y la posible parcialidad de la jueza presidenta y de la fiscalía, cuya actuación da la impresión de que la culpabilidad de los acusados ya está decidida antes del fallo.
En julio de 2026, dieciocho eurodiputados firmaron una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, pidiendo «una evaluación de si, a juicio de la Comisión, las garantías de un juicio justo previstas por el derecho de la Unión se respetan plenamente en este caso» [3]. Todavía no han recibido respuesta.
Para todos los interesados, en particular los familiares de presos que no viven en Alemania, los abogados, periodistas y observadores solidarios, resulta abusivo que las dos audiencias semanales no se celebren en días consecutivos, sino a menudo los miércoles y viernes. Se percibe como una molestia totalmente innecesaria. También suscita preguntas la duración del proceso, previsto hasta finales de febrero de 2027. La sentencia debía pronunciarse inicialmente en julio de 2026, pero el proceso se prolongó siete meses. ¿Por qué?
Hasta ahora, la sala ha rechazado a todos los especialistas propuestos por la defensa para explicar, por ejemplo, el papel de Elbit Systems Deutschland en Ulm en el genocidio de Gaza.
El 30 de octubre de 2026, el fiscal recusó por «parcialidad» al Dr. Shir Hever, uno de los especialistas en armamento más reconocidos, que lleva años estudiando la cooperación militar entre Alemania e Israel.
Ese día también asistieron al proceso cinco diputados de Die Linke. Aaron Valent, portavoz del grupo para el Estado de derecho, comentó: «¡Es un escándalo que el tribunal no permita a la defensa convocar especialistas para contextualizar necesariamente las acciones de los activistas y llamar la atención sobre el verdadero problema: los crímenes de guerra del Gobierno israelí y el genocidio en Palestina!». Valent exige «¡un procedimiento conforme al Estado de derecho para los cinco jóvenes! Los hechos eran claramente daños materiales y allanamiento. Deben retirarse las acusaciones completamente inventadas de constituir una organización criminal o de actuar por motivos antisemitas. ¡Los cinco de Ulm tienen derecho a un juicio, no a un juicio espectáculo!» [4].
Sería deseable que el juicio recibiera mayor atención mediática y jurídica, porque resulta disparatado y, según quienes lo observan, muestra claros indicios de parcialidad de la fiscalía y de la jueza presidenta. El artículo «La jueza no quiere saber nada» ilustra esa farsa absurda, que ocasiona costes considerables tanto a las familias como a los contribuyentes alemanes [5].
El proceso debe entenderse en el contexto de la represión contra quienes protestan por el genocidio en Gaza, los desplazamientos y los crímenes de lesa humanidad en Cisjordania, Líbano y Siria. Esto incluye la cultura de la cancelación, las crecientes restricciones a la libertad de expresión y la insistencia machacona en la «razón de Estado» (*Staatsräson*), considerada sacrosanta, entre otras cosas.
Cabe recomendar el artículo de Lennart Michaelis del 23 de octubre de 2026 sobre la represión de la solidaridad con Palestina en Alemania, tanto en las calles como en los tribunales. Michaelis trabaja en el European Legal Support Center (ELSC), una organización europea de asistencia jurídica que defiende a activistas de solidaridad con Palestina, documenta la represión y actúa legalmente contra la complicidad estatal y empresarial [6].
Notas
[2] ulm5.info/de/nachricht/2026/
[3] ulm5.info/de/nachricht/2026/
[4] aaron-valent.de/2026/10/28-
[5] kontextwochenzeitung.de/ — 21 de octubre de 2026.
[6] etosmedia.de/gesellschaft/auf-
Annette Groth (Gadderbaum, 1954) es una socióloga alemana que lleva mucho tiempo comprometida activamente con los derechos del pueblo palestino. Fue miembra del Bundestag alemán por el partido Die Linke de 2009 a 2017.
