“Socializar la vivienda en Berlín” por José A. Estévez Araújo

Las protestas por el desalojo de Maricarmen en Madrid han coincidido, con pocos días de diferencia, con la victoria de Die Linke en Berlín. El 23 de septiembre, una mujer de 87 años perdió la casa en la que había vivido durante siete décadas; las movilizaciones posteriores convirtieron su nombre en una denuncia colectiva de la inseguridad residencial.

Tres días antes, Die Linke había ganado las elecciones berlinesas con el 25,7 % de los votos y una propuesta que afecta al núcleo del problema: socializar las viviendas de las grandes empresas inmobiliarias. La coincidencia invita a preguntarse cómo puede la defensa del derecho a permanecer en la propia casa convertirse en una política capaz de transformar el régimen de propiedad de la vivienda.[1]

La propuesta de socialización ocupó un lugar destacado en la campaña de Die Linke y contribuyó a dar credibilidad a su compromiso con unos alquileres asequibles. Más de dos tercios de sus votantes señalaron la vivienda o la seguridad social como asuntos determinantes de su decisión. El 37 % del conjunto de los encuestados consideraba a Die Linke el partido más capaz de resolver el problema de la vivienda. Conviene, sin embargo, precisar el alcance del resultado: votar por la vivienda no equivale a respaldar todos los instrumentos del programa. La encuesta postelectoral encontró un apoyo mayoritario a la socialización entre los votantes de Die Linke, pero no en el conjunto del electorado. La victoria ofrece una oportunidad para realizarla; no sustituye la necesidad de explicar y defender la medida.[2]

De la propiedad privada a la gestión común

La iniciativa procede de un movimiento ciudadano, Deutsche Wohnen & Co enteignen, cuyo nombre puede traducirse como «Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía». Die Linke ha asumido su reivindicación, pero no debe confundirse al partido con el movimiento. Este se apoya en una larga historia de organización de inquilinos, conflictos con grandes propietarios y resistencia a las privatizaciones. Su propuesta no consiste en arrebatar su vivienda a quienes habitan en ella ni en eliminar a los pequeños arrendadores. Se dirige a las carteras inmobiliarias de empresas privadas orientadas al beneficio que superen las 3.000 viviendas en Berlín. Las cooperativas y las empresas públicas quedan fuera del objetivo. El proyecto legislativo elaborado por la iniciativa prevé transferir alrededor de 200.000 a 220.000 viviendas a una entidad de derecho público.

La presión residencial explica la importancia de esa escala. Según el informe del IBB sobre 2025, la mediana de los alquileres anunciados alcanzaba 15,78 euros por metro cuadrado. Se había estabilizado respecto del año anterior, pero a un coste elevado, pues en 2016 esa cifra era de sólo 9 euros. No se trata, sin embargo, del precio que pagan todos los inquilinos: los contratos existentes y las nuevas ofertas constituyen situaciones distintas. Precisamente, la distancia entre ellos dificulta las mudanzas, la emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda de quienes llegan a vivir en la ciudad. La socialización pretende asegurar un parque amplio y estable de vivienda asequible, cuya continuidad no dependa de la renovación de acuerdos voluntarios con las empresas.[3]

Aunque la campaña utiliza la palabra expropiación, la figura jurídica invocada es la socialización. Ambas pueden producir una transferencia forzosa de bienes e implican indemnizar a sus titulares. La diferencia está en la finalidad y en el régimen económico resultante. La expropiación permite adquirir bienes para una finalidad pública concreta: por ejemplo, obtener los terrenos necesarios para una infraestructura. La socialización pretende modificar la forma en que una parte de la economía se organiza. Las viviendas afectadas dejarían de explotarse para maximizar el rendimiento del capital y pasarían a administrarse para satisfacer necesidades residenciales. Por eso no basta con cambiar el nombre que figura en el registro de la propiedad.

La base jurídica es el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana. Esta norma permite transferir el suelo, los recursos naturales y los medios de producción a la propiedad colectiva o a otras formas de economía de interés común mediante una ley que regule la modalidad y la cuantía de la indemnización. La Constitución no obliga a socializar, pero mantiene abierta esa opción. La garantía de la propiedad privada convive así con la posibilidad de transformar democráticamente determinadas relaciones de propiedad. En el caso de Berlín, los inmuebles quedarían comprendidos en la categoría de suelo. La operación requiere una ley: no podría realizarse por la simple voluntad de una alcaldesa o mediante una instrucción administrativa.

El significado político del proyecto se comprende mejor al distinguir entre titularidad pública y gestión socializada. Una empresa de propiedad pública puede comportarse como un operador comercial, buscar la mayor rentabilidad posible o transferir sus excedentes al presupuesto general. También puede acabar privatizada. La historia de Berlín ofrece motivos para desconfiar de que la propiedad estatal, por sí sola, asegure permanentemente la función social de las viviendas. Deutsche Wohnen & Co Enteignen propone combinar la propiedad común con la gestión orientada al interés general y la participación democrática. La relación entre esos elementos es lo que da a la socialización su alcance transformador.[4]

La propuesta había sido sometida a referéndum en 2021 y recibió un respaldo popular inequívoco. Más de un millón de personas votaron a favor; el resultado oficial registra un 57,6 % de votos afirmativos sobre el conjunto de participantes. Pero el referéndum no aprobaba directamente una ley de socialización. Reclamaba al gobierno berlinés que elaborase el proyecto legislativo y pusiera en marcha las medidas necesarias. Esta diferencia permitió que una victoria democrática no se tradujera en una obligación legal inmediatamente ejecutable sobre las viviendas. Cinco años después, la transferencia seguía sin haberse realizado.

El bloqueo se produjo desde el gobierno mediante la combinación de oposición política y aplazamientos. Tras las elecciones de 2021, la coalición encabezada por el SPD, con participación de Los Verdes y Die Linke, remitió la cuestión a una comisión de expertos. La comisión, constituida en 2022, concluyó por mayoría, en junio de 2023, que existía una vía constitucional para socializar. Entretanto, el SPD había pasado a gobernar con la CDU. El respaldo jurídico no se convirtió en una ley de ejecución. Como muestra Erik Schmidt, el bloqueo no puede explicarse únicamente por las incertidumbres del derecho: también intervinieron la orientación del SPD, las relaciones de la administración con el sector inmobiliario y la prioridad concedida a la colaboración con los promotores privados.

La respuesta del movimiento fue elaborar su propio proyecto de ley para promover una nueva consulta, esta vez sobre un texto legislativo. El cambio importa: se busca que la victoria popular produzca una norma aplicable, reduciendo el margen gubernamental para posponerla. Tampoco esa vía eliminaría las impugnaciones judiciales ni las dificultades de ejecución. Pero la experiencia de 2021 ha dejado una enseñanza precisa: ganar una votación sobre el objetivo y disponer de los instrumentos jurídicos para realizarlo son logros diferentes.[5]

Quién decidiría sobre las viviendas

El órgano encargado de administrar el patrimonio socializado sería una Anstalt öffentlichen Rechts, una entidad de derecho público denominada Gemeingut Wohnen, aproximadamente «Vivienda como bien común». La forma jurídica permite atribuirle una misión pública, personalidad propia y capacidad de autogobierno. No sería una concejalía ampliada ni una sociedad mercantil con un accionista público. El diseño persigue que la gestión cotidiana y las decisiones estratégicas queden sometidas a controles democráticos internos y que el gobierno de Berlín no pueda dirigirlas discrecionalmente según sus necesidades políticas o presupuestarias.

Esa autonomía no equivaldría a situar la entidad fuera del derecho. La ley de creación tendría que fijar sus objetivos, la estructura de gobierno, las competencias y los controles. La propuesta distingue entre principios que deben quedar legalmente asegurados y reglas que la propia entidad podría desarrollar mediante sus estatutos y directrices. Entre los primeros estarían el destino social de los inmuebles, la utilización de los ingresos para las tareas de vivienda y la prohibición de privatizarlos. El movimiento plantea reforzar esta última garantía incluso en la Constitución berlinesa. Se intenta que una mayoría gubernamental futura no pueda deshacer fácilmente lo construido, aunque ninguna regulación ordinaria es inmune a reformas posteriores.

La administración democrática se organizaría desde abajo. Las comunidades de cada edificio constituirían el ámbito más próximo de deliberación; sobre ellas se articularían consejos de inquilinos en conjuntos residenciales y áreas territoriales, hasta llegar a una representación general. Estos círculos o consejos de barrio permitirían trasladar a la gestión problemas que quienes viven en los inmuebles conocen directamente: reparaciones pendientes, necesidades de accesibilidad, uso de espacios comunes o prioridades de rehabilitación. No se trataría simplemente de convocar consultas cuya respuesta puede ignorarse. La propuesta busca distribuir competencias efectivas entre los distintos niveles, conforme al principio de que las decisiones se adopten lo más cerca posible de donde producen sus efectos.

La descentralización tendría que combinarse con decisiones comunes. Una comunidad de vecinos puede conocer mejor que nadie los desperfectos de su edificio, pero no debería decidir por sí sola qué parte del presupuesto global le corresponde. Los recursos son compartidos y los inmuebles presentan necesidades distintas. Por ello, el autogobierno local exige mecanismos de coordinación, redistribución y resolución de conflictos.

Los consejos de inquilinos formarían parte de la futura administración de las viviendas socializadas. Su función sería distinta de la que desempeñan los equipos de barrio del movimiento, que actualmente organizan la movilización, recogen firmas y buscan apoyos para conseguir la socialización. Mientras estos últimos trabajan para hacer posible el cambio, los consejos permitirían a los residentes intervenir en la gestión del patrimonio común una vez realizada la socialización. Se pasaría así de organizarse para reclamar decisiones a disponer de competencias para participar en ellas.

En el órgano superior de administración participarían representantes de los inquilinos, de los trabajadores de la entidad, de la ciudadanía y del gobierno berlinés, sin que ninguno de esos grupos dispusiera por sí solo de mayoría absoluta. La presencia de personas que no residen en las viviendas socializadas es decisiva. El patrimonio no pertenecería privadamente a sus ocupantes actuales, sino que debería servir a una necesidad colectiva. Quienes buscan alojamiento también tienen intereses que proteger. Una autogestión reservada exclusivamente a los inquilinos podría cerrar el acceso a otros sectores o favorecer a quienes ya disfrutan de una posición relativamente protegida.

La participación de los trabajadores reconoce, por su parte, que mantener y administrar un parque residencial de esa magnitud requiere conocimientos profesionales y condiciones laborales adecuadas. La democracia no reemplaza a quienes reparan instalaciones, llevan las cuentas o tramitan contratos. Debe permitir controlar las orientaciones de su trabajo, aprovechar su experiencia y hacer transparentes las decisiones. La cuestión es cómo combinar capacidad técnica y poder de los afectados sin reproducir una burocracia opaca ni exigir que cada residente se convierta en especialista inmobiliario.

La adjudicación de las viviendas disponibles sería una prueba especialmente importante de esa orientación general. Habría que fijar criterios públicos de acceso y atender necesidades que el mercado discrimina por su escasa solvencia. También sería necesario facilitar la participación de quienes disponen de menos tiempo, tienen dificultades lingüísticas o soportan mayores cargas de cuidados. Estas exigencias se desprenden de la finalidad democrática del proyecto: elegir representantes no basta si solo pueden intervenir con continuidad los grupos que ya cuentan con más recursos. La calidad de la socialización dependerá tanto de esas condiciones de participación como de la arquitectura formal de sus consejos.

La socialización tampoco suprimiría los conflictos entre finalidades legítimas. Si desaparece la distribución de beneficios a accionistas, se abre un margen para reducir las rentas. Pero los edificios necesitan conservación, reparaciones, mejoras energéticas y adaptación a personas con movilidad reducida. Además, el proyecto contempla ampliar el parque mediante nuevas construcciones y compras, una vez consolidada la entidad. La adquisición de viviendas forma parte, por tanto, del diseño propuesto, aunque las competencias definitivas dependerían de la ley de creación. No es una función ya ejercida por una administración existente.

Reducir al máximo los alquileres actuales puede disminuir los recursos disponibles para rehabilitar o incorporar viviendas destinadas a otras familias. Acumular excedentes para expandirse puede, a su vez, mantener unas rentas demasiado altas para quienes ya habitan en el parque socializado. El movimiento concede prioridad a la asequibilidad, que considera la misión social básica de la entidad. Esto no resuelve automáticamente cada decisión presupuestaria. Obliga a explicitar las alternativas, hacer visibles sus efectos distributivos y decidirlas democráticamente. La propuesta resulta interesante precisamente porque incorpora esas tensiones al diseño institucional: la propiedad común no asegura por sí sola una gestión justa, pero permite discutir sus prioridades sin que la rentabilidad del accionista constituya la regla superior.[6]

La proporcionalidad y el precio de la transformación

El informe de la comisión de expertos ofrece un respaldo jurídico importante, pero no una garantía anticipada de que cualquier ley futura superará el control judicial. Hubo acuerdos relevantes sobre la competencia legislativa de Berlín y la inclusión de los inmuebles en el artículo 15. También se consideró justificable concentrar la medida en los grandes propietarios: actuar sobre pocas empresas permite incorporar un volumen considerable de viviendas y constituye una respuesta al poder asociado a la concentración inmobiliaria. Las divergencias más significativas aparecieron al examinar la proporcionalidad y la indemnización.

El principio de proporcionalidad suele exigir que una intervención sobre derechos sea adecuada para alcanzar su finalidad, necesaria porque no exista una alternativa igualmente eficaz y menos restrictiva, y equilibrada en sus beneficios y perjuicios. Aplicar ese esquema a la socialización plantea una dificultad: hay que determinar qué objetivo se está juzgando. Si se define únicamente como abaratar algunos alquileres, pueden proponerse subvenciones, límites de precios o acuerdos con propietarios como alternativas. Si incluye transformar de manera duradera el régimen de explotación y democratizar las decisiones sobre un patrimonio residencial, esas políticas no realizan necesariamente la misma función.

Una parte de la comisión entendió que la socialización constituye una opción democrática específicamente reconocida por la Constitución y no debe tratarse como una intervención ordinaria dentro de un régimen de propiedad que hubiera de permanecer intacto. Otros miembros defendieron un examen de proporcionalidad adaptado a la singularidad del artículo 15. Desde esta perspectiva, hay que reconocer valor propio al propósito de poner fin al aprovechamiento privado lucrativo y reducir el poder económico, social y político ligado a él. La existencia de medidas menos invasivas no bastaría para descartar la socialización si no proporcionan resultados equivalentes respecto de esos fines.

La indemnización conecta directamente la controversia jurídica con la posibilidad material de la operación. El artículo 15 remite al artículo 14.3, que ordena ponderar equitativamente los intereses de la colectividad y los afectados. El texto no exige expresamente pagar siempre el precio de mercado. La cuestión es qué compensación resulta adecuada cuando la finalidad constitucional consiste precisamente en cambiar la forma de aprovechar económicamente esos bienes. Valorar una cartera por los ingresos privados que podría generar en el futuro no es lo mismo que valorarla por los rendimientos de una gestión con alquileres asequibles.

La mayoría de la comisión admitió una compensación que pudiera quedar por debajo del valor de mercado, aunque discrepó sobre el método. Algunos miembros aceptaron partir de los ingresos de una gestión de interés común o considerar límites de viabilidad financiera; otros mantuvieron el valor de mercado como referencia inicial, pero admitieron reducciones amplias. El voto particular de Wolfgang Durner, Michael Eichberger y Christian Waldhoff exigía partir siempre de ese valor, aunque también contemplaba descuentos. No se enfrentaban, por tanto, partidarios de pagar todo y partidarios de no pagar nada. Se discutía cómo ponderar el derecho de los propietarios sin convertir en impracticable una posibilidad que la Constitución reconoce.[7]

Financiar mediante los alquileres

La propuesta financiera parte de que no se adquiere un patrimonio improductivo: las viviendas seguirían generando ingresos. La nueva entidad podría asumir deuda, emitir títulos o recurrir al crédito para pagar las compensaciones y atender después intereses y amortizaciones con los alquileres. El respaldo de Berlín facilitaría la financiación. La diferencia respecto de una empresa privada estaría en que, una vez cubiertos los costes, los recursos no tendrían que remunerar accionistas, sino sostener la función social del parque. Pero esta lógica no hace desaparecer el coste: lo distribuye en el tiempo y exige comprobar que los ingresos resultan suficientes.

La cuantía de la compensación, el interés de la deuda, los plazos de devolución y las necesidades de mantenimiento forman un mismo problema. Cuanto más elevada sea la indemnización, menor será el margen para reducir las rentas o renovar edificios, salvo que existan otras aportaciones. Una financiación aparentemente barata puede resultar frágil si infravalora las rehabilitaciones futuras. Y una garantía pública crea un riesgo para el presupuesto, aunque no haya que desembolsar inmediatamente toda la suma. Presentar la socialización como un gasto íntegro que se resta de golpe a escuelas y hospitales resulta engañoso; afirmar que no puede ocasionar ninguna carga pública tampoco está justificado.

Un estudio de 2025 de Andrej Holm, Friederike Thonke y Gian Arpagaus, encargado por la iniciativa ciudadana, analiza qué indemnizaciones podrían financiarse con los ingresos de alquiler bajo diferentes supuestos. Su objeto no es fijar la compensación jurídicamente debida. No hay que confundir el resultado de un modelo financiero con una valoración definitiva de los inmuebles. La iniciativa sitúa su estimación de compensaciones entre 8.000 y 18.000 millones de euros, pero no se trata de una cifra cerrada ni aceptada por todas las partes. La viabilidad necesita un diseño concreto y márgenes frente a resultados menos favorables.[8]

Thorsten Beckers, miembro de la comisión de expertos, insistió en estudiar conjuntamente la indemnización, la financiación y los alquileres futuros, además de la organización administrativa. Su observación ayuda a salir del falso dilema entre dar por resuelta toda incertidumbre y utilizarla para aplazar indefinidamente la decisión. También propone comparar los resultados con lo que sucedería sin socialización. Una renta que aumentara menos podría representar una mejora, aun sin rebaja nominal. Y hay beneficios difíciles de traducir a números: estabilidad residencial, capacidad de intervenir sobre la gestión y protección frente a desplazamientos impuestos por la búsqueda de mayor rentabilidad.[9]

Qué puede aprenderse del caso berlinés

La primera enseñanza es la capacidad de la vivienda para conectar experiencias sociales diversas. La dificultad para pagar un alquiler o encontrar otro alojamiento afecta a jóvenes, familias, trabajadores y personas mayores. Puede movilizar tanto a quienes sufren privaciones actuales como a quienes temen perder una estabilidad precaria. En Berlín, Die Linke amplió sus apoyos más allá de los antiguos bastiones orientales y del electorado juvenil. Ese resultado sugiere que una demanda material concreta puede articular una mayoría amplia sin reducir la política a mensajes dirigidos a segmentos electorales aislados.

La campaña puerta a puerta contribuye a esa articulación porque permite escuchar problemas y establecer relaciones que no dependen de la atención fugaz de las redes sociales. Su eficacia se comprende mejor cuando va acompañada de tareas cotidianas de ayuda: asesoramiento ante facturas de calefacción, alquileres abusivos o dificultades para acceder a prestaciones. Estas actividades permiten demostrar utilidad antes de gobernar. Su potencial político aumenta cuando quienes reciben apoyo pueden organizarse y participar, en lugar de quedar como destinatarios pasivos de una asistencia. El paso decisivo consiste en relacionar el caso particular con las normas, las relaciones de propiedad y las decisiones que lo producen.[10]

También importa qué partido desarrolla esa práctica. Die Linke nació en 2007 de la unión entre la PDS, heredera transformada del partido gobernante de la RDA, y la WASG, formada en buena medida por sindicalistas y disidentes de la socialdemocracia contrarios a sus reformas neoliberales. Reunió así una tradición oriental de representación territorial y experiencia institucional con sectores de protesta social del oeste. Su trayectoria combina participación gubernamental, demandas redistributivas y aspiraciones socialistas; esa combinación explica tanto sus recursos como sus tensiones.

La escisión encabezada por Sahra Wagenknecht y la creación del BSW en 2024 modificaron esa composición y supusieron una serie de derrotas electorales para Die Linke. Su recuperación posterior combinó la concentración en necesidades materiales con posiciones claras frente a la extrema derecha y a favor de los derechos de las personas migrantes y de las minorías. No consistió simplemente en sustituir las cuestiones culturales por las económicas. El análisis de Thorsten Holzhauser sobre su recuperación en 2025 ayuda a entender esta mayor coherencia, aunque no ofrece por sí solo una explicación causal del resultado de las elecciones berlinesas de 2026.[11]

Aprender de Berlín exige distinguir lo transferible de lo específico. La organización territorial, la ayuda vinculada a la acción colectiva y la elaboración de propuestas comprensibles pueden inspirar experiencias en otros lugares. La socialización concreta depende, además, de la estructura de propiedad, las competencias legislativas, el derecho constitucional, la financiación y la capacidad del movimiento de inquilinos. Tampoco puede medirse aún por unos resultados de gestión que no existen. Su interés actual reside en haber convertido una transformación de la propiedad en una alternativa discutida por una parte considerable de la ciudad. El derecho aparece aquí como terreno de disputa sobre posibilidades democráticas que parecían clausuradas.

La socialización tampoco crea viviendas por el mero cambio de titularidad. Su aportación inmediata es modificar las condiciones de uso, el destino de los ingresos y el poder de decisión sobre las existentes. Por eso debe complementarse con la construcción, la rehabilitación y otras medidas de protección. No obstante, la objeción de que la socialización «no construye un solo piso» solo sería concluyente si toda la crisis consistiera en una insuficiencia física de inmuebles y no hubiera que preguntarse quién puede acceder a ellos y en qué condiciones.

Queda la prueba política inmediata. Die Linke necesita un acuerdo con Los Verdes y el SPD para formar la coalición que está explorando. Su compromiso con la socialización tropieza con la oposición de la dirección socialdemócrata, mientras Werner Graf, candidato de Los Verdes, ha reafirmado su voluntad de ejecutar el referéndum. Al cerrar este texto, no existe un acuerdo de gobierno. La primera reunión conjunta está prevista para el jueves 1 de octubre, el mismo día en que aparece esta nota.[12]

La cuestión decisiva será si la negociación permite acordar una ley, una financiación y un calendario, o si devuelve la propuesta a una sucesión de estudios y decisiones aplazadas. La experiencia analizada por Schmidt muestra que la participación gubernamental puede abrir oportunidades para un partido y, a la vez, debilitar su fuerza cuando sus socios dan por descontado que no renunciará a gobernar. Mantener la autonomía y la capacidad de presión del movimiento será decisivo. Para quienes se movilizan contra los desahucios en Madrid y en otras ciudades, Berlín ofrece una posibilidad que merece seguimiento: convertir la defensa de cada hogar en una institución duradera de vivienda común y gobierno democrático.

Notas

1. EFE, «Miles de personas protestan por el desahucio de Maricarmen en el centro de Madrid», 26 de septiembre de 2026; rbb/ARD, «Nach Wahl in Berlin: SPD will mit Linken und Grünen sondieren», 26 de septiembre de 2026. ↑

2. Simon Wenzel y Dominik Ritter-Wurnig, «Wahlerfolg der Linken in Zahlen: Partei der Berliner Mitte», rbb24, 22 de septiembre de 2026; rbb/ARD, encuesta sobre socialización, 21 de septiembre de 2026; IBB, Wohnungsmarktbericht 2025. Las encuestas describen motivaciones y preferencias, no aíslan el efecto causal de cada propuesta. ↑

3. Simon Wenzel y Dominik Ritter-Wurnig, «Wahlerfolg der Linken in Zahlen: Partei der Berliner Mitte», rbb24, 22 de septiembre de 2026; rbb/ARD, encuesta sobre socialización, 21 de septiembre de 2026; IBB, Wohnungsmarktbericht 2025. Las encuestas describen motivaciones y preferencias, no aíslan el efecto causal de cada propuesta. ↑

4. Ley Fundamental alemana, artículos 14 y 15; Erik Schmidt, Die Berliner Wohnungspolitik und der Volksentscheid zur Vergesellschaftung privater Wohnungsunternehmen. Eine historisch-materialistische Politikanalyse, Springer VS, 2025, pp. 76-85; Deutsche Wohnen & Co enteignen, «Unser Gesetz». ↑

5. Autoridad electoral de Berlín, resultados definitivos del referéndum de 2021; Schmidt, obra citada, pp. 89, 137-147 y 159-165. El 57,6 % incluye en el denominador a todos los participantes; no debe confundirse con porcentajes calculados únicamente sobre votos válidos. ↑

6. Schmidt, obra citada, pp. 76-80; Deutsche Wohnen & Co Enteignen, Gemeingut Wohnen. Eine Anstalt öffentlichen Rechts für Berlins vergesellschaftete Wohnungsbestände, 2023, especialmente pp. 9-11 y 29-41. Se describe un proyecto de organización, no una entidad ya constituida. ↑

7. Expertenkommission zum Volksentscheid Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen, Abschlussbericht, junio de 2023, pp. 14-17, votos particulares sobre proporcionalidad e indemnización, pp. 110-126, y aportación de Thorsten Beckers, pp. 133-153. ↑

8. Andrej Holm, Friederike Thonke y Gian Arpagaus, Refinanzierungsoptionen in vergesellschafteten Wohnungsbeständen, 2025; Deutsche Wohnen & Co enteignen, «Faktencheck: Entschädigung und Refinanzierung der Vergesellschaftung», 19 de agosto de 2026. El estudio fue encargado por la iniciativa promotora; la estimación de 8.000-18.000 millones corresponde a ésta, no a una resolución judicial ni a una cifra acordada. ↑

9. Expertenkommission zum Volksentscheid Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen, Abschlussbericht, junio de 2023, pp. 14-17, votos particulares sobre proporcionalidad e indemnización, pp. 110-126, y aportación de Thorsten Beckers, pp. 133-153. ↑

10. Ines Schwerdtner y Jan van Aken, «Das Comeback der Linken», 25 de febrero de 2025; Thorsten Holzhauser, «Die Post-Wagenknecht-Linke», Deutschland Archiv, Bundeszentrale für politische Bildung, 11 de marzo de 2025. El primero es el balance de los dirigentes del partido; el segundo, un análisis de su trayectoria y recuperación electoral. ↑

11. Ines Schwerdtner y Jan van Aken, «Das Comeback der Linken», 25 de febrero de 2025; Thorsten Holzhauser, «Die Post-Wagenknecht-Linke», Deutschland Archiv, Bundeszentrale für politische Bildung, 11 de marzo de 2025. El primero es el balance de los dirigentes del partido; el segundo, un análisis de su trayectoria y recuperación electoral. ↑

12. Erik Peter, «Sondierungen in Berlin: SPD und Grüne mit Vorabsprachen», taz, 28 de septiembre de 2026. La reunión anunciada para el 1 de octubre es preliminar: no equivale a un acuerdo de coalición. Información cerrada el 29 de septiembre de 2026. ↑

https://mientrastanto.org/260/notas/socializar-la-vivienda-en-berlin/.